Ramzy Baroud, Middle East Monitor, 1 marzo 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández

Ramzy Baroud es periodista y director de The Palestine Chronicle. Es autor de cinco libros, el último de ellos es «These Chains Will Be Broken: Palestinian Stories of Struggle and Defiance in Israeli Prisons» (Clarity Press, Atlanta). El Dr. Baroud es investigador principal no residente en el Centro para el Islam y los Asuntos Mundiales (CIGA) de la Universidad Zaim de Estambul (IZU). Su sitio web es www.ramzybaroud.net
En una conversación en 2020 con el profesor emérito de Princeton, Richard Falk, este me dijo que históricamente las naciones colonizadas que han ganado la guerra de la legitimidad siempre han ganado su libertad.
Es poco probable que Palestina sea la excepción. Sin embargo, la guerra de Gaza enfrenta al mundo a un desafío sin precedentes, específicamente a la relación de los gobiernos con el derecho internacional y sus obligaciones para con las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y otras.
“El gobierno no es legítimo a menos que se lleve a cabo con el consentimiento de los gobernados”, dijo el filósofo inglés John Locke en el siglo XVII. Esto no es una mera teoría y siempre será aplicable.
Sin embargo, el consentimiento no siempre se refleja en forma de elecciones transparentes y democráticas. La legitimidad y la lealtad a los gobiernos también pueden expresarse de otras maneras. Quienes no respeten esta máxima podrían fácilmente verse envueltos en agitaciones políticas y rebeliones violentas resultantes de la disidencia popular.
A fin de mantener cierto grado de consenso internacional, se fundaron las Naciones Unidas en 1945. Era obvio, desde el principio, que la ONU no reflejaba verdaderamente los deseos universales de todas las personas. Por el contrario, se estructuró sobre la base de un paradigma de poder jerárquico, en el que los vencedores de la Segunda Guerra Mundial emergieron como amos, asignándose derechos de veto y membresía permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. En cuanto a los siervos, se les asignaron escaños mucho menos importantes en la Asamblea General.
La ONU proporcionó la plataforma mínima absoluta de legitimidad internacional, pero su estructura desigual provocó otro conflicto más, expresado en palabras del académico británico Adam Groves, quien describió el “estatus privilegiado de los cinco permanentes” en el CSNU no sólo “como una reliquia del pasado centrada en Occidente, sino peor aún, un medio para que las potencias del statu quo limiten la influencia y el desarrollo de otros Estados”.
Para sobrevivir a la desigualdad del nuevo sistema internacional, los países más pequeños trabajaron juntos para crear organismos políticos alternativos, aunque más pequeños, dentro de instituciones más grandes. Utilizaron su gran número para superar el poder concentrado en manos de unos pocos. Y explotaron todos los márgenes para representar los derechos de las naciones más pobres y oprimidas del mundo.
El Movimiento de Países No Alineados (MPNA), fundado en 1961, fue uno de varios ejemplos que sirvieron de historia de éxito, si bien en términos relativos.
A lo largo de los años, Estados Unidos y sus aliados occidentales moldearon su propia versión de “legitimidad” en la forma en que interpretaron el derecho internacional, en la forma en que vetaron resoluciones de la ONU cuando no servían a sus intereses y en la forma en que aislaron a los miembros desafiantes.
Durante la era soviética, la ONU y sus instituciones relevantes parecían nominalmente equilibradas, ya que el mundo estaba, de hecho, dividido entre el este y el oeste, lo que dio al MPNA y a otras organizaciones y alianzas mayoritariamente basadas en el Sur Global un mayor valor político.
En aquel entonces, el poder económico de China no le permitía imponer su versión de legitimidad al resto del mundo.
Las cosas han cambiado. El frente soviético se desplomó a principios de los años 1990, rompiendo un paradigma de poder que permitía a Moscú mantener un acto de equilibrio. Por otro lado, China ascendió al poder adquiriendo lentamente mayor influencia, y por ende legitimidad, ante países que se volvieron dependientes del motor económico chino.
Pero hay otro cambio en marcha. Cuando se escuchan los apasionados discursos de los representantes rusos, chinos, brasileños, sudafricanos, irlandeses, egipcios, saudíes y de los Emiratos Árabes Unidos, se puede ver que se está generando un fuerte consenso internacional en torno a la legitimidad del derecho internacional y humanitario, no sólo en lo que respecta a la guerra en curso, en Gaza, sino en otras cuestiones relativas a la paz y justicia internacionales.
Sin embargo, cuando la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, levantó la mano por cuarta vez, el 20 de febrero, emitiendo otro veto y rechazando así el llamamiento de Argelia a un alto el fuego humanitario inmediato en la Franja de Gaza, se derrumbó otro pilar de la legitimidad internacional.
Incluso en el Tribunal Internacional de Justicia, cuando el mundo entero defendió la libertad palestina, Estados Unidos se opuso. “La Corte no debería considerar que Israel está legalmente obligado a retirarse inmediata e incondicionalmente del territorio ocupado”, afirmó el 21 de febrero Richard Visek, asesor jurídico en funciones del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Irónicamente, Estados Unidos ha recurrido a estas diversas instituciones, incluida la Corte Penal Internacional, de la que ni siquiera es miembro, para racionalizar sus acciones en Iraq, Serbia, Libia, Ucrania y muchas otras áreas de conflicto.
Todo esto tendrá consecuencias, y los próximos años demostrarán que la crisis de legitimidad internacional, resultante del abuso de poder, difícilmente podrá rectificarse con cambios y reformas superficiales. El problema es ahora mucho más profundo y destructivo, y el precio es simplemente demasiado alto para soportarlo.
El poder militar por sí solo no es suficiente para que un país adquiera y mantenga su legitimidad. Tampoco la influencia económica ni la diplomacia inteligente. Para mantener la legitimidad se requiere mucho más que esto, comenzando con la premisa básica de que el espíritu del derecho internacional no estaba destinado a prolongar la guerra, sino a ponerle fin.
Foto de portada: Una vista de la destrucción en la sede de la UNRWA, que brinda ayuda a millones de palestinos y trabaja bajo las Naciones Unidas, convertida en uno de los objetivos de Israel en la ciudad de Gaza, el 11 de febrero de 2024 [Karam Hassan/Agencia Anadolu].
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