Aisha Maniar, Truthout, 28 mayo 2024

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Aisha Maniar es una activista de derechos humanos residente en Londres que trabaja con la London Guantánamo Campaign y otras organizaciones, en temas relacionados principalmente con los derechos de los presos y las minorías y la tortura.

El 7 de mayo, Estados Unidos repatrió a 11 ciudadanos estadounidenses, entre ellos cinco niños, y a un menor nacido en el extranjero. Habían estado detenidos en el noreste de Siria, donde alrededor de 56.000 prisioneros sirios y extranjeros de la guerra de una década de la coalición liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico permanecen retenidos por grupos armados respaldados por Estados Unidos, incluidas las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Se trata de la «mayor repatriación de ciudadanos estadounidenses desde el noreste de Siria hasta la fecha», según el Departamento de Estado de EE. UU., con lo que el número total de ciudadanos estadounidenses repatriados asciende a 51. Todavía quedan 25. Una de las ciudadanas estadounidenses repatriadas el 7 de mayo fue detenida a su llegada al aeropuerto John F Kennedy de Nueva York y encarcelada «bajo acusaciones de haber sido entrenada en el uso de armas de fuego por militantes en Siria».

Además, el 7 de mayo, Estados Unidos también «facilitó la repatriación de seis ciudadanos canadienses, cuatro ciudadanos holandeses y un ciudadano finlandés, entre ellos ocho niños». Según informaciones, diez de los ciudadanos estadounidenses pertenecen a la misma familia y entre ellos hay cinco menores. Conforme a las mismas fuentes, los ciudadanos canadienses son seis hermanos menores cuya madre permanece en Siria.

Con los recientes esfuerzos por reducir la población de los grandes campos que albergan a mujeres y niños detenidos, las repatriaciones estadounidenses siguen a medidas similares adoptadas por otros países. Esto incluye la liberación de cientos de mujeres y niños sirios a sus lugares de origen en otras partes del país, y la de unas 700 mujeres y niños iraquíes. Estas dos nacionalidades constituyen la mayoría de todos los detenidos. Rusia repatrió asimismo a 32 menores. Según las Naciones Unidas, la gran mayoría, es decir, «el 77% de los repatriados son mujeres y niños» del noreste de Siria, lo que suscita preocupación por los detenidos varones adultos que siguen estancados en un remedo de limbo.

La última ronda de repatriaciones se produce tras un informe de Amnistía Internacional de abril de 2024 en el que se concluía que los detenidos, en su mayoría niños, «están siendo detenidos de forma arbitraria e indefinida y desaparecidos forzosamente», en condiciones inhumanas en las que han sido «sometidos a tortura u otros malos tratos, incluidas palizas graves, posturas de tensión, descargas eléctricas y violencia de género». En un centro, Sini, esto «ha provocado la muerte de cientos de personas».

Amnistía también señaló un brote de tuberculosis no tratada en Panorama, otro centro de detención para niños y hombres, que causó, de media, la muerte de uno o dos detenidos a la semana en 2023. El brote de tuberculosis se señaló también en un informe de julio de 2023 derivado de una visita técnica de Fionnuala Ní Aoláin, entonces relatora especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo. Ní Aoláin expresó su profunda preocupación por la «detención arbitraria masiva e indefinida de niños» en diversos centros.

Según Amnistía, los «29.000 niños de los campos representan la mayor concentración de niños privados arbitrariamente de libertad en todo el mundo».

El informe de Ní Aoláin concluyó que «las condiciones de reclusión en ambos campos [el de Sini y el de Panorama] constituyen una detención masiva arbitraria e indefinida sin proceso legal o judicial». Además, el informe de Amnistía concluyó que las «autoridades autónomas respaldadas por Estados Unidos han cometido graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, algunas de las cuales equivalen a crímenes de guerra». Amnistía descubrió también que Estados Unidos y sus aliados de la coalición «han desempeñado un papel fundamental» en todo el sistema de detención en el noreste de Siria, incluida la financiación de cientos de millones de dólares para las Fuerzas de Autodefensa durante la última década y la supervisión de las condiciones de detención y los acuerdos con los Estados sobre el traslado y la repatriación de los detenidos.

Ambos informes piden que se aborden urgentemente la detención arbitraria y las condiciones inhumanas de los detenidos y se ajusten al derecho internacional. Ambos ponen de relieve la persistente falta de garantías procesales y rendición de cuentas y la continua injusticia de los procesos de detención arbitraria en el marco de la guerra contra el terror. El informe de Amnistía señala que entre los detenidos hay víctimas y supervivientes de los crímenes del Estado Islámico, entre ellos miembros de la comunidad yezidí de Iraq y niños víctimas de trata como soldados. Aunque entre los detenidos hay muchos presuntos miembros del Estado Islámico, ninguno ha sido acusado de ninguno de los graves crímenes de guerra imputados al Estado Islámico.

