Abeer Ayyoub, Enab Baladi, 9 mayo 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Abeer Ayyoub es una periodista independiente que vive en Estambul, Turquía. Anteriormente informó desde Palestina y Jordania. En Twitter: @Abeerayyoub
El 5 de marzo, el Ministerio del Interior libanés puso en marcha una «hoja de ruta» para regular la situación legal de los sirios «desplazados» y el mecanismo para su regreso, ejemplificada en la reunión en la que participaron varios ministros, responsables de seguridad y funcionarios judiciales para tratar el expediente de los presos sirios.
La cuestión de la deportación de los sirios ha dominado el discurso político y de derechos humanos en el Líbano, y en los últimos días se han producido acontecimientos que han vuelto a poner en primer plano la crisis de los refugiados sirios, abordándola tanto desde el punto de vista político como de la seguridad.
Los sitios de noticias libaneses informaron de un intento de suicidio de cuatro presos sirios (entre ellos dos hermanos) en marzo, ahorcándose con mantas en el interior de la prisión central de Roumieh, la mayor del Líbano, en protesta por la deportación de un preso (el hermano de los dos) a Siria por la Seguridad General libanesa tras cumplir una condena de diez años por terrorismo.
Coordinación sirio-libanesa
El primer ministro libanés en funciones, Najib Mikati, presidió el 23 de abril una reunión en la que participaron varios ministros, responsables de seguridad y funcionarios judiciales, para tratar el expediente de los presos y condenados sirios.
La reunión concluyó con el encargo al director general interino de Seguridad General, general de división Elias al-Baysari, de que se comunicara con las autoridades sirias para discutir la posibilidad de que acepten el retorno de los detenidos sirios.
Tras la reunión, el ministro de Justicia, Henri Khoury, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano, confirmó que el problema de los detenidos y condenados sólo puede resolverse comunicándose con el Estado sirio para que los acoja.
Tras la reunión, Mikati llamó a su homólogo sirio, Hussein Arnous, para informarle del encargo de al-Baysari, señalando que no era el primer contacto entre ambos, según informó el diario Al-Akhbar, mientras que el periódico sirio Al-Watan publicó un artículo titulado «Líbano confirma que la solución del problema de los presos sirios pasa por la comunicación con Damasco».
En respuesta a una pregunta sobre los resultados obtenidos por el comité encargado anteriormente del seguimiento de este expediente, el ministro libanés de Justicia afirmó que su labor no se ha detenido «pero sí la comunicación con las autoridades sirias, que se reanudará a través del general de división al-Baysari».
Al-Baysari visitó Damasco en abril de 2023, donde se reunió con varios responsables de seguridad sirios, con el objetivo de coordinar el expediente del retorno de los desplazados sirios.
Extorsión en el expediente de los presos
El director del Centro Cedar de Estudios Jurídicos, el abogado Mohammad Sablouh, acusó al gobierno libanés de extorsión en el expediente de los refugiados sirios con el fin de recaudar dinero.
Sablouh declaró a Enab Baladi que «las prisiones en el Líbano, bajo todos los gobiernos que se han turnado en el poder, nunca han sido una prioridad ni han recibido atención, ni siquiera antes de la crisis económica que azota al país».
Aclaró que la crisis ahora no es una crisis de las prisiones, para que el primer ministro o el ministro del Interior planteen la cuestión de la deportación de los presos sirios, basándose en que su porcentaje es del 35% del total de la población carcelaria, sino que la cuestión es que la presión por esta cuestión es lo que genera la ayuda y, naturalmente, la ayuda recaudada no va a las prisiones.
Sablouh lamentó la feroz campaña racista que algunos partidos libaneses practican contra los refugiados y la explotación que el gobierno hace de este asunto para incitar a la opinión pública libanesa, al considerar que promover la hipótesis de que los refugiados son la razón de las crisis en el Líbano viene a eximirles de responsabilidad frente a la corrupción y a crear enemistad entre libaneses y sirios.
Atribuyó la razón de esta campaña a la conferencia de donantes en Bruselas, señalando que al Líbano se le prometen 400 millones de dólares y que no está en contra de la ayuda que recibe el Líbano, pero que debe condicionarse para asegurar a dónde va a parar, que, según él, en realidad no se gasta ni en libaneses ni en sirios ni en prisioneros.
La campaña también está vinculada a la visita del presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al Líbano, el 2 de mayo, centrada en la cuestión general de los refugiados, en medio de las conversaciones sobre un plan con el Líbano por el que se concederían mil millones de dólares a cambio de reducir la migración a Chipre.
