Julian Zelizer y Karen J. Greenberg, Tomdispatch.com, 27 junio 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Julian E. Zelizer es profesor de historia y asuntos públicos en la Universidad de Princeton. También es analista político de la CNN, colaborador de Here & Now de National Public Radio y coeditor del nuevo libro de próxima aparición Our Nation at Risk: Election Integrity as a National Security Issue.
Karen J. Greenberg es la directora del Centro de Seguridad Nacional de Fordham Law. También es editora en jefe del diario CNS Soufan Group Morning Brief y del semanario CNS Aon Cyber Brief. Es coeditora del nuevo libro de próxima aparición Our Nation at Risk: Election Integrity as a National Security Issue.
Funcionarios y expertos electorales se enfrentan ahora a grandes dificultades. Se preguntan cómo pueden hacer frente con eficacia a las crecientes amenazas de violencia, negacionismo electoral, influencia extranjera y discriminación de los votantes. ¿Corren el riesgo de alarmar al público hasta el punto de reducir la participación electoral? ¿Existen razones para apaciguar los temores sobre la desinformación electoral o la posible interferencia en las elecciones de 2024? En Pointe du Hoc, Francia, con motivo del aniversario del Día D, el presidente Biden dijo al mundo que quienes lucharon en aquella batalla crucial «nos piden que hagamos nuestro trabajo: proteger la libertad en nuestro tiempo, defender la democracia». La seguridad electoral sería un buen punto de partida.
Tal vez una forma de evaluar la cuestión de la estabilidad y la seguridad de las elecciones en 2024 sea preguntarse: ¿hasta qué punto son diferentes estas elecciones de otras tumultuosas anteriores en la historia de Estados Unidos?
¿Qué lecciones podemos extraer del pasado? ¿O nos encontramos hoy en un territorio verdaderamente desconocido?
La verdad es que, en lo que respecta a las elecciones presidenciales, este país se ha enfrentado a momentos aterradores en su historia, en los que se han encarado varios de los temores a los que nos enfrentamos hoy. Puede que nunca nos hayamos enfrentado a un candidato como Donald Trump, pero hemos sufrido impugnaciones en el recuento de votos, injerencias del Tribunal Supremo, amenazas de violencia, restricciones del derecho de voto y falta de confianza en el propio proceso.
Elecciones disputadas
Donald Trump no se ha andado con rodeos. Si pierde las próximas elecciones, se reserva el «derecho» a negarse a aceptar los resultados. En 2020, su negación de aquellos resultados condujo a un violento intento de bloquear el Congreso para certificar la votación el 6 de enero siguiente. Hasta la fecha, cualquier responsabilidad por sus acciones pasadas ha sido mínima. Declarado culpable el mes pasado de falsificar registros empresariales para ocultar violaciones de la ley electoral en 2016, aún no ha sido condenado y es muy posible que recurra hasta llegar a un Tribunal Supremo comprensivo. Además, aún no ha sido juzgado en Georgia ni en el tribunal federal de Washington, D.C., por cargos penales significativamente más graves sobre las formas en las que él y sus seguidores intentaron subvertir los resultados de las elecciones de 2020, y es poco probable que lo sea antes de las elecciones de noviembre.
La mayoría de los republicanos han permanecido a su lado. De hecho, el negacionismo electoral se ha convertido en un punto de unión en lugar de una marca de vergüenza. Como resultado, el expresidente sigue participando en amenazas implícitas al proceso político democrático con un apoyo partidista inquebrantable. Y si desapareciera de la escena política gracias a una derrota decisiva en 2024, otros podrían seguirle en la explotación del sistema democrático para obtener beneficios políticos.
Aunque ha habido un puñado de resultados de elecciones presidenciales disputados desde la fundación del país, destacan dos. En las elecciones de 1876, el republicano Rutherford B. Hayes perdió el voto popular y electoral frente a Samuel Tilden. Los republicanos protestaron porque, en tres estados, los resultados eran inciertos. Para resolver la cuestión, el Congreso creó un panel bipartidista, que incluía a representantes de la Cámara de Representantes y del Senado y a cinco jueces del Tribunal Supremo. Ese panel concedió a Hayes los 20 votos electorales en disputa, dándole un margen electoral de un punto sobre Tilden, y convirtiéndolo así en presidente. En última instancia, el país encontró un camino a seguir.
Más de un siglo después, en las elecciones de 2000 entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, los resultados volvieron a estar en disputa. Gore había ganado el voto popular, pero el voto electoral estaba demasiado reñido. Todas las miradas se centraron en Florida, donde los resultados determinarían el desenlace. Aunque el Tribunal Supremo de Florida ordenó un recuento en todo el estado, el Tribunal Supremo lo impidió y, al hacerlo, convirtió a Bush en presidente.
En ninguna de las resoluciones posteriores a las elecciones el candidato perdedor impugnó los resultados, aunque Tilden esperó cuatro meses antes de reconocerlo. Al día siguiente de la decisión del Tribunal Supremo, Gore concedió, diciendo: «Acepto el carácter definitivo de este resultado»; un marcado contraste con Donald Trump, que todavía se niega a conceder que el resultado de las elecciones de 2020 fue legítimo.
Cabe mencionar que ambas elecciones tuvieron consecuencias importantes. La victoria de Hayes, resultado de un acuerdo negociado, también puso fin a la era de la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil y condujo a la retirada de las tropas estadounidenses del Sur. Esa elección resultaría ser una parte integral de los esfuerzos por deshacer el mayor impulso que la nación haya tenido jamás para lograr la justicia racial.
A su vez, el gobierno de Bush fracasó en su intento de evitar los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, a continuación, lanzó una «guerra contra el terror» de varias décadas de duración que desestabilizaría partes del globo desde el sur de Asia hasta Oriente Medio y África, al tiempo que, según el Costs of War Project, provocaría la muerte de más de 7.000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses y más de 177.000 militares y policías aliados en conflictos que iban desde Afganistán y Pakistán hasta Iraq y Siria, por no mencionar la muerte de más de 430.000 civiles.
Junto con el conocimiento de que la incertidumbre puede acompañar a los resultados electorales, los estadounidenses intuyen también que la violencia podría ciertamente asomar de formas aún desconocidas, en virtud de las elecciones de 2024.
Violencia antes, durante y después de las elecciones
No es que los estadounidenses nunca hayan experimentado la amenaza de la violencia en torno a las elecciones. En los años de la Guerra Civil se produjeron numerosos brotes de violencia. En 1861, una turba de partidarios de la Confederación trató de reunirse para asaltar el Congreso e impedir la certificación de Abraham Lincoln como presidente. No hubo violencia sólo porque el general Winfield Scott, un sureño, se aseguró de que el Capitolio estuviera protegido.
También en 1868, en el período previo a las primeras elecciones de la era de la Reconstrucción entre Ulysses S. Grant y Horatio Seymour, la violencia del Ku Klux Klan provocó miles de asesinatos en Georgia, Kansas y Luisiana, y las amenazas de violencia mantuvieron a los votantes alejados masivamente de las urnas. En las elecciones Tilden-Hayes de 1876, en las que cuatro estados presentaron varias listas de electores al Congreso, un eslogan popular fue «Tilden o sangre». Esperando violencia, el presidente Grant aseguró el Capitolio con tropas y se preparó para desplegarlas también en otros lugares.
Y entonces (como ahora), la raza y la violencia eran un tema distinto. En 1873, turbas de blancos asaltaron un juzgado en Colfax, Luisiana, para destituir a funcionarios republicanos favorables a la Reconstrucción. En 1898, una horda de blancos de Carolina del Norte dio un golpe de estado contra el gobierno fusionista de la ciudad de Wilmington para dar poder a los demócratas reaccionarios del sur.
Durante la última parte del siglo XIX y principios del XX, las leyes Jim Crow del sur impuestas en respuesta a la Reconstrucción impusieron pruebas de alfabetización e impuestos al sufragio que privaban del derecho al voto a los votantes negros. Y en el siglo XX, la violencia por motivos raciales dirigida a suprimir el voto se convirtió en parte habitual de la política electoral.
A lo largo del «Verano de la Libertad» de 1964, tres trabajadores de los derechos civiles -James Chaney, Andrew Goodman y Mickey Schwerner- fueron asesinados por terroristas blancos por participar en iniciativas de registro de votantes negros en Mississippi. Cuando los manifestantes fueron agredidos por la policía y turbas blancas en el puente Edmund Pettus de Alabama durante una marcha no violenta el 7 de marzo de 1965, en apoyo de la legislación sobre el derecho al voto, la nación fue testigo de cuánta brutalidad existía entonces cuando se trataba de quienes intentaban cumplir la promesa democrática de la nación.
