Amr Magdi, Foreign Policy in Focus, 26 febrero 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Amr Magdi es investigador para la región de Oriente Medio en Human Rights Watch.
En ninguna conversación con egipcios en los últimos meses se puede evitar oír cómo los precios de los alimentos y productos básicos suben rápidamente a diario, a veces cambiando literalmente mientras alguien está en la tienda.
En las últimas semanas, la crisis de divisas ha hecho que el tipo de cambio en el mercado negro supere el doble del tipo oficial de 31 libras por 1 dólar estadounidense. Los derechos económicos y sociales de millones de egipcios, incluido el derecho a la alimentación y a un nivel de vida adecuado, están en peligro debido a una inflación que ha alcanzado un récord del 40% en los últimos meses.
Todo esto no es más que la punta del iceberg de la galopante y prolongada crisis económica y financiera de Egipto.
Peor aún, no parece haber una salida plausible. Mientras la guerra entre Israel y Hamás en Gaza ha desviado parte de la atención de la grave crisis en Egipto, el gobierno del presidente Abdel Fatah Al-Sisi ha recurrido a lo que mejor sabe hacer: tácticas desesperadas para ganar tiempo sin abordar las causas profundas de la crisis, entrando en una espiral de fracaso que se autoperpetúa.
Este fue el caso, por ejemplo, cuando el gobierno, sintiendo la visible escalada del descontento público, adelantó ansiosamente las elecciones presidenciales a diciembre de 2023, en lugar de la fecha habitual de marzo de 2024, a pesar de que a ninguna figura o grupo de la oposición se le dio la oportunidad de concurrir limpiamente a las elecciones.
En enero, el Parlamento aprobó rápidamente la legislación propuesta por el gobierno que otorgará al ejército, el gobernante de facto del país, más poder para procesar a civiles en tribunales militares por una amplia gama de delitos relacionados con la economía – y cualquier otro delito que el presidente considere que socava los «requisitos de seguridad nacional». Esto no hace sino sumarse al montón de leyes y tribunales abusivos utilizados para castigar a la disidencia, extorsionar riquezas y presionar a las grandes empresas para que entreguen a los militares parte de sus ganancias.
Pero Al-Sisi se ha mostrado nervioso recientemente.
El 30 de septiembre, haciendo un paralelismo con la Gran Hambruna China que mató a millones de personas en el siglo XX, Al-Sisi dijo literalmente a los egipcios que es aceptable que se enfrenten a la hambruna o mueran de hambre para lograr su visión del desarrollo. La razón por la que parece nervioso es que la propia premisa del gobierno de Al-Sisi se ha ido desmoronando ante sus ojos.
Cuando Al-Sisi subió al poder tras el golpe militar que orquestó en 2013, dio a entender en múltiples declaraciones que los egipcios tendrían que renunciar a sus libertades civiles y políticas mientras él se centraba en lograr la prosperidad y el desarrollo. Al-Sisi siempre ha hablado como si los derechos económicos y sociales estuvieran reñidos con los derechos políticos y las libertades civiles, y como si las protestas y la expresión pacíficas fueran en general conspiraciones que solo traen el caos.
Diez años después del golpe militar y nueve de su presidencia, la distorsionada visión del mundo de Al-Sisi, como era de esperar, nunca ha llegado a materializarse. Su gobierno ha reprimido violentamente la disidencia pacífica y aniquilado muchas libertades básicas, en formas que son mucho peores que cualquier autocracia en la historia reciente de Egipto, mientras que las promesas de prosperidad y desarrollo son poco más que un espejismo. La pobreza bajo el gobierno de Al-Sisi no ha hecho más que aumentar.
Aunque Al-Sisi parece claramente consciente de la profundidad de la crisis económica, sus declaraciones han girado sobre todo en torno a eximirse de responsabilidad, culpar a factores externos y reprender a los egipcios por sus aspiraciones democráticas y la revuelta de 2011 que puso fin a 30 años de gobierno autocrático del presidente Hosni Mubarak. Sumándose a una larga lista de autócratas que no ven el desarrollo como un derecho humano inalienable, sino como un beneficio o un regalo del gobernante al pueblo, ha dicho repetidamente a los egipcios que la solución es seguir sacrificando sus derechos y ser pacientes, pues de lo contrario las críticas y la oposición pueden «destruir el país«.
Esto sucede a pesar de que su gobierno ha recibido miles de millones de dólares en generosas ayudas de sus ricos benefactores saudíes y emiratíes, así como cuantiosos préstamos y asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y otros. En lugar de conducir a reformas concretas, estos préstamos se han convertido sobre todo en una carga para las generaciones venideras, ya que, según Bloomberg, Egipto corre más riesgo de crisis de deuda que cualquier otro país del mundo, aparte de Ucrania.
