Ariela Ruiz Caro, CounterPunch, 15 junio 2023

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Ariela Ruiz Caro es economista por la Universidad Humboldt de Berlín y Master en Procesos de Integración Económica por la Universidad de Buenos Aires. Es analista del Programa de las Américas para la región Andina/Cono Sur.

Los resultados de la elección del 7 de mayo para conformar los 51 miembros del Consejo Constitucional que finalizarán la redacción de la nueva Constitución representan una derrota para el gobierno del presidente Gabriel Boric y para todos aquellos, no necesariamente identificados con partidos de izquierda, que creen que la Constitución de 1980 debe ser reemplazada. Este sentimiento se puso de manifiesto cuando, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se realizó el referéndum sobre el cambio de la Carta Magna y casi el 80% de la población optó por redactar un nuevo texto a través de una Asamblea Constituyente.

Rebobinar el tiempo

Esta acción formó parte del Acuerdo de Paz firmado entre ese Gobierno y las fuerzas opositoras para poner fin a las históricas protestas que surgieron en todo el país en octubre de 2019. El aumento de las tarifas del metro fue la chispa que encendió al país. En Chile existía una situación de descontento social que se ocultaba tras el orden macroeconómico, un crecimiento sostenido y uno de los PIB per cápita más altos de la región.

Altos niveles de desigualdad y una clase media que vivía al borde del umbral de la pobreza, junto con una movilidad social descendente que crecía más rápido que la movilidad ascendente, azotaban a la sociedad chilena. Los focos de descontento se centraron en el fracaso del sistema privado de pensiones y en las crecientes diferencias de calidad entre los sistemas educativo público y privado. Las masivas marchas de estudiantes secundarios en 2006 y 2011, y las organizadas por el movimiento «No más AFP» contra las Administradoras de Fondos de Pensiones en 2016 fueron algunos de sus antecedentes.

Tras el triunfo del «Sí» para cambiar la Constitución en ese octubre de 2020, en mayo de 2021 se eligieron los 155 constituyentes que la redactarían. En esa misma fecha también se eligieron gobernadores autonómicos (por primera vez), alcaldes y concejales. El resultado fue contundente: los independientes ganaron con el 42% de los votos, seguidos por los representantes de las fuerzas de izquierda más radicales agrupadas en la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y otros partidos menores). Los resultados marcaron el inicio del declive de los partidos de derecha moderada liderados por Sebastián Piñera y de los partidos de centroizquierda que habían administrado alternativamente el modelo neoliberal heredado del régimen de Pinochet.

Así, los representantes de los partidos de derecha agrupados en la antigua lista oficial de Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni siquiera un tercio de los votos que les hubiera permitido vetar el contenido de la nueva Constitución. Apenas obtuvieron el 23%. A la centroizquierda, agrupada en la antigua Concertación (Partido Socialista y Partido Demócrata Cristiano, entre otros) y presentada en una lista llamada Apruebo, le fue aún peor, recibiendo sólo el 16% de los votos. De este modo, los independientes y los representantes de la izquierda radical tuvieron la tarea de redactar la nueva Constitución durante un año.

Sin embargo, en septiembre de 2022, con Boric en la presidencia desde hacía sólo seis meses, el texto fue rechazado por un rotundo 68%. A pesar de ello, dos tercios de los chilenos siguen deseando cambiar la Constitución de 1980. Según la encuestadora chilena Cadem, en septiembre del año pasado, sólo un 17% estaba firmemente en contra del proyecto, mientras que sólo un 12% estaba a favor de aprobarlo sin cuestionamientos. Un 35% era partidario de rechazarla para empezar de nuevo, y un 32% de aprobarla para reformarla.

La ambición derivada de una excesiva ideologización, la inexperiencia y la falta de diálogo con las fuerzas de la oposición, como reconoció Boric en las recientes elecciones del 7 de mayo, fueron factores que determinaron la derrota. También influyó el hecho de restar importancia a la campaña plebiscitaria que le daría validez y centrarse en el contenido del texto, en el que la derecha participó poco. También faltó un mensaje claro o una idea convincente que calara en la población. Les faltó lo que a la derecha le sobraba: marketing.

Otro factor que jugó en su contra fue la crisis económica internacional manifestada en Chile a través de altos niveles de inflación de dos dígitos, devaluación de la moneda, desaceleración del crecimiento inducida por factores externos, altos niveles de endeudamiento debido a la pandemia, aumento de la violencia, delincuencia y presencia del narcotráfico. La población desinformada, alimentada por los medios de comunicación, asoció estos problemas al todavía relativamente corto mandato de Boric.

