Melvin A. Goodman, CounterPunch.org, 23 febrero 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Melvin A. Goodman es investigador principal del Center for International Policy y profesor de gobierno en la Universidad Johns Hopkins. Antiguo analista de la CIA, Goodman es autor de Failure of Intelligence: The Decline and Fall of the CIA y National Insecurity: The Cost of American Militarism y A Whistleblower at the CIA. Sus libros más recientes son «American Carnage: Las guerras de Donald Trump» (Opus Publishing, 2019) y «Containing the National Security State» (Opus Publishing, 2021). Goodman es columnista de seguridad nacional en counterpunch.org.
El legado del programa de torturas y abusos de la CIA sigue obstaculizando los juicios en Guantánamo de los responsables del atentado contra el USS Cole en 2000, de los atentados del 11-S en 2001 y del atentado contra un club nocturno en Indonesia en 2002. Los diversos acusados fueron sometidos durante años a la tortura del submarino en prisiones secretas de la CIA, a dolorosos encadenamientos y a confinamiento solitario en condiciones de oscuridad similares a las de un calabozo. La CIA ha clasificado la documentación pertinente para evitar situaciones embarazosas y no para proteger secretos legítimos. Además, nunca se exigieron responsabilidades a las personas clave implicadas en estos vergonzosos actos.
John Yoo y Jay Bybee: Yoo estaba asignado a la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia y Bybee era el fiscal general adjunto. Fueron los máximos responsables de una serie de memorandos sobre tortura entre 2002 y 2005. Estos memorandos aprobaban las técnicas de «interrogatorio mejorado» y pretendían determinar los límites legales de la tortura de detenidos. Su lectura es insoportable. La CIA ignoró los límites desde el primer día.
Las medidas de tortura se utilizaron en el maltrato sistemático de detenidos en el campo de detención de Guantánamo a partir de 2002 y en las instalaciones de Abu Ghraib tras la invasión estadounidense de Iraq en 2003. Estas acciones han sido consideradas crímenes de guerra por otros exmiembros de la administración Bush.
La Oficina de Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia recomendó que Yoo fuera remitido al colegio de abogados de su estado para que se le abriera un expediente disciplinario, pero un alto jurista del Departamento de Justicia concluyó que Yoo y Bybee se habían limitado a ejercer un «mal criterio» y que el Departamento carecía de una norma clara para concluir que se había producido una conducta indebida.
Yoo es actualmente catedrático de Derecho Emanuel S. Heller en la Universidad de California en Berkeley. Bybee es jurista y juez superior del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito. Ha publicado numerosos artículos en revistas jurídicas y ha sido profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho William S. Boyd.
Director de la CIA John Brennan: Brennan fue personalmente responsable de intentar detener la investigación del Senado sobre el programa de torturas. Mintió cuando negó haber autorizado infiltrar los ordenadores del Senado para encontrar la documentación en manos de los investigadores del Congreso. Sus acciones constituyeron una violación de la separación de poderes, y debería haber sido destituido por el presidente Barack Obama. Cuando se le preguntó por el pirateo de los ordenadores del Senado por parte de la CIA, dijo que tales acusaciones estaban «fuera del alcance de la razón».
La entonces presidenta del comité de inteligencia del Senado, la senadora Dianne Feinstein (demócrata por California), perseveró, y su comité publicó un libro de 549 páginas que concluía que la tortura no producía inteligencia útil; que la CIA ocultaba sus peores prácticas; y que la tortura comenzó antes de que se redactaran los memorandos del Departamento de Justicia. La CIA mintió regularmente a la Casa Blanca sobre estas cuestiones.
Cuando se le interrogó sobre su papel en el programa de torturas y abusos de la CIA, la respuesta de Brennan fue que «el presidente nos dijo que lo hiciéramos, e hicimos lo que se nos dijo». Esta clásica respuesta evoca un cierto aire a Núremberg, que de alguna manera se le escapó a un erudito constitucional como el presidente Obama.
