Alma Guillermoprieto, The New Yorker Magazine, 4 marzo 2024

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Alma Estela Guillermoprieto (Ciudad de México) es una periodista, profesora, bailarina y escritora mexicana que vive en Colombia. Colaboró por primera vez con la revista en 1989; ha escrito sobre América Latina durante más de cuarenta años. Ha publicado cuatro libros.

El año pasado conduje hacia el sur desde Ciudad de México por la autopista a Apango, un modesto pueblo en la ladera de una colina en el estado de Guerrero. La autopista termina en Acapulco, pero donde yo iba no había palmeras ni glamur. Me desvié por una silenciosa carretera de dos carriles y pasé por pueblos donde aún se hablan lenguas indígenas como el náhuatl. Era la estación seca, y las colinas de matorral se habían vuelto de todos los tonos de polvo y marrón, sólo interrumpidos por las suaves flores blancas de los árboles de casahuate. En Apango pregunté por Estanislao Mendoza Chocolate, o Don Tanis, como se le conoce respetuosamente. Había viajado hasta aquí para preguntarle por su hijo, que desapareció una noche de 2014, junto con otros cuarenta y dos estudiantes de una escuela rural de magisterio, y nunca más se supo de él.

Cuando llegué, Don Tanis me esperaba ansioso en la puerta de su casa, un hombre de unos sesenta años, de cara redonda, vestido con pulcritud, de ademanes vivaces y ojos tan afligidos que era difícil no apartar la mirada. Me enseñó su casa, un conjunto de habitaciones de bloques de hormigón con una bombilla en el centro, que construyó durante dos décadas como emigrante temporero en California. Había un almacén para las provisiones anuales de maíz -para vender o moler para las tortillas de la familia- y, sin tocar en todo este tiempo, la habitación donde había vivido su hijo: un catre hundido, una silla, algunas fotografías descoloridas y carteles en la pared. «Yo quería un rancho, con animalitos, y él me ayudaba a montarlo, pero ahora está todo abandonado», dice Don Tanis, evitando cuidadosamente el nombre de su hijo, como hizo durante toda nuestra conversación.

Su hijo, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, se ganaba la vida cortando el pelo y trabajando en la construcción. Era alto, con una melena de la que estaba orgulloso, a juzgar por el autorretrato que dibujó en la pared exterior de la casa para anunciar sus servicios como barbero. Tenía treinta y tres años, un hombre hecho y derecho, cuando solicitó plaza en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en la cercana Tixtla, con más edad que la mayoría de sus compañeros. Cuando le pregunté por qué quería matricularse, Don Tanis me contestó: «Nunca es tarde para aprender», y añadió: «Le encantaban los niños y siempre quiso enseñar». Sospecho que también habría querido tener la oportunidad de dejar de trabajar como jornalero barato. Para la gente de comunidades indígenas y campesinas -en México son categorías vecinas-, Ayotzinapa ofrecía matrícula y pensión gratuitas, y la posibilidad de un trabajo como profesor en algún distrito rural.

Sin embargo, los estudiantes de las universidades rurales no tardan en darse cuenta de que sus diplomas servirán de poco para cerrar el abismo entre sus vidas y las de los ricos y poderosos. A menudo se radicalizan, normalmente en el sentido marxista-leninista anticuado. Esto era especialmente cierto en Ayotzinapa, gracias a una larga tradición guerrillera: múltiples movimientos campesinos habían florecido en Guerrero en los años sesenta y setenta, y dos de sus líderes, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, tenían estrechos vínculos con la escuela. Aunque sus respectivos movimientos fueron exterminados por las fuerzas militares y policiales en una «guerra sucia», sus retratos siguen pintados en algunos murales de la escuela, junto a Lenin, el Che y Marx. Los ayotzis eran un grupo alborotador y agresivo; la gente los llamaba revoltosos, gamberros, tolerados, pero difícilmente queridos en la región. A menudo llevaban palos, se cubrían la cara con pañuelos y tomaban los peajes para exigir el pago «por la revolución». Cuando tenían que viajar en grupo -a una marcha de protesta en algún lugar o a una reunión en otra escuela rural de maestros- ocupaban autobuses y dejaban a los pasajeros tirados en el asfalto.

El viernes 26 de septiembre de 2014, un centenar de estudiantes salieron de su campus en dos autobuses previamente requisados, y fueron en busca de varios más, en preparación de una próxima manifestación en Ciudad de México que tiene lugar cada año. Se conmemora el aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, cuando tropas del Ejército y paramilitares mataron a tiros a cientos de manifestantes en una concentración antigubernamental. La marcha en Ciudad de México se ha convertido en un ritual casi sagrado para miles de jóvenes de todo el país y, para los jóvenes ayotzis, su búsqueda de transporte debió de resultar heroica: ¡Dos de octubre no se olvida! En la capital de Guerrero, Chilpancingo, a quince minutos de la escuela, las tomas de autobuses eran un hecho frecuente, incluso negociado, pero esa mañana los estudiantes fueron ahuyentados por la policía. Tras otro intento fallido por la tarde, acabaron en las afueras de Iguala, una ciudad a unos cincuenta kilómetros de su territorio. Los estudiantes se dividieron en dos grupos. Un grupo consiguió finalmente tomar un autobús con destino a la terminal del centro de Iguala, y el conductor les convenció para que le dejaran llevar a los pasajeros a su destino antes de regresar con los estudiantes al campus. Pero en la terminal dejó salir a los pasajeros y encerró rápidamente dentro a los estudiantes. Poco después, el resto de los ayotzis llegaron para rescatar a sus compañeros. Gritando y golpeando las puertas de los autobuses, requisaron otros tres en cuestión de minutos, hasta un total de cinco, y se prepararon para regresar triunfantes a su escuela.

Fue entonces cuando empezó la matanza.

Era una noche ajetreada en la ciudad; la esposa del alcalde acababa de celebrar una animada ceremonia en la plaza central, las cafeterías seguían abiertas y la gente se dirigía a casa. Y, sin embargo, menos de media hora después de que los autobuses salieran de la estación, miembros de la policía de Iguala, uniformados y a la vista de todos, abrieron fuego contra los estudiantes. Un sistema de vigilancia estatal registró el miedo mientras circulaban mensajes frenéticos: «Quédense en casa, hay un tiroteo». «Dicen que hay dos muertos». «Hemos apagado las luces y puesto el cerrojo». Los rumores iban y venían: «Están quemando taxis en el centro». A la mañana siguiente, seis personas habían muerto, entre ellas tres estudiantes, y otra permanecía en coma. Pero lo peor del terror aún estaba por llegar: en los días y semanas siguientes, docenas de familias llegarían a comprender que cuarenta y tres de sus hijos estaban desaparecidos. Nadie sabía si estaban vivos o muertos.

