Basav Sen, Foreign Policy in Focus, 4 octubre 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Basav Sen se unió al Instituto de Estudios Políticos como director del Proyecto de Justicia Climática en febrero de 2017. Su trabajo se centra en la resistencia a la expansión continuada de la industria de los combustibles fósiles y en la creación de soluciones climáticas que aborden las demandas de las comunidades de primera línea más afectadas.
Gran parte del mundo presenta un aspecto sombrío en este otoño de 2024.
El asalto de Israel a Gaza, el primer genocidio del mundo retransmitido en directo, continúa sin control, con el apoyo material y diplomático de países poderosos. Envalentonado por este apoyo, Israel está atacando ahora también al Líbano.
Un gran número de personas en los países que apoyan el genocidio están consternadas por la posición de sus propios gobiernos, y están utilizando una multitud de tácticas para exigir a esos gobiernos que dejen de apoyar el genocidio, pero sus gobiernos se aferran obstinadamente a su posición.
También es probable que éste sea el año más caluroso jamás registrado, con olas de calor que pondrán en peligro la vida en México y el sur de Asia, huracanes devastadores que azotarán el Caribe y el sur de Estados Unidos, e incendios forestales sin precedentes en Canadá.
Los gobiernos de los países poderosos también están en el lado equivocado de esta cuestión. Siguen concediendo permisos de forma temeraria para ampliar las infraestructuras de combustibles fósiles. Enfrentarse a los barones de los combustibles fósiles es políticamente popular, pero los gobiernos de las autoproclamadas democracias ignoran a la opinión pública.
Al igual que con el genocidio de Gaza, la población de estos países -y de todo el mundo- está utilizando protestas creativas para desafiar a la industria de los combustibles fósiles y a sus patrocinadores gubernamentales y financieros.
Cuando los gobiernos ignoran las demandas populares, la gente protesta. En una democracia, tienen derecho a hacerlo. Incluso cuando estas protestas infringen las leyes (por ejemplo, bloqueando el acceso a las oficinas gubernamentales), la evolución de las normas de los derechos democráticos reconoce la desobediencia civil como una forma de libertad de expresión que puede acarrear consecuencias legales, pero que no debe criminalizarse.
Pero las mismas democracias occidentales que afirman representar al «mundo libre» han experimentado un peligroso retroceso en el derecho a la protesta.
Borrar del mapa Palestina
Los gobiernos de las democracias occidentales violan las protecciones fundamentales de la libertad de expresión cuando se trata de la solidaridad con Palestina. En Alemania, esto ha incluido prohibiciones generales de las manifestaciones de solidaridad con Palestina (posteriormente levantadas tras la presión política y los desafíos legales), y la censura y represalias dirigidas a las voces críticas.
Alemania no es el único país en este sentido. Amnistía Internacional observa una tendencia preocupante de restricciones al activismo de solidaridad con Palestina en toda Europa.
En Estados Unidos, las acampadas de solidaridad con Palestina en los campus universitarios en la primavera de 2024 se encontraron con una respuesta de mano dura por parte de las autoridades universitarias y las fuerzas del orden. Los estudiantes se enfrentaron a suspensiones, desalojos de las residencias universitarias, violencia por parte de la policía y los vigilantes, detenciones y graves cargos penales por acciones como sentadas y ocupaciones de edificios, que tienen una larga historia en las protestas estudiantiles estadounidenses.
Muchas universidades estadounidenses adoptaron políticas muy restrictivas para impedir las protestas antes de la reapertura del semestre de otoño, lo que suscita serias dudas sobre su respeto a los derechos de libertad de expresión de sus estudiantes.
Criminalizar la protección del clima
Mientras el mundo se encamina hacia la catástrofe climática, los gobiernos de las naciones ricas más responsables de la crisis criminalizan la resistencia contra los combustibles fósiles.
Pocos ejemplos hay tan atroces (y descaradamente racistas) como la respuesta de los Estados canadienses a los pueblos indígenas wet’suwet’en que protegían sus territorios tradicionales de un gasoducto contaminante al que no habían dado su consentimiento. Los manifestantes han sufrido acoso, vigilancia y redadas militarizadas por parte de las fuerzas del orden y de la fuerza de seguridad privada de la empresa del gasoducto.
Amnistía Internacional ha declarado a Dsta’hyl, jefe de clan de los wet’suwet’en, primer preso de conciencia de Canadá debido a su arresto domiciliario por resistirse al gasoducto. Canadá ataca a los pueblos indígenas que luchan por su futuro (y por el futuro colectivo de todos nosotros) mientras aumenta la producción de petróleo contaminante de arenas bituminosas.
Al sur de la frontera, en Estados Unidos, el mayor país productor de petróleo y gas del mundo, los defensores del medio ambiente han sido objeto de leyes que penalizan las protestas contra las infraestructuras de combustibles fósiles, actualmente en vigor en casi la mitad de los estados.
