Corresponsal en Irán, The New Arab, 25 julio 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Las autoridades iraníes y el sistema judicial han intensificado su enfrentamiento contra las mujeres que desafían la ley islámica del hiyab obligatorio con sanciones que incluyen el lavado de los cuerpos de los difuntos en los centros funerarios y la exigencia de que las mujeres obtengan un certificado de salud mental de los hospitales psiquiátricos.
Mientras la policía iraní relanzaba patrullas similares a la policía de la moralidad islámica, conocida localmente como Gasht-e Ershad, se hacían públicas recientes órdenes judiciales contra mujeres que desafiaban el código islámico de vestimenta, y altos cargos llegaron a acusar a estas mujeres de padecer problemas de salud mental.
El enfrentamiento entre las autoridades y los ciudadanos pasó a primer plano tras la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras se encontraba bajo custodia de la policía de moralidad. Posteriormente, las patrullas de la policía de la moralidad se retiraron temporalmente de las principales ciudades.
Sin embargo, con el reciente regreso de la policía islámica de la moral a las calles, la situación ha empeorado.
En una de las últimas medidas para reprimir la resistencia de las mujeres contra la ley del hiyab, el ayatolá Ahmad Jatamí, un poderoso clérigo, saltó a los titulares por sus duras declaraciones contra las mujeres que desafían la ley.
Durante un sermón de la oración del viernes en Teherán, calificó a esas mujeres de «enfermas» y añadió: «La mujer que va por la calle sin el hiyab está enferma. No debemos abofetearla, sino curarla con amabilidad».
Las declaraciones de Jatamí se produjeron pocos días después de que el tribunal ordenara a dos actrices iraníes, Afsaneh Baigan y Azadeh Samadi, acudir a los centros de salud mental de forma rutinaria.
Jueces que prescriben tratamiento por «problemas de salud mental”
El sistema judicial no se privó de utilizar las mismas etiquetas y prescribir tratamiento para lo que consideran «problemas de salud mental».
El 19 de julio, la actriz Afsaneh Baigan fue condenada a dos años de prisión y a la prohibición de salir del país o utilizar plataformas de medios sociales debido a su aparición en público sin cubrirse la cabeza.
La pena de prisión quedó en suspenso, pero se ordenó a Baigan someterse a tratamiento psicológico para rectificar lo que el tribunal consideró «características antifamiliares». Al final del periodo de tratamiento, deberá presentar al tribunal un certificado de salud mental.
Otra actriz, Azadeh Samadi, se enfrentó a acusaciones similares y recibió un castigo comparable del sistema judicial iraní, dirigido por clérigos islámicos de línea dura. El tribunal le prohibió utilizar Internet durante seis meses y le exigió que asistiera a un tratamiento de salud mental cada dos semanas por tener «características antisociales».
Al igual que a Baigan, a Samadi también se le impuso la obligación de presentar un certificado de salud mental tras el tratamiento.
Estas sentencias judiciales desataron la indignación entre los artistas de cine, mientras que abogados y profesionales de la salud mental iraníes impugnaron los veredictos. Los críticos argumentaron que los jueces no estaban cualificados para diagnosticar problemas de salud mental y que debían dejar esas evaluaciones en manos de los psicólogos.
El abogado de Samadi calificó la orden judicial de «declaración política». Al mismo tiempo, el abogado de Baigan dijo que la orden judicial de su cliente era «la opinión personal del juez», subrayando que sólo «los psicólogos pueden diagnosticar problemas mentales, no los jueces».
En respuesta a la polémica, cuatro organizaciones de psicólogos escribieron una carta abierta al presidente del Tribunal Supremo iraní, Gholam Hossein Mohseni Ejei, denunciando el planteamiento del poder judicial. Señalaban paralelismos históricos en los que etiquetar a los disidentes como personas con problemas de salud mental se utilizaba como medio de control, por ejemplo, durante la esclavitud en Estados Unidos y en la Unión Soviética.
«El término ‘características antifamiliares’ utilizado en una de las órdenes judiciales es una frase poco científica y poco común que los expertos ni siquiera pueden creer que alguien haya utilizado», añadía la carta.
Trabajos forzados para hacer cumplir la ley del hiyab
Las duras resoluciones judiciales van más allá de las celebridades y se dirigen contra las mujeres corrientes. En un caso, una mujer acusada de desafiar la ley del hiyab mientras conducía un coche fue condenada a un mes de trabajos forzados en el centro funerario de Varamin, donde debía lavar los cadáveres de los difuntos como «servicio público».
Según la tradición islámica, el cuerpo del difunto se lava antes del entierro.
Se han aplicado castigos similares de trabajos forzados a otras mujeres, entre ellas una médica a la que se prohibió trabajar en el sector público, «concretamente en centros sanitarios públicos», y fue condenada a trabajar como conserje durante un mes.
Otra mujer corrió una suerte similar y fue condenada a 270 horas de trabajo como empleada de limpieza en una oficina gubernamental encargada de cerrar los negocios que atienden a personas sin el hiyab islámico.
La sentencia de su caso incluía una declaración que demostraba la opinión de las autoridades sobre la elección y expresión personales de los ciudadanos: «Adherirse a la ley del hiyab salvaguardará a la sociedad de la promiscuidad sexual, mientras que desafiarla conducirá a la sociedad hacia la corrupción sexual».
Foto de portada: Mujeres que caminan por las calles en su vida cotidiana mientras la policía de la moralidad del país reanuda las patrullas del hiyab en Teherán, Irán, el 18 de julio de 2023. [Getty]
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