Desafíos del siglo XXI
Los expertos prevén un aumento de la violencia en las urnas en 2024. Una encuesta del Centro Brennan halló que, desde 2020, «el 38% de los funcionarios electorales locales han experimentado amenazas, acoso o abuso por hacer su trabajo”. Para contrarrestar esto, el gobierno federal y los estados individuales ya han montado esfuerzos destinados a proteger tanto a los votantes como a los funcionarios. De hecho, desde 2020, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Congreso han aportado 205 millones de dólares adicionales para la protección electoral. Y, sin embargo, como señala el Centro Brennan, el creciente temor a la violencia y el acoso ha provocado «un éxodo del campo» del trabajo electoral. No en vano, una reciente encuesta de Ipsos/Reuters informaba de que dos de cada tres estadounidenses están preocupados por la perspectiva de violencia electoral en 2024 y temen la posibilidad de una versión peor de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio.
La violencia en las urnas, de hecho, ha plagado las elecciones a lo largo de la historia de la nación, como Steven Hahn relata en su nuevo libro, Illiberal America, mientras que la Ley del Derecho al Voto de 1965 demostró ser realmente frágil, ya que los estados rojos continuaron poniendo restricciones al voto basadas en falsas acusaciones de fraude electoral.
Peor aún son las amenazas que ya emanan del expresidente Trump y de los republicanos cercanos a él. La adopción de tal sentimiento antidemocrático por parte de una figura potencialmente tan poderosa y de su partido, en un momento en que las fuerzas antidemocráticas globales están en alza, ha creado ya un nivel de inestabilidad históricamente raro en este país.
Y hay que tener en cuenta que no todos los peligros de este momento tienen una huella en el pasado estadounidense. Hay nuevos retos a los que se enfrenta hoy la nación. La desinformación es un ejemplo de ello. Aunque la información falsa siempre ha formado parte de la política -las calumnias contra supuestos comunistas fueron, por ejemplo, un elemento básico de los primeros años de la Guerra Fría-, Internet ha supuesto un cambio radical a la hora de facilitar falsas narrativas que podrían conducir tanto a la supresión de votantes como a una profunda desconfianza en los resultados electorales.
La escala y el alcance de la desinformación en la era moderna no tienen precedentes. Sin control editorial y dada la facilidad con que se difunde la desinformación, las barreras de seguridad se han desmoronado. Los expertos advierten de que la enorme infraestructura de comunicaciones que transmite información errónea podría socavar la confianza en los resultados electorales de una forma nunca vista. Peor aún, es probable que la Inteligencia Artificial (IA) resulte un mecanismo especialmente peligroso para producir profundas falsedades electorales.
Además, la interferencia extranjera parece haberse convertido ahora en una característica permanente de las elecciones estadounidenses, aunque sigue sin saberse con qué fin. Como demostró el informe de 2019 publicado por el abogado especial Robert Mueller, los intentos de Rusia de interferir en las elecciones de 2016, incluida la realización de una «guerra de información» y el ataque a las bases de datos de votantes, demostraron ser «amplios y sistemáticos”.
¿Dónde estamos hoy?
Cuando se trata de elecciones, a pesar de Donald Trump, no todo ha sido cuesta abajo. En 2021, el Departamento de Justicia puso en marcha un Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales dirigido a individuos que suponían amenazas para los trabajadores electorales. Hasta la fecha, 17 personas han sido procesadas. De manera significativa, en 2022, el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Recuento Electoral, un intento de actualizar la Ley de Recuento Electoral de 1887 y mejorar el proceso de certificación del voto, garantizando que el período de transición entre el día de las elecciones y el día de la toma de posesión transcurra sin problemas. Además, en 2022, el Congreso aprobó una ley para crear un Centro de Influencia Extranjera Maligna para contrarrestar la desinformación procedente del extranjero en general, no sólo en las elecciones.