Mientras más egipcios sufren para garantizar sus necesidades básicas, Al-Sisi se ha embarcado en fastuosos proyectos de vanidad que él mismo ha reconocido en ocasiones que son inviables, pero que sin embargo ha impulsado para levantar la «moral» de los egipcios. Numerosos estudios muestran cómo el ejército de Al-Sisi ha ampliado su enorme invasión de los mercados de consumo, beneficiándose de unas condiciones desiguales y de la falta de supervisión o escrutinio civil, lo que ha llevado a la corrupción y al despilfarro de los bienes públicos. Éste ha sido uno de los principales problemas que no se han abordado suficientemente, ni siquiera en el préstamo de 3.000 millones de dólares del FMI, actualmente en peligro.
Además, el gobierno de Al-Sisi, con el apoyo del FMI, ha eliminado muchos subsidios a los alimentos y al combustible sin tomar medidas suficientes para ampliar el sistema de seguridad social del país y mitigar los daños. En la actualidad, los programas de transferencia de efectivo de la asistencia social apenas cubren a un tercio de los 60 millones de personas que viven cerca de la pobreza o en situación de pobreza de los 100 millones de habitantes. Además, la asistencia en metálico ha perdido cada vez más poder adquisitivo a causa de la inflación.
La crisis económica de Egipto es profunda y multifacética, pero también es, en muchos sentidos, producto de un estancamiento político en el que un sistema de gobierno respaldado por los militares y que no rinde cuentas ha aplastado las perspectivas de una rotación pacífica del poder.
Al-Sisi se ha negado intencionadamente a crear un partido político o a encabezar uno de los partidos pro-Sisi que dominan su servil parlamento. En su lugar, confía en la coerción desnuda y en los servicios militares y de seguridad como sus principales vehículos de control. La razón es que ha intentado evitar lo que considera el error de Mubarak de gobernar a través de un partido político que instituyó la oligarquía empresarial y el amiguismo. En su lugar, Al-Sisi se ha centrado en desmantelar las instituciones independientes del Estado y reforzar los mecanismos antigolpistas, al tiempo que ha confiado casi por completo en los militares para dirigir el país.
A cambio, el ejército ha afianzado su dominio como actor político y económico de formas sin precedentes, entre otras cosas introduciendo enmiendas constitucionales y legales que lo convierten en el principal custodio de la vida política y permiten a los generales acumular más riqueza en opacos negocios militares. Pero esto deja a los militares en la incómoda posición de recibir una parte significativa de la ira pública por el fracaso de las políticas económicas en un vacío de alternativas políticas.
Datos anecdóticos muestran que el nivel de insatisfacción pública con Al-Sisi tras nueve años en el poder recuerda al que Mubarak necesitó 30 años para acumular. El gobierno de Al-Sisi sigue buscando apoyo y validación externos como medio de supervivencia.
Las tensiones regionales han ayudado al gobierno de Al-Sisi en múltiples ocasiones, ya que sus benefactores en los gobiernos occidentales han favorecido con frecuencia soluciones miopes para los crecientes desafíos de seguridad y migración a través del Mediterráneo por encima de los derechos humanos y la democracia.
Este sigue siendo el caso de los acuerdos nuevos y en curso de los que se ha informado que podrían salir adelante en breve, incluidos los suscritos con la Unión Europea, el FMI y/o el Banco Mundial. Al-Sisi sigue apostando por las mismas tácticas de siempre, utilizando el tamaño y la influencia geopolítica de Egipto, aunque debilitada, para convencer a las capitales occidentales de que aporten más ayuda financiera con el telón de fondo de crisis y guerras regionales como las de Gaza, Sudán y Libia. Pero todo esto no puede ser más que una táctica para ganar tiempo.
Esto se aplica también al vago acuerdo de inversión de 35.000 millones de dólares con Emiratos Árabes Unidos que el gobierno celebró a finales de febrero como una «victoria». Sin embargo, este apoyo con motivaciones políticas sólo ha servido para aumentar la influencia de los aliados del Golfo sobre la clase dirigente egipcia, con escasos o nulos beneficios reales para millones de egipcios.
Algunos sostienen que la cuenta atrás para una explosión social o política ya ha comenzado. Pero lo cierto es que Al-Sisi ha regado las semillas de su propio fracaso.
Pisotear el Estado de derecho, la independencia de las instituciones del Estado y la libertad de prensa ha destruido los pilares necesarios para construir una economía fuerte basada en la rendición de cuentas, y un entorno favorable que pueda atraer fuertes inversiones en lugar de sobrevivir a duras penas con préstamos insostenibles.
También es muy poco probable que Al-Sisi dé marcha atrás, ya que su gobierno ha demostrado poca o ninguna capacidad de autorreflexión o reforma. Su gobierno ha temido que la más mínima apertura política se convierta en una bola de nieve, y ha recurrido con frecuencia a la coerción para mantener el control, lo que a su vez crea más agravios y hace que las perspectivas de reforma sean cada vez más difíciles. En muchos sentidos, Al-Sisi se ha enjaulado a sí mismo.
Cuanto más tiempo siga Al-Sisi despojando al país de su potencial, mayor será el peligro para la estabilidad a largo plazo en Egipto y mayor el precio que habrá que pagar para reparar el futuro.
Foto de portada: Calles llenas de basura en El Cairo, Egipto, 2018 (Shutterstock).
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