Su ausencia podría haber caído fácilmente en el olvido: según estimaciones oficiales a la baja, más de ochenta mil personas han desaparecido en México desde 2006, sin que prácticamente se haya intentado encontrarlas. Pero, gracias a sus padres y familiares, los estudiantes desaparecidos -que pasaron a ser conocidos como los cuarenta y tres– se convirtieron en una causa. Implacables, obstinadas y extremadamente vulnerables, las familias marchaban una vez al mes por el centro de Ciudad de México, poniéndose delante de las cámaras de televisión, gritando, concentrándose a la entrada de los edificios gubernamentales y negándose a ceder, exigiendo el regreso de sus hijos. En pocas semanas, el número cuarenta y tres se pintó en paredes, autobuses, ventanas, puertas… en todo México y, durante un tiempo, en toda Europa y América. En lugares tan lejanos como Australia, la gente se manifestó. «Nos faltan cuarenta y tres», coreaban, y «Vivos se los llevaron, vivos los queremos». “Antes me encontraba con marchas de protesta de estudiantes o trabajadores y les decía: ‘Vagos, volved al trabajo'», me contó Don Tanis. «Ahora digo: ‘Os entiendo’”.

Hay una razón por la que el número de desapariciones empezó a aumentar en 2006. Fue el año en que el entonces presidente Felipe Calderón intensificó la llamada guerra contra el narcotráfico, recurriendo al ejército para reprimir a una serie de grupos poderosos. Como resultado, algunos de los líderes más conocidos de los clanes de la droga han sido capturados o abatidos, lo que ha permitido a los presidentes mexicanos y a sus aliados de la Agencia Antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) presumir de muchas victorias. En realidad, el esfuerzo ha sido tan eficaz como intentar deshacerse de las hormigas rompiendo un nido: la muerte o captura de cada líder narcotraficante provoca el surgimiento de varios pequeños aspirantes a capos. En la subsiguiente lucha por el poder, los paranoicos traficantes se vuelven contra sus socios más cercanos e infligen formas de violencia cada vez más grotescas a sus enemigos y a los civiles. Sólo en los últimos cinco años se han descubierto casi tres mil fosas clandestinas. Según el grupo de investigación periodística Quinto Elemento Lab, por ejemplo, solo una fosa en el pequeño municipio de Úrsulo Galván (treinta mil habitantes) albergaba más de cien cadáveres. De 2018 a 2023 se encontraron más de doscientas fosas clandestinas en el municipio de Tecomán, de poco más de ciento quince mil habitantes. Y estas son sólo las fosas que se han encontrado.

Las patrullas militares encargadas de destruir los campos de cultivo pueden ser fácilmente corrompidas por el dinero de la droga. Los soldados arrancan las plantas de adormidera de uno o dos campos y presentan un informe: misión cumplida. La situación es estable, siempre que nadie traspase los límites de un delicado acuerdo. Los grupos de narcotraficantes también están profundamente enredados con la burocracia, incluso a nivel local. El dueño de un bar que conozco en Ciudad de México tenía problemas con un grupo de narcotraficantes que le exigía el derecho a vender drogas en su bar y le amenazaba de muerte. Al final, le invitaron a comer con un funcionario local y descubrió que el otro invitado era el jefe del grupo de narcotraficantes. Gobernadores de los estados de Quintana Roo y Tamaulipas han sido condenados por delitos relacionados con el narcotráfico en México y en el extranjero. Los jueces y las fuerzas de seguridad también están con demasiada frecuencia a sueldo de los grupos de narcotraficantes. A los familiares de los desaparecidos les toca, pues, buscar a sus seres queridos escudriñando la tierra en busca de cualquier señal de que haya sido removida recientemente. Cada nuevo descubrimiento flota en el ciclo de noticias durante un día, o una semana, y desaparece. Ya nos acostumbramos, dirá la gente. Ya nos acostumbramos«. O se podría traducir la frase como «Se ha convertido en parte de nuestras costumbres».

Las familias de los Cuarenta y Tres no querían que la historia de sus hijos se desarrollara así. La tarde del 26 de septiembre, don Clemente Rodríguez Moreno, padre de un ayotzi llamado Christian Rodríguez Telumbre, corrió a la escuela cuando se enteró de que su hijo podría estar en problemas. «Quería coger un machete e ir a luchar contra quien estuviera haciendo daño a mi hijo, pero me dijeron que no era lo más prudente», dijo. Esperó hasta la mañana para ir a Iguala. «Pensé: si mi hijo hizo algo malo, lo tendrán detenido en la cárcel. Pero nadie nos dio noticias allá, ni en ningún lado». Al amanecer, Vidulfo Rosales, abogado y defensor de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en la sierra de Guerrero, también había oído que había problemas en Iguala. Consiguió que le llevaran en un viejo VW escarabajo, pero en Chilpancingo su conductor voluntario se negó a ir más lejos. «Las noticias de lo ocurrido en Iguala se habían extendido rápidamente», explica Rosales. «Había barricadas por todas partes, la gente estaba alborotada». Cuando por fin llegó a Iguala, trabajó frenéticamente con sus colegas, localizando supervivientes, comprobando la morgue, el hospital principal y los centros de detención, y siguiendo el progreso de las investigaciones oficiales. Sólo después de días de angustia, cuando los supervivientes se pusieron en contacto con la escuela, se hizo evidente el alcance de la tragedia. Decenas de alumnos seguían desaparecidos.

