Chris Hedges, The Chris Hedges Report, 20 febrero 2024

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Chris Hedges es un periodista ganador del Premio Pulitzer que fue corresponsal en el extranjero durante quince años para The New York Times, donde ejerció como jefe de la Oficina de Oriente Medio y de la Oficina de los Balcanes. Entre sus libros figuran: American Fascists: The Christian Right and the War on America, Death of the Liberal Class,  War is a Force That Gives Us Meaningy Days of Destruction, Days of Revolt, una colaboración con el dibujante de cómics y periodista Joe Sacco. Con anterioridad, había trabajado en el extranjero para The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor y NPR. Fue, hasta 2022, el presentador del programa On Contact, nominado en 2017 a los premios Emmy.

Por la tarde, el enlace de vídeo, que habría permitido a Julian Assange seguir su apelación final en el Reino Unido para evitar su extradición, se había apagado. Julian, dijeron sus abogados, estaba demasiado enfermo para asistir, demasiado enfermo incluso para seguir los procedimientos judiciales en un enlace, aunque era posible que ya no estuviera interesado en asistir a otro linchamiento judicial. El biombo rectangular, metido bajo los barrotes negros de hierro forjado que cerraban el balcón de la esquina superior izquierda de la sala donde Julian habría estado enjaulado como acusado, era quizá una metáfora del vacío de esta larga y enrevesada pantomima judicial.

Las arcanas normas procesales, los abogados con sus pelucas rubias y sus togas, la figura espectral de los dos jueces mirando al tribunal desde su estrado elevado con sus pelucas grises y sus cuellos blancos bifurcados, las paredes con paneles de nogal bruñido, las filas de ventanas ojivales, las estanterías a ambos lados llenas de libros de derecho en cuero marrón, los abogados de la defensa, Edward Fitzgerald KC y Mark Summers KC, que se dirigían a los dos jueces, Dame Victoria Sharp y el juez Johnson, como «Su señoría» , todo era polvoriento atrezzo victoriano empleado en un moderno juicio angloamericano. Fue un presagio de un sistema judicial decrépito que, subordinado al poder estatal y corporativo, está diseñado para despojarnos de nuestros derechos por decreto judicial.

La desintegración física y psicológica de Julian, siete años atrapado en la Embajada de Ecuador en Londres y casi cinco años en prisión preventiva en la prisión de alta seguridad HM Belmarsh, fue siempre el objetivo, lo que Nils Melzer el ex Relator Especial de la ONU sobre la tortura llama su «ejecución a cámara lenta».  Los líderes políticos, y sus cámaras de eco en los medios de comunicación, se desviven por denunciar el trato dado a Alexei Navalny, pero dicen poco cuando hacemos lo mismo con Julian. La farsa legal avanza como el interminable caso de Jarndyce y Jarndyce en la novela de Charles Dickens Bleak House. Es probable que se prolongue unos meses más; no se puede esperar que la administración Biden añada la extradición de Julian a todos sus demás problemas políticos. Pueden pasar meses hasta que se emita una sentencia, o se acepten una o dos solicitudes de apelación, mientras Julian sigue consumiéndose en la prisión de Belmarsh.

La batalla legal de casi 15 años de Julian comenzó en 2010, cuando WikiLeaks publicó archivos militares clasificados de las guerras de Iraq y Afganistán, incluidas imágenes que mostraban a un helicóptero estadounidense abatiendo a civiles, entre ellos dos periodistas de Reuters en Bagdad. Se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, antes de ser detenido por la Policía Metropolitana en 2019, a la que la embajada ecuatoriana permitió entrar y apresarlo. Ha estado detenido durante casi cinco años en la prisión HM de Belmarsh.

Julian no cometió ningún delito. No es un espía. No robó documentos clasificados. Hizo lo que todos hacemos, aunque lo hizo de una manera mucho más importante. Publicó un voluminoso material, que le filtró Chelsea Manning, que sacaba a la luz los crímenes de guerra, las mentiras, la corrupción, las torturas y los asesinatos de Estados Unidos. Rasgó el velo para exponer la maquinaria asesina del imperio estadounidense.

La vista de dos días es la última oportunidad de Julian para apelar la decisión de extradición tomada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel. El miércoles, la fiscalía presentará sus argumentos. Si se le deniega el recurso, puede solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud de la regla 39, que se concede en «circunstancias excepcionales» y «sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable”. Pero el tribunal británico puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción en virtud de la regla 39 o puede decidir ignorar una petición del TEDH para permitir que Julian sea juzgado por el tribunal.

