Jeffrey St. Clair, CounterPunch.org, 17 mayo 2024

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Jeffrey St. Clair es editor de CounterPunch. Su libro más reciente es An Orgy of Thieves: Neoliberalism and Its Discontents (junto a Alexander Cockburn). Se puede contactar con él en: sitka@comcast.net  o en Twitter @JeffreyStClair3. 

Estados Unidos es desde hace tiempo el mayor comerciante de armas de Israel. Durante los últimos cuatro años, EE. UU. ha suministrado a Israel el 69% de sus armas importadas, desde F-35 a municiones químicas (fósforo blanco), proyectiles para tanques o bombas de precisión. A pesar de ello, la administración Biden afirma no saber cómo se utilizan estas armas, ni siquiera cuando mutilan y matan a ciudadanos estadounidenses.

Desde el comienzo de la última guerra contra Gaza, Estados Unidos ha tenido en Israel a funcionarios del Departamento de Defensa y de la CIA ayudando a los israelíes en labores de inteligencia, logística, selección de objetivos y evaluación de los daños causados por las bombas. Aun así, la administración Biden afirma no tener ninguna prueba fehaciente de que las armas que ha transferido a Israel se hayan utilizado para masacrar a civiles, torturar a detenidos o restringir el flujo de ayuda humanitaria a los civiles palestinos hambrientos, deshidratados y enfermos.

Bajo la presión de Bernie Sanders, Chris Van Hollen, Jeff Merkeley y otros congresistas demócratas, en febrero, el presidente emitió el Memorando de Seguridad Nacional 20 (NSM-20, o «Memorando de Seguridad Nacional sobre Salvaguardias y Rendición de Cuentas con respecto a Artículos de Defensa y Servicios de Defensa Transferidos»), que ordenaba al Departamento de Estado «obtener ciertas garantías creíbles y fiables por escrito de los gobiernos extranjeros que reciban artículos de defensa [estadounidenses] y, en su caso, servicios de defensa» de que cumplirán la legislación estadounidense e internacional. La NSM-20 también exige a los Departamentos de Estado y Defensa que informen al Congreso en un plazo de 90 días sobre el grado de cumplimiento de sus garantías por parte de dichos socios: «Evaluación de cualquier informe o alegación creíble de que los artículos de defensa y, en su caso, los servicios de defensa, se han utilizado de manera no conforme con el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario». El informe NSM-20 también exigía a la administración Biden que evaluara si Israel ha cooperado plenamente con los esfuerzos internacionales y apoyados por el Gobierno de Estados Unidos para proporcionar ayuda humanitaria en la zona de conflicto. Se saltaron el límite de los 90 días por dos días, probablemente para retrasar la publicación del informe a última hora de un viernes por la tarde, una zona muerta tradicional para las noticias que se quieren enterrar.

Desde el 7 de octubre, la administración Biden ha aprobado más de 100 transferencias de armas de Ventas Militares Extranjeras a Israel. Dos de los envíos se sirvieron de una autoridad de emergencia para eludir la revisión del Congreso. La oleada de transferencias de armas a Israel comenzó a principios de octubre y se estaba enviando tanto material que el Pentágono tuvo dificultades para encontrar suficientes aviones de carga para entregarlas. Mientras que el Pentágono detalla regularmente las armas enviadas a Ucrania, sólo ha publicado dos actualizaciones sobre el tipo y la cantidad de armas enviadas a Israel. Pero esos dos informes, ambos publicados en diciembre, sugieren que las armas incluían proyectiles de artillería, munición para tanques, sistemas de defensa aérea, munición guiada de precisión, armas pequeñas, misiles Hellfire utilizados por drones, proyectiles de cañón de 30 mm, dispositivos de visión nocturna PVS-14 y cohetes desechables (aunque probablemente no biodegradables) disparados desde el hombro. A finales de octubre, se realizó una venta a Israel que incluía kits JDAM por valor de 320 millones de dólares para convertir bombas «tontas» no guiadas en municiones guiadas por GPS. Esto se sumó a una venta anterior de los mismos sistemas de guía por valor de 403 millones de dólares. Sólo entre el 7 de octubre y el 29 de diciembre, los envíos de armas estadounidenses a Israel incluyeron 52.229 proyectiles de artillería M795 de 155 milímetros, 30.000 cargas propulsoras M4 para obuses, 4.792 proyectiles de artillería M107 de 155 milímetros y 13.981 cartuchos para tanques M830A1 de 120 milímetros.