Dado el carácter escandaloso de los crímenes, el presidente Enrique Peña Nieto, un político hábil pero vacuo, se vio obligado a prometer una investigación. Seis semanas después del crimen, su procurador general, Jesús Murillo Karam, habló de su situación en una rueda de prensa. Los estudiantes, declaró Murillo, habían sido secuestrados por policías municipales corruptos de Iguala y pueblos vecinos. Siguiendo órdenes del alcalde, la policía había entregado a sus cautivos a un grupo local de narcotraficantes, los Guerreros Unidos. (El alcalde no respondió a la solicitud de comentarios. Posteriormente fue declarado culpable de un secuestro no relacionado y de otros cargos, y condenado a noventa y dos años de prisión). Varios miembros del grupo ya habían sido detenidos y habían confesado. En ese momento, Murillo mostró fotografías de algunos hombres: desaliñados, abatidos, sucios y, como los periodistas avezados adivinaron de inmediato, torturados. Los hombres habían llevado a los estudiantes a un vertedero de basura cerca de la ciudad de Cocula, dijo Murillo, y mataron a los que aún no estaban muertos. Posteriormente, los asesinos encendieron una hoguera con neumáticos, gasolina y leña para quemar los cuerpos de los jóvenes hasta reducirlos a cenizas tan pequeñas que permanecerían siempre inidentificables. Ningún miembro de las fuerzas armadas o de la policía federal había participado. Había sido un episodio desafortunado.

Esa versión de los hechos -que Murillo llegó a calificar de «verdad histórica»- ha quedado grabada en la mente de muchos. Pero la evidencia hasta ahora indica que los estudiantes de Ayotzinapa no murieron en el basurero, y que múltiples autoridades, incluyendo el ejército, estuvieron involucradas. En 2021, los investigadores tuvieron acceso a un vídeo tomado un mes después del crimen por un dron operado por la Marina mexicana. El vídeo muestra dos vehículos de la Marina aparcados en el borde del vertedero, junto a tres grandes sacos blancos. Un grupo de hombres corretea por el terreno y acaba encendiendo un fuego. Una vez que el humo se disipa, los sacos dejan de ser visibles. Poco después, llegan al lugar vehículos de la Marina, el Ejército y la Fiscalía. Sabemos lo que ocurrió a continuación: Mercedes Doretti, miembro del renombrado Equipo Argentino de Antropología Forense, que investigaba las desapariciones en nombre de las familias de las víctimas, fue citada en el vertedero mientras se dirigía a buscar cadáveres a unos kilómetros de distancia. Poco después, Murillo dio la rueda de prensa en la que se presentó la versión de los hechos del vertedero. Al equipo de Doretti se le presentaron cientos de fragmentos óseos que supuestamente procedían de la zona, pero casi todos estaban demasiado deformados por el calor como para ser utilizados para la identificación por ADN. Al examinar el vídeo del dron años después, es difícil no preguntarse si los fragmentos se habían llevado al vertedero en los misteriosos sacos, como parte de un encubrimiento. (El Ministerio de Defensa mexicano y la Marina no respondieron a las solicitudes de comentarios, ni tampoco Murillo, aunque ha defendido públicamente su investigación y sus abogados mantienen su inocencia).

Incluso antes de que las imágenes se hicieran públicas, la versión de Murillo no había convencido a los padres de los estudiantes desaparecidos. Utilizando el sentido común, razonaron que, dado que llovió la noche del ataque, un incendio no podría haber consumido los cuerpos de sus hijos. «Desde el principio supe que no era cierto», me dijo Don Tanis. Siempre con voz suave, bajó aún más la voz, intuyendo que lo que iba a decir me escandalizaría. «Cuando se asa un cerdo, siempre queda un charco de grasa al final», me dijo. «Pero en el vertedero no había nada». Las familias sabían que el gobierno les estaba mintiendo, pero poco podían hacer para presionar por sí mismas para que se investigara más a fondo. Afortunadamente, dijo Don Tanis, contaron con el apoyo temprano del Centro Tlachinollan.

«Al cuarto o quinto día, nos dimos cuenta de que no podíamos hacer este trabajo solos», me dijo Rosales. Rosales es originario de Totomixtlahuaca, un pueblo de la sierra de Guerrero, donde fue uno de los pocos estudiantes que logró terminar el bachillerato. Fue más allá, se licenció en Derecho, se unió a Tlachinollan y trabajó en casos de tortura, asesinatos y desapariciones de activistas indígenas y de derechos humanos. «Teníamos ciertos procedimientos para esas situaciones», explica. «Pero poco a poco vimos que aquello era más de lo que estábamos preparados. Había muertos, decenas de desaparecidos, agresores y familiares». Rosales atrajo a otras organizaciones de Ciudad de México, principalmente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, fundado por los jesuitas y conocido como Centro Prodh. A su vez, estos grupos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Equipo Argentino de Antropología Forense. Mientras tanto, los padres de los Cuarenta y Tres empezaban a verse como una unidad. «Fue el amor por nuestros hijos lo que nos unió», me dijo Don Tanis. «Ni siquiera nos habíamos visto antes».

En noviembre de 2014, los padres tuvieron su primer gran triunfo: el gobierno mexicano accedió a traer a un equipo de investigación internacional, al que se le dio el engorroso nombre de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes -o GIEI-. En marzo siguiente, el GIEI llegó a México. Una tarde de la primavera pasada, me reuní con dos de sus miembros, Carlos Martín Beristain y Ángela María Buitrago, en un café de Ciudad de México. Beristain, médico, ha trabajado con víctimas de traumas para comisiones de derechos humanos de toda América Latina. Buitrago, fiscal colombiana, encarceló a varios generales responsables de monstruosas violaciones de los derechos humanos. La pareja recordó el momento en que visitaron por primera vez el campus de Ayotzinapa. «Incluso antes de que entráramos en el recinto escolar, había gente esperando para escoltarnos», dijo Buitrago. «Padres, alumnos, la banda de música de la escuela. Nos pusieron una guirnalda de flores tras otra alrededor del cuello». Y añadió: «Todos los padres que nos recibieron repitieron lo mismo: lo único que nos pedían, decían, era que les dijéramos siempre la verdad, que no mintiéramos ni nos vendiéramos. Soy abogada, creo en las instituciones. Pero cuando oí esa frase, ‘No mentir, no venderse’, repetida tantas veces, pensé que tenía que ser la máxima expresión de una ciudadanía que ya no creía en nada en absoluto».

Pronto, los miembros del GIEI aprendieron la lección mexicana. En el café, Beristáin y Buitrago se rieron entre dientes al recordar a funcionarios de la fiscalía dando una presentación y diciendo cosas como “Nunca verán una investigación más completa que la que hemos llevado a cabo”. Los esfuerzos de los miembros del GIEI se vieron obstaculizados en todo momento. Durante meses, se les impidió obtener copias de cientos de documentos. Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, se negó a permitir que interrogaran a alguien de alguno de los batallones militares de Iguala. «No permitiré que los soldados sean tratados como criminales», dijo a la prensa. Fue casi divertido ver las conferencias de prensa del GIEI, porque Buitrago denunció las mentiras del gobierno de una manera casi inaudita en el discurso institucional de México. “Nos dieron declaraciones firmadas por personal de la Fiscalía General que eran falsas”, declaró en un determinado momento. “Hubo diligencias de investigación en las que se alteró toda la información”.

