Jeremy Scahill y Murtaza Hussein, Drop Site News, 21 noviembre 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Jeremy Scahill es periodista de Drop Site News y fue cofundador de The Intercept. Es reportero de investigación, corresponsal de guerra y autor de «Dirty Wars: The World Is a Battlefield» y «Blackwater: The Rise of the World’s Most Powerful Mercenary Army”. Ha informado desde Afganistán, Iraq, Somalia, Yemen, Nigeria, la antigua Yugoslavia y otros lugares del mundo.
Murtaza Hussain es un periodista especializado en temas de seguridad nacional y política exterior. Sus trabajos se publican en CNN, BBC, MSNBC y otros medios de comunicación.
La Corte Penal Internacional ha dictado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel en la actual ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. En su fallo, el tribunal rechazó explícitamente los argumentos de Israel y Estados Unidos de que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel. «No es necesaria la aceptación por parte de Israel de la competencia de la Corte, ya que ésta puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la competencia territorial de Palestina», declaró el tribunal.
«Este es un acontecimiento decisivo en la historia de la justicia internacional. En más de 21 años, la CPI nunca ha acusado a un funcionario prooccidental. De hecho, ningún tribunal internacional lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial», afirmó el abogado de derechos humanos y fiscal de crímenes de guerra Reed Brody. «Hasta ahora, los instrumentos de la justicia internacional se han utilizado casi exclusivamente para abordar crímenes de adversarios derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, parias impotentes u opositores a Occidente como Vladimir Putin o Slobodan Milošević».
Junto a los dos altos cargos israelíes, la CPI emitió también una orden de detención contra el jefe del ala militar de Hamás, Mohammed Deif, a pesar de que Israel afirma que murió a principios de año en un ataque aéreo en la Franja.
En mayo, la CPI anunció que el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, solicitaba órdenes de detención contra altos cargos israelíes y de Hamás. Entre las personas cuya detención se solicitaba en un principio figuraba el dirigente de Hamás Yahya Sinwar, que murió al parecer cuando participaba en una emboscada sobre tropas israelíes el mes pasado.
En la declaración de hoy se afirmaba que el tribunal había hallado motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant «son penalmente responsables de los siguientes crímenes en calidad de coautores por cometer los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos». Las órdenes de detención permanecen clasificadas en parte para proteger a los testigos y la integridad de la investigación, según la CPI. «Sin embargo, la Sala decidió hacer pública la información… ya que una conducta similar a la que se aborda en la orden de detención parece estar en curso», dijo el tribunal en su anuncio. «Además, la Sala considera que es en interés de las víctimas y de sus familias que se les informe de la existencia de las órdenes».
La decisión de la CPI de solicitar órdenes de detención contra las dos figuras israelíes de mayor rango implicadas en la guerra de Gaza se enfrentará sin duda a la furiosa oposición del gobierno de Estados Unidos, que ya rechaza la jurisdicción de la CPI sobre sus propias actividades.
En 2002, el gobierno de George W. Bush promulgó una ley bipartidista que permitía el uso de la fuerza militar para liberar a cualquier personal estadounidense o aliado acusado de crímenes de guerra por el tribunal. El proyecto de ley, conocido posteriormente en la comunidad de derechos humanos como «Ley de Invasión de La Haya», autoriza el uso de la fuerza para liberar a personal militar, funcionarios electos o designados y otras personas empleadas por el gobierno de un país miembro de la OTAN, un aliado importante no perteneciente a la OTAN (incluidos Australia, Egipto, Israel, Japón, Jordania, Argentina, la República de Corea y Nueva Zelanda) o Taiwán, o que trabajen en su nombre».
Esta semana, el nuevo líder de la mayoría en el Senado, John Thune, pidió al Congreso que aprobara una ley bipartidista que sancionara a los fiscales de la CPI que intentaran procesar a funcionarios israelíes. El gobierno de Biden ha pasado gran parte del año pasado socavando la legitimidad del derecho internacional y la jurisdicción de la investigación de la CPI sobre Israel. Unos 42 demócratas votaron a favor del proyecto de ley que Thune se ha comprometido a aprobar. De aprobarse, la ley impondría sanciones al personal de la CPI implicado en procesos contra ciudadanos estadounidenses y de países aliados que no sean miembros de la CPI, incluido Israel. Impediría la entrada en Estados Unidos de algunos funcionarios de la CPI y revocaría sus visados.
Durante el primer mandato del presidente Donald Trump, este impuso sanciones a los fiscales de la CPI mediante una orden ejecutiva en represalia por las investigaciones de la Corte sobre Israel, así como por los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán. El presidente Joe Biden revocó esa orden en 2021, calificándola de «inapropiada e ineficaz», al tiempo que reiteraba su «objeción de larga data a los esfuerzos de la Corte por afirmar su jurisdicción» sobre Israel y Estados Unidos.