Durante años, Estados Unidos ha mantenido un arsenal militar encubierto de armas en Israel para su uso en operaciones estadounidenses por todo Oriente Próximo. En un movimiento extraordinario, la administración Biden dio a las fuerzas israelíes acceso a estas municiones, incluidas las bombas de 1.000 kilos que se han utilizado para destruir las ciudades de Gaza. Según los informes, Estados Unidos ha transferido al menos 5.000 «bombas tontas» de 1.000 kilos a Israel desde el 7 de octubre.

Estas transferencias y ventas de armas se realizan en gran medida en virtud de un acuerdo de 2016 llevado a cabo por la administración Obama que comprometió a Estados Unidos a dar a Israel al menos 38.000 millones de dólares en armas durante 10 años. En marzo, cuando la cifra oficial de muertos en Gaza ya había superado los 30.000, el Departamento de Estado autorizó la transferencia de 25 aviones de combate F-35A y motores por un valor aproximado de 2.500 millones de dólares. A este acuerdo le siguió rápidamente en abril la autorización de Biden para la venta de 50 cazas F-15 a Israel por un precio total de venta al público de 18.000 millones de dólares. Más tarde, en abril, Biden firmó un paquete de ayuda que enviará a Israel 15.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar.

Ninguna de las transferencias iba acompañada de condiciones sobre el uso que se podía dar a las armas. De hecho, el portavoz de Biden en el Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, afirmó en repetidas ocasiones que la Casa Blanca no había impuesto «ninguna línea roja» a las ofensivas israelíes en Gaza y el sur del Líbano. Según un análisis del Washington Post, sólo durante los primeros 45 días de la guerra el ejército israelí lanzó sobre Gaza más de 22.000 municiones fabricadas en Estados Unidos.

La administración Biden se había arrinconado a sí misma porque las «líneas rojas» ya estaban en los libros. Y no era sólo el derecho internacional, por el que la Administración Biden rutinariamente sólo muestra desprecio cuando se aplica a EE. UU. y sus aliados, el que prohíbe la venta de armas a países que violan el derecho humanitario, sino varias leyes estadounidenses, así como las propias políticas ejecutivas internas de Biden.

La legislación y la normativa estadounidenses, así como su política de Transferencia de Armas Convencionales, exigen retener la ayuda militar cuando nuestras transferencias de armas se utilicen en contra del derecho humanitario internacional, entre ellas:

+ La «ley Leahy» (22 U.S. Code § 2378d) exige el corte automático de la ayuda de seguridad estadounidense a las unidades militares extranjeras implicadas de forma creíble en graves violaciones de los derechos humanos.

+ El artículo 502B de la Ley de Ayuda Exterior prohíbe a Estados Unidos proporcionar ayuda de seguridad a cualquier gobierno que participe en un cuadro persistente de violaciones graves de los derechos humanos.

+ El artículo 620I de la Ley de Ayuda Exterior «… prohíbe a Estados Unidos proporcionar ayuda de seguridad o venta de armas a cualquier país cuando el presidente tenga conocimiento de que el gobierno prohíbe o restringe de otro modo, directa o indirectamente, el transporte o la entrega de ayuda humanitaria de Estados Unidos».

+ La política de Transferencia de Armas Convencionales (CAT, por sus siglas en inglés) de la administración Biden, publicada en 2023, estipula que Estados Unidos no transferirá armas cuando sea «más probable que no» que esas armas se utilicen para cometer, facilitar la comisión o agravar el riesgo de violaciones graves del derecho internacional humanitario o de los derechos humanos, entre otras violaciones especificadas.

+ En 2022, la Administración Biden, junto con más de otras 80 naciones, firmó una declaración conjunta sobre Armas Explosivas en Zonas Pobladas (EWIPA, por sus siglas en inglés), en la que los firmantes declaraban «condenar enérgicamente todo ataque dirigido contra civiles, otras personas protegidas y bienes de carácter civil, incluidos los convoyes de evacuación de civiles, así como el bombardeo indiscriminado y el uso indiscriminado de armas explosivas», que son incompatibles con el derecho internacional humanitario.

Así pues, ¿cómo va a salir Biden de este dilema?

Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos admitió con cautela que era «razonable evaluar» que Israel utilizó armas suministradas por Estados Unidos en casos que, según dijo, podrían ser «incompatibles» con las obligaciones del derecho internacional humanitario y con el memorando de seguridad nacional de Estados Unidos de febrero de 2024, que exige a los gobiernos extranjeros que garanticen que no violarán los derechos humanos con armas compradas a Estados Unidos, concluyó que no tenía ninguna prueba fehaciente de que ese fuera el caso. Y lo que es más irrisorio, el informe del Departamento de Estado afirmaba que aceptaba como «creíbles y fiables» las garantías de Israel de que utilizaría las armas estadounidenses de acuerdo con la ley, dada la falta de información completa para verificar que las armas estadounidenses se utilizaron definitivamente en casos concretos. La administración tampoco consideró que Israel hubiera obstruido intencionadamente la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, al menos no durante la semana en que se publicó el informe, que parece ser prácticamente todo lo que tuvieron en cuenta.

Mientras que el NSM-20 ordenaba al Departamento de Estado que investigara «cualquier informe o alegación creíble» sobre el posible uso indebido de armamento estadounidense por parte del gobierno israelí, el equipo de Blinken sólo abordó 10 incidentes y de forma superficial. A la hora de abordar si Israel había aplicado las «mejores prácticas» para limitar los daños a civiles durante sus operaciones militares en zonas urbanas densamente pobladas, el informe de Blinken no identificó ni examinó ningún caso concreto, limitándose a citar la anodina conclusión de la Comunidad de Inteligencia estadounidense de que Israel «podría hacer más» para evitar víctimas civiles.

Según Akbar Shahid Ahmed, del Huffington Post, dos altos ayudantes de Biden, Jack Loew (embajador en Israel) y David Satterfield (enviado humanitario a Gaza), desempeñan un papel decisivo a la hora de suavizar las críticas del informe a Israel, especialmente en lo que respecta a la restricción del flujo de ayuda a Gaza. Un funcionario del Departamento de Estado a Amar: «El trabajo de Satterfield consistía en encubrir a Israel».

Las pruebas de la matanza masiva de civiles por parte de Israel, el bombardeo de objetivos no militares e infraestructuras civiles, el asesinato de trabajadores humanitarios y personal médico, y el retraso, obstrucción y restricción de la ayuda humanitaria son abrumadoras y han sido meticulosamente documentadas desde octubre por la ONU, así como por organizaciones humanitarias y de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Oxfam y Human Rights Watch. Si el Departamento de Estado no podía obtener las propias evaluaciones de la CIA y el Pentágono, podría haber consultado y evaluado los informes elaborados por estas organizaciones. Pero, como señaló Chris Van Hollen: «Estos informes independientes subrayan una tendencia preocupante: la Administración cita la importante labor de estas organizaciones cuando le conviene, pero las ignora cuando no».

Por tanto, revisemos el expediente siguiendo simplemente el vuelo de los misiles, ¿de acuerdo?

• El 7 de octubre, día de los ataques de Hamás, Israel cortó la electricidad que suministra a Gaza, la principal fuente de energía de la Franja. La energía permaneció cortada al menos hasta marzo.

• El 7 de octubre de 2023, Nidal al-Waheidi y Haitham Abdelwahed, periodistas palestinos de Gaza, fueron detenidos por las fuerzas ocupantes israelíes mientras informaban sobre el ataque dirigido por Hamás en el sur de Israel. Más de siete meses después, las autoridades israelíes siguen negándose a revelar su paradero o los motivos y razones legales de su detención.

• En octubre, Israel utilizó municiones de ataque directo conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) de fabricación estadounidense en dos mortíferos ataques contra viviendas palestinas en la Franja de Gaza ocupada en los que murieron 43 civiles: 19 niños, 14 mujeres y 10 hombres.

• El 9 de octubre, un ataque aéreo del ejército de Israel contra el campo de refugiados de Yabalia destruyó varios edificios de varias plantas y mató al menos a 39 personas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, por sus siglas en inglés) no encontró ningún objetivo militar específico ni informes de advertencias antes del ataque.

