Basel Adra y Juval Abraham, The Nation, 9 julio 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Basel Adraa es un activista, periodista y fotógrafo del pueblo de Tuwani, ubicado al sur de las colinas de Hebrón.
Yuval Abraham es un periodista y activista afincado en Jerusalén.
(NOTA DEL EDITOR: Este artículo es una colaboración entre The Nation, +972 Magazine y Local Call.)
So’ed Od, una niña de 13 años, es una de los cerca de 1.000 residentes palestinos de los ocho pueblos de Masafer Yata, una pequeña región de colinas escarpadas en el extremo sur de la Cisjordania ocupada. So’ed pasa ahora sus días ayudando a su madre a cuidar de su rebaño de ovejas y a hacer queso en el pequeño pueblo de Sfay, cuyo nombre viene de la palabra árabe que designa la cualidad de «puro».
So’ed dejó de asistir a clase después de que las excavadoras israelíes aplastaran la escuela del pueblo. Ese día, nos contó So’ed, ayudó a niños pequeños, alumnos de cursos inferiores, a escapar por las ventanas. «Estábamos en clase de inglés», dijo. «Vi un todo terreno que se acercaba por la ventana. El profesor paró la clase. Llegaron soldados con dos excavadoras. Nos cerraron las puertas. Nos quedamos atrapados en las aulas. Luego escapamos por las ventanas. Y destruyeron la escuela».
La destrucción de la escuela primaria tuvo lugar en noviembre de 2022 y quedó documentada en vídeo. Se puede ver a niños de primero, segundo y tercer curso en una de las aulas, gritando y sollozando. Los soldados israelíes rodearon la escuela, en la que estaban matriculados 23 alumnos, y lanzaron granadas aturdidoras contra los aldeanos que intentaban bloquear el paso de las excavadoras. El sonido de las explosiones aterrorizó aún más a los alumnos atrapados. En los vídeos se puede ver a madres sacando a los niños por las ventanas de las aulas. Representantes de la Administración Civil israelí, brazo del ejército que gobierna los territorios ocupados, entraron en la escuela vaciada, sacaron las mesas, sillas y tableros de las aulas y los cargaron en un camión, confiscando los objetos. La Administración Civil no ha respondido a nuestra solicitud de comentarios.
En 1980 el ejército había declarado «zona de fuego» 30.000 dunams (30 millones de metros cuadrados) de las tierras de los residentes; el propósito declarado era expulsar a los palestinos de la zona, que Israel designó para asentamientos judíos por su proximidad estratégica a la Línea Verde que marca la frontera. En mayo del año pasado, una sala de tres jueces del Tribunal Supremo desestimó el recurso de los residentes contra la zona de tiro, autorizando de hecho al ejército a seguir desplazando a los palestinos de sus tierras. El juez que redactó la controvertida sentencia, David Mintz, vive en un asentamiento de Cisjordania llamado Dolev, a unos 20 minutos en coche de Ramala.
La expulsión masiva de los habitantes de Masafer Yata aún no se ha llevado a cabo, pero las vidas de todos los habitantes de estos pueblos han cambiado hasta hacerse irreconocibles en los meses transcurridos desde la sentencia. Los soldados han empezado a detener a niños en puestos de control improvisados que han erigido en medio del desierto al amparo de la noche; las familias ven cómo las excavadoras arrasan sus casas cada vez con más frecuencia; y, justo al lado de los pueblos designados para la expulsión y la demolición, los soldados ya se entrenan con fuego real, hacen carreras de tanques y detonan minas.
Oficiales del ejército han declarado que ya se han presentado a los políticos los planes para llevar a cabo la orden de expulsión. Este año, con el gobierno más derechista de la historia de Israel en el poder -y con sus ministros pidiendo abiertamente transferencias masivas de población y el borrado de aldeas palestinas- es muy probable que la expulsión masiva se lleve realmente a cabo. Si tal cosa sucede, será el mayor acto de traslado de población llevado a cabo en Cisjordania desde que Israel expulsó a miles de palestinos en 1967, en los primeros días de la ocupación.
