Alex Kopp, CounterPunch.org, 26 agosto 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Alex Kopp es asesor principal sobre minerales de la transición para Global Witness.
Los gobiernos occidentales por fin se han dado cuenta de que se está produciendo la transición energética y de que los recursos necesarios están en su mayoría en manos chinas. Los minerales de transición, apodados por algunos el «nuevo petróleo», son los ingredientes clave de tecnologías renovables como las baterías de los vehículos eléctricos, los paneles solares y los aerogeneradores que hacen posible la transición. Gran parte de estos minerales se extraen en el Sur Global, pero China controla en gran medida sus cadenas de valor. China procesa más del 90% de los elementos de tierras raras, casi el 100% del grafito, más del 75% del cobalto y más del 60% del litio. China también produce alrededor del 80% de los paneles solares del mundo y fabrica entre el 60 y el 80% de los vehículos eléctricos, turbinas eólicas y baterías de iones de litio del mundo.
Apenas pasa una semana sin que los gobiernos occidentales anuncien una nueva asociación o estrategia para ganar ventaja en la pugna por los minerales. Es difícil imaginar que hace sólo unos años una empresa estadounidense vendiera una de las mayores minas de cobalto del mundo a una empresa china. El nacionalismo de los recursos ha sustituido a la visión occidental de un mercado libre globalizado de materias primas.
Desde el saqueo de oro y plata de la conquista española hasta los más recientes auges de los minerales, los desafortunados que vivían en tierras con recursos valiosos han sido a menudo expulsados y/o han visto sus tierras contaminadas. En políticas y comunicados de prensa, los gobiernos occidentales prometen que esta vez será diferente, con declaraciones sobre proyectos con «respeto por los derechos humanos» que utilizan «prácticas responsables» y declaran que seguirán «normas ESG elevadas» y «rigurosas». Sin embargo, un examen más detallado de las recientes decisiones políticas deja muchas dudas sobre si los países occidentales cumplen sus promesas.
Regulación débil
La Ley de Materias Primas Críticas del año pasado, negociada apresuradamente, es la base del planteamiento de la Unión Europea para mejorar el acceso a las materias primas clave. La UE se compromete a que los proyectos subvencionados «se lleven a cabo de forma sostenible», sobre todo en lo que respecta a la «prevención y minimización de los impactos medioambientales… y socialmente adversos mediante prácticas responsables», pero permite al mismo tiempo la agilización de los procesos de concesión de permisos y que las autoridades «pasen por alto» los impactos adversos sobre el medio ambiente.
Dado que casi el 70% de los proyectos de extracción de minerales de la transición del mundo se sitúan en tierras de pueblos indígenas o agricultores o cerca de ellas, su consulta significativa es clave para evitar los problemas ambientales y sociales que la minería ha causado en el pasado. Y, sin embargo, muchos proyectos mineros se ponen en marcha sin informar debidamente a las comunidades afectadas, y mucho menos obtener su consentimiento.
Estados Unidos no cuenta con una normativa suficiente para exigir responsabilidades a las empresas mineras por sus operaciones en el extranjero. En su lugar, confía en gran medida en el autocontrol de la industria mediante planes voluntarios que han fracasado a menudo en el pasado. Un ejemplo destacado es la presa de relaves de Brumadinho que se rompió en 2019, matando a 272 personas en Brasil a pesar de que una inspección había certificado la estabilidad de la presa solo cuatro meses antes.
Hacer la vista gorda ante la corrupción
El sector extractivo representa uno de cada cinco casos de soborno transnacional. Los sobornos no sólo privan de ingresos a la población, a menudo pobre, por parte de los países ricos en recursos, sino que los ingentes ingresos no obtenidos de los recursos naturales también pueden socavar las instituciones democráticas y el Estado de derecho de los países, un fenómeno denominado «maldición de los recursos». Los anteriores auges de las materias primas han desencadenado grandes olas de corrupción, por lo que la firme postura de los gobiernos contra la corrupción es especialmente importante en este momento. Pero Estados Unidos y Reino Unido han enviado señales opuestas.