El GIEI se vio obligado a dedicar gran parte de su mandato de doce meses a demostrar que el relato del gobierno sobre los acontecimientos era falso. “Nos dijeron con cara seria que Guerreros Unidos había incinerado cuarenta y tres cadáveres con cinco galones de combustible”, dijo Buitrago. Beristain agregó: “Nos llevaron al lugar y nos mostraron un árbol del que recientemente habían cortado dos ramas de madera muy verde”, afirmando que las ramas también habían alimentado el fuego. Al final de su primer año, el GIEI había publicado dos informes con un total de mil páginas, ambos dedicados en gran medida a demostrar por qué era imposible la versión de los acontecimientos basada en la “verdad histórica”. El contrato del grupo no fue renovado y se realizó una ceremonia de despedida en un auditorio de la Ciudad de México. «Un hombre se levantó y gritó: ‘¡No se vayan!'», contó Beristain. “Y luego otro se puso de pie, y después todos estaban coreando: ‘¡No-se-va-yan!’ ¡No nos dejen! Casi nos morimos entonces, todos nosotros”.

En 2018, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer candidato independiente elegido presidente en más de setenta años y prometió limpiar el desastre de su predecesor. Creó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, encabezada por Alejandro Encinas, un viejo aliado suyo y exalcalde de la Ciudad de México. Un joven y obsesivo abogado llamado Omar Gómez Trejo, que había estado trabajando en el caso en la ONU y con el GIEI, fue elegido para encabezar una nueva unidad especial de investigación. Ante la insistencia de los padres, López Obrador aceptó traer de vuelta al GIEI. Fue un momento de optimismo. “Tenías a la Fiscalía General, al presidente, al GIEI, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas y, principalmente, a los representantes legales de las familias, todos trabajando para obtener la verdad, para que se hiciera justicia, para saber qué pasó con los muchachos”, me dijo Gómez Trejo. Beristain dijo: «Tenía confianza en que esta vez íbamos a poder hacerlo».

El año pasado me sorprendió encontrarme en posesión de un documento confidencial y valioso: el expediente judicial de más de seiscientas páginas presentado ante un juez en agosto de 2022 por el equipo de Gómez Trejo. Fue el resultado de los dos años que él, junto con el GIEI, pasó investigando archivos y entrevistando a cientos de sospechosos, supervivientes, funcionarios gubernamentales, transeúntes y familiares de desaparecidos. Gracias a las complejidades del sistema legal mexicano, el documento es casi incomprensible a primera vista. Pero, bajo la jerga legal, está repleto de información, particularmente sobre la organización narcotraficante involucrada en las desapariciones: los Guerreros Unidos.

Los G.U. nacieron porque un importante narcotraficante, Arturo Beltrán Leyva, fue asesinado a tiros por marines mexicanos en 2009. Como sucede generalmente, los subordinados de Beltrán Leyva se dividieron en varios clanes pequeños. Uno de ellos se autodenominó los Rojos y se estableció en el estado de Guerrero, cerca del campus de Ayotzinapa. Los Rojos tenían un pequeño y agradable negocio, traficando con drogas como heroína hacia los Estados Unidos. Otro grupo de personas, dos de ellos hermanos que, según un artículo del Chicago Sun-Times, en el pasado habían entregado pizzas para un restaurante de Chicago llamado Mama Luna’s, formaron un grupo disidente llamado Guerreros Unidos. Para 2012, los pizzeros y sus colegas se habían instalado en lugares como Iguala, una ciudad equipada con una terminal de autobuses lo suficientemente grande como para que una actividad inusual pudiera pasar desapercibida, pero no tanto como para llamar la atención. Esto fue clave para el éxito del grupo, porque su especialidad era instalar compartimentos secretos en autobuses de pasajeros, como los que viajaban de Iguala a Chicago. Los compartimentos estarían llenos de drogas y los autobuses cargados de pasajeros. En Chicago, el autobús sería recibido por un asociado, llamado Pablo Vega, que había crecido en un suburbio cercano y trabajaba en fábricas locales. Él y otros descargarían y distribuirían la mercancía, reemplazarían el producto con dinero en efectivo y enviarían el autobús de regreso a Iguala. (Vega no respondió a una solicitud de comentarios, pero se declaró culpable de cargos de conspiración de drogas).

En 2022, Gómez Trejo obtuvo acceso a unos veintitrés mil mensajes de texto de BlackBerry recopilados por la DEA desde el teléfono de Vega y los de sus asociados. Los textos, que aparecieron primero en la prensa mexicana y luego en inglés en el Times, resultan una lectura sorprendentemente aburrida a primera vista; consisten principalmente en instrucciones concisas sobre dónde estacionar la “tía” (el autobús) y cuántos “jarrones” entregar. Pero finalmente surge la imagen de un grupo de ineptos. En un envío, el autobús cargado se estrella “porque estaba lloviendo”. Alguien deja una camioneta cargada estacionada ilegalmente y no puede recuperarla porque el conductor es atrapado por inmigración. Un colaborador clave desaparece y pasan los días mientras el grupo hace un pobre intento por encontrarlo. (“¿Cómo se llama?” “Simplemente lo conozco como el Cuate”). La esposa de Vega lo arenga constantemente y, cuando lo hace, él le envía un mensaje a una novia y le pide una ‘foto sexi‘. Un envío tiene éxito y se distribuyen varias decenas de miles de dólares, pero menos de tres meses después cortan el agua en la casa de Vega porque no puede pagar la cuenta. Su cuñada, la viuda del discapacitado fundador de los G.U., conocido como el Minicooper, se lamenta y se queja de que siempre es la última en ser tenida en cuenta. Alguien anuncia que vende tenis para llegar a fin de mes. Lo peor de todo es que los miembros del grupo, que se supone que están unidos por vínculos místicos de linaje compartido, sospechan constantemente unos de otros de traición. (Un abogado que ha representado a miembros del grupo no respondió a una solicitud de comentarios).

