Nick Turse, TomDispatch.com, 23 mayo 2024

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

---

Nick Turse es redactor jefe de TomDispatch y miembro del Type Media Center. Es autor del bestseller Kill Anything That Moves, y su libro más reciente es Next Time They’ll Come to Count the Dead: War and Survival in South Sudan.

Hay constantes en este mundo, sucesos que pueden contar. Los amaneceres y las puestas de sol. Las mareas. Que, día a día, nacerán personas y morirán otras.

Algunas morirán en paz, pero otras, por desgracia, con violencia y agonía.

Durante cientos de años, el ejército estadounidense ha estado matando gente. Ha sido una constante de nuestra historia. Otra constante ha sido el personal militar estadounidense matando a civiles, ya sean nativos americanos, filipinos, nicaragüenses, haitianos, japoneses, coreanos, vietnamitas, camboyanos, laosianos, afganos, iraquíes, sirios, yemeníes, y un largo etcétera. Y hay algo más que ha acompañado a esos asesinatos: la falta de rendición de cuentas por ellos.

A finales del mes pasado, el Departamento de Defensa (DD) publicó su informe anual, exigido por el Congreso, sobre las víctimas civiles causadas por las operaciones militares estadounidenses en todo el mundo. El informe debe presentarse cada 1 de mayo y, en el último caso, el Pentágono incluso superó ese plazo en una semana. Sólo había un pequeño problema: era el informe de 2022. Ya saben, el que se suponía que debía hacerse público el 1 de mayo de 2023. Y no sólo ese informe se retrasó un año, sino que de la edición de 2023, prevista para el 1 de mayo de 2024, aún no se tienen noticias.

También es dudoso que ese informe de 2023, cuando por fin llegue, diga mucho de sustancia. En la edición de 2022, el Pentágono se exoneró de dañar a no combatientes. «El Departamento de Defensa ha evaluado que las operaciones militares de Estados Unidos en 2022 no causaron víctimas civiles», dice el documento de 12 páginas. Esto se produce después de cientos de años de silencio, negación y desprecio deliberado hacia los civiles asesinados a propósito o accidentalmente por el ejército de EE. UU. y una larga historia de fracasos para enmendar los raros casos en los que el Pentágono ha admitido haber matado a inocentes.

Imperativos morales

«El Departamento reconoce que nuestros esfuerzos para mitigar y responder a los daños causados a civiles son consecuencia de imperativos tanto estratégicos como morales», reza el nuevo informe del Pentágono sobre víctimas civiles de 2022.

Y su última respuesta a esos «imperativos morales» fue típica. El Departamento de Defensa informó de que no había realizado ningún pago ex gratia -indemnizaciones ofrecidas a civiles perjudicados en sus operaciones- durante 2022. En 2021 se efectuó exactamente un pago y en 2020 ninguno.

Si se efectuó algún pago en 2023 sigue siendo, por supuesto, un misterio. Le pregunté a Lisa Lawrence, la portavoz del Pentágono que se ocupa de las cuestiones relacionadas con los daños causados a civiles, por qué se retrasaba el informe de 2023 y para cuándo. Un acuse de recibo demuestra que leyó mi correo electrónico, pero no respondió.

Su reacción es típica del Pentágono en esta materia.

Un estudio realizado en 2020 sobre los incidentes con víctimas civiles posteriores al 11-S por el Centro para Civiles en Conflicto y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia concluyó que la mayoría de ellos no fueron investigados. Cuando se sometieron al escrutinio oficial, se entrevistó a testigos militares estadounidenses, mientras que los civiles -víctimas, supervivientes, familiares- fueron casi totalmente ignorados, «comprometiendo gravemente la eficacia de las investigaciones», según dicho informe.

A raíz de estos fallos persistentes, los periodistas de investigación y los grupos de derechos humanos han documentado cada vez más la matanza de civiles por parte de Estados Unidos, su infravaloración de las bajas no combatientes y sus fallos en la rendición de cuentas en Afganistán, Libia, Somalia, Siria, Yemen y otros lugares.

Durante los primeros 20 años de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos llevó a cabo más de 91.000 ataques aéreos en siete grandes zonas de conflicto y mató hasta 48.308 civiles, según un análisis de 2021 de Airwars, un grupo de supervisión de ataques aéreos con sede en el Reino Unido.

Por ejemplo, entre 2013 y 2020, Estados Unidos llevó a cabo siete ataques distintos en Yemen –seis ataques con drones y una incursión– en los que murieron 36 miembros de las familias mestizas Al Ameri y Al Taisy. Una cuarta parte de ellos eran niños de entre tres meses y 14 años. Los supervivientes llevan años esperando una explicación de por qué fueron blanco de repetidos ataques.