Gina Haspel, directora de la CIA, y José Rodríguez: Haspel merece un lugar especial en el Salón de la Vergüenza. Haspel no solo escapó a cualquier rendición de cuentas o responsabilidad por un papel de liderazgo especial en el programa de torturas de la CIA, sino que en 2018 se convirtió en directora de la CIA. Tristemente, incluso la senadora Feinstein se refirió a Haspel en las audiencias de confirmación como una «buena subdirectora», que tiene la «confianza de la agencia”. El apoyo del presidente Trump a Haspel es particularmente irónico ya que una vez comparó a la CIA con la Gestapo de la Alemania nazi. El «programa de interrogatorio mejorado» de la CIA estaba sacado del manual de estrategia nazi.
Muchos conocían a Haspel en la CIA como «la maldita Gina» por su papel protagonista en el programa de torturas. Fue adjunta y protegida de José Rodríguez, exdirector del Centro de Contraterrorismo. Si el programa de torturas de la CIA tenía un padrino, ése era Rodríguez, el director de interrogatorios. Haspel era su acólita más devota. Actualmente dirige el servicio de asesoría de riesgos de King & Spalding para aconsejar a los muy ricos sobre cómo proteger su patrimonio.
Haspel dirigió la prisión secreta más famosa de la CIA en Tailandia, donde supervisó la tortura del submarino de Abd al-Rahim al-Nishri, que participó en el ataque contra el USS Cole en 2000. Abu Zubaida fue sometido al ahogamiento simulado en esta prisión 83 veces, aunque es posible que ella no fuera la comandante en ese momento. Haspel redactó el cable de la CIA que ordenaba la destrucción de las cintas de tortura. El presidente Obama no hizo ningún intento por garantizar que hubiera rendición de cuentas ni de Haspel ni de Rodríguez.
Rodríguez afirmó que tuvo que destruir las cintas para proteger la identidad de los torturadores. Nunca ha habido un momento en la historia moderna en que los torturadores no estuvieran encapuchados. Incluso los torturadores de la película de Hollywood «Zero Dark Thirty» iban encapuchados. Y también los torturadores de la CIA.
David Cole, de la ACLU: Cole es un miembro improbable para el Salón de la Vergüenza en vista de su actual papel como director legal nacional de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Sin embargo, en 2015, mientras ejercía como profesor de Derecho y Políticas Públicas George J. Mitchell en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, Cole llegó a la conclusión de que la CIA había salido mal parada del informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre torturas y abusos. Su informe exculpatorio de la CIA se publicó en el New York Times, y en él nunca se mencionó la naturaleza sádica del programa; que el programa comenzó antes de que el Departamento de Justicia sancionara determinadas medidas; y que incorporó medidas que nunca fueron permitidas por el Departamento de Justicia.
Cole nunca mencionó que las técnicas sádicas se aplicaban a víctimas totalmente inocentes, que muchos en la CIA sabían que lo eran. Cole tampoco mencionó algunos de los aspectos más extraños e inconcebibles del programa de la CIA, como la «alimentación rectal» y la «hidratación rectal» que implicaba una mezcla de puré de hummus y pasas que se «inyectaba rectalmente». Estos aspectos deberían haber molestado a Cole, el primer galardonado con el premio de la ACLU por sus contribuciones en materia de libertades civiles en 2013.
Lawrence Wright, el abogado especial que investigó el escándalo Irán-Contra, concluyó que la «falta de castigo a los infractores de la ley gubernamentales alimenta la percepción de que los funcionarios públicos no son totalmente responsables de sus actos. También puede llevar al público a creer que no se cometió ninguna infracción real». Esto se aplica sin duda a todos los implicados en el programa de torturas de la CIA.
Un castigo apropiado para todos los miembros del Salón de la Vergüenza sería obligarles a ver las 92 cintas de tortura donde quedaron registradas las sádicas técnicas de la CIA. Afortunadamente para ellos, las cintas fueron destruidas por orden de Rodríguez. Y no fue castigado por desafiar las órdenes de la Casa Blanca de proteger las cintas.
Foto de portada: Poster Boy – CC BY 2.0
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