• El 9 de octubre de 2023, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, anunció un «asedio completo» de Gaza: «Estamos imponiendo un asedio total [a Gaza]. No hay electricidad, ni alimentos, ni agua, ni combustible: todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos, y actuamos en consecuencia». La política de asedio fue reafirmada el 18 de octubre de 2023 por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien declaró que «no permitiremos la entrada de ayuda humanitaria en forma de alimentos y medicinas desde nuestro territorio a la Franja de Gaza». Durante los 12 días siguientes, Israel cerró todos los puntos de acceso a Gaza y bombardeó repetidamente el paso fronterizo de Rafah con Egipto. El asedio total impone un castigo colectivo a todos los residentes de Gaza y viola la Sección 620I de la Ley de Ayuda Exterior.

• El 10 de octubre, un ataque aéreo del ejército israelí derribó un edificio en el distrito de Sheij Radwan de la ciudad de Gaza, matando al menos a 40 civiles. Según Amnistía Internacional, un miembro de Hamás vivía en uno de los pisos del edificio, pero no estaba presente en el momento del bombardeo. Ese mismo día, un ataque aéreo israelí contra una vivienda en Deir al-Balah mató a 21 miembros de la familia al-Najjar, así como a tres vecinos. La investigación de Amnistía Internacional halló indicios de que en el letal ataque se utilizó una bomba de 1.000 kilos equipada con una Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) con un kit de guía. No había indicios de que hubiera objetivos militares legítimos en la zona.

• El 11 de octubre, la única central eléctrica de Gaza se quedó sin reservas de combustible, después de que Israel bloqueara la entrada de combustible en la Franja.

• El 13 de octubre, un ataque de tanques israelíes en el sur de Líbano mató al periodista de Reuters Isam Abdallah, hirió gravemente a la fotógrafa de AFP Christina Assi e hirió a otros cinco reporteros, entre ellos un ciudadano estadounidense. Según una investigación de Human Rights Watch, los disparos israelíes fueron «aparentemente un ataque deliberado contra civiles, lo que constituye un crimen de guerra».

• El 16 de octubre, las fuerzas israelíes lanzaron fósforo blanco estadounidense en un ataque contra Dhayra, en el sur del Líbano, de forma contraria al derecho internacional humanitario, que causó heridas al menos a nueve civiles y daños en edificios civiles. El Ministerio de Medio Ambiente libanés ha declarado que al menos 6,82 kilómetros cuadrados de terreno resultaron quemados en ataques de las fuerzas israelíes, en gran parte como consecuencia del fósforo blanco. Una investigación de The Washington Post descubrió que el ejército israelí utilizó munición de fósforo blanco suministrada por Estados Unidos en los ataques.

• El 19 de octubre, un ataque aéreo israelí destruyó un edificio del recinto de la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio, en el corazón del casco antiguo de Gaza, donde se albergaban unos 450 desplazados internos de la pequeña comunidad cristiana de Gaza. El ataque mató a 18 civiles e hirió al menos a otros 12.

• El 19 de octubre, las fuerzas israelíes llevaron a cabo dos ataques aéreos contra la casa de la familia Saqallah en Sheij Ajleen, cerca de Tal-Hawa, en el oeste de la Franja de Gaza, donde la extensa familia se había reunido para refugiarse. Todos los ocupantes de la casa murieron, incluidos 4 niños y 4 médicos.

• El 20 de octubre, 28 civiles, entre ellos 12 niños, murieron por un ataque israelí que destruyó la casa de la familia al-Aydi y dañó gravemente dos casas cercanas en el campo de refugiados de al-Nuseirat. Las viviendas se encontraban en una zona del centro de la Franja de Gaza a la que el ejército israelí había ordenado trasladarse a los residentes del norte de Gaza.

• El 21 de octubre, Israel sólo permitió que pasaran por el paso fronterizo de Rafah a Gaza 20 camiones cargados de ayuda humanitaria, con suministros como comida, agua, forraje para animales, material médico y combustible. En cambio, antes del 7 de octubre, la población de Gaza recibía cada día una media de 500 camiones cargados de alimentos, agua, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Meses después, cuando Israel abrió finalmente los pasos fronterizos de Rafah y Kerem Shalom, su ejército impuso un sistema de inspección arbitrario y restrictivo que provocó una congestión masiva y largas colas de hasta 2.000 camiones. Incluso ahora, los camiones humanitarios tardan una media de 20 días en viajar desde el punto de inspección israelí de Al Arish hasta Gaza.