En diciembre de 2017, Estados Unidos sancionó al empresario israelí Dan Gertler por sus negocios corruptos en la República Democrática del Congo (RDC), a través de los cuales presuntamente desvió más de 1.300 millones de dólares de fondos públicos a sus empresas, algo que Gertler niega. En un brusco giro, Estados Unidos ha propuesto ahora levantar las sanciones si Gertler vende las participaciones que le quedan en gigantescas explotaciones mineras de cobre y cobalto en el país, lo que le permitiría seguir beneficiándose de unos 300 millones de dólares procedentes de activos malversados. Estados Unidos espera que el acuerdo incentive a las empresas occidentales a acceder mejor a los minerales de la RDC. El 70% del cobalto del mundo -un ingrediente clave para las baterías de los vehículos eléctricos- procede de la RDC. Funcionarios del gobierno estadounidense también mencionaron al Wall Street Journal que empresas mineras de Arabia Saudí están interesadas en comprar participaciones en minas congoleñas de cobalto y cobre a través de las cuales las empresas estadounidenses obtendrían parte de los metales.
En agosto de 2023, el Reino Unido abandonó una investigación de diez años sobre la empresa minera kazaja ENRC, centrada en presuntos sobornos por contratos de extracción de cobalto y cobre en la RDC, alegando que no tenía «pruebas admisibles suficientes para procesar» tras enfrentarse a una oleada de demandas judiciales de la empresa, que niega vehementemente haber actuado mal. Al dar a entender al sector minero que no se le vigila de cerca, este tipo de decisiones corren el riesgo de espolear aún más la corrupción.
Financiación arriesgada
En su afán por alcanzar a los competidores chinos en el acceso a minerales esenciales, los gobiernos occidentales están dispuestos a apuntalar las operaciones mineras con grandes sumas de dinero. A través de las agencias de crédito a la exportación, que proporcionan préstamos y seguros respaldados por el gobierno, los gobiernos occidentales apoyan proyectos que, de otro modo, los inversores podrían considerar demasiado arriesgados. El asesor principal de la Casa Blanca para energía e inversiones lo admitió recientemente cuando dijo, en mayo de 2024, que «el gobierno tiene un papel real aquí para incentivar el capital privado asumiendo más riesgos».
En el pasado, los proyectos mineros respaldados con fondos públicos han destruido hábitats únicos, utilizado mano de obra forzada, alimentado conflictos violentos y contaminado gravemente el medio ambiente. Como parte de la Asociación para la Seguridad de los Minerales, una coalición de gobiernos aliados liderada por Estados Unidos, la Corporación Financiera de Desarrollo de Estados Unidos ofreció un préstamo de hasta 150 millones de dólares en noviembre de 2023 para un proyecto de mina de grafito en Mozambique. Está situado en una región del país donde puede tener graves repercusiones sobre los derechos humanos, dado el conflicto entre el gobierno y una insurgencia islamista que ha causado casi 5.000 muertos en los últimos cinco años.
El enfoque de asociación estratégica de la UE, concebido para garantizar un suministro constante de materias primas críticas, proporciona financiación a los países productores a través de la Global Gateway, la versión de la UE de la Iniciativa Belt and Road de China. En febrero, la UE acordó una asociación sobre «cadenas de valor de materias primas sostenibles» con Ruanda, lo que debería hacer saltar las alarmas. Tras haber saqueado los minerales 3T (estaño, tantalio, wolframio) directamente en la RDC durante la segunda guerra del Congo, Ruanda se ha beneficiado de los impuestos sobre los minerales de contrabando, que desde entonces están relacionados con el conflicto. La asociación estratégica se negocia en un momento en que el ejército ruandés ha invadido la RDC y apoya al grupo armado M23, que controla gran parte del contrabando de algunas de las mayores minas de coltán del mundo. La Comisión Europea propone «la trazabilidad… en el núcleo de la asociación UE-Ruanda sobre materias primas críticas», supuestamente para contrarrestar el riesgo de abastecimiento de minerales conflictivos. Sin embargo, Global Witness ha demostrado que el sistema de trazabilidad dominante para los minerales 3T en Ruanda ha blanqueado enormes volúmenes de minerales conflictivos de contrabando desde su creación.
