Malcolm Harris, The Intercept, 9 julio 2024

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Malcolm Harris es autor de «Palo Alto: A History of California, Capitalism, and the World» y otros libros. Su libro «What’s Left: Three Paths Through the Planetary Crisis» se publicará próximamente en Little, Brown.

Cuando la gente le contó al cooperante Fayad Mulla que, en cuanto los solicitantes de asilo desembarcaban en suelo griego, eran perseguidos inmediatamente por grupos de «hombres enmascarados» con la misión de secuestrarlos, a Mulla le costó dar crédito a esas historias.

Durante años han circulado informes y rumores sobre operaciones encubiertas de las autoridades griegas, pero la idea de matones autorizados por el Estado que van por ahí golpeando a los inmigrantes, metiéndolos en los maleteros de los coches y obligándolos a volver a los barcos era demasiado para que Mulla la creyera. «Es un país de la Unión Europea», dijo a un entrevistador de la BBC para explicar su escepticismo. Eso cambió cuando pudo grabarlo.

A través de un objetivo largo, grabó un vídeo de guardias griegos en la isla de Lesbos subiendo a familias de inmigrantes a una lancha rápida. En una toma se ve claramente a un hombre uniformado con pasamontañas que sube a un niño a la lancha. Es estremecedor, pero forma parte de una progresión lógica de escalada de violencia contra los migrantes a medida que los gobiernos erosionan los derechos vinculados al asilo y el rescate.

La BBC entrevistó a Mulla en el marco de su nuevo documental «Dead Calm: ¿Killing in the Med?», que comienza con la pregunta y termina con los hechos: La guardia costera griega ha convertido el derecho internacionalmente reconocido de los refugiados a solicitar asilo en un juego enfermizo, persiguiendo a todo hombre, mujer y niño que desembarca sin ser llamado en el archipiélago del país como parte de un esfuerzo coordinado para negarles el derecho de asilo.

Más que una excepción, la estrategia griega se ha convertido en un modelo emblemático de la guerra mundial contra los solicitantes de asilo. De Venezuela a México, pasando por Libia, Hungría o Japón, estamos asistiendo a un esfuerzo semicoordinado entre los países ricos para abolir una de las pocas responsabilidades legales que los ricos y acomodados del mundo tienen hacia los pobres y afligidos.

El vídeo de Mulla, publicado por primera vez por el New York Times en 2023, es una pistola humeante, pero los analistas también han recopilado una tonelada de pruebas circunstanciales que detallan un patrón ineludible. Forensic Arquitecture rastreó y cartografió más de 2.000 casos de lo que el grupo de investigación denomina «retrocesos a la deriva» desde aguas territoriales griegas entre 2020 y 2023. Una vez capturados por los hombres enmascarados, los migrantes son subidos a botes de goma sin motor y literalmente empujados hacia aguas territoriales turcas. En lugar de que las autoridades expulsen directamente a las personas, según Forensic Architecture, «los procesos naturales y las características geográficas del archipiélago del Egeo -corrientes, olas, vientos y rocas deshabitadas- llevan a cabo la expulsión, distanciando a los autores del impacto de sus acciones letales». El grupo contabiliza 55.445 personas expulsadas mediante esta técnica en tres años, que ha provocado 24 muertes y 17 desapariciones.

En el recuento de Forensic Arquitecture no se incluye el hundimiento en junio de 2023 del barco de migrantes Adriana en el Mediterráneo, en el que perdieron la vida más de 600 personas. Según relatan los supervivientes en «Dead Calm», la guardia costera helena tardó tanto en responder a la situación de peligro del barco que la presunta negligencia se convierte en probable dolo. En última instancia, fue un yate de lujo de propiedad mexicana el que acudió al rescate. Pero los griegos no fueron los únicos responsables del desastre del Adriana: Como dijo Mulla, Grecia forma parte de la UE, y la UE tiene Frontex, una agencia internacional de gestión de fronteras. En su sede polaca, Frontex supervisaba la situación, pero eso no sirvió de mucho a los pasajeros del Adriana. Presionado por la BBC para que condenara las prácticas, ahora bien documentadas, de los guardacostas helenos, el responsable de Derechos Fundamentales de Frontex, Jonas Grimheden, abandonó el plató.

Aunque parezca que la UE defiende a los guardacostas helenos, lo cierto es más bien lo contrario: como esquina sudoriental de la UE, se ha hecho a Grecia responsable de desviar de Europa el mayor número posible de inmigrantes.

«Esta frontera no es sólo una frontera griega, es también una frontera europea», declaró la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego en 2020. «Doy las gracias a Grecia por ser nuestra aspida europea en estos tiempos», dijo, usando la palabra griega para “escudo”. Grecia está entre Europa y las muchas decenas de miles de personas que buscan refugio de los conflictos en el norte de África y Oriente Próximo, y está a horcajadas en la frontera con una máscara y un cuchillo de combate. Para apoyar esta labor fronteriza, la UE ha canalizado miles de millones de euros a sus Estados miembros. Frontex también despliega medios de vigilancia aérea, sus propios buques e incluso personal sobre el terreno que ha colaborado con la policía griega en el plan de vigilancia a la deriva.

Europa no sólo financia la parte griega: La Unión Europea ha enviado ayudas por valor de más de 10.000 millones de dólares a Turquía, Estado no miembro, para ayudar a vigilar la frontera. Otros miles de millones se han destinado a Egipto, Túnez y Mauritania, todo ello con el objetivo de reducir el número de solicitantes de asilo que consiguen llegar a algún lugar de la UE donde puedan ejercer sus derechos inviolables.