• El 22 de octubre de 2023, un ataque aéreo israelí contra una vivienda en Deir al-Balah mató a 18 miembros de la familia Mu’ei-leq -12 niños y 6 mujeres-, así como a un vecino. Amnistía Internacional determinó que la vivienda había sido alcanzada por una bomba de 500 kilos equipada con una Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM, por sus siglas en inglés) con sistema de guía.

• Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, las fuerzas israelíes dirigieron sus ataques aéreos contra varios hospitales y clínicas, entre ellos el Hospital de la Amistad Turco-Palestina, el Hospital Indonesio y el Centro Oftalmológico Internacional. Los hospitales gozan de protección en virtud del derecho internacional humanitario, y sólo pierden su protección frente a los ataques si se utilizan para cometer «actos perjudiciales para el enemigo», aunque siguen siendo necesarias la advertencia, la proporcionalidad y la distinción.

• El 25 de octubre, los ataques aéreos israelíes diezmaron el barrio de Al Yarmuk, destruyendo siete torres residenciales. Sólo en la torre residencial Al Taj, el bombardeo mató a 91 palestinos, entre ellos 28 mujeres y 39 niños.

• El 31 de octubre, un ataque aéreo de las FDI tuvo como objetivo un edificio de apartamentos de seis plantas cerca del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza. En el bombardeo murieron al menos 106 civiles, entre ellos 54 niños. Las autoridades israelíes no justificaron el ataque. Human Rights Watch no encontró pruebas de que hubiera un objetivo militar en las inmediaciones del edificio en el momento del ataque.

• El 5 de noviembre, un ataque de las fuerzas israelíes contra una familia en un coche en el sur del Líbano el 5 de noviembre que mató a tres niñas, de 10, 12 y 14 años, y su abuela. Human Rights Watch no encontró pruebas de un objetivo militar en las inmediaciones del coche que fue golpeado, en el que sólo había civiles huyendo. Según Human Rights Watch, el ataque contra el coche mostró «un desprecio imprudente por parte de los militares israelíes de su obligación de distinguir entre objetos civiles y militares y un fracaso significativo a la hora de tomar las salvaguardias adecuadas para evitar la muerte de civiles».

• El 3 de noviembre, un ataque aéreo israelí contra una ambulancia señalizada frente al hospital Al Shifa causó 21 muertos, entre ellos cinco niños, y 60 heridos. Las ambulancias son objetos civiles protegidos por el derecho internacional humanitario y no pueden ser blanco de ataques cuando se utilizan para tratar a personas heridas y enfermas, tanto civiles como combatientes. Un portavoz del ejército de Israel racionalizó el ataque en una entrevista televisiva diciendo: «Nuestras fuerzas vieron que los terroristas utilizaban ambulancias como vehículo para desplazarse. Percibieron una amenaza y en consecuencia atacamos esa ambulancia». Human Rights Watch no encontró pruebas de que la ambulancia atacada estuviera siendo utilizada con fines militares, sino que verificó un vídeo en el que se veía a una mujer en una camilla dentro de la ambulancia.

• En diciembre de 2024, ataques aéreos israelíes destruyeron varios edificios en el campo de refugiados de Al Maghazi, matando al menos a 68 personas. Un oficial militar israelí admitió a la emisora pública Kan de Israel que «el tipo de munición no se correspondía con la naturaleza del ataque, lo que causó grandes daños colaterales que podrían haberse evitado».

• Desde el 1 de enero hasta el 12 de febrero, más de la mitad de las misiones de ayuda humanitaria previstas al norte de Gaza fueron obstaculizadas por las autoridades israelíes. Las restricciones incluían: no garantizar un paso seguro; no abrir rutas adicionales al norte de Gaza; retrasos excesivos; y denegación total del acceso por parte del ejército israelí.

• El 9 de enero de 2024, un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio de apartamentos de cinco plantas perteneciente a la familia Nofal en el barrio de Tal Al-Sultan, en Rafah. En el ataque murieron 18 civiles, entre ellos 10 niños, cuatro hombres y cuatro mujeres. Al menos otros ocho resultaron heridos. Un análisis de los fragmentos de la bomba realizado por Amnistía Internacional identificó el arma como una bomba de pequeño diámetro GBU-39 guiada con precisión, fabricada en Estados Unidos por Boeing.