La falta de claridad a la hora de abordar la cuestión migratoria fue aprovechada por la derecha, lo que llevó finalmente a un presidente desbordado, poco antes de las elecciones del 7 de mayo, a expulsar a ciudadanos extranjeros indocumentados a las fronteras con Perú y Bolivia. Esto dejó a muchas personas, especialmente venezolanos, pero también en menor medida colombianos y haitianos, en el limbo, ya que el gobierno peruano no autorizó su entrada a pesar de que muchos indicaron que sólo querían pasar en tránsito hacia sus países.

Tampoco es menor mencionar la implacable campaña mediática contra Boric, como si bajo su gobierno se hubieran iniciado los problemas de migración, el crecimiento del crimen organizado, la inseguridad ciudadana y los problemas económicos.

El nuevo equilibrio de poder

El rechazo del texto constitucional redactado por los constituyentes electos fue una derrota decisiva. Ya entonces era evidente que muchos aspectos del proyecto estaban destinados a arriar sus banderas, como el concepto de paridad de género en la composición de todos los órganos del Estado. Junto con:

• El reconocimiento de los pueblos indígenas a través de la introducción del concepto de plurinacionalidad; uno de los aspectos más manipulados y tergiversados por los medios de comunicación.
• El cambio del papel del Estado desde la subsidiariedad hacia un Estado social y democrático de derecho.
• El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la protección estatal a la interrupción voluntaria del embarazo.
• El derecho humano al agua y su desprivatización.

La reciente elección de los 51 miembros del Consejo Constitucional fue una forma decorosa de continuar el proceso de la nueva Constitución, pero la realidad es que ya había fracasado. En marzo de este año, el Congreso nombró una Comisión de 24 expertos para redactar un nuevo texto que los consejeros electos deberán revisar, asumir, enmendar o rechazar a partir del 7 de junio.

El poder de veto obtenido por el Partido Republicano mediante la elección de 23 delegados entierra el sueño de una Constitución más inclusiva, como seguramente deseaban los 39 fallecidos y los cientos de heridos víctimas de las protestas de octubre de 2019. Si sumamos los 11 consejeros de la derecha moderada agrupados en Chile Seguro, liderados por Piñera, la derecha tiene la mayoría y, por tanto, lleva las riendas para redactar la nueva Constitución. La relación de fuerzas ha cambiado radicalmente.

El proceso que se inició con el estallido social de 2019 y que desembocó en la decisión política y democrática de redactar una nueva Constitución ha vuelto al punto de partida. Los sectores de izquierda e independientes han perdido el poder para llevar a cabo las ambiciosas reformas a las que aspiraban, como el derecho a la salud y a la educación para todos -a diferencia de la Constitución peruana, que no se recogía explícitamente en la chilena-, entre otras.

El hecho de que el Partido Republicano, cuyo líder se negó a cambiar la Constitución, haya recibido el poder de definir los contenidos de la nueva Constitución es una paradoja en la lucha social. José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, ni siquiera participó en las negociaciones para continuar la farsa de un proceso constituyente, que ya había fracasado en septiembre del año pasado. Consideró que rechazar por un año el texto de la nueva Constitución redactado por los constituyentes significaba la vigencia de la anterior Constitución de 1980, ya que, según el líder del Partido Republicano, había dado buenos resultados al país.

Durante la campaña presidencial de 2021, Kast afirmó que, de ganar la presidencia, rompería relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela, se retiraría de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y construiría una trinchera en la frontera norte para contener la migración. Este fue el discurso que llevó al líder de la derecha radical a la victoria en las elecciones presidenciales en primera vuelta, aunque posteriormente perdió en la segunda vuelta contra Boric por un amplio margen de casi 11 puntos porcentuales.

A pesar de la derrota de las fuerzas políticas lideradas por Boric y de la decisión de los ciudadanos chilenos de votar a alguien que defiende la Constitución redactada durante la Junta Militar de Pinochet en 1980, el camino iniciado en Chile para cambiarla es un paso positivo.

Si Kast aspira a ganar las elecciones presidenciales de 2026, no puede mantener su posición de rechazo a los cambios al texto de 1980. Las causas que llevaron al estallido social de 2019 siguen intactas. Es probable que la derecha radical, que ahora tiene en sus manos la redacción de la nueva Constitución, deba hacer concesiones para evitar su rechazo en la votación plebiscitaria de diciembre. Kast intentará presentarse como un estadista de amplios consensos, aunque no lo es, por lo que ejercerá una suerte de «gatopardismo» para dar a la ciudadanía la sensación de que se ha aprobado una nueva Constitución, aunque en esencia pueda ser muy similar a la anterior. Si finalmente el texto fuera rechazado a finales de año, la Constitución de 1980 seguiría en vigor.

Foto portada: Gabinete Ministros Gabriel Boric CC by 3.0 CL

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