Quizás porque la competencia tampoco fue tan brillante, Guerreros Unidos finalmente logró consolidar su incipiente operación e incluso imbuirla de una especie de mística. Como “Juan”, un miembro de los G.U. que eventualmente se convirtió en testigo del Estado, explicó a los investigadores en una declaración jurada: “El propósito de cada persona que pertenece a la organización” es “enviar drogas a Chicago, y vigilar y hacer lo que sea necesario”… Es por eso que debía haber apoyos por parte de funcionarios públicos, como agentes de policía, en todos los niveles”. (No se pudo contactar a Juan para que hiciera comentarios). G.U. blanqueaba a menudo su efectivo mediante transacciones inmobiliarias y otros métodos tradicionales de blanqueo de dinero. El clan se encargó de que otro asociado, Francisco Salgado Valladares, un hombre de ojos de cerdo a cargo de un feroz grupo de policías de Iguala conocido como los Bélicos, fuera nombrado vicejefe de la fuerza. (Salgado Valladares es actualmente un fugitivo de la ley y no fue posible contactarlo para hacer comentarios.)

El grupo incorporó a otros: un carnicero por aquí, un operador de lavado de autos por allá, además de docenas de recaderos, pequeños traficantes de drogas y vigías que vigilaban el paradero de cada residente, visitante y transeúnte en las áreas de control de los G.U. Sus jefes querían informes, particularmente sobre los movimientos militares (largas secuencias de los veintitrés mil mensajes están dedicadas a descripciones minuto a minuto del paradero exacto de las unidades de patrulla diaria del Ejército) y, sobre todo, de cualquier señal de presencia de grupos rivales, conocidos como “contras” (los coches desconocidos que entraban en el territorio del grupo eran detenidos y registrados en busca de señales del enemigo). Perseguidos por el miedo a sus rivales, los G.U. asesinaban sin sentido, aumentando cada mes el altísimo número de cadáveres de Guerrero. El clan tuvo pronto policías y militares a sueldo. Los mensajes de BlackBerry incluyen alardes de que un miembro llamado el Güero Mugres tiene a los militares «en el bolsillo» y que el grupo ha establecido relaciones amistosas con un tal capitán Crespo. Alguien alardea de haber comprado otros contactos militares (“putos”, los llama) y se queja de cuánto dinero le exigen. Cuando Gómez Trejo leyó estos textos en la oficina de la DEA en Chicago durante los varios días que pasó en la tarea, se sintió eufórico. Eran, me dijo, “pruebas objetivas y contundentes que vinculaban a una autoridad del Estado con el crimen organizado; no una declaración de un testigo sino una prueba objetiva y verificable”.

Aún no está claro por qué Guerreros Unidos llevaría a cabo un ataque contra un centenar de estudiantes desarmados. Quizás, como llegó a creer el GIEI, uno de los tres autobuses que tomaron los estudiantes desde la estación iba cargado de producto. Otra teoría (hay muchas) sostiene que los G.U. estaban convencidos de que los Rojos se habían infiltrado entre los ayotzis, y hay algunas pruebas que respaldan que esa era su motivación. G.U. había estado peleando con los Rojos la semana anterior y tal vez esperaban un ataque. El día después del ataque de Iguala, un miembro de los G.U. le envió un mensaje de texto a otro: “¡Los contras se mezclaron con los ayotzinapas y la mierda se vino abajo!” Una masacre de jóvenes indefensos llevada a cabo por matones paranoicos, incompetentes y sanguinarios: eso tiene sentido.

Dos autobuses llenos de estudiantes estaban a punto de desaparecer para siempre y, sin embargo, la violencia estaba lejos de terminar. En una carretera a la salida de Iguala, miembros de Guerreros Unidos y policías, algunos de Huitzuco, atacaron por error un autobús que transportaba a un equipo de fútbol de la liga juvenil de Chilpancingo, que se dirigía a su casa para celebrar una victoria. Antes de que los atacantes se dieran cuenta de que no había ningún ayotzi en el autobús, mataron a tiros al conductor, a un jugador de quince años y a una mujer que pasaba en un taxi. Casi al mismo tiempo, un grupo de ayotzis corrió hacia Iguala desde el campus y desde Chilpancingo para ver qué les estaba pasando a sus compañeros de escuela. Estaban celebrando una conferencia de prensa improvisada en una esquina de la calle cuando llegaron varios vehículos, y hombres armados vestidos de negro saltaron de ellos y abrieron fuego contra ellos. Los disparos quedaron registrados en el audio de un periodista. Dos estudiantes yacían muertos en el suelo. Otra víctima, un ayotzi de primer año llamado Julio César Mondragón, fue encontrado a la mañana siguiente muerto junto a un campo de fútbol, según las autoridades. Al igual que otros estudiantes atrapados en Iguala, le había enviado un mensaje de texto a su familia contándole lo ocurrido esa noche. Su último mensaje a su pareja fue una despedida: “Cuídate y cuida de mi hija, dile que la quiero, chao”. Lo habían golpeado brutalmente y tenía varios huesos rotos. Le faltaba gran parte del rostro.

Los coches patrulla deambulaban por las calles en el silencio previo al amanecer del sábado veintisiete. Desde una azotea donde había encontrado seguridad, Luis los escuchó silbar, llamando a los ayotzis restantes. (¡Sabemos que están escondidos!) Un grupo, presa del pánico, se apresuró a conseguir atención médica para un compañero de escuela que había recibido un disparo en la mandíbula. Finalmente, se introdujeron en una pequeña clínica y pidieron ayuda al personal, pero no la obtuvieron. Los jóvenes se escondieron en la sala de espera y en los pisos superiores, aterrorizados de que sus atacantes pudieran encontrarlos. En cambio, poco después de la medianoche, llegaron vehículos militares y un grupo de soldados entró a la fuerza, se desplegaron y apuntaron con ametralladoras a los estudiantes. Los encabezaba un imponente uniformado, José Martínez Crespo, quien actualmente se encuentra en prisión militar, acusado de colaboración con los G.U. Algunos estudiantes pensaron que los soldados estaban allí para ayudar. “Me sentí feliz cuando los vi”, dijo a los investigadores un estudiante, que formaba parte de un grupo de más de veinte que accedió a testificar de forma anónima.