• El 29 de enero de 2024, el ejército israelí atacó un automóvil en el que viajaba la familia de Hind Rajab, una niña palestina de 6 años, en la zona identificada posteriormente como Tel Al-Hawa, en la ciudad de Gaza. La mayor parte de su familia murió en el ataque inicial, dejando a Hind con vida entre los cadáveres de sus seis parientes. Dos médicos de la Media Luna Roja Palestina fueron enviados a rescatar a Hind, que podría haber muerto por fuego israelí antes de que llegaran. También fueron atacados y murieron. Su ambulancia fue arrollada por tanques israelíes. The Washington Post identificó en el lugar de los hechos un fragmento de proyectil de 120 mm de fabricación estadounidense.

• El 2 de febrero, un buque de la marina israelí disparó contra un convoy del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés) que esperaba entrar en el norte de Gaza por la carretera de Al Rashid.

• El 13 de febrero, se reveló que el ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, había estado bloqueando la entrega de un cargamento de harina financiado por Estados Unidos en el puerto de Ashdod desde al menos el 19 de enero de 2024, a pesar de que Netanyahu había asegurado a Biden que se permitiría la entrada del cargamento en Gaza.

• El 16 de febrero, la producción de agua en Gaza había caído a sólo el 5,7% de lo que era antes de que comenzara la guerra, lo que ha provocado casos de deshidratación grave, así como el brote de enfermedades, como la hepatitis A y diarrea. Desde noviembre, la población del norte de Gaza no ha tenido acceso a agua potable, mientras que desde marzo la población del sur de Gaza sólo ha tenido una media de dos litros de agua al día.

• El 24 de marzo de 2024, con el norte de Gaza al borde de la hambruna, las autoridades israelíes comunicaron a las Naciones Unidas que ya no aprobarían el paso de ningún convoy de alimentos de la UNRWA al norte de Gaza. Ese mismo día, las fuerzas israelíes dispararon contra las personas que esperaban la distribución de alimentos en un lugar situado en la rotonda de Kuwait.

• El 1 de abril, un ataque aéreo israelí mató a siete trabajadores humanitarios de la World Central Kitchen en tres ataques aéreos distintos contra vehículos con el logotipo de la WCK en una calle «designada para el paso de ayuda humanitaria». Los tres coches fueron alcanzados uno a uno y aparecieron destruidos a casi kilómetro y medio de distancia. Los ataques fueron autorizados por un coronel y supervisados por un mayor.

Del informe de la Independent Task Force on NSM-20, escrito por Noura Erakat y el exfuncionario del Departamento de Estado Josh Paul: «Aunque Israel ha atribuido las 34.000 víctimas palestinas, el 70% de las cuales son mujeres y niños, al supuesto escudo humano de Hamás, descubrimos que en 11 de los 16 incidentes que analizamos, Israel ni siquiera identificó públicamente un objetivo militar ni intentó justificar el ataque. De los cinco incidentes restantes, Israel nombró públicamente objetivos con verificación en dos incidentes, pero no se dio ninguna advertencia preventiva y evaluamos que el daño civil anticipado era conocido y excesivo».

Desde que Blinken publicó su informe reafirmando su confianza en que Israel utilizará su arsenal estadounidense de forma responsable, Israel ha cerrado el paso fronterizo de Rafah, ha obligado a más de 500.000 personas a abandonar la ciudad, ha comenzado a bombardear de nuevo el ya destrozado campo de refugiados de Yabalia, ha alcanzado un camión de ayuda de la ONU con un ataque de un avión no tripulado, ha dejado a 20 médicos estadounidenses varados en el hospital sin agua y ha permanecido impasible mientras centenares de colonos y paramilitares israelíes destruían los suministros de un convoy humanitario e incendiaban dos de los camiones.

En respuesta a estas nuevas atrocidades, Biden aprobó una nueva transferencia de 1.200 millones de dólares de armamento, en su mayor parte terrestre (700 millones en munición para tanques, 500 millones en vehículos tácticos y 60 millones en cartuchos de mortero) a Israel, que seguramente llegará como una bienvenida recompensa cuando las fuerzas israelíes crucen otra imaginaria línea roja en su asalto terrestre a Rafah.

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Foto de portada: Misiles JDAM guiados (Departamento de Defensa de EE. UU.).

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