Sablouh señaló que el Líbano está presionando a la comunidad internacional al «hacer la vista gorda» ante las embarcaciones ilegales que parten de las costas libanesas hacia Chipre y luego hacia Europa.
Líbano alega hacinamiento
El ministro libanés de Justicia, Henri Khoury, declaró que el número de sirios detenidos en el Líbano, según las estadísticas del Ministerio del Interior, asciende a unos 2.500. Aclaró que, si las autoridades sirias acceden a readmitir a los condenados entre sus ciudadanos, no habría inconveniente en dejarles cumplir sus penas en cárceles sirias.
Durante una reunión dedicada a debatir la cuestión de los presos sirios, Khoury destacó que «todo el mundo conoce la situación de las cárceles libanesas y el hacinamiento que sufren, que incluye tanto a condenados como a detenidos sirios en espera de juicio».
Por su parte, el abogado Mohammed Sablouh declaró a Enab Baladi que la cifra del 35% mencionada anteriormente por el gobierno libanés es exagerada, aclarando que el número de presos sirios oscila entre 1.700 y 1.800.
Violaciones jurídicas
Sablouh señaló: «Un prisionero sirio, cuyos hermanos intentaron suicidarse en Roumieh, es sólo uno de los muchos que la Seguridad General deporta forzosa y arbitrariamente sin revisar meticulosamente cada caso. Entre los deportados hay personas con sanciones penales y también opositores sirios o desertores militares».
«Nos sorprendieron las violaciones legales cometidas por el Estado libanés, deportando a opositores a zonas bajo control del régimen y las detenciones aleatorias en los puestos de control», dijo, indicando que «esta deportación arroja luz sobre cuestiones penitenciarias que movilizan a la comunidad internacional, ya que el Líbano está obligado por tratados internacionales, incluida la Convención contra la Tortura, que prohíbe deportar a nadie a un país donde pueda sufrir tortura bajo pena de rendir cuentas. No obstante, estas violaciones se producen».
«Estas violaciones contra los deportados no discriminan entre opositores y no opositores, con ausencia de criterios que delimiten el concepto de oposición. Tenemos numerosos relatos de testigos con desapariciones y destinos desconocidos de los entregados al régimen sirio. Y en los casos de presos políticos, nos esforzamos por perseguir legalmente el caso del preso para evitar su deportación, y si fracasamos, planteamos la cuestión en los medios de comunicación.»
Preocupación por los derechos humanos
Las recientes actuaciones oficiales libanesas han aumentado la preocupación de las organizaciones internacionales por la entrega de estos presos al régimen sirio, que coincidió con una amplia campaña encabezada por activistas y políticos libaneses que exigen la deportación de los sirios, junto con una campaña de seguridad dirigida contra los campos de refugiados en busca de armas y contrabando, que ha dado lugar a detenciones sujetas a investigaciones preliminares supervisadas por la judicatura competente.
Estos planes gubernamentales desatan los temores de las entidades de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch (HRW) que, en un informe del 25 de abril, afirmaba que las autoridades libanesas han detenido arbitrariamente, torturado y devuelto por la fuerza a refugiados sirios en los últimos meses, entre ellos activistas de la oposición y militares desertores del ejército sirio.
El activista sirio de derechos humanos Suhaib Abdo habló con Enab Baladi sobre las preocupaciones y temores de los activistas y las organizaciones que defienden los derechos humanos y se ocupan del expediente de los refugiados sirios.
En el marco de la «Campaña Libanesa contra la Discriminación y el Racismo», el activista trabaja para refutar las decisiones y textos jurídicos libaneses relativos a la legislación extranjera y los tratados internacionales ratificados por Líbano, con el fin de presentar una denuncia ante el Consejo de Estado (Tribunal Supremo de Líbano) para detener las deportaciones arbitrarias y forzosas.
Única estadística difundida sobre los presos sirios
«A falta de transparencia por parte del Ministerio del Interior libanés y de la Dirección General de la Seguridad General, y debido a la prohibición impuesta a las organizaciones locales e internacionales de entrar en las cárceles y conocer la realidad de los presos, no se puede determinar la credibilidad de los recuentos oficiales anunciados por el gobierno libanés», declaró el activista de derechos Suhaib Abdo.
Abdo explicó que, según las declaraciones oficiales, «el número de condenados sirios asciende a 350 de un total de 2.535 presos, lo que representa el 31% de la población de las cárceles libanesas, y éstas son las únicas cifras que circulan».