Pero Crespo ordenó que se tomaran fotografías de la escena: veinticinco jóvenes abatidos y exhaustos mirando al suelo. Según el testimonio de un estudiante, hizo que algunos de ellos se desnudaran hasta la cintura y ordenó a un soldado que escribiera el nombre de todos. “Asegúrate de que dan los nombres reales”, dijo Crespo. «De lo contrario, después no los van a encontrar nunca». Otros lo recordaron diciendo: “Vosotros, hijos de puta, os creéis muy duros. Pero ahora os enfrentáis a un verdadero hijo de puta. Veamos lo duros que realmente sois”. (El abogado de Crespo dijo de él que es inocente de cualquier delito. Los miembros del Ejército, incluido Crespo, negaron en sus declaraciones haber apuntado con armas a los estudiantes o haber registrado sus nombres). Aún no está claro cuáles eran las intenciones de Crespo. Pero finalmente se fue con los otros soldados, diciendo que había ido “a ver algunos cadáveres cercanos”, muy probablemente los dos estudiantes asesinados durante la conferencia de prensa. Los estudiantes de la clínica lograron huir y sobrevivir a esa noche.

​A medianoche, cuarenta y tres ayotzis estaban en manos de las fuerzas policiales locales. Se les vio por última vez antes de que los perdiéramos de vista para siempre. Un conductor de uno de los autobuses incautados dijo a los investigadores que vio a varios estudiantes en una instalación de la policía local, tirados boca abajo en el suelo. Otro testigo, que entró casualmente en las instalaciones a la mañana siguiente, testificó que vio una fotografía de los estudiantes en una pantalla y escuchó a un magistrado de turno (un puesto parecido al de un sheriff de Hoosegow) bromear sobre cómo los ayotzis habían sido maltratados y alardeando de que él mismo los había golpeado durante el interrogatorio. (El magistrado, a quien se le concedió asilo en los EE. UU. en 2020, negó que los estudiantes hubieran sido llevados allí esa noche y se negó a hacer comentarios para este artículo).

Los investigadores reunieron lentamente este relato a lo largo de los años, verificando cientos de entrevistas con supervivientes, testigos y participantes en los eventos. Pero la respuesta a una pregunta clave buscada por los padres de los estudiantes: ¿Qué pasó con sus hijos después de que los vieran por última vez esa noche hace mucho tiempo?, sigue sin respuesta: de esas siete u ocho horas que faltan, sólo se pueden reconstruir fragmentos y rehacer la historia. Varios documentos, incluidos mensajes de texto y testimonios del expediente judicial, indican que las fuerzas policiales de Iguala, Huitzuco y otro pueblo vecino, Cocula, distribuyeron a los estudiantes entre varios miembros de los Guerreros Unidos. (Los departamentos de policía de Iguala y Huitzuco no respondieron a las solicitudes de comentarios. No se pudo contactar al departamento de Cocula). Un documento publicado por el Ministerio de Defensa de México, que los investigadores no pudieron corroborar, muestra un intercambio de textos entre dos personas a las que el Ministerio identificó como un oficial de policía de Iguala y líder de Guerreros Unidos. “Hay veintiún personas dentro del autobús que se va”, dice el policía, y el líder responde: “Sí, pásame a todos los detenidos”. En ese momento, es posible que algunos de los estudiantes ya hubieran muerto a causa de las heridas sufridas durante las palizas. Los supervivientes podrían hablar y crear problemas. ¿Qué debía hacerse con ellos?

Algunos investigadores creen que la decisión de matar a los estudiantes se tomó antes del amanecer, cuando miembros de la policía de Cocula visitaron durante varias horas la casa de uno de los líderes de los G.U., único encuentro esa noche entre oficiales y el grupo que ha sido corroborado. Otros creen que el plan ya estaba en marcha para entonces. Según Juan, el miembro de los G.U. que se convirtió en testigo del Estado, la orden que recibieron desde arriba fue “pártanles la madre”, que puede traducirse, dado el contexto, como “acabar con ellos”. Lo que Juan afirma (y es espantoso tener que escribir esto) es que algunos de los estudiantes fueron asesinados en algún momento de las primeras horas del 27 de septiembre, y luego cortados en pedazos. (¿Por qué no simplemente dispararles? Una se pregunta. ¿Por qué no esa pequeña misericordia?) Cuando los investigadores inspeccionaron la casa segura donde fueron llevados, encontraron incisiones en el piso que parecían haber sido hechas con hachas o machetes, y que eran consistentes con las palabras del testimonio de Juan. Un hombre, un humilde recadero, testificó que él y otros recibieron instrucciones de conseguir artículos de limpieza y recoger los cadáveres mutilados, que fueron metidos en bolsas de basura de plástico.

Según estas declaraciones, los restos de los estudiantes fueron llevados a funerarias locales para ser cremados. Juan dijo a los investigadores que llevó varios días asegurarse de que los restos fueran incinerados lo suficientemente bien como para que nadie pudiera identificarlos. Otros restos, dijo, no se cremaron nunca y fueron eliminados en los alrededores. Es posible que algunos estudiantes se hubieran mantenido con vida por más tiempo o fueran eliminados de otra manera. Pero Juan, que de alguna manera participó en los acontecimientos de esa noche, no es el testigo más fiable, y los investigadores no han podido confirmar completamente su relato. Lo que sí es cierto es que los G.U. parecen haberse esforzado por hacer que los estudiantes desaparecieran realmente. “No pensábamos que ese negocio sería tan mediático”, dijo Juan, irritado por la publicidad.

Ocho años después, el 18 de agosto de 2022, las familias de los ayotzi se reunieron para entrevistarse con el presidente. López Obrador se había reunido con ellos varias veces antes. Siempre fue cortés y amigable, sentándose con ellos para escuchar sus sugerencias e inquietudes sobre la investigación. Pero María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro Prodh, me dijo que cuando entraron al salón supo que algo andaba mal. El presidente habló en un podio flanqueado por buena parte de su gabinete, incluido su fiscal general y el ministro de Defensa, personalidades de las que los padres desconfiaban. Encinas, el antiguo aliado de las familias, leyó lo que describió como las “conclusiones” del gobierno. Los investigadores –Gómez Trejo, el GIEI, los argentinos– y los padres y sus representantes han dicho que no fueron informados del contenido del informe. Encinas denunció la participación policial y militar en los hechos. Por primera vez, definió lo ocurrido en Iguala como un “crimen de Estado”, un reconocimiento importante por parte de una administración mexicana. Pero también presentó información no verificada que parecía remontarse a la “verdad histórica”, como una serie de mensajes de WhatsApp enviados por funcionarios locales y miembros de los Guerreros Unidos, que enfatizaban el papel del alcalde e incluían descripciones gráficas de lo que supuestamente les pasó a los estudiantes. (Encinas dijo que el día anterior había informado a los investigadores sobre el informe, y negó haber insistido en la “verdad histórica”). López Obrador no respondió a ninguna pregunta. “Las familias quedaron completamente destrozadas”, dijo Aguilar. “Las madres estaban angustiadas. Lloraron hombres que no se permitían hacerlo en público”.