Los tribunales federales también han demostrado ser barreras contra la subversión electoral. Tras las elecciones de 2020, negaron repetidamente a Donald Trump el éxito en sus esfuerzos por anular los resultados. Sin embargo, incluso esta fuente de protección democrática se ha visto limitada, mientras que el actual Tribunal Supremo, demasiado conservador, que en 2013 destripó la Ley del Derecho al Voto, ha seguido debilitando la protección de los votantes.
La pregunta sigue siendo: ¿Qué nos dicen las lecciones de la historia -y las reformas recientes- sobre nuestro momento actual? Por un lado, la historia sugiere que la disfunción electoral se ha superado una y otra vez. Ya se trate de resultados impugnados, de impugnaciones de la supresión de votantes, de brotes de violencia o de presidentes elegidos sin mayorías nacionales, tales situaciones se han resuelto con razonable éxito en el pasado. Mientras tanto, se han puesto en marcha nuevas medidas para la seguridad de los trabajadores electorales, la certificación del voto y la disuasión de la supresión de votantes de nuevas formas. En otras palabras, la democracia estadounidense ha proseguido adelante, a pesar de los problemas profundamente arraigados.
Sin embargo, también está claro que las experiencias negativas del pasado se han transformado en configuraciones nuevas y peligrosas. En lugar de elecciones impugnadas, ahora hay una negación total de las elecciones. Además de la violencia por motivos raciales, hay una creciente violencia extremista dirigida contra la propia institución del voto. En lugar de la retórica partidista de campaña, estamos experimentando la propagación del discurso del odio basado en la raza, la etnia, el género o simplemente la oposición a la propia democracia. En lugar de apoyo a la ilegalización de la violencia postelectoral, ahora vivimos con referencias a los delincuentes encarcelados del 6 de enero de 2021 como «rehenes«. Y el hecho de que este país haya sobrevivido a tiempos difíciles en el pasado no significa que vaya a hacerlo de nuevo, sobre todo a medida que aumenta la presión contra las normas democráticas a nivel mundial.
Muchos culparían de esta inestabilidad electoral únicamente a Donald Trump, y no hay duda de que tiene una profunda habilidad para manipular el discurso público y amenazar con poner patas arriba las leyes electorales, por no hablar de las reglas, normas y procesos que subyacen a la legitimidad de las elecciones. Sin embargo, por significativo que sea, no es el único factor que merece atención en este año electoral.
Las mayores amenazas a nuestras elecciones no provienen ahora de la tecnología armada, ni de un Congreso o una Corte Suprema sordos, ni tal vez incluso del propio Donald Trump (aunque pueda ser peligroso). El mayor desafío puede radicar en la ausencia de cualquier enfoque a largo plazo sobre la necesidad de cambios estructurales fundamentales en la forma en que se llevan a cabo nuestras elecciones. Durante siglos, nosotros, como nación, hemos realizado cambios graduales en respuesta a momentos de crisis relacionadas con las elecciones. Pero se necesita mucho más si queremos escapar de un futuro en el que las preguntas sobre si el proceso electoral en sí es legítimo y si los resultados serán aceptados formarán parte de cada temporada electoral.
Nuestro sistema democrático parece cada vez más frágil. Para afrontar el futuro con confianza en el elemento más elemental de nuestra democracia, necesitamos una perspectiva de más largo plazo. La eliminación del Colegio Electoral, una mayor rendición de cuentas por la violencia durante y alrededor de las elecciones, herramientas para frenar la desinformación y mejorar la administración electoral, un gran aumento en la financiación para la educación pública sobre los sitios de votación y las plataformas de candidatos, una estricta rendición de cuentas por los intentos de supresión de votantes y mayores esfuerzos para garantizar el derecho de voto para todos son muy necesarios. En otras palabras, en lugar de enfrentarnos a una serie continua de problemas tal y como van apareciendo, lo que realmente necesitamos es una comisión que ofrezca un replanteamiento a gran escala de la seguridad electoral en el siglo XXI, al tiempo que se concentra en lograr que el Congreso actúe para desarrollar una nueva estrategia integral que la aborde. Incluso si superamos el ciclo electoral de 2024 intactos y sin violencia, la tarea de la reforma electoral sigue siendo esencial y, lamentablemente, demasiado ignorada.
Quizás, sin embargo, podría haber un lado positivo en nuestro desconcertante momento si nuestros actuales problemas electorales nos llevan a concluir que el tiempo de cruzar los dedos debería terminar y comenzar el tiempo de una reforma total.
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