En 2018, Adel Al Manthari, funcionario del gobierno yemení, y cuatro de sus primos -todos civiles- viajaban en camión cuando un misil estadounidense se estrelló contra su vehículo. Tres de los hombres murieron en el acto. Otro murió días después en un hospital local. Al Manthari resultó gravemente herido. Las complicaciones derivadas de sus heridas estuvieron a punto de costarle la vida en 2022. Suplicó al gobierno estadounidense que echara mano de los millones de dólares asignados por el Congreso para indemnizar a las víctimas de ataques estadounidenses, pero no hicieron caso de sus súplicas. Sus extremidades y su vida acabaron salvándose gracias a la amabilidad de desconocidos a través de una campaña de crowdsourcing en GoFundMe.

El mismo año que mutilaron a Al Manthari en Yemen, un ataque estadounidense con aviones no tripulados en Somalia mató al menos a tres, y posiblemente a cinco, civiles, entre ellos Luul Dahir Mohamed, de 22 años, y su hija Mariam Shilow Muse, de 4 años. Al año siguiente, una investigación militar estadounidense reconoció que una mujer y una niña habían muerto en ese ataque, pero concluyó que tal vez nunca se llegaría a conocer su identidad. El año pasado viajé a Somalia y hablé con sus familiares. Durante seis años, la familia ha intentado ponerse en contacto con el gobierno estadounidense, incluso a través del portal en línea de notificación de bajas civiles del Mando de África de Estados Unidos, sin recibir nunca respuesta.

En diciembre de 2023, tras una investigación de The Intercept, dos docenas de organizaciones de derechos humanos -14 somalíes y 10 grupos internacionales- pidieron al secretario de Defensa, Lloyd Austin, que indemnizara a la familia de Luul y Mariam por su muerte. Este año, la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) y los representantes Sara Jacobs (demócrata por California), Ilhan Omar (demócrata por Minnesota), Barbara Lee (demócrata por California) y Jim McGovern (demócrata por Massachusetts) también han pedido al Departamento de Defensa que repare el daño.

Una investigación realizada en 2021 por el periodista del New York Times Azmat Khan reveló que la guerra aérea estadounidense en Iraq y Siria estuvo marcada por errores de inteligencia y objetivos imprecisos, lo que provocó la muerte de muchos inocentes. De los 1.311 informes militares analizados por Khan, sólo uno citaba una «posible violación» de las reglas de enfrentamiento. Ninguno incluía una constatación de infracción o sugería la necesidad de adoptar medidas disciplinarias, mientras que se efectuaron menos de una docena de pagos de condolencias. La coalición liderada por Estados Unidos admitió finalmente haber matado a 1.410 civiles durante la guerra en Iraq y Siria. Airwars, sin embargo, cifra la cifra en 2.024.

Varios de los ataques detallados por Khan fueron puestos en conocimiento del Departamento de Defensa en 2022 pero, según su nuevo informe, el Pentágono no tomó medidas. Joanna Naples-Mitchell, directora del Programa de Reparación del Centro Zomia, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a los supervivientes de ataques aéreos estadounidenses a presentar solicitudes de indemnización, y Annie Shiel, directora de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos del Centro para Civiles en Conflicto, destacaron varios de estos casos en un reciente artículo de Just Security.

En junio de 2022, por ejemplo, el Redress Program (Programa de Resarcimiento) presentó solicitudes de reparación al Pentágono en nombre de dos familias de Mosul (Iraq) perjudicadas por un ataque aéreo del 29 de abril de 2016 que, al parecer, iba dirigido contra un militante del Estado Islámico que resultó ileso en el ataque. Khan informó de que, en cambio, Ziad Kallaf Awad, profesor universitario, resultó muerto y Hassan Aleiwi Muhammad Sultan, que entonces tenía 10 años, quedó postrado en una silla de ruedas. En un comunicado de prensa de 2016, el Pentágono admitió que el ataque había causado víctimas civiles.

En septiembre de 2022, el Programa de Resarcimiento también presentó solicitudes ex gratia en nombre de seis familias de Mosul, todas ellas perjudicadas por un ataque aéreo del 15 de junio de 2016 también investigado por Khan. Naples-Mitchel y Shiel señalan que Iliyas Ali Abd Ali, que entonces regentaba un puesto de fruta cerca del lugar del ataque, perdió la pierna derecha y la audición en un oído. Dos hermanos que trabajaban en una heladería también resultaron heridos, mientras que un hombre que se encontraba cerca de esa tienda murió. Ese mismo año, el Pentágono confirmó que el ataque había causado víctimas civiles.

Sin embargo, casi ocho años después de reconocer los daños a civiles en esos casos de Mosul y casi dos años después de que el Programa de Reparación presentara las reclamaciones al Departamento de Defensa, el Pentágono aún no ha ofrecido reparación alguna.

Llegar al «sí»

Aunque el ejército estadounidense lleva mucho tiempo matando civiles -en masacres perpetradas por tropas de tierra, ataques aéreos e incluso, en agosto de 1945, ataques nucleares-, compensar a los perjudicados nunca ha sido una prioridad seria.