Hasta ese momento parecía que la justicia estaba al alcance de la mano. Al iniciar la reunión con el presidente, el equipo de Gómez Trejo solicitaba órdenes de arresto contra ochenta y tres participantes en los hechos. Entre ellos se encontraban miembros de los G.U.; soldados; oficiales de policía; el magistrado del cuartel policial de Iguala; un juez de Chilpancingo acusado de facilitar la destrucción de imágenes de vigilancia estatal de la noche del suceso; el entonces fiscal general del Estado, Iñaki Blanco; José Martínez Crespo; y los comandantes de los dos batallones de Iguala. (Un abogado que representa a los comandantes de los batallones militares dijo que eran inocentes.) Gómez Trejo partió inmediatamente hacia Israel, en un esfuerzo por obtener la extradición del jefe de investigaciones criminales del ex fiscal general Murillo. Cuando regresó, ya era un mundo diferente.

Sus investigadores habían sido enviados lejos a fin de que se “reciclaran”. Un equipo de auditores tomó posesión de todos los expedientes de su oficina. Le dijeron que no se le permitiría abrir nuevas líneas de investigación. Y, a petición de la Procuraduría General de la República, el mismo juez que había autorizado las órdenes de arresto días antes ahora dejó sin efecto veintiuna de ellas, incluidas las del Procurador General del Estado y la del juez de Chilpancingo. Unos días después, Gómez Trejo renunció y su equipo de seguridad fue despedido. Más tarde supe que, mientras Gómez Trejo sopesaba su renuncia, un funcionario de alto rango lo llevó aparte, le pasó un brazo confidencialmente por encima del hombro y le dijo que Gómez Trejo había logrado enojar realmente al presidente. López Obrador había negociado el arresto de cinco militares con el alto mando de las fuerzas armadas, le dijo el funcionario a Gómez Trejo, pero había emitido órdenes para veinte. (La oficina del fiscal general se negó a hacer comentarios. López Obrador no respondió a una solicitud de comentarios).

Fue una señal alarmante del poder del Ejército mexicano. Bajo López Obrador, al Ejército se le ha dado el control de la construcción y administración de aeropuertos, carreteras, líneas ferroviarias, oficinas de aduanas y agencias de turismo, por nombrar sólo algunas de sus facultades. En 2020, el general Salvador Cienfuegos, que había intentado impedir que los investigadores del GIEI entrevistaran a miembros del Ejército, fue arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles acusado de haber ayudado, como secretario de la Defensa Nacional, al clan de la droga H-2 en sus operaciones de tráfico de cocaína y metanfetamina. (Cienfuegos no respondió a una solicitud de comentarios, pero su abogado emitió una declaración diciendo que era inocente). El arresto creó un enfrentamiento diplomático. Según se informa, el presidente López Obrador amenazó con suspender las operaciones de la DEA en México, aunque luego negó haberlo hecho, y los fiscales estadounidenses se vieron obligados a devolver a Cienfuegos a México, donde bajó del avión como hombre libre. “Consideramos esto no como un acto de impunidad, sino de respeto hacia México y nuestras fuerzas armadas”, dijo Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores de México. Dos meses después, funcionarios de la justicia mexicana declararon que no había pruebas de que el general tuviera relación alguna con el grupo H-2. En octubre, el presidente López Obrador le concedió una medalla.

Gómez Trejo se trasladó a Estados Unidos con su esposa y su hijo, temiendo por la seguridad de su familia. Cuando almorcé con él recientemente en Nueva York, apareció con aspecto descansado, no tan demacrado como cuando llegó aquí por primera vez. Trabaja como consultor internacional en cuestiones de derechos humanos. Dos miembros del GIEI, que sintieron que estarían legitimando un fraude si se quedaban, también renunciaron y abandonaron el país. Los dos restantes, Buitrago y Beristáin, celebraron una conferencia de prensa en julio pasado, exigiendo respuestas y luego dimitieron unos días después. El presidente nombró a un nuevo investigador especial, quien silenciosamente restableció varias de las veintiuna órdenes de arresto que habían sido revocadas. Ahora existe la sensación de que, a todos los efectos prácticos, la investigación sobre la desaparición de los Cuarenta y Tres ha llegado a su fin.

Una tarde reciente hablé con Santiago Aguirre Espinosa, miembro del equipo legal de los padres, quien, junto con su colega Aguilar, pasó años en Guerrero en el Centro Tlachinollan. Ambos se muestran perpetuamente alegres y extremadamente delgados, posiblemente porque parecen estar siempre corriendo de una cita a otra. Le pregunté qué hizo Aguirre con los últimos nueve años de esfuerzo. “Desde el punto de vista de las familias, su principal objetivo era encontrar a sus hijos, y eso no se logró”, respondió. «Están enojados y tristes, y algunos de ellos tienen dudas sobre si su lucha valió la pena». Por su parte, Beristain, que ahora ha regresado a su casa en España, lamentó que el alcance de la implicación de los militares en la historia siga sin estar claro. Hay cientos de páginas de registros militares que aún están desaparecidas, dijo; páginas que el GIEI cree que pueden arrojar luz sobre qué pasó exactamente con los estudiantes y por qué dos administraciones han sentido la necesidad de encubrirlo.

Estos días, el presidente se ha dado a la tarea de denunciar al Centro Prodh y a Vidulfo Rosales del Centro Tlachinollan por sus conferencias de prensa diarias. El teléfono de Encinas y el de varios defensores de derechos humanos han sido infiltrados por Pegasus. A medida que su mandato de seis años llega a su fin, las relaciones del presidente con quienes percibe como adversarios se vuelven más tensas. Recientemente, el Times informó acerca de una investigación ahora cerrada sobre posibles tratos del narcotráfico con asociados cercanos del presidente, y arremetió contra la jefa de la oficina del periódico en la Ciudad de México, leyendo su nombre y número de teléfono en voz alta durante su conferencia de prensa matutina dos semanas atrás. Puede que esto sea ilegal, pero “lo haría de nuevo”, dijo al día siguiente: “La autoridad moral del presidente está por encima de la ley”. En una entrevista extremadamente rara (dos horas con un periodista ruso de un canal por cable menor español) reconoció que Ayotzinapa sigue siendo una tarea pendiente. “Aún hay tiempo”, afirmó. «Lo más importante es encontrarlos».

