Binoy Kampmark, CounterPunch.org, 18 abril 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Binoy Kampmark fue becario de la Commonwealth en el Selwyn College de Cambridge. En la actualidad, imparte clases en la Universidad RMIT de Melbourne. Correo electrónico: bkampmark@gmail.com
Este mismo mes, el casi comatoso presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un comentario casual y como quien no quiere la cosa de que su administración estaba «considerando» la petición de Australia para que se pusiera fin al caso contra Julian Assange. El fundador de WikiLeaks ha pasado ya cinco penosos años en la prisión londinense de Belmarsh, donde continúa una notable, aunque agotadora, campaña contra la petición de extradición de Estados Unidos por 18 cargos, 17 de ellos incongruente y escandalosamente basados en la Ley de Espionaje estadounidense de 1917.
Al igual que las lecturas de los granos de café, sus defensores tomaron la observación como una señal de progreso. Jennifer Robinson, miembro desde hace tiempo del equipo legal de Assange, dijo a Sky News Australia que la «respuesta de Biden es lo que hemos estado pidiendo durante más de cinco años. Desde 2010 llevamos diciendo que se está sentando un precedente peligroso. Así que esperamos que haya sido un comentario serio y que EE. UU. actúe en consecuencia». El redactor jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, consideró «extraordinario» el comentario entre dientes del presidente, y esperaba «ver en los próximos días» si los poderosos ofrecían «aclaraciones sobre lo que esto significa».
El 14 de abril, el Wall Street Journal informó de que Canberra había preguntado a sus homólogos estadounidenses si se podría llegar a un acuerdo de declaración de culpabilidad que permitiera al editor regresar a Australia. «Los fiscales y un abogado de Assange han discutido una serie de posibles acuerdos, incluidos los que incluyen declararse culpable de un delito grave en virtud de la ley de espionaje bajo la que fue acusado, y los de conspirar para manipular indebidamente información clasificada, que sería un delito menor, según han relatado personas familiarizadas con el asunto”.
El mes pasado, el Tribunal Superior del Reino Unido dio lo que sólo puede considerarse una prescripción absurda a la acusación en caso de que quisieran que tuviera éxito. Es improbable que se deniegue la extradición si Assange se acoge a las protecciones que ofrece la Primera Enmienda (aunque rechazando las afirmaciones de que es un periodista legítimo), se le garantiza que no se le perjudicará, tanto durante el juicio como en la sentencia a causa de su nacionalidad, y que no se le impondrá la pena de muerte. El hecho de que se aceptaran tales indicaciones demuestra el carácter un tanto ilusorio de los jueces británicos respecto a sus homólogos estadounidenses.
El 16 de abril, los partidarios de Assange recibieron la confirmación de que la batalla de la extradición, lejos de terminar, continuaría en su atormentadora rutina. Al no querer siquiera considerar la perspectiva de una audiencia completa de los argumentos ya cojos sobre Assange, el Departamento de Estado de EE. UU., casi a la hora, presentó las garantías en una nota diplomática ante la Fiscalía de la Corona (CPS). «Assange», afirmaba la embajada de EE. UU. en Londres con fidelidad imitadora de la fórmula propuesta por el Alto Tribunal, «no se verá perjudicado por razón de nacionalidad respecto a las defensas que pueda tratar de esgrimir en el juicio y en la sentencia».
En caso de ser extraditado, «Assange tendrá la capacidad de plantear y tratar de invocar en el juicio (que incluye cualquier audiencia de sentencia) los derechos y protecciones otorgados en virtud de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos». Una advertencia obvia, y que debe ser observada con cautela por los jueces del Tribunal Superior, seguía: «La decisión sobre la aplicabilidad de la Primera Enmienda es competencia exclusiva de los tribunales estadounidenses».
La embajada estadounidense también prometió que «no se pedirá ni se impondrá una sentencia de muerte a Assange. Estados Unidos puede ofrecer esta garantía, ya que Assange no está acusado de un delito punible con la pena de muerte, y Estados Unidos asegura que no será juzgado por un delito punible con la pena de muerte». Este compromiso no disipa la amenaza de que Assange sea acusado de delitos adicionales, como el espionaje tradicional, y mucho menos de ayudar o ser cómplice de traición, lo que conllevaría pena de muerte.
En 2020, Gordon Kromberg, el fiscal jefe del Departamento de Justicia que está detrás del caso, dijo al Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales que EE. UU. «podría argumentar que los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a la protección de la Primera Enmienda, al menos en lo que se refiere a la información de defensa nacional». También existía la posibilidad de que Assange, al revelar supuestamente los nombres de fuentes de inteligencia estadounidenses poniéndolas así en peligro, también excluyera la posibilidad de que se amparara en dichas protecciones.
Que el celoso Kromberg se ponga al frente de los asuntos en caso de que Assange llegue a las costas estadounidenses es más que preocupante. Abogados y activistas de los derechos civiles le han acusado de utilizar el Tribunal del Distrito Este de Virginia para procesamientos selectivos y malintencionados. Como Murtaza Hussain, de The Intercept, observó con sombría precisión en julio de 2021, «[e]n lugar de ser empujado a la oscuridad por estos esfuerzos, hoy está sirviendo como figura clave en uno de los casos de libertades civiles más importantes del mundo».
El Alto Tribunal también reconoció las opiniones de Kromberg en el juicio sobre la posibilidad de que la Primera Enmienda no cubriera a los ciudadanos extranjeros. «Puede asumirse con justicia que [Kromberg] no habría dicho que la acusación ‘podría argumentar que los ciudadanos extranjeros no tienen derecho a las protecciones de la Primera Enmienda’ a menos que ese fuera un argumento defendible que la acusación tuviera derecho a desplegar con posibilidades reales de éxito». Estas últimas afirmaciones no cambian en nada este hecho.
Una entrada de blog de la esposa de Assange, Stella, proporcionó un resumen ordenado y condenatorio de la nota de la embajada. «Los Estados Unidos han emitido una no garantía en relación con la Primera Enmienda, y una garantía estándar en relación con la pena de muerte. No se comprometen a retirar la anterior afirmación de la fiscalía de que Julian no tiene derechos en virtud de la Primera Enmienda porque no es ciudadano estadounidense. En lugar de ello, EE. UU. se ha limitado a unas flagrantes palabras capciosas afirmando que Julian puede ‘tratar de invocar’ la Primera Enmienda si es extraditado».
Queda por comprobar, en la vista del 20 de mayo, si los jueces están debidamente satisfechos con la última maniobra diplomática, que no es vinculante en ningún sentido tangible o verdadero para los fiscales y jueces estadounidenses. Para Assange, las ruedas de la tortura judicial siguen girando.
Imagen de portada de Paola Breizh – CC BY 2.0
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