Los tribunales de inversores socavan la regulación medioambiental y social
Los acuerdos de libre comercio con los países productores son otra herramienta habitual de los gobiernos occidentales para asegurarse el acceso a minerales de terceros países. Estos suelen imponer un sistema de protección de las inversiones poco transparente que permite a los inversores demandar a los gobiernos por miles de millones de dólares por acciones estatales que puedan afectar negativamente a sus inversiones.
Cuando el Tribunal Supremo de Guatemala ordenó en 2016 la paralización de un proyecto minero por falta de consulta a los pueblos indígenas afectados, la empresa minera Kappes, Cassiday & Associates (KCA) inició una demanda contra el gobierno por más de 400 millones de dólares por no proporcionar una protección adecuada a la inversión de KCA frente a las protestas de la comunidad, alegando efectivamente que el gobierno no hizo lo suficiente para suprimir la oposición local a la mina de la empresa.
Colombia se enfrenta a 14 procesos de arbitraje y ocho más en fase de prearbitraje, muchos de los cuales afectan a empresas mineras. En total, se calcula que Colombia ha sido demandada por 13.200 millones de dólares. Al insistir en este tipo de cláusulas de resolución de inversiones en los acuerdos comerciales, los gobiernos occidentales son cómplices de socavar la protección de las personas y las tierras afectadas por la minería.
Nuevas fronteras, nueva destrucción
Aunque los gobiernos occidentales no han fijado objetivos para reducir el uso de materiales que podrían frenar la demanda de minerales, apoyan proyectos en nuevos territorios de alto riesgo que probablemente tendrán un impacto medioambiental devastador. Las profundidades marinas son una de las pocas zonas que hasta ahora se han librado de la minería destructiva. Noruega, sin embargo, está decidida a cambiar esta situación, y entre los legisladores estadounidenses también crece el apoyo a la minería de los fondos marinos. Como apenas se ha investigado el lecho marino, es difícil evaluar los efectos precisos que tendría la explotación minera, pero los expertos afirman que provocaría reducciones indefinidas de la biodiversidad y que las zonas afectadas no se recuperarían en décadas o incluso siglos.
Por si estas perspectivas no fueran suficientemente funestas, en el horizonte se vislumbran riesgos aún mayores. Con los gobiernos occidentales y sus aliados formando clubes como la Asociación para la Seguridad de los Minerales contra el dominio del mercado chino, aumenta la presión sobre los países productores para que se alineen con uno u otro bando.
Si el consejero delegado del mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo se saliera con la suya, pronto podrían volver las intervenciones extranjeras contra los gobiernos que no estén dispuestos a plegarse a las condiciones occidentales. Reaccionando a la acusación de un usuario de Twitter de que Estados Unidos organizó un golpe de Estado contra el presidente de Bolivia para acceder al litio del país, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, escribió: «Golpearemos a quien queramos, ¡es lo que hay!».
Algunos analistas temen que asistamos a una escalada militar de la pugna por el «nuevo petróleo» en un futuro próximo. La región ártica, que alberga una gran mina de tierras raras, es una zona que ha entrado recientemente en el punto de mira de los intereses geopolíticos, con Europa, Estados Unidos, Rusia y China luchando por el dominio.
Las superpotencias mundiales deben mantener la búsqueda de minerales dentro de los límites de la competencia económica y abstenerse de utilizar la fuerza. Los gobiernos occidentales deben cumplir sus promesas de una transición energética justa estableciendo y aplicando una normativa estricta que garantice una minería responsable y exija responsabilidades a todas las empresas implicadas en la extracción y el abastecimiento de minerales.
Foto de portada: Mina de oro a cielo abierto en Sunrise Dam, Australia Occidental. (Calistemon, CC BY-SA 4.0.).
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