Seis años después de la masacre, Clemente Rodríguez y su esposa, Luz María Telumbre, recibieron la visita en su casa de Tixtla de Gómez Trejo, Encinas y dos miembros del Centro Prodh. El grupo estaba allí para informarles sobre un fragmento de hueso de dos pulgadas que el equipo de Gómez Trejo había encontrado en un barranco seco. El equipo argentino había certificado que el ADN recuperado del fragmento pertenecía a Christian Rodríguez Telumbre, una de las tres únicas identificaciones positivas que se han realizado en todo este tiempo. “Tratamos de darle algo de dignidad y un sentido de ceremonia al evento”, me dijo Gómez Trejo sobre la visita. Pero era inútil tratar de reemplazar a un joven de veinte años que saltaba alegremente por la casa de sus padres, practicando pasos de las danzas folclóricas que le apasionaban, con un hueso roto. Cuando conocí a Doña Luz María en la Ciudad de México la primavera pasada, al inicio de una de las marchas de padres de familia, le pregunté sobre este momento. Es una mujer hermosa de modales sencillos y afectuosos, pero no pudo ocultar un tono cortante en su voz cuando respondió. “Le dije gracias”, me dijo, “y le pregunté de qué parte del cuerpo era este huesito”. Le informaron que era parte del pie derecho de Christian. “Pero he visto personas que perdieron un pie y todavía están vivas”, dijo, sin alzar la voz. «No estoy satisfecha. Quiero a mi hijo”.

Era el Día de Muertos en la Ciudad de México cuando me encontré con Don Clemente, ese mismo año. Le pregunté si esa noche iba a colocar una foto de su hijo en el altar familiar en Tixtla. Hubo un largo silencio antes de que finalmente dijera: «No puedo». Estaba en la ciudad para dar una charla en una escuela local y, como de costumbre, había traído algunas de las artesanías de sus amigos y familiares para ponerlas a la venta. Solía ganarse la vida vendiendo garrafas de cinco galones de agua potable, pero los constantes viajes para hacer campaña por el regreso de su hijo han arruinado el sustento de la familia, y ahora ganaba dinero tejiendo paja o bordando textiles y vendiendo estas artesanías durante eventos y marchas. Don Clemente tiene un sentido del humor escurridizo, pero vi su rostro arrugarse mientras intentaba encontrar palabras para explicar la ausencia de su hijo en el altar. «No tengo un cuerpo para llorar», dijo. “No sé en qué lugar está. No tengo nada que pueda sostener que ese es él”. La esperanza de que sus hijos les fueran devueltos vivos estaba en el centro del movimiento de padres. Fue la motivación que los mantuvo a través de años de dudas, miedo y lucha, lejos de sus familias y sus campos. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. ¿Qué padre quiere matar a su propio hijo en su corazón? Don Tanis me corrigió amablemente cuando me referí a su hijo en tiempo pasado.

Recientemente, regresé a Guerrero por la misma larga carretera que me había llevado a la casa de don Tanis, pero esta vez me detuve en Tixtla para hablar con Rafael López Catarino, o don Rafa, cuyo hijo, Julio César López Patolzin, era el informante del ejército que desapareció junto con los demás estudiantes. Inevitablemente, su padre se convirtió en una especie de paria entre las otras familias una vez que se hizo público el papel de su hijo en la escuela, y me pareció un destino inusualmente cruel perder a un hijo y no poder buscar el consuelo que los otros padres obviamente encuentran en compañía del otro.

Don Rafa, cascarrabias y cojo, me llevó por las tierras que su hijo ya no puede ayudarle a cultivar. Me mostró una foto de Julio César en su graduación de la escuela secundaria, un niño rígido e incómodo con su camisa y chaleco formal, sosteniendo un diploma. Me entregó una hoja de papel con el título “Proyecto de vida” en la parte superior de una lista que su hijo había escrito, en cuidadosas letras mayúsculas con tinta azul brillante. “Me gustaría viajar por todo el país aprendiendo cosas diferentes y conociendo gente nueva”, comenzaba. Más abajo escribió que le gustaría estudiar en Ayotzinapa para poder ser profesor de educación física. También quería unirse al ejército y estudiar para convertirse en médico del ejército. Y quería ganar dinero, “para poder ayudar a mis padres como ellos me ayudaron a mí”. Al final, Julio César sí se unió al Ejército. Pasó parte de su tiempo patrullando la región montañosa de Guerrero. Finalmente, dijo su padre, Julio César resultó herido y ya no pudo salir a patrullar. Le dijo a su padre que quería dejar el ejército y estudiar, pero debió ser difícil renunciar al salario de un soldado de infantería. Uno puede imaginarse a su comandante centrándose en ese punto para ofrecerle un trato: ve a Ayotzinapa si quieres y quédate con tu salario. Pero ayúdanos. Debió haber protestado por lo injusto de su destino antes de que se lo llevaran.

Don Rafa es un hombre hosco, pero insistió en acompañarme de regreso a Chilpancingo para que no me perdiera. Había una nueva hornada de ayotzis en el peaje, cobrando tarifas para “la revolución”. Los G.U. habían disminuido, al igual que los Rojos, y los grupos rivales los habían eclipsado. En Chilpancingo, se había filmado a la nueva alcaldesa desayunando en un restaurante con un capo de la droga. (La alcaldesa no respondió a una solicitud de comentarios. Negó que se hubiera llegado a ningún acuerdo en la reunión.) Don Rafa me pareció, en general, un realista duro, pero me dijo que la madrina de Julio César, recientemente fallecida, había venido a su hija en un sueño. “Había buscado a Julio César por todos lados del otro lado”, me dijo Don Rafa, “y no encontró señal de él. Dijo que deberíamos seguir buscándolo en este mundo”. Aun así, parecía estar de profundo luto. “Solía arroparlo por las noches cuando era un bebé y verlo dormir”, dijo. «¡Qué cosa! ¿eh?» añadió, mientras salía del auto. «Cuidamos y educamos a nuestros hijos para que el gobierno acabe arrebatándonoslos».

Imagen de portada de Katherine Lam: “No tengo un cuerpo que llorar», dijo un padre sobre su hijo, uno de los estudiantes desaparecidos. «No tengo nada que abrazar que sea él».

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