Detenciones arbitrarias masivas sin fin

En relación con las mujeres extranjeras detenidas, Ní Aoláin declaró: «No podemos retener a 10.000 personas en una jaula donde nadie ve lo que les ocurre a ellas y a sus hijos; es fundamentalmente inaceptable desde cualquier punto de vista de un trato civilizado y humano de las personas en condición de detención». Sin embargo, una década después del inicio de este conflicto, no parece haber ningún propósito real detrás de la detención arbitraria masiva de decenas de miles de hombres, mujeres y niños; ningún funcionario se ha molestado siquiera en evaluar el riesgo que los detenidos pueden suponer para la seguridad.

Además de debilitar el Estado de derecho en todo el mundo, estas detenciones arbitrarias no hacen sino alimentar la interminable sed de sangre del complejo militar-industrial estadounidense y crear un vacío legal que perpetúa nuevas violaciones de derechos humanos y cada vez más víctimas.

Esta situación no carece de precedentes en este milenio, dado que Estados Unidos y sus aliados detuvieron arbitrariamente a innumerables hombres, mujeres y niños durante las guerras de Afganistán e Iraq y mediante el programa de entregas extraordinarias de la Agencia Central de Inteligencia.

El secretario de Estado Antony Blinken ha declarado que «la única solución duradera a la crisis humanitaria y de seguridad en los campos de desplazados y centros de detención del noreste de Siria es que los países repatríen, rehabiliten, reintegren y, cuando proceda, garanticen la rendición de cuentas por los delitos cometidos». Sin embargo, la declaración de Blinken pasa por alto la situación más cercana de Guantánamo, otro centro de detención arbitraria de Estados Unidos, donde permanecen 30 presos después de 22 años. La mayoría de los presos de Guantánamo han sido puestos en libertad y nunca han sido acusados ni juzgados. Tras el traslado de tres presos a principios de 2023, se paralizaron otras medidas, y la NBC informó de que el posterior traslado previsto de 11 presos yemeníes quedó en suspenso tras los sucesos del 7 de octubre de 2023 en Israel y los Territorios Ocupados, sin que haya nueva fecha ni calendario para reanudar estos traslados. Los juicios por comisión militar también son arbitrarios y están muy por debajo de las normas internacionales, en particular de la prohibición del uso de la tortura.

Agujeros negros legales

Es poco probable que la detención arbitraria en el noreste de Siria, y mucho menos en Guantánamo, figure en el ciclo electoral presidencial estadounidense de este año. No ha sido un tema electoral desde 2008, y sin duda fue ignorado en 2020. Pero esconder bajo la alfombra la vida de miles de personas no las hace desaparecer, como tampoco lo hace la búsqueda de justicia cuando se niega, como en los casos de las guerras de Iraq y Afganistán.

La sentencia de mayo de 2024 sobre la nulidad del juicio en un caso juzgado 20 años después de que salieran a la luz los abusos a prisioneros estadounidenses en la prisión iraquí de Abu Ghraib es ilustrativa. A menudo se cita la detención en Abu Ghraib como la que sentó las bases para el nacimiento del Estado Islámico. Como dice el profesor de Derecho Andrew Keane Woods, «Estados Unidos parece tener un don para crear, incubar y entrenar a sus futuros enemigos». Pero a muchas de las víctimas de Abu Ghraib no les gusta la guerra: prefieren la justicia. Las tres víctimas que han interpuesto el caso, a las que se les ha denegado un veredicto en su caso contra el contratista militar CACI, no se rinden y están intentando conseguir un nuevo juicio.

Pero el propio Estados Unidos ha demostrado que no tiene interés en que se haga justicia. En 2020, la administración Trump impuso sanciones al personal de la Corte Penal Internacional a fin de frustrar una investigación en curso sobre crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán. A día de hoy, esta investigación no ha presentado cargos, a pesar de que las sanciones se han retirado desde entonces.

A medida que la inestabilidad se extiende por el mundo, sigue siendo importante reconocer la interrelación entre las antiguas violaciones de derechos humanos de la guerra contra el terrorismo y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Gaza y en otros lugares, y pautas similares de detención administrativa arbitraria.

Además, la detención arbitraria indefinida bajo el pretexto de la «guerra contra el terror» ha aumentado junto con otras formas de existencia precaria para grandes grupos de personas forzadas a los límites de la sociedad y la legalidad, como las formas administrativas de detención, incluida la detención de inmigrantes, la detención de refugiados y las ciudades de tiendas de campaña para personas sin techo en regiones de todo el mundo.

Puede que la búsqueda de justicia no sea tan rentable como la militarización y la vigilancia, pero sigue siendo un derecho humano. Los Estados siguen eludiendo sus obligaciones, por lo que corresponde en gran medida a los ciudadanos de a pie defender la justicia y solidarizarse unos con otros, concienciando y desafiando las narrativas oficiales que abogan por la guerra y la violencia y no por la justicia.

Foto de portada: Un miembro de las fuerzas de seguridad kurdas monta guardia mientras mujeres y niños llenan contenedores de agua en el campamento de Al-Hol, en la provincia nororiental siria de Al-Hasakah, el 10 de octubre de 2023 (Foto: Delil Souleiman/AFP vía Getty Images).

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