Estos sirios condenados pueden ser deportados y entregados en virtud de un acuerdo que el Líbano firmó con Siria, mientras que el número de detenidos sin que se hayan dictado sentencias contra ellos asciende a 1.500, por lo que es ilegal que el Estado libanés los entregue a Siria, junto con 650 detenidos preventivos no sólo en las prisiones centrales, sino dispersos por comisarías y calabozos, que tampoco pueden ser deportados.
Entre las estadísticas anunciadas hay 600 presos sometidos a juicio, que pueden considerarse opositores políticos, dados los delitos que se les imputan relacionados con el terrorismo. Abdo aclaró que «estos cargos son motivo de preocupación y podemos decir que son aleatorios y especulativos, y nos basamos para defenderlos específicamente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984, que el Líbano ha ratificado».
Pésimas condiciones en las cárceles
Numerosos informes de investigación y estudios sobre los derechos humanos han hablado de las pésimas condiciones de las cárceles libanesas, con un nivel de atención sanitaria deplorable, en medio de la negligencia del gobierno a la hora de pagar las facturas debidas, lo que amenaza el suministro de alimentos a las prisiones.
El abogado Mohammed Sablouh señaló que «las prisiones son absolutamente inhumanas, y han sido testigo de protestas y sentadas de presos a lo largo de los años debido a las malas condiciones de vida, alimentación y nivel sanitario».
Según Sablouh, se han registrado decenas de muertes debido a la negligencia médica y a que los ministerios de Interior y Defensa no han cubierto los gastos médicos.
Con arreglo a un informe de Human Rights Watch publicado en agosto de 2023, las familias de los presos se quejaron de que la comida dentro de las cárceles era «insuficiente y de tan mala calidad que a menudo no era apta para el consumo».
Amnistía Internacional alertó en un informe publicado en junio de 2023 del duplicado del número de muertes en centros de detención y prisiones libanesas en 2022 en comparación con 2018, antes de que comenzara la crisis económica.
Medidas arbitrarias
En cuanto a la deportación aleatoria de sirios en el Líbano, el Access Center for Human Rights documentó en un informe publicado en enero de 2024 1.080 casos de detención arbitraria y 763 casos de deportación forzosa a Siria desde principios de 2023 hasta el 30 de diciembre del mismo año.
Las autoridades sirias cometieron violaciones como detenciones y encarcelamientos arbitrarios, «en algunos casos, los refugiados fueron sometidos a desaparición forzada, tortura y malos tratos, y los que cumplían los requisitos para el servicio militar obligatorio o de reserva fueron obligados a alistarse en el ejército sirio».
Muchos sirios que huyeron de la guerra se enfrentan a graves abusos y violaciones de derechos humanos a su regreso a Siria, según un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 13 de febrero.
El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en el Líbano, Dalal Harb, pidió que «se respeten los principios del derecho internacional, garantizando la protección de los refugiados en el Líbano frente al retorno forzoso», y señaló que la Comisión «sigue seriamente los informes al respecto».
Los planes del gobierno libanés de deportar a refugiados sirios se basan en que el Líbano no ha firmado la Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, lo que otorga a los sirios el estatuto de «desplazados» y no de «refugiados», privándoles así de sus derechos, incluida la protección legal frente a la deportación.
Declaraciones que fomentan las violaciones
El ministro libanés de Desplazamiento, Issam Sharaf al-Din, clasificó a los sirios diciendo: «Hay tres categorías de presencia siria: trabajadores, artesanos y propietarios de negocios, desplazados que huyen de la guerra civil y desplazados por motivos económicos, y refugiados políticos opositores y portadores de armas», según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa.
Mencionó que «los refugiados políticos opositores y portadores de armas tienen opciones, ya sea beneficiarse de los indultos presidenciales y regresar a Siria, o ser deportados a un tercer país en virtud de las normas y acuerdos internacionales, presionando a los obstruccionistas que son los países donantes -Estados Unidos y Europa Occidental- y la Agencia de la ONU para los Refugiados no comprometida con las normas y tratados internacionales relativos a la acogida de refugiados sirios», dijo.
Añadió que «se han preparado listas de las personas que desean regresar y se han entregado al director general de la Seguridad General libanesa, y después a la Seguridad Nacional siria, a la espera de que se verifiquen los nombres y de una pronta respuesta».
El abogado Mohammed Sablouh declaró a Enab Baladi: «Estas declaraciones de funcionarios libaneses perpetúan el racismo e incitan a la opinión pública libanesa, creando lo que parece un estímulo y una tapadera para que las fuerzas de seguridad y el ejército deporten arbitrariamente a los sirios y afiancen los casos de violaciones contra los sirios deportados».
Foto de portada: Refugiados sirios preparándose para abandonar su campamento en el Líbano con destino a Siria el 26 de octubre de 2022 (AFP).
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