En la actualidad, 124 Estados de todo el mundo han firmado el Estatuto de Roma por el que se ratifica la Corte. Estados Unidos e Israel no se encuentran entre ellos, aunque el tribunal ha rechazado ahora la alegación de Israel de que no tiene jurisdicción sobre sus acciones. Ahora que se han emitido las órdenes de detención, cualquier Estado miembro al que Netanyahu y Gallant puedan viajar en el futuro estaría obligado a detener a los funcionarios israelíes si entran en su territorio, lo que reduciría drásticamente su capacidad para viajar por todo el mundo.
«Estas órdenes refuerzan el creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra la población de Gaza, incluida la decisión del otro tribunal de La Haya, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que determinó que las acciones israelíes crearon violaciones plausibles de la convención sobre genocidio», declaró Brody, fiscal de crímenes de guerra, a Drop Site News. «Netanyahu, como Vladimir Putin, es un criminal de guerra acusado cuyo mundo se limita ahora a los países que no han ratificado el tratado de la CPI».
La decisión del tribunal también puede crear graves tensiones para la Unión Europea, que libra su propia batalla legal en la CPI contra Rusia por su invasión de Ucrania. Vladimir Putin se enfrenta a una orden de detención de la CPI por su invasión de ese país, lo que ha aumentado la presión legal sobre el líder ruso por el conflicto. Muchos países europeos, como Alemania, que han apoyado abiertamente a Israel, se verán ahora presionados para socavar la autoridad del mismo tribunal en el que confían para combatir a Rusia, al tiempo que probablemente se enfrentarán a la presión de Estados Unidos para unirse a los esfuerzos por atacar o destruir por completo la CPI.
Altos funcionarios de varios Estados de la Unión Europea, entre ellos Francia, Bélgica y los Países Bajos, han dicho que acatarán las resoluciones del tribunal, lo que probablemente hará que Netanyahu no pueda viajar a esas naciones en un futuro próximo. El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también declaró tras el anuncio de la CPI que «la decisión del tribunal debe ser respetada y aplicada» por los países de la UE. Aunque el gobierno de Biden ya ha dejado claro que rechaza la jurisdicción de la CPI sobre Israel, al menos un alcalde estadounidense se ha comprometido a cumplir las órdenes de detención. «Dearborn detendrá a Netanyahu y Gallant si pisan los límites de la ciudad de Dearborn», declaró Abudullah Hamoud, alcalde de la ciudad de Michigan con mayor porcentaje de árabes y musulmanes de Estados Unidos, en un post en X. Otras ciudades deberían declarar lo mismo. Puede que nuestro presidente no tome medidas, pero los líderes de las ciudades pueden garantizar que Netanyahu y otros criminales de guerra no son bienvenidos a viajar libremente por estos Estados Unidos.»
Funcionarios israelíes se apresuraron a denunciar la emisión de las órdenes, con el exmiembro del gabinete de guerra de Netanyahu Benny Gantz declarando en las redes sociales: «La decisión de la CPI: ceguera moral y vergonzosa mancha de proporciones históricas que nunca se olvidará». El propio Netanyahu fue aún más lejos, criticando las órdenes judiciales como «antisemitas» y «similares a un moderno juicio Dreyfus», al tiempo que afirmaba que: «Israel rechaza con repugnancia las absurdas y falsas acusaciones de un tribunal sesgado y discriminatorio politizado. La decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intentaba salvar su pellejo de los graves cargos que se le imputaban».
En una declaración en respuesta al anuncio de la CPI, el funcionario de Hamás Basem Naim no mencionó la orden de detención dictada contra Deif. Acogió con satisfacción las «históricas» órdenes de detención dictadas contra Netanyahu y Gallant como «un paso importante hacia la justicia para la causa palestina», pero que «sigue siendo limitado y simbólico si no cuenta con las metodologías adecuadas y con el respaldo de todos los países del mundo para aplicarlo».
El anuncio que resume el razonamiento de la CPI para dictar las órdenes de detención contra Netanyahu y Gallant señala las políticas del gobierno israelí dirigidas a negar alimentos y suministros médicos a la población civil asediada de Gaza. El anuncio del tribunal afirma que «hay motivos razonables para creer que ambas personas privaron intencionadamente y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia, como alimentos, agua y medicamentos y suministros médicos, así como combustible y electricidad», acciones para las que añadieron que no había «una clara necesidad militar».
Los gazatíes se han enfrentado a la muerte tanto por hambruna como por negligencia médica como consecuencia de los bloqueos israelíes sobre el territorio, así como de ataques militares directos de los que el tribunal también alega que Netanyahu y Gallant son culpables. Los dos hombres se han convertido ahora en los primeros funcionarios de un aliado de Estados Unidos acusados de crímenes contra la humanidad por el tribunal. En la declaración en la que anunciaba sus órdenes de detención, la CPI afirmaba que sus acciones formaban «parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza».
Foto de portada: El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu (dcha.) y el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant (izq.) en Hebrón, agosto de 2023 (Amos Ben-Gershom (GPO)/Anadolu Agency via Getty Images).
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