El general John «Black Jack» Pershing sí impulsó la adopción de un sistema para pagar las reclamaciones de los civiles franceses durante la Primera Guerra Mundial y los militares en la Segunda Guerra Mundial descubrieron que pagar indemnizaciones por daños a civiles «tenía un pronunciado efecto estabilizador». El sistema moderno de reparaciones militares, sin embargo, data sólo de la década de 1960.

Durante la guerra de Vietnam, ofrecer «solatia» era una forma de que los militares ofrecieran reparaciones por las lesiones o muertes de civiles causadas por operaciones estadounidenses sin tener que admitir culpa alguna. En 1968, el precio de una vida adulta era de 33 dólares, mientras que los niños recibían la mitad.

En 1973, un B-52 Stratofortress lanzó 30 toneladas de bombas sobre la ciudad camboyana de Neak Luong, matando a cientos de civiles e hiriendo a otros cientos. Según la prensa, a los familiares de los muertos se les prometieron unos 400 dólares por cada uno. Teniendo en cuenta que, en muchos casos, se había perdido al principal sostén de la familia, la suma era escasa. Sólo equivalía a unos cuatro años de ingresos para un camboyano rural. En comparación, una salida de un avión, como la que devastó Neak Luong, costaba unos 48.000 dólares. Y el bombardero B-52 costaba entonces unos 8 millones de dólares. Pero fue aún peor, una investigación reciente descubrió que los supervivientes no recibieron realmente los 400 dólares prometidos. Al final, el valor que las fuerzas estadounidenses dieron a los muertos de Neak Luong fue de sólo 218 dólares por cada uno.

Por aquel entonces, Estados Unidos mantuvo en secreto los bajas sumas que pagaba en Camboya. Décadas después, Estados Unidos sigue frustrando la transparencia y la rendición de cuentas cuando se trata de vidas civiles.

En junio de 2023, pedí al Mando de África que respondiera a preguntas detalladas sobre sus políticas en materia de derecho de guerra y víctimas civiles y solicité entrevistas con funcionarios versados en estas cuestiones. A pesar de los múltiples seguimientos, Courtney Dock, subdirectora de asuntos públicos del Mando, aún no ha respondido. Este silencio de un año contrasta fuertemente con las nuevas políticas e iniciativas anunciadas a bombo y platillo por el Departamento de Defensa para responder a los daños causados a civiles y repararlos.

En 2022, el Pentágono publicó un Plan de Acción de Mitigación de Daños y Respuesta a los Civiles de 36 páginas, redactado bajo la dirección del secretario de Defensa, Lloyd Austin. El plan proporciona un proyecto para mejorar la forma en que el Pentágono aborda el tema. El plan exige que el personal militar tenga en cuenta los posibles daños a civiles en cualquier ataque aéreo, terrestre o de otro tipo.

A finales del año pasado, el Departamento de Defensa también publicó su largamente esperada «Instrucción sobre mitigación y respuesta al daño a civiles», que establecía las «políticas, responsabilidades y procedimientos del Pentágono para mitigar y responder al daño a civiles». El documento, requerido en virtud de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2019, y aprobado por Austin, ordena a los militares «reconocer el daño civil resultante de las operaciones militares de los Estados Unidos y responder a las personas y comunidades afectadas por las operaciones militares de los Estados Unidos», incluyendo «expresar condolencias» y proporcionar pagos ex gratia a los familiares más cercanos.

Pero, a pesar de los 15 millones de dólares asignados por el Congreso desde 2020 para proporcionar precisamente esos pagos, y a pesar de que los miembros del Congreso han pedido repetidamente al Pentágono que repare los daños causados a civiles, sólo ha anunciado un pago de este tipo en los años transcurridos desde entonces.

Naples-Mitchel y Shiel señalan que el Departamento de Defensa tiene un presupuesto proyectado de 849,8 mil millones de dólares para el año fiscal 2025 y los 3 millones de dólares reservados anualmente para pagar las reclamaciones de víctimas civiles son solo el 0,00035% de esa suma. «Sin embargo, para los civiles que han esperado años el reconocimiento del día más doloroso de su vida, es cualquier cosa menos pequeño», escriben. «El ejército tiene lo que necesita para empezar a pagar y reconocer los daños del pasado, desde el compromiso político hasta la financiación, pasando por las minuciosas peticiones y la documentación de las víctimas civiles. Todo lo que tienen que hacer ahora es decir que sí».

El 10 de mayo pregunté a Lisa Lawrence, portavoz del Pentágono, si Estados Unidos diría «sí» y, en caso negativo, por qué no.

«Gracias por ponerse en contacto», respondió. «Puede esperar noticias mías tan pronto como tenga algo más que ofrecer».

Lawrence aún no ha «ofrecido» nada.

Imagen de portada: Pentágono, por Thomas Hawk, bajo licencia CC BY-NC 2.0 / Flickr.

Voces del Mundo