Jonathan Cook, Middle East Eye, 9 enero 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Jonathan Cook es autor de tres libros sobre el conflicto palestino-israelí. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Su sitio web y blog: www.jonathan-cook.net
Israel está instando a los Estados de Occidente a que se pongan de su lado mientras la Corte Internacional de Justicia se prepara para escuchar esta semana el caso presentado por Sudáfrica de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.
Pretoria ha pedido al tribunal que dicte una orden inmediata para que Israel detenga su asalto militar al pequeño enclave, con el fin de evitar más víctimas.
Se sabe que Israel ha matado hasta ahora a unos 23.000 palestinos, la mayoría mujeres y niños, y se cree que muchos miles más yacen bajo los escombros. Decenas de miles están gravemente heridos. La mayoría de la población ha perdido sus hogares en los tres meses de bombardeos.
Israel ha atacado intensa y repetidamente las supuestas «zonas seguras» a las que ha ordenado huir a los civiles palestinos.
Ha destruido casi todas las infraestructuras de Gaza e impide que la mayor parte de la ayuda llegue al enclave. Es probable que la hambruna y las enfermedades aumenten rápidamente el número de muertos.
El escrito de 84 páginas de Sudáfrica sostiene que la campaña de bombardeos y el asedio de Israel infringen la Convención sobre el Genocidio de 1948, que define el genocidio como «los actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso».
Israel espera el apoyo de las capitales occidentales porque tienen casi tanto que temer de un veredicto contra Israel como el propio Israel. Estados Unidos y el Reino Unido, en particular, han enviado armas que se están utilizando contra la población de Gaza, lo que convierte a ambos países en cómplices potenciales.
Según un cable del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, filtrado al sitio web Axios, Israel espera que, dadas las dificultades para presentar un caso legal en defensa de sus acciones, la presión diplomática y política sobre los jueces del Tribunal gane la partida.
A finales de la semana pasada, el gobierno de Biden se adelantó al desestimar el detallado informe jurídico de Sudáfrica, calificándolo de «inválido, contraproducente y carente por completo de fundamento».
Esto sonaría patentemente ridículo para las audiencias occidentales si se les hubiera proporcionado una cobertura seria de Gaza. Pero Israel ha restringido enormemente el acceso al enclave, al tiempo que ha asesinado a periodistas palestinos a un ritmo sin precedentes para impedir que informen.
Además, los medios de comunicación occidentales se someten voluntariamente -y en secreto- a un oneroso régimen de censura israelí.
Incitación al genocidio
El «objetivo estratégico» de Israel en el tribunal, según el cable filtrado, es disuadir a los jueces de que determinen que se está cometiendo genocidio. Pero más apremiante es la necesidad de Israel de impedir que el tribunal de La Haya ordene el cese provisional del ataque.
Las autoridades israelíes argumentarán, según informa Axios, que su ataque sostenido contra Gaza no alcanza el umbral del genocidio, que requiere «crear condiciones que no permitan la supervivencia de la población, junto con la intención de aniquilarla».
Israel intentará convencer a los jueces de que su objetivo ha sido aumentar la ayuda humanitaria a Gaza y minimizar el número de víctimas civiles.
Su argumento se enfrenta a las pruebas que Sudáfrica ha acumulado.
Su escrito contiene nueve páginas de declaraciones de dirigentes israelíes que muestran una clara intención genocida, incluidas declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, de altos cargos del gabinete, del presidente Isaac Herzog y de muchos mandos militares israelíes en activo y retirados.
Giora Eiland, asesor del ministro del Consejo de Guerra, Benny Gantz, ha calificado el objetivo de Israel como la creación de «condiciones en las que la vida en Gaza se vuelva insostenible». Un portavoz militar israelí declaró desde el principio que el objetivo era infligir el «máximo daño» a Gaza.
Herzog sugiere que toda la población civil es un objetivo militar legítimo, mientras que Netanyahu se refiere a los palestinos como «Amalec«, un enemigo bíblico. En el Antiguo Testamento, Dios ordena a los israelitas aniquilar a los amalecitas, dando «muerte a hombres y mujeres, niños y bebés».
Una de las disposiciones de la Convención contra el Genocidio es la prohibición absoluta de la incitación al genocidio. Los políticos y mandos militares de más alto rango de Israel han incumplido indiscutiblemente esa sección de la convención.
Un grupo de académicos, abogados, activistas de los derechos humanos y periodistas israelíes enviaron la semana pasada una carta al fiscal general de Israel en la que subrayaban este punto. Advertían de que la incitación al genocidio se había convertido en «un asunto cotidiano en Israel«.
La carta añadía: «El discurso normalizado que aboga por la aniquilación, el borrado, la devastación y similares puede repercutir en la forma en que se comportan los soldados [en Gaza]».
Dejando a un lado sutilezas
Pero la deshumanización -precursora del genocidio- no es el único problema.
La persecución por parte de Israel de lo que denomina una «guerra para erradicar a Hamás» ha cumplido plenamente su propia definición de genocidio. «Las condiciones que no permiten la supervivencia de la población» ya se estaban creando mucho antes de la embestida que Israel desencadenó inmediatamente después de que Hamás saliera de Gaza el 7 de octubre. Unos 1.140 israelíes y otros ciudadanos murieron en la matanza que siguió.
Lo que más se olvida en las idas y venidas sobre lo que está ocurriendo en el enclave es el contexto: Los funcionarios de Naciones Unidas advirtieron hace casi una década que el asedio israelí a Gaza -que dura ya 17 años- estaba diseñado para hacer el enclave «inhabitable«.
En otras palabras, Israel estaba precisamente «creando las condiciones que no permiten la supervivencia de la población».
Incluso antes de su actual y prolongado asalto, Israel había impuesto severas restricciones al acceso al agua de los 2,3 millones de habitantes del enclave. Como consecuencia directa, los acuíferos de Gaza, sobrecargados, estaban permitiendo la entrada de agua de mar, por lo que el agua potable del enclave no era apta para el consumo humano.
También escaseaban los alimentos. Ya en 2012, grupos israelíes de derechos humanos consiguieron hacer público un documento secreto que demostraba que el ejército había estado controlando estrictamente los alimentos que entraban en Gaza desde 2008. Como resultado, dos tercios de la población sufrían inseguridad alimentaria, y uno de cada diez niños tenía retraso en el crecimiento debido a la desnutrición. El objetivo era inducir la pobreza alimentaria a largo plazo, sometiendo a la población a una dieta de hambre.
Los repetidos ataques de Israel contra Gaza en los últimos 15 años -lo que Israel llama «segar la hierba«- destruyeron muchas de sus viviendas y gran parte de las infraestructuras, creando condiciones de hacinamiento e insalubridad cada vez mayores.
Los repetidos bombardeos israelíes de la única central eléctrica de Gaza y su asfixia en el suministro de energía adicional limitaron la electricidad a unas pocas horas al día.
El asedio israelí impidió la entrada en el enclave de medicamentos y equipos médicos, lo que a menudo dificultó o imposibilitó el tratamiento de enfermedades graves. Y dadas las restricciones impuestas por Israel a la entrada y salida de mercancías de Gaza, la economía ya estaba en ruinas, con casi la mitad de la población desempleada.
Hace tiempo, en 2016, el jefe de la inteligencia militar israelí, Herzi Halevi, advirtió de que la catástrofe que Israel estaba diseñando en Gaza podría estallarle en la cara, como de hecho ocurrió el 7 de octubre.
La embestida de estos últimos tres meses de Israel simplemente ha acelerado e intensificado todas las políticas genocidas que se habían establecido desde hacía tiempo. La irrupción de Hamás simplemente dio a Israel licencia para dejarse de sutilezas.
Gaza «inhabitable”
Por ello, el responsable de asuntos humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, declaró la semana pasada que Gaza había llegado a un punto en el que era realmente «inhabitable«.
Y añadió: «La población se enfrenta a los mayores niveles de inseguridad alimentaria jamás registrados. La hambruna está a la vuelta de la esquina».
Con la gran mayoría de la población sin hogar y la mayoría de los hospitales fuera de servicio, las enfermedades infecciosas se están extendiendo.
Un médico inspecciona los daños en una sala tras los bombardeos israelíes sobre el hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, 17 de diciembre de 2023 (Stringer/AFP).
La política de «asedio total» de Israel impidió la entrada de ayuda. Según Griffiths, Israel había destruido carreteras, bloqueado los sistemas de comunicación, disparado contra camiones de la ONU y matado a trabajadores humanitarios.
A su regreso de una visita al paso fronterizo con Egipto, dos senadores estadounidenses observaron el fin de semana que Israel había impuesto condiciones poco razonables que creaban interminables retrasos que impedían que la ayuda llegara a la población de Gaza.
En otras palabras, Israel ha conseguido «crear unas condiciones que no permiten la supervivencia de la población».
El objetivo de la Convención sobre el Genocidio de 1948, redactada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi, no era simplemente castigar a quienes llevan a cabo genocidios. Se diseñó para ayudar a identificar un genocidio en sus primeras fases y crear un mecanismo -a través de las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia- que permitiera detenerlo.
En otras palabras, el objetivo del caso de Sudáfrica no es arbitrar lo que ocurre una vez que Israel haya aniquilado a los palestinos de Gaza, como parecen imaginar demasiados observadores. Se trata de impedir que Israel aniquile a la población de Gaza antes de que sea demasiado tarde.
Basándose en una extraña lógica, los partidarios de Israel insinúan que la acusación de genocidio no está justificada porque el verdadero objetivo no es exterminar a los palestinos de Gaza, sino inducirles a huir.
Los dirigentes israelíes han alentado esta suposición. En una entrevista el domingo, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, señaló de la población de Gaza que -después de haber sido bombardeada, dejada sin hogar, hambrienta y vulnerable a las enfermedades- «cientos de miles se irán ahora». Hipócritamente, lo calificó de emigración masiva «voluntaria».
Pero tal resultado -en sí mismo un crimen contra la humanidad- depende totalmente de que Egipto abra sus fronteras para permitir a los palestinos huir de los campos de exterminio. Si El Cairo se niega a someterse al violento chantaje de Israel, serán las bombas de Israel, la hambruna que infligió y las enfermedades letales que desató las que diezmen a la población de Gaza.
La Corte Internacional de Justicia no debe adoptar un enfoque de esperar y ver, ponderando si la campaña de bombardeos y el asedio de Israel conducen al exterminio o «sólo» a la limpieza étnica. Eso privaría al derecho internacional humanitario de toda relevancia.
Trazar una línea roja
Si Israel y sus aliados occidentales no consiguen doblegar al Tribunal y se acepta el caso de Sudáfrica, no sólo Israel se encontrará en dificultades jurídicas.
Una sentencia de genocidio del Tribunal impondrá obligaciones a otros Estados: tanto para negarse a colaborar en el genocidio de Israel, por ejemplo, proporcionando armas y cobertura diplomática, como para sancionar a Israel en caso de incumplimiento.
Una orden provisional que detenga el ataque de Israel servirá para establecer una línea roja. Una vez dictada, cualquier Estado que no actúe conforme a la orden judicial corre el riesgo de convertirse en cómplice del genocidio.
Eso pondrá a Occidente en un serio aprieto legal. Al fin y al cabo, no sólo ha hecho la vista gorda ante el genocidio de Gaza, sino que lo ha alentado activamente y ha actuado en connivencia con él.
Dirigentes del Reino Unido como el primer ministro Rishi Sunak y el líder de la oposición Keir Starmer se han opuesto firmemente a un alto el fuego y han respaldado un pilar fundamental de la política genocida de Israel: el «asedio total» de Gaza, que ha dejado a la población hambrienta y expuesta a epidemias mortales.
Los gobiernos británico y estadounidense han rechazado todos los llamamientos para detener el flujo de armas. La administración Biden incluso ha pasado por alto al Congreso para acelerar el suministro de armas a Israel, incluidas las bombas «tontas» imprecisas que están arrasando zonas civiles.
La embajadora de Israel en el Reino Unido, Tzipi Hotovely, ha aparecido regularmente en los medios de comunicación británicos haciendo declaraciones genocidas. La semana pasada, cuando un entrevistador señaló que parecía estar pidiendo la destrucción de toda Gaza -todas las escuelas, mezquitas y hogares-, ella respondió: «¿Tiene otra solución?”.
Los medios de comunicación británicos y estadounidenses han concedido tiempo de antena a funcionarios israelíes que incitan abiertamente al genocidio.
Todo eso tendría que cesar inmediatamente después de una sentencia. La policía de los países occidentales debería investigar y los tribunales procesar a quienes inciten al genocidio o proporcionen una plataforma para la incitación.
Debería esperarse que los Estados denegaran armas e impusieran sanciones económicas a Israel, así como a cualquier Estado que colabore en el genocidio.
Los funcionarios israelíes se arriesgarían a ser detenidos por viajar a países occidentales.
Doble rasero
En la práctica, por supuesto, es probable que nada de eso ocurra. Israel es demasiado importante para Occidente -como proyección de su poder en un Oriente Medio rico en petróleo- como para sacrificarlo.
Cualquier esfuerzo por hacer cumplir una sentencia de genocidio a través del Consejo de Seguridad de la ONU será bloqueado por la administración Biden.
Mientras tanto, el Reino Unido, junto con Canadá, Alemania, Dinamarca, Francia y los Países Bajos ya han demostrado lo imperturbables que son respecto a su propio doble rasero.
Hace semanas presentaron ante la Corte Internacional de Justicia argumentos formales de que Myanmar estaba cometiendo genocidio contra la etnia rohingya. Su argumento central era que los rohingya estaban siendo sometidos «a una dieta de subsistencia, a la expulsión sistemática de sus hogares y a la inducción de servicios médicos esenciales por debajo de los requisitos mínimos».
Pero ninguno de estos Estados occidentales respalda la presentación de Sudáfrica ante el mismo tribunal por genocidio, a pesar de que las condiciones en Gaza diseñadas por Israel son aún peores.
Lo cierto es que una sentencia de genocidio del tribunal abrirá una caja de Pandora para Occidente, y su disposición a aceptar que las disposiciones del derecho internacional se le apliquen también.
Israel lleva más de una década al frente de los esfuerzos para destrozar el derecho internacional en Gaza. Ahora alardea ostentosamente de haber perpetrado un crimen de genocidio, como si desafiara al mundo a detenerlo.
Perversamente, está revirtiendo las mismas salvaguardias internacionales establecidas para impedir que se repitiera el Holocausto nazi.
¿Desafiará Occidente a Israel o al Tribunal? El consenso de posguerra que sirve de base al derecho internacional -alterado ya por el fracaso a la hora de abordar los crímenes de guerra perpetrados por Occidente en Iraq y Afganistán– está a punto de derrumbarse por completo.
Y nadie estará más contento con ese resultado que el Estado de Israel.
Foto de portada: Una niña llora la muerte de sus familiares, asesinados por los bombardeos israelíes, en el Hospital Europeo de Jan Yunis, al sur de la Franja de Gaza, 31 de diciembre de 2023 (AFP).
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