Por otra parte, en el hemisferio occidental, México sirve de escudo a Estados Unidos, blindando a su vecino del norte, mucho más rico.

El presidente Joe Biden puso fin a la política de «Quédense en México» de la era Trump, pero su orden de junio de detener el procesamiento de asilo en la frontera sur ha tenido un efecto similar. Y bajo la fuerte presión de Estados Unidos, México adoptó la práctica rentable de empujar a los migrantes de vuelta al propio sur del país, confiando en el difícil viaje para disuadir a las personas que viajan a Estados Unidos desde América Central y del Sur. El mes pasado, Associated Press informó de las acusaciones de una solicitante de asilo de haber sido golpeada por soldados mexicanos delante de sus hijos antes de que los metieran a todos en un autobús hacia el sur. Tales escenas y su conexión directa con la política estadounidense están tan bien documentadas que cualquier negación resulta inverosímil, pero eso parece bastar a Biden y a los organismos internacionales ante los que supuestamente rinden cuentas los jefes de Estado.

Si Donald Trump gana en noviembre, el ataque estadounidense contra el asilo no hará sino acelerarse. Al igual que otros demagogos conservadores, el expresidente ha hecho del «crimen migratorio» un eje de su campaña, utilizándolo como respuesta para todo en el debate del mes pasado. Junto con «Quédense en México», podemos esperar que Trump restablezca, como mínimo, los Acuerdos de Cooperación en materia de Asilo al estilo de Turquía con El Salvador, Guatemala y Honduras. El plan de victoria del Proyecto 2025 de la Fundación Heritage va más allá, insinuando un ataque frontal al propio derecho de asilo. «Las organizaciones y acuerdos internacionales que erosionan nuestra Constitución, el Estado de Derecho o la soberanía popular no deben ser reformados», escriben los autores. “Deben ser abandonados”.

Los cobardes y malévolos conspiradores del Proyecto 2025 tienen razón en una cosa: no es prerrogativa de los Estados individuales proteger sus fronteras por los medios que elijan. El derecho a solicitar asilo como refugiado está consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y es, en teoría, una de las pocas garantías del derecho internacional. Se supone que la no devolución es un derecho humano.

Pero si los países occidentales ricos que aplican el derecho internacional conspiran para obviar la misma norma, no hay mucho que nadie pueda hacer al respecto. Por ejemplo, Hungría está actualmente sujeta a una multa de un millón de euros al día impuesta por el más alto tribunal de la UE para penalizarla por repatriar inmigrantes, pero el primer ministro Viktor Orbán debería poder permitírselo: von der Leyen desbloqueó amablemente en diciembre más de 10.000 millones de euros en fondos congelados de la UE para la camarilla gobernante antiliberal de Hungría. En conjunto, la posición de la UE es clara y netamente ilegal. Las agencias de investigación seguirán redactando sus informes, pero no hay forma de recurrir las decisiones de hombres armados y enmascarados.

De momento, los países no impugnan directamente la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, aunque se esfuercen por reducir e incluso anular su protección. En este contexto, las naciones que se sitúan entre los países más ricos del mundo y los más pobres y devastados por la guerra pueden ofrecer un valioso servicio como amortiguadores y guardias fronterizos. Cada solicitante de asilo que Grecia rechaza es uno que Alemania nunca tendrá que preocuparse de acoger.

Aunque un mundo climática y políticamente inestable implica más refugiados, el ataque global al asilo no es un subproducto de la inmigración abrumadora. Japón, por ejemplo, endureció su política en junio facilitando la deportación de los solicitantes de asilo, aunque ese restrictivo país sólo concedió el estatuto de refugiado a 303 personas en 2024, lo que sigue siendo un récord nacional. Unos cientos de personas en una población de más de 100 millones no pueden suponer una carga real para los recursos del país; el problema está en el principio de que las personas tienen derecho a huir de las penurias y buscar refugio. El objetivo es convertir un derecho en un raro privilegio.

Para lograrlo, Occidente tiene que encontrar formas de hacer que la búsqueda de asilo sea aún menos atractiva y más peligrosa que las guerras y desastres de los que, ante todo, huye la gente huye. Las autoridades deben inventar nuevas crueldades para administrar, tramar nuevas pesadillas que visiten a los más desesperados del mundo. Con sus máscaras, cuchillos y palizas, los guardacostas griegos van a la cabeza.

«Hay mucho que aprender de las autoridades y el gobierno griegos en cuanto al enfoque que han adoptado respecto a la inmigración ilegal», declaró a la prensa la ministra de Interior del Reino Unido, Suella Braverman, tras una visita guiada a las operaciones de los guardacostas en Samos, isla tristemente célebre por las devoluciones a la deriva. En abril, al día siguiente de que el Reino Unido aprobara una nueva política que implica la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda, cinco personas se ahogaron en el Canal de la Mancha cuando se dirigían a Gran Bretaña, entre ellas un niño.

Para los países ricos, estos ahogamientos no son un problema, sino una solución política ejemplar. Así que, si quieren una imagen del futuro, imaginen a un hombre enmascarado secuestrando a una niña, metiéndola en una balsa y empujándola a mar abierto, una y otra y otra vez.

Foto de portada: Un bote de goma naufragado en la isla griega de Lesbos el 7 de febrero de 2023, después de que tres migrantes murieran y se temiera por la desaparición de más de 20 al naufragar otro bote frente a la costa. (Manolis Lagoutaris/AFP/Getty Images).

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