Aída Chávez, The Intercept, 13 diciembre 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Aída Chávez es directora de comunicación y asesora política de Just Foreign Policy. Anteriormente fue corresponsal en Washington de The Nation y reportera en The Intercept, More Perfect Union y otros medios.
Después de que una ofensiva de choque de los rebeldes pusiera fin al régimen de Bashar al-Asad, Siria se encuentra inmersa en una encrucijada.
Reconstruir Siria de las cenizas de la devastadora guerra civil será, sin duda, un largo camino. Sin embargo, para los sirios que buscan ofrecer ayuda a sus compatriotas y empezar a reconstruir una nueva Siria, el dinero en efectivo escasea.
No obstante, hay una forma en que Occidente puede ayudar a los sirios a acceder a los fondos necesarios para tener la oportunidad de un futuro estable y próspero: poner fin a las sanciones de Estados Unidos.
Las sanciones nacieron de un esfuerzo de décadas para aislar al régimen sirio; un esfuerzo que fue in crescendo cuando Asad lanzó una brutal represión contra la revolución que estalló hace 13 años.
Hoy, con la marcha de Asad, un número creciente de defensores humanitarios, expertos y legisladores piden a Estados Unidos que ponga fin de inmediato a las sanciones a Siria como medida necesaria tanto para dar paso a la reconstrucción como para permitir que la ayuda llegue a la empobrecida población del país.
«No considerar el alivio de las sanciones ahora mismo es como tirar de la manta bajo los pies justo cuando Siria está intentando ponerse en pie», afirmó Delaney Simon, analista del International Crisis Group. «Es imposible exagerar la intensidad del efecto de las sanciones sobre la economía siria».
El Congreso tuvo este mes la oportunidad de poner fin a las sanciones más duras contra Siria simplemente dejándolas expirar. Se supone que la Ley César de Protección Civil de Siria de 2019 expira el 20 de diciembre, pero el Congreso se ha comprometido a mantenerla en vigor.
Una reciente propuesta para el presupuesto de defensa de Estados Unidos del próximo año incluía una disposición que extendería las sanciones de César; el texto fue publicado apenas horas antes de la caída de Asad. Dado que el presupuesto de defensa es un monstruo legislativo de aprobación obligatoria, es poco probable que ese texto cambie. Sin embargo, como la caída de Asad cumple ciertas condiciones de la ley, el presidente puede renunciar a muchas de las sanciones.
Por otra parte, las designaciones de terroristas para el Estado sirio y los rebeldes que efectivamente dirigen el país crean enormes obstáculos para el comercio.
Terroristas proscritos
Gran parte de la inquietud sobre la futura dirección de Siria se debe a la facción central que está detrás del derrocamiento de Asad, Hay’at Tahrir al-Sham, o HTS.
HTS, rama de Al Qaida, está designada como organización terrorista por los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido, por lo que está prohibido hacer negocios con el grupo. Abu Mohammed al-Yolani, el líder de HTS, también tiene fijada una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza, gracias a su papel tanto en Al Qaida como en el Estado Islámico en Iraq y Siria.
HTS y al-Yolani intentan ahora distanciarse de sus pasadas afiliaciones, lo que ha provocado lo que Politico calificó recientemente de «furioso debate» en Washington sobre si Estados Unidos debería excluir al grupo de la lista.
Sin embargo, la inclusión de HTS en la lista terrorista es sólo uno de los obstáculos a la apertura de Siria.
Décadas de presión económica estadounidense, espoleada sobre todo por legisladores de línea dura, han convertido a Siria en uno de los países más duramente sancionados del mundo. Bajo esta guerra económica -junto con las presiones de una brutal guerra civil librada por el régimen despótico de Asad, los despiadados rebeldes del Estado Islámico y varios otros grupos militantes-, los civiles sirios han sufrido privaciones indecibles.
Analistas y legisladores afirman que, con el fin de medio siglo de gobierno de la dinastía de la familia Asad, el fin de las sanciones puede empezar a ofrecer alivio a los sirios e impulsar su economía. Sin embargo, el camino hacia ese alivio pasa por Washington.
«No sabemos exactamente cuál va a ser el futuro de Siria», dijo el jueves Robert Ford, que fue embajador en Siria bajo la presidencia de Barack Obama. «No sabemos si va a ser un Estