Sami Al-Arian, Middle East Eye, 25 diciembre 2023
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Sami Al-Arian es director del Centro para el Islam y Asuntos Globales (CIGA) de la Universidad Zaim de Estambul. Originario de Palestina, vivió en Estados Unidos durante cuatro décadas (1975-2015), donde fue académico titular, destacado orador y activista de derechos humanos antes de trasladarse a Turquía. Es autor de varios estudios y libros. Email: nolandsman1948@gmail.com.
En las semanas previas a la ofensiva del 7 de octubre de los grupos de resistencia palestinos, los palestinos de todo el mundo anotaban el 30º aniversario de los fracasados Acuerdos de Oslo y analizaban el papel de la Autoridad Palestina (AP) en el mantenimiento de este falso «marco de paz».
Para entonces, el apoyo a la AP llevaba tiempo disminuyendo, pero se desplomó aún más tras el 7 de octubre. Según una encuesta reciente, «en Cisjordania, el 92% pedía la dimisión de Abbas, que ha presidido una administración ampliamente considerada corrupta, autocrática e ineficaz”.
La AP ha perdido relevancia en una sociedad cada vez más crítica con su papel en el fomento de su opresión.
Sin embargo, en su obsesión por destruir todos los movimientos de resistencia palestinos, el presidente estadounidense Joe Biden y el secretario de Estado Antony Blinken, junto con la Unión Europea, intentan resucitar a la AP, aunque el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu haya descartado la idea en su desesperado y brutal intento de crear una nueva Nakba mediante su guerra genocida.
Profundo compromiso histórico
Tras la firma de los Acuerdos de Oslo en septiembre de 1993 entre el entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin, y el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yaser Arafat, la OLP fue sustituida por la AP como órgano político para negociar el futuro de la causa palestina.
A partir de la firma de Oslo, el número de colonos israelíes se ha multiplicado por más de seis, pasando de 116.000 en 1993 a 750.000 en la actualidad, según la ONU.
Desde la creación de Israel en 1948, ha sido un imperativo sionista ignorar la difícil situación de los palestinos, o simplemente tratarlos como problemas de seguridad o demográficos, en lugar de buscar un acuerdo político sostenible.
Durante décadas, Israel se ha negado a reconocer cualquier derecho político o legal de los palestinos y ha hecho caso omiso de decenas de resoluciones internacionales del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU.
Incluso cuando Arafat reconoció a Israel, el 78% de la Palestina histórica en 1993, todo lo que Israel dio a cambio fue reconocer a la OLP como representante del pueblo palestino, sin ninguna referencia a sus derechos.
El proceso de Oslo se basó en este profundo compromiso histórico, conocido comúnmente como la «solución de los dos Estados»: Un Estado israelí en el 78% del territorio ocupado en 1948 y un Estado palestino fragmentado en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, ocupados en 1967.
Sin embargo, lo que ha faltado en este marco ha sido un auténtico compromiso por parte de Israel para alcanzar este objetivo. Incluso antes del asesinato de Rabin en 1995 por un extremista israelí, Israel nunca cedió terreno alguno en las principales cuestiones que separaban a las partes.
Una vez creada la AP en 1994, el proceso de Oslo concedió a las dos partes un plazo máximo de cinco años para negociar las cuestiones relativas al «estatuto final». En términos generales, incluían las fronteras, los asentamientos israelíes, el retorno de los refugiados palestinos, el estatuto de Jerusalén y la soberanía o declaración de un Estado palestino independiente.
Cuando Benjamin Netanyahu, que se oponía frontalmente a Oslo, se convirtió en primer ministro en su primera etapa en 1996, hizo todo lo que estuvo en su mano para ofuscar este proceso. En 1999, aunque Israel se había comprometido a un acuerdo provisional, retrasó o canceló sus acuerdos, como nuevas retiradas de las tierras palestinas o la liberación de prisioneros.
También había quedado claro que cuando Arafat se reunió con el primer ministro israelí Ehud Barak y el presidente estadounidense Bill Clinton en el verano de 2000 en Camp David, se le tendió una trampa para culparle de no alcanzar un acuerdo político, ya que el presidente estadounidense actuó en connivencia con el primer ministro israelí.
Durante tres décadas, ninguna de las administraciones estadounidenses se había tomado en serio la tarea de presionar a los israelíes para que correspondieran al compromiso histórico de la OLP o cumplieran el objetivo final de Oslo. Y con cada año que pasaba, la perspectiva de los dos Estados se convertía más en un espejismo que en una solución.
Desde la firma de Oslo, según la ONU el número de colonos israelíes se ha multiplicado por más de seis, pasando de 116.000 en 1993 a unos 750.000 en la actualidad.
En cuanto a las demás cuestiones relativas al estatuto definitivo, Israel, sobre todo desde 2009, cuando Netanyahu volvió al poder, ha declarado su oposición a retirarse del valle del Jordán o de cualquiera de los asentamientos que rodean la mayoría de las ciudades palestinas, a ceder cualquier soberanía en Jerusalén, a permitir el regreso a Palestina de un número significativo de refugiados, o incluso a permitir la existencia de un Estado palestino soberano.
Israel también se ha negado a liberar a ninguno de sus prisioneros palestinos, como estipulaban los Acuerdos de Oslo. En su lugar, ha detenido arbitrariamente a miles más, bajo medidas administrativas sin que se les hayan presentado cargos. En cuanto a Jerusalén, las incursiones de colonos israelíes en lugares sagrados musulmanes se han convertido recientemente en rituales casi diarios.
Los apoyos caen en picado
Cuando Arafat murió asediado a finales de 2004, Israel facilitó la elección de Mahmud Abbas como nuevo jefe de la AP en 2005. Desde entonces, no ha permitido que se celebren elecciones, ya que Abbas se ha mostrado muy colaborador con su política de gestión de la ocupación militar.
De hecho, desde que se convirtió en presidente de la AP, Abbas inició, bajo presión estadounidense, un programa de coordinación de la seguridad con Israel.
No sólo era una condición para garantizar su supervivencia, sino también una forma segura de ganarse el favor de Estados Unidos, que desde entonces financia sus fuerzas de seguridad.
Estas fuerzas cuentan ahora con unos 70.000 efectivos en la Cisjordania ocupada. Su principal cometido es proteger a Israel de cualquier forma de resistencia, garantizar la estabilidad y mantener bajo control a los palestinos de los principales núcleos de población. Estos enclaves representan alrededor del 18% de la superficie total de Cisjordania.
Con los apoyos a la AP cayendo en picado en medio de la guerra genocida de Israel contra Gaza, Hussein al-Sheij, secretario general de la OLP, sólo pudo mencionar un resultado positivo del fracasado proceso de Oslo. El 17 de diciembre afirmó que su principal beneficio fue que «condujo a la repatriación de dos millones de refugiados a Cisjordania y Gaza desde los países a los que huyeron durante las guerras de 1948 y 1967 con Israel».
Como ministro de Asuntos Civiles de la AP y principal enlace de la AP con la administración militar israelí, que es la potencia ocupante en los territorios palestinos, Sheij es considerado por muchos expertos como el sucesor designado de Abbas, al tiempo que es considerado por muchos palestinos como el principal colaborador con la ocupación.
En 2018 mantuve una acalorada discusión sobre el proceso de paz con Mohammad Shtayyeh, primer ministro de la AP desde 2019. Sostuvo de manera similar que, al menos, los Acuerdos de Oslo y la AP lograron el regreso de dos millones de palestinos del exilio a Cisjordania y Gaza ocupadas.
Abbas, el actual presidente de la AP cuyo mandato expiró allá por 2010, sigue repitiendo la misma cifra ante numerosas audiencias. Este argumento falaz también ha sido utilizado por otros funcionarios y partidarios de la AP en las redes sociales.
Así que la pregunta es: ¿hasta qué punto es cierta esta cifra y están los funcionarios de la AP vendiendo mentiras?
Afirmaciones fraudulentas
Esta cifra es, de hecho, ficticia y los funcionarios de la AP han estado promoviendo esta mentira para justificar sus políticas fallidas y validar su tenue control del poder.
En 1994, el número de palestinos en Gaza era de unos 731.000, y en Cisjordania, de unos 1.444.000. Según el Population Reference Bureau (PRB), la tasa de crecimiento natural de la población (teniendo en cuenta tanto los nacimientos como las defunciones anuales) era del 3,9% en Gaza y del 3,2% en Cisjordania.
Desde Oslo, el número de palestinos en Cisjordania ha disminuido en casi medio millón, no ha aumentado en dos millones como pregonan los funcionarios de la AP.
Con una tasa de crecimiento del 3,9%, la calculadora de crecimiento de la población sitúa el número de habitantes de Gaza en la actualidad en torno a los 2,3 millones, que en efecto a la cifra que hay [había] en 2023.
En Cisjordania, con una tasa de crecimiento del 3,2%, la calculadora situaría el número de personas en torno a los 3,7 millones en 2023, en contraste con la población actual de Cisjordania, que es de 3,2 millones.
En otras palabras, desde Oslo, el número de palestinos en Cisjordania ha disminuido en casi medio millón (no ha aumentado en dos millones como pregonan los funcionarios de la AP). Esto se debe quizás a las dificultades a las que se enfrentan muchos palestinos en Cisjordania y a las políticas racistas israelíes aplicadas allí, sobre todo después de que Netanyahu y sus sucesivos gobiernos extremistas llegaran al poder en 2009.
Sin embargo, la cuestión sigue siendo cuántas personas han regresado realmente a Gaza y Cisjordania desde la creación de la AP en 1994.
Diana Buttu, autora de Fractured Lives: Restrictions on Residency Rights and Family Reunification in Occupied Palestine, publicado en 2015 por el Consejo Noruego para los Refugiados, documentó todas las restricciones impuestas al retorno de los palestinos. Inicialmente, en 1994, Israel solo permitía un cupo de 1.500 personas al año para regresar a Gaza y Cisjordania en el marco de un programa de reagrupación familiar muy restringido.
Tras muchas quejas de la AP y presiones de la administración estadounidense, la cuota se aumentó a 2.400 al año en 1999. Pero durante la Segunda Intifada de 2001, el programa se suspendió indefinidamente. En 2007, cuando unos 1.200 partidarios de Fatah huyeron a la Cisjordania ocupada después de que Hamás se hiciera con el poder en Gaza, se les concedieron permisos de estancia temporales, no permanentes. Además, cuando Netanyahu fue reelegido en 2009, se instauró una congelación indefinida de la reagrupación familiar.
En su investigación, Buttu entrevistó a Hussein al-Sheij en 2012. Le dijo que, para entonces, Israel solo había permitido regresar a Gaza y Cisjordania a 31.830 palestinos exiliados. También informó de que había decenas de miles de solicitudes que nunca fueron aprobadas o incluso adjudicadas mientras la congelación seguía en vigor.
La congelación terminó brevemente en octubre de 2021, cuando Netanyahu estaba fuera del poder, y sólo se aprobó el retorno de 442 personas. La congelación se restableció ocho meses después con el nuevo Gobierno de Netanyahu, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich.
Por tanto, según el propio Sheikh y todos los datos disponibles, la Autoridad Militar israelí ha aprobado el regreso a los territorios ocupados de menos de 33.000 personas a lo largo de tres décadas. Esta cifra también fue corroborada en un informe de Human Rights Watch publicado en 2012, en el que se afirmaba que el número de solicitudes aprobadas hasta 2009 no superaba las 33.000, tras lo cual no se aprobó ninguna solicitud.
Esto es menos del 1,7% de la cifra que han proporcionado Sheij, Shtayyeh, Abbas y otros funcionarios de la AP. No se trata sólo de un error, sino de una tergiversación deliberada de los hechos. Incluso teniendo en cuenta el medio millón de personas que Cisjordania ha perdido en 30 años, el número de palestinos en los territorios ocupados se ha reducido en un 10% desde Oslo.
Si lo único que los funcionarios de la AP podían citar del desastroso proceso de Oslo ha resultado ser fraudulento, ¿quién de entre los palestinos les aceptaría para dirigir su lucha después de tres décadas de fracaso y corrupción?
Demasiado para el retorno de dos millones de palestinos, que no es más que propaganda ficticia. Y adiós a la ilusión de Occidente de imponer líderes ilegítimos al valeroso pueblo palestino.
Foto de portada: El presidente palestino, Mahmud Abbas, preside una reunión del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en la ciudad de Ramala, en la Cisjordania ocupada, el 25 de diciembre de 2023 (Thaer Ghanaim/AFP).
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