Ambos hemos sido testigos de cerca de la lucha en Masafer Yata. Basel, periodista y activista, nació en uno de los pueblos de la zona. Su madre empezó a llevarlo a las manifestaciones contra la expulsión cuando tenía 5 años. Creció sin electricidad en su casa porque los militares ordenaron la prohibición total de la construcción y el acceso a las infraestructuras para los palestinos de la zona. Durante la última década, ha documentado en vídeo la eliminación de su comunidad, y sus publicaciones han llegado a millones de personas de todo el mundo.
Yuval nació en la ciudad de Be’er Sheva, a 30 minutos en coche de la casa de Basel, en el lado israelí de la Línea Verde. Lleva cinco años informando sobre la expulsión y el apartheid, tanto en hebreo como en inglés. Los dos trabajamos en equipo, sobre todo para +972 Magazine y el sitio de noticias Local Call, y este artículo es fruto de nuestra colaboración.
Desde la sentencia del tribunal el pasado mes de mayo, Israel ha hecho aún más insoportable la vida de las familias de Masafer Yata, hasta el punto de que no está claro si podrán sobrevivir allí. Sin embargo, este proceso se ha prolongado durante más de cuatro décadas, en lo que puede describirse como una expulsión lenta. La principal herramienta que utiliza Israel es la denegación sistemática de permisos de construcción. Dado que los residentes palestinos no pueden vivir en un pueblo sin casas y otras infraestructuras básicas, y dado que todo lo que construyen se considera «ilegal» y se demuele sumariamente, con el tiempo esta política ha obligado a los residentes a abandonar sus tierras.
Siete días después de la sentencia, los militares arrasaron las casas de nueve familias de Masafer Yata; 45 personas se quedaron sin hogar. «Fue uno de los peores actos de destrucción que he visto nunca», declaró Eid Hadlin, activista local que vive en una casa sin agua corriente ni electricidad y sobre la que pesa una orden de demolición.
Las excavadoras llegaron a Al-Merkaz, uno de los pueblos designados para la expulsión. Los soldados dejaron que los residentes desalojaran sus casas. Las mujeres sacaron sus efectos personales fuera y los amontonaron: colchones, mochilas, ropa interior y camisas, botes de champú. Un inspector de la Administración Civil observó hasta que las casas quedaron vacías. Entonces dio el visto bueno, y las excavadoras lo arrasaron todo.
Nayati, un joven adolescente, se sentó con su abuela junto al montón de escombros que una vez fue su casa. Estaba furioso. «El oficial me dijo, mientras demolía nuestra casa: ‘¿Para qué molestaros en construir? Eso es todo, se acabó; esta zona es ahora del ejército para entrenamiento'», relató.
Una mañana, los vecinos de su pueblo descubrieron que los soldados habían colocado carteles de advertencia en sus casas durante la noche. «Están ustedes en una zona de fuego», decían los carteles, en un árabe tan plagado de errores que parecían escritos con la ayuda de Google Translate. «La entrada está prohibida. Quien infrinja la ley puede ser detenido, multado, perder su vehículo, que será confiscado, o enfrentarse a cualquier otro castigo que se considere adecuado.» En las semanas siguientes, los soldados construyeron un puesto de control entre los pueblos y confiscaron los vehículos que lo atravesaban con el pretexto de que está prohibido circular por una zona de fuego. Y así, poco a poco, la mayoría de los residentes se vieron privados de su capacidad de moverse libremente.
Nayati dijo que su familia durmió fuera esa noche, a cielo abierto, y al día siguiente retiraron los escombros y pidieron un préstamo para construir otra casa, en el mismo lugar. «He vivido en Masafer Yata toda mi vida, pastoreando ovejas», dijo Safa Al-Najar, la abuela de Nayati, con la voz ligeramente ronca pero la sonrisa de una mujer joven. Su casa también fue demolida ese mismo día. Por eso, nos dijo, tendrá que dormir en la cueva de la familia.
«Al principio, mi marido y yo vivíamos en esta cueva», explica. «Era nuestro dormitorio, el salón y la cocina, todo junto. Las ovejas vivían a nuestro lado, en la segunda cueva. Pero hace 20 años, cuando mis hijos crecieron, construimos una casa para ellos. Todo lo que construimos, lo han destruido».
Según datos del grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, desde 2016, los soldados han demolido las casas de 121 familias en Masafer Yata y han dejado sin cobijo a unas 384 personas, muchas de ellas niños. Y no solo las casas están en peligro, sino todos los edificios e infraestructuras. También se destruyeron corrales para las ovejas, se cortaron tuberías de agua, se talaron árboles; incluso las carreteras de acceso, que conectan los pueblos entre sí, fueron destruidas por una enorme excavadora.
En un momento en el que se están llevando a cabo dos procedimientos legales distintos contra Israel en La Haya -en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia-, Israel parece ansioso por evitar la dura condena internacional que inevitablemente se derivaría de un traslado descarado de población. Expulsando casa por casa a los residentes de Masafer Yata, Israel puede lograr el mismo objetivo con un coste mucho menor para su imagen.
Objetivos móviles: El pueblo de Al Mayaz, en la zona de Masafer Yata que el ejército israelí ha designado como «zona de fuego». (Oren Ziv / Activestills.org)
Desde la destrucción de su escuela, los niños de Sfay asisten a clase en un remolque en ruinas aparcado en las afueras del pueblo. Hay agujeros en el techo por los que se filtra el agua de lluvia, y la puerta del baño es un trozo de cortina. El ejército ha prohibido cualquier renovación del remolque o la construcción de una nueva escuela.
El pueblo de So’ed es bastante típico de Masafer Yata. La mayoría de sus habitantes son agricultores y pastores que plantan trigo, cebada y olivos, fabrican queso de cabra y se levantan temprano para hornear pan. La zona está llena de cuevas antiguas, excavadas en las suaves rocas blancas del desierto montañoso por sus habitantes hace muchas generaciones. Los padres de So’ed vivían en las cuevas, pero con el tiempo construyeron una casa para ella y sus hermanos.
Las familias cuyas casas son demolidas por las excavadoras militares se ven obligadas a vivir en las cuevas, que se convierten rápidamente en lugares superpoblados y asfixiantes. Sin embargo, a los residentes se les prohíbe también renovar las cuevas, algunas de las cuales ya son inhabitables.
«Queremos construir casas normales, vivir en la superficie. Dormir en una cueva es como dormir en una tumba», afirma Fares Al-Nayar, residente de Al-Merkaz. Las familias que no tienen una cueva o que se niegan a aceptar esas condiciones de vida se ven obligadas a abandonar su comunidad y perder sus tierras, o a construir una nueva casa que inevitablemente será demolida. «Es un ciclo interminable», afirma Fares.
Tanto el alcance como la frecuencia de estas demoliciones han aumentado desde la decisión del Tribunal Supremo que facilitó a los jueces israelíes denegar los recursos presentados por los abogados de las familias. Y aunque esos recursos también fueron denegados a menudo en el pasado, los procedimientos judiciales se prolongaron durante años, lo que permitió a los residentes ganar tiempo para permanecer en sus pueblos y organizar su lucha comunitaria.
Masafer Yata forma parte de la Zona C, designada en virtud de los Acuerdos de Oslo, que abarca el 61% de Cisjordania y está bajo pleno control militar y civil israelí. De los cientos de solicitudes de permisos de construcción que el ejército recibió entre 2000 y 2020, ha denegado más del 99% de las solicitudes en esa zona C, según datos facilitados por la ONG israelí Bimkom-Planners for Planning Rights.
En los 15 meses transcurridos desde la sentencia del Tribunal Supremo, el ejército ha impuesto un toque de queda en Yinba, el pueblo donde nació Nidal. Los soldados construyeron dos puestos de control junto al pueblo: En uno, hay una tienda negra; en el otro, un tanque. Ambos se utilizan para detener a los residentes, confiscar sus vehículos e impedir que los visitantes entren en el pueblo.
La sentencia del tribunal de mayo «nos aisló de los demás pueblos», afirma Nidal. «Cada vez que queremos salir, visitar a nuestros familiares o ir de compras, los soldados nos detienen durante al menos dos horas. Es el mejor de los casos. Una vez me retuvieron siete horas».
La gente tiene miedo de conducir hasta los pueblos por temor a perder sus vehículos. En los últimos meses, declaran los residentes, los soldados han confiscado los coches de trabajadores humanitarios, maestros de escuela y abogados que prestaban asistencia jurídica a los residentes. Esta política también tiene un efecto amedrentador sobre los periodistas, que tienen menos posibilidades de venir a informar sobre la región. Se espera que la separación de Masafer Yata de otras comunidades facilite al ejército llevar a cabo el traslado de población con el menor número posible de testigos.
El pasado año, el día antes del comienzo de las clases, los soldados se negaron a dejar que los profesores de la escuela primaria de Yinba entraran en el pueblo para preparar las aulas. Los soldados del puesto de control les confiscaron el coche, explicándoles que se encontraban en una zona de tiro. Estas decisiones se toman arbitrariamente: Al día siguiente, los soldados dejaron pasar a los profesores.
Royda Abu Aram, de la aldea de Al-Halawah, cursa el 12º curso, el año en que los alumnos se presentan a los exámenes tawjihi, el equivalente palestino de la selectividad. «Ayer falté a todas mis clases porque no tenía forma de llegar sin coche ni transporte», explica. «Mi amigo Bisan, que intentó llegar a la escuela en coche, estuvo retenido por los soldados durante hora y media, bajo el sol».
En una grabación de vídeo del puesto de control de agosto, un soldado, con la mano apoyada en su arma y un gran tanque detrás de él, explica a un grupo de varios adultos y niños en edad escolar, con las mochilas colgadas al hombro, que «esta zona está designada como zona de tiro, el ejército cerró esta zona y estamos realizando registros aquí».
Todas las escuelas de Masafer Yata han recibido una orden de demolición. «Realmente quiero trabajar en la educación. Me interesa estudiar en la universidad y ser profesora de lengua e inglés», dijo Bisan, también de 12º curso. «Pero me preocupa no hacer bien el examen de tawjihi en estas circunstancias. Es difícil aprender cuando sabes que mañana puedes levantarte y vendrán excavadoras a demoler tu escuela».
Manifestación cerca de al-Tuwani, en las colinas del sur de Hebrón, para protestar contra la expansión de Avigail, un asentamiento israelí. (Oren Ziv / Activestills.org)
La sentencia del Tribunal Supremo también concedió permiso al ejército israelí para empezar a entrenar con fuego real en la zona. Los tanques han estado rugiendo por la zona entre los pueblos mientras los soldados disparaban fuego real y detonaban explosivos; los helicópteros han estado practicando aterrizajes y despegues. Todos estos ruidos se unen al zumbido de los drones que los soldados, y a veces los colonos cercanos, utilizan para vigilar si los residentes están construyendo nuevas casas después de que sus hogares hayan sido destruidos.
«Todo nuestro pueblo salió a verlos», dijo Isa Yunis, residente de Yinba, después de un día de entrenamiento con tanques que tuvo lugar junto al pueblo el pasado junio. «El ruido de los tanques era ensordecedor. Las detonaciones de las minas empezaban antes del amanecer, justo al lado de nuestras casas. Todas las paredes temblaban, como si estuviéramos en medio de un terremoto».
Durante una de estas sesiones de entrenamiento, en el pueblo de Al-Mayaz, los soldados colocaron objetivos en las ventanas de las casas, en un tractor y en un coche. Yabar, un chico de 15 años, salió de su casa para ver qué pasaba. A su alrededor se arremolinaba una nube de arena, resultado del paso de un tanque por la desértica región. «Los soldados colgaron dianas en la ventana de nuestra casa y en los pajares», dijo Yabar. «Escribieron que volverían pronto para disparar, pero yo quité las dianas».
El ejército prometió al tribunal que tomaría medidas de precaución al realizar ejercicios con fuego real y que los soldados no pondrían en peligro la vida de los residentes. La realidad ha sido otra. En julio de 2022, Leila Dababsa estaba sentada en su casa cuando oyó una explosión encima de ella. El techo empezó a desmoronarse. «El salón se llenó con el sonido de disparos y mi hija gritó», dijo, señalando los agujeros en el techo de hojalata. La mayoría de las casas están construidas con materiales baratos, por miedo a que las destruyan. Leila y su hija escaparon y se escondieron en una cueva cercana.
«Un segundo antes de que dispararan contra nuestra casa, yo estaba recogiendo tomates en el jardín», dijo Sa’ud Dababsa, cuya casa fue blanco de los disparos. «Es la primera vez que una bala entra en nuestra casa, en el salón. Antes, corríamos peligro de ser expulsados. Ahora mi familia y yo corremos peligro de que nos maten».
Históricamente, el proceso de expulsión de Masafer Yata se remonta en gran medida a dos hombres: Ariel Sharon y Ehud Barak, ambos militares de alto rango que más tarde se convirtieron en primeros ministros israelíes. Representan campos opuestos de la política israelí: Sharon dirigió el partido Likud, identificado con la derecha sionista, y Barak el Partido Laborista, afiliado a la izquierda sionista. Pero en cuestiones relacionadas con Masafer Yata, ambos trabajaron juntos en armonía.
Tras encabezar la conquista de Cisjordania en 1967, Sharon, entonces oficial militar, inició el proceso de declaración de diversas áreas como zonas de tiro militar, primero en el valle del Jordán y más tarde en Masafer Yata. «Como una de las personas que iniciaron las zonas de fuego en 1967, todo el mundo era consciente de un objetivo: permitir el asentamiento judío en la zona», declaró Sharon en 1979. «Por aquel entonces, dibujé estas zonas de fuego, reservando nuestra tierra para los asentamientos».
Las ubicaciones de las zonas de fuego no se eligieron al azar. Encajaban perfectamente con el Plan Allon, presentado al gobierno israelí un mes después del inicio de la ocupación por Yigal Allon, otro futuro primer ministro, y que determinaba que las zonas debían mantenerse permanentemente bajo pleno control israelí. Con su clima relativamente árido, estas zonas tenían pocos pueblos palestinos en comparación con el abarrotado norte de Cisjordania, lo que las hacía atractivas para los asentamientos judíos.
Un mapa encargado por el Estado en 1977 designa parte de la región de Masafer Yata para este tipo de asentamientos. Tres años más tarde, en 1980, se declararon zonas de tiro en la misma zona.
En una reunión secreta del Comité Ministerial para Asuntos de Asentamientos celebrada en julio de 1981, Sharon ofreció al ejército la zona de tiro declarada en Masafer Yata y reafirmó que su objetivo era expulsar a los palestinos de la zona, según la transcripción oficial. «Tenemos un gran interés en estar allí, dado el fenómeno de los árabes de los pueblos que se extienden hacia el desierto [en el sur]», explicó al jefe del Estado Mayor del ejército.
Durante el mismo periodo, el gobierno israelí trabajó para establecer asentamientos judíos en la región. Asentamientos como Susya, Ma’on y Carmel formaban parte de la política estatal de separar a la población palestina del Néguev, que está dentro de Israel, de la población palestina del sur de Cisjordania, como los residentes de Masafer Yata.
«Durante muchos años existió una conexión física entre la población árabe del Néguev y la población árabe de las colinas de Hebrón. Se creó una situación en la que la frontera se extiende dentro de nuestro territorio», dijo Sharon al Comité de Asentamientos. «Debemos crear rápidamente una franja de seguridad de asentamientos [judíos], que distinga y separe las colinas de Hebrón de los asentamientos judíos en el Negev. Para abrir una brecha entre los beduinos del Negev y los árabes de Hebrón».
Las palabras de Sharon son especialmente pertinentes hoy en día, ya que no sólo los residentes de Masafer Yata, sino también los beduinos del Néguev están siendo desposeídos de sus tierras mediante la denegación sistemática de permisos de construcción y la declaración de zonas de fuego militar.
Asesinato con grúa: El funeral de Hajj Suleiman Hathaleen, atropellado en su pueblo por una grúa israelí enviada para confiscar vehículos palestinos. (Oren Ziv / Activestills.org)
En 1999, Ehud Barak fue elegido primer ministro. Eran los días de los Acuerdos de Oslo, cuatro años después del asesinato de Isaac Rabin, cuando aún había esperanza entre israelíes y palestinos de que se llegara a un acuerdo de paz. Pero el gobierno de Barak decidió expulsar definitivamente a los residentes de Masafer Yata. Bajo su mandato, en noviembre de 1999, los soldados recorrieron todos los pueblos, cargaron a 700 personas en camiones y las expulsaron. Se convirtieron en refugiados en pueblos cercanos.
«Recuerdo perfectamente aquel día», afirma Safa Al-Nayar, que ahora tiene 70 años. «Los soldados entraron y fuera había dos grandes camiones esperando. Nos subieron a ellos a la fuerza, con todas nuestras pertenencias. Las ovejas escaparon a pie. Nos arrojaron en otro pueblo».
La limpieza étnica de Barak, llevada a cabo por un gobierno que incluía al partido de izquierdas Meretz, inspiró protestas en Israel encabezadas por intelectuales, entre ellos autores famosos como David Grossman. Los manifestantes se reunieron con el general del Mando Central para expresar su oposición a la operación, pero se les dijo que había que llevarla a cabo porque, en preparación de nuevas negociaciones con la Organización para la Liberación de Palestina, Israel tenía un gran interés en mantener la región como parte de su territorio soberano.
Las conversaciones entre Israel y la OLP para una resolución final de paz, que tuvieron lugar en 2000 en Camp David, llevaron aparentemente a Barak a acelerar los esfuerzos de despojo en Masafer Yata. La idea consistía en que, si no había palestinos viviendo allí, sería más probable que la región quedara finalmente bajo control israelí.
Esta es una de las razones por las que el «proceso de paz» de la década de 1990 fue, de hecho, profundamente destructivo para muchos palestinos: Impulsó el colonialismo israelí en lugar de domarlo. En aquellos años, el número de demoliciones de viviendas palestinas aumentó considerablemente, mientras que los asentamientos judíos se poblaban rápidamente y las carreteras que conducían a ellos se pavimentaban con rapidez.
Pocos meses después de que Barak ordenara su desplazamiento, los residentes de Masafer Yata presentaron una petición ante el Tribunal Supremo israelí contra la zona de tiro. Los palestinos que viven en Cisjordania están sometidos a la ley militar -no tienen derecho a voto y, por tanto, no pueden influir en el sistema jurídico que rige sobre ellos- y el Tribunal Supremo ha ampliado su jurisdicción para abarcar los territorios ocupados.
Su petición permaneció ante el tribunal durante más de 22 años. En lugar de tomar una decisión, los jueces emitieron una orden provisional que permitía a los palestinos desplazados regresar temporalmente a sus hogares. En 2012, mientras Barak era ministro de Defensa, el Estado declaró ante el tribunal que su demanda de traslado forzoso seguía activa, y que el ejército estaba dispuesto a permitir el acceso de los residentes para trabajar sus tierras sólo durante las vacaciones israelíes y los fines de semana, cuando no se realizaban ejercicios militares.
Incluso este aplazamiento temporal llegó a su fin el pasado mes de mayo, cuando los jueces rechazaron finalmente la petición de los residentes. En la sentencia del juez David Mintz, el tribunal aceptó las alegaciones del Estado de que, cuando se declaró la zona de tiro hace más de 40 años, los habitantes de Masafer Yatta no eran «residentes permanentes» de la zona, sino «residentes estacionales». Es decir, solían desplazarse entre dos lugares, dependiendo de la temporada de pastoreo: Tenían una casa en un pueblo de Masafer Yata y otra en la ciudad. Según la letra de la ley militar, la declaración de zona de fuego no se aplica a los residentes permanentes en el territorio, pero dado que, como alegaba el Estado, los residentes de Masafer Yata eran sólo «estacionales», debía permitirse su expulsión. El Tribunal Supremo estuvo de acuerdo.
Del mismo lado: Colonos israelíes armados junto a un policía durante una protesta de palestinos en Masafer Yata. (Oren Ziv / Activestills.org)
Estos argumentos jurídicos no impresionan a Halima, que nació en una cueva de Al-Merkaz en 1948 y ha vivido allí toda su vida. «Es su tribunal, no el nuestro», dice, «y utilizan la ley para expulsarnos».
Los nombres de las aldeas de Masafer Yata están en todos los mapas antiguos anteriores al Estado israelí, incluido uno de topógrafos británicos de 1879. Otro se encuentra en un libro de 1931 de un geógrafo llamado Nathan Shalem, que visitó casas en Yinba y observó que los asentamientos humanos «nunca habían cesado» allí. Fotografías aéreas de 1945 atestiguan la existencia de las aldeas. Incluso la documentación oficial del Estado de Israel muestra que, en 1966, el ejército israelí voló 15 estructuras de piedra en Jinba, entonces bajo control de Jordania, indemnizando posteriormente a los residentes a través de la Cruz Roja Internacional.
El Tribunal Supremo rechazó esta prueba histórica, que se adjuntó a la petición de los residentes. «La existencia de las casas de piedra en las ruinas de Yinba, en 1966, no tiene nada que enseñarnos sobre la situación de las cosas en 1980», explicó Mintz en su sentencia. Sólo dio peso probatorio a la situación de la zona en el año en que se declaró la zona de fuego militar.
En su decisión, los jueces se basaron en el trabajo de un antropólogo israelí, Ya’akov Habakkuk, que vivió en la región en la década de 1980, para su afirmación de «estacionalidad». Habakkuk escribió que, durante la temporada de pastoreo, en invierno y primavera, las familias vivían en Masafer Yata, pero en los meses secos del verano, vivían en la ciudad adyacente de Yata. Esto describe el estilo de vida de muchas familias que vivían en la región en el pasado, aunque no de todas.
El propio Habakkuk se opone rotundamente a la interpretación que el tribunal hace de su obra. Nos dijo que no tenía ni idea de que su investigación se estaba utilizando para justificar la expulsión. «Era obvio para todos los que estaban alrededor que se trataba de su pueblo», dijo. «Las familias acudían allí constantemente, siempre a la misma cueva, y cuando no estaban, nadie más entraba».
El derecho internacional prohíbe explícitamente los traslados de población en territorio ocupado, casi sin excepciones. Pero en su fallo, los jueces afirmaron que, si hay un conflicto entre el derecho internacional y el derecho israelí, «el derecho israelí decide». En la decisión, escribieron que la sección de los Convenios de Ginebra que prohíbe los traslados de población está destinada «únicamente a impedir actos de expulsión masiva de una población en territorio ocupado con el fin de destruirla, realizar trabajos forzados o alcanzar otros objetivos políticos», por lo que no existe ninguna relación con el desplazamiento de Masafer Yata, que sólo se ordenó para que los militares pudieran entrenarse allí.
La prohibición de los traslados de población se encuentra en el Cuarto Convenio de Ginebra, en el artículo 49: «Se prohíben las deportaciones de personas protegidas desde un territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, sea cual fuere el motivo» (el subrayado es nuestro).
La historia de Masafer Yata representa, pues, la piedra angular del colonialismo israelí de colonos en todo Israel-Palestina. A ambos lados de la Línea Verde, el desplazamiento de palestinos se consigue en gran medida por medio de la ley: la denegación sistemática de permisos de construcción, la negación de los derechos de propiedad palestinos sobre la tierra en cuestión, la declaración de zonas de fuego expansivas, la designación de parques nacionales y el establecimiento de nuevos asentamientos judíos para «abrir una brecha» y separar a los pueblos entre sí.
«Todo lo que hay detrás del proceso es el robo de nuestras tierras y la expulsión de nuestras comunidades», declaró Nidal Abu Yunis, jefe del consejo de la aldea de Masafer Yata. «Destruir nuestras casas, confiscar nuestros vehículos, destruir nuestras carreteras y escuelas… todo es un crimen masivo. Pueden expulsarnos en cualquier momento. Ahora más que nunca, necesitamos la solidaridad internacional».
Foto de portada: Fuerzas israelíes realizan un simulacro de entrenamiento cerca de Masafer Yata en febrero de 2021. (Keren Manor / Activestills.org)
Voces del Mundo 