En un estudio realizado en 2020, mi antigua colega Gabrielle Colchete y yo descubrimos que estas leyes eran promovidas sistemáticamente por los intereses de la industria de los combustibles fósiles y presentadas por legisladores que habían recibido dinero de la industria para sus campañas. Estudiamos los casos de tres comunidades afectadas por proyectos de infraestructuras contaminantes que se beneficiaron de estas leyes. Eran comunidades negras, indígenas o blancas pobres, con una pobreza más extendida que la media nacional. Estas leyes pretendían restringir, claramente, aún más la capacidad de las comunidades ya marginadas para resistirse a proyectos que sacrificarían una vez más su salud y sus medios de vida en aras del beneficio empresarial.
Mientras tanto, en Australia, uno de los principales productores de carbón y petróleo, tanto el gobierno nacional como los estatales están persiguiendo a los pacíficos activistas climáticos con leyes punitivas. Un estudio reciente de Climate Rights International ha documentado con gran detalle esta tendencia en ocho países (incluidos Estados Unidos y Australia).
Lo que se desprende es un escalofriante patrón de países poderosos y ricos que no tienen ninguna intención de detener su expansión de la producción de combustibles fósiles, sino que están recurriendo a medidas represivas draconianas contra la creciente oposición pública. Esto es un mal presagio para la probable respuesta estatal a la desesperación y la ira populares en un futuro no muy lejano, cuando las olas de calor, los incendios forestales, los huracanes y la escasez de alimentos alcancen niveles catastróficos, lo que inevitablemente ocurrirá si estos países no dan marcha atrás en su política de combustibles fósiles.
Enmarcar la disidencia como conspiración
En Estados Unidos en particular, además de la solidaridad con Palestina y la resistencia a los combustibles fósiles, el movimiento abolicionista contra la policía racista y militarizada también se enfrenta a una represión extraordinaria. La respuesta estatal a la lucha contra un centro de entrenamiento policial militarizado en Atlanta es el mejor ejemplo de ello.
Las autoridades han matado a un activista del movimiento, Manuel Páez Terán (también conocido como Tortuguita), en lo que parece sospechosamente un asesinato selectivo o, en el mejor de los casos, un accidente de «fuego amigo», seguido de un encubrimiento oficial. Han utilizado cargos de conspiración excesivamente amplios contra operadores de un fondo de fianza comunitario y otros 60 activistas. Las pruebas citadas para la conspiración y la intención de cometer delitos incluyen la distribución de octavillas, publicaciones en redes sociales, grabaciones a la policía, escribir números de apoyo legal en sus brazos y utilizar aplicaciones de mensajería encriptada como Signal.
Más recientemente, se han retirado los cargos de conspiración contra el colectivo del fondo comunitario de fianzas. Es probable que el Estado supiera desde el principio que los cargos eran infundados, pero los procesó de todos modos, con el objetivo de intimidar a los activistas.
El centro de formación policial, apodado «Cop City» por los activistas, es muy impopular en Atlanta. Las audiencias del Consejo Municipal sobre el tema han generado horas de testimonios públicos abrumadoramente contrarios al proyecto. Los que se oponen al centro de formación han recogido el doble de firmas de las necesarias para una iniciativa electoral destinada a detener la financiación pública del centro, sólo para verse obstaculizados por maniobras legales de mala fe por parte de la ciudad para mantener la medida fuera de la votación.
Esta es la verdadera conspiración criminal: el estado de Georgia y la ciudad de Atlanta están conspirando para frustrar la expresión de la voluntad popular a través de los canales oficiales, y para criminalizar las protestas, cerrando de hecho todas las vías para que el público pueda opinar sobre un proyecto que le afecta.
Autoritarismo en progresión
Los gobiernos autoritarios están aumentando en todo el mundo, en Rusia, India, Hungría y otros lugares.
Pero cada vez más, el autoritarismo no es una característica exclusiva de los gobiernos abiertamente autoritarios. Las democracias nominalmente liberales están recurriendo a métodos autoritarios para aplastar la disidencia popular contra el statu quo favorecido por la élite. Este statu quo incluye el apoyo a un Israel beligerante y sin ley para defender los intereses geopolíticos occidentales en Oriente Medio, y la lealtad inquebrantable a la poderosa industria de los combustibles fósiles, políticamente conectada.
Esto es muy relevante para nuestra organización actual. Mantener a los partidos políticos abiertamente de extrema derecha fuera del poder (como hicieron recientemente los votantes franceses) es esencial, pero insuficiente. Los recientes acontecimientos en Francia, donde el presidente Macron se niega a respetar los resultados electorales, confirman las continuas amenazas a la democracia, incluso cuando la extrema derecha no está en el poder.
Los movimientos en favor de la democracia deben comprender, nombrar y hacer frente al autoritarismo creciente en los llamados países libres, independientemente de quién esté en el poder.
Imagen de portada de Shutterstock.
Voces del Mundo 