En enero de 2021, la jueza de distrito Vanessa Baraitser, del Tribunal de Magistrados de Westminster, se negó a autorizar la solicitud de extradición. En su sentencia de 132 páginas, consideró que existía un «riesgo sustancial» de que Julian se suicidara debido a la gravedad de las condiciones que soportaría en el sistema penitenciario estadounidense. Al mismo tiempo, aceptó todos los cargos presentados por Estados Unidos contra Julian como presentados de buena fe. Y rechazó los argumentos de que su caso estaba motivado políticamente, que no tendría un juicio justo en Estados Unidos y que su procesamiento es un atentado contra la libertad de prensa.

La decisión de Baraitser fue revocada después de que el gobierno de Estados Unidos apelara ante el Tribunal Superior de Londres. Aunque el Tribunal Superior aceptó las conclusiones de Baraitser sobre el “riesgo sustancial” de suicidio de Julian si fuera sometido a ciertas condiciones dentro de una prisión estadounidense, también aceptó cuatro garantías incluidas en la Nota Diplomática estadounidense núm. 74, presentada ante el tribunal en febrero de 2021, en la que prometía que Julián sería tratado bien. Las “garantías” establecen que Julián no estará sujeto a las Medidass Administrativa Especiales. Prometen que Julian, ciudadano australiano, podrá cumplir su condena en Australia si el gobierno australiano solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no estará recluido en el Centro Administrativo Máximo en Florence, Colorado.

La defensa debe convencer a los dos jueces de que el juez de distrito cometió graves errores jurídicos para que se conceda el recurso.

Argumentaron que el espionaje es, como cuestión de derecho, un delito político y que el tratado de extradición con Estados Unidos prohíbe la extradición por delitos políticos. Se centraron en la amplia legislación del Reino Unido, el derecho consuetudinario y el derecho internacional que define el espionaje como un “puro delito político” porque está dirigido contra un aparato estatal. Por esta razón, se debe proteger de la extradición a los acusados de espionaje. Los abogados pasaron mucho tiempo juzgando el caso de Chelsea Manning para justificar su filtración de documentos que exponían crímenes de guerra como de interés público, y luego argumentaron que, si ella tenía justificadas razones para filtrar los documentos, Julian estaba justificado por publicarlos.

A medida que avanzaba el día, se hizo evidente que los dos jueces no estaban bien versados en el caso, constantemente pedían citaciones y expresaban su sorpresa de que altos funcionarios en Estados Unidos, como Mike Pompeo cuando era jefe de la CIA, dijeran que Julian no estaría protegido por la Primera Enmienda en un tribunal estadounidense porque no era ciudadano de ese país. Los abogados de Julian sacaron a relucir casos de espionaje anteriores, como el del agente del MI5 David Shayler, procesado en virtud de la Ley de Secretos Oficiales de 1989 por pasar documentos secretos a The Mail on Sunday en 1997, que incluían los nombres de los agentes. También reveló que el MI5 (el servicio de inteligencia nacional de Gran Bretaña) mantenía archivos sobre políticos prominentes, incluidos ministros laboristas, y que el MI6 (el servicio de inteligencia exterior de Gran Bretaña) estaba involucrado en un complot para asesinar al líder libio, coronel Muamar Gadafi. La solicitud de extradición británica fue rechazada por la Corte de Apelación francesa porque se trataba de un “delito político”.

Los 18 cargos presentados contra Julian alegan que su propósito era “que la información así obtenida pudiera usarse en perjuicio de los Estados Unidos y en beneficio de cualquier nación extranjera”.

La audiencia fue, después de las de 2020 que se centraron en la salud mental y psicológica de Julian, revitalizadora, porque discutió los crímenes cometidos por Estados Unidos y la importancia de hacerlos públicos. Los dos jueces rara vez interrumpieron, a diferencia de otros procedimientos judiciales a los que he asistido, donde el juez a menudo interrumpía condescendientemente a la defensa. Esto puede ser un reflejo del amplio apoyo público, incluso de las principales organizaciones de medios, que tardíamente se han unido detrás de Julian. Cientos de personas atestaron la entrada de los Tribunales Reales de Justicia, un amplio edificio gótico victoriano de piedra adornado con estatuas de Jesús, Moisés, Salomón y Alfredo el Grande, los célebres pilares de la tradición jurídica inglesa, para pedir la libertad de Julián.

La sesión de la tarde fue diferente. En aproximadamente media docena de ocasiones, los jueces interrumpieron a la defensa para preguntar cómo las filtraciones, debido a que no fueron redactadas exhaustivamente, habían puesto vidas en peligro, aunque Estados Unidos nunca ha podido proporcionar pruebas de alguien cuya vida se haya perdido como resultado de la filtración. Este fraude ha sido durante mucho tiempo la cruz con la que los funcionarios estadounidenses han tratado de crucificar a Julian. Los dos jueces (cabe preguntarse si les habían dado instrucciones durante la pausa del almuerzo) lanzaron estas acusaciones a los abogados defensores hasta que se levantó la sesión.

“Estas revelaciones indiscriminadas fueron condenadas por The Guardian y The New York Times”, amonestó el juez Sharp al equipo de la defensa. «Se podrían haber hecho de otra manera».

Esta referencia fue especialmente atroz ya que los documentos no redactados fueron hechos públicos por primera vez no por WikiLeaks o Julian, sino por el sitio web Cryptome después de que reporteros de The Guardian imprimieran la contraseña de los documentos no redactados en su libro.

Estados Unidos está buscando oficialmente la extradición de Julian, donde potencialmente se enfrenta hasta 175 años de prisión, por la publicación en 2010 de los registros de guerra de Iraq y Afganistán y de los cables diplomáticos estadounidenses. Pero Estados Unidos no solicitó su extradición hasta la publicación en marzo de 2017 de los archivos conocidos como Vault 7 que detallaban cómo la CIA podía piratear teléfonos inteligentes Apple y Android y convertir televisores conectados a Internet, incluso cuando estaban apagados, en dispositivos de escucha. Joshua Schulte, un exempleado de la CIA, fue declarado culpable el año pasado de cuatro cargos de espionaje y piratería informática y un cargo de mentir a agentes del FBI después de entregar material clasificado a WikiLeaks. En febrero le impusieron una sentencia de cuarenta años.

Después de la publicación de Vault 7, el entonces director de la CIA, Mike Pompeo, llamó a WikiLeaks “servicio de inteligencia hostil no estatal”. El fiscal general de entonces, Jeff Sessions, dijo que el arresto de Julian era una prioridad. En agosto, el Senado de Estados Unidos había aprobado un proyecto de ley de financiación de inteligencia de 78 páginas que incluía una frase que declaraba que “el Congreso considera que Wikileaks y sus altos dirigentes se parecen a un servicio de inteligencia hostil no estatal, a menudo instigado por actores estatales y que deberían ser tratados como tal servicio por parte de Estados Unidos”. En mayo de 2019, la administración Trump acusó a Julian de violar la Ley de Espionaje y pidió al Reino Unido que lo extraditara para que fuera juzgado en Estados Unidos. Trump afirmó que las acusaciones contra Julian eran de traición y pidió “la pena de muerte o algo así”. Otros políticos, incluido el excandidato presidencial republicano Mike Huckabee, también han pedido la ejecución de Julian.

Si Julian es extraditado y acusado adicionalmente por la divulgación de los documentos de Vault 7, dijo Fitzgerald al tribunal, «podría resultar en cargos adicionales que ameriten la pena de muerte por ayudar e instigar al enemigo». Estados Unidos, dijo, especialmente si Trump es elegido nuevamente para la presidencia, fácilmente podría “reformular estos cargos hasta convertirlos en un delito capital”.

Summers mencionó la solicitud del presidente Donald Trump de “opciones detalladas” sobre cómo asesinar a Julián cuando estaba en la Embajada de Ecuador. “Incluso se elaboraron esbozos”, dijo, añadiendo que el complot se vino abajo cuando las autoridades británicas dieron marcha atrás, especialmente ante un posible tiroteo en las calles de Londres”.

“Las pruebas demostraron que Estados Unidos estaba dispuesto a llegar a cualquier extremo, incluido el uso indebido de su propio sistema de justicia penal, para mantener la impunidad de los funcionarios estadounidenses con respecto a la tortura y los crímenes de guerra cometidos en su infame ‘guerra contra el terrorismo’, y para reprimir aquellos actores y tribunales dispuestos y preparados para intentar hacer que esos crímenes rindan cuentas”, dijo.

 Los abogados tenían razón. La CIA es la fuerza impulsora de la extradición. La filtración resultó muy embarazosa y perjudicial para la Agencia. La CIA tiene la intención de hacer pagar a Julian. Schulte, que filtró el Vault 7, recibió una sentencia de cuarenta años. Julián, si es extraditado, será el siguiente.

​​Ilustración de portada: Y nuestras banderas siguen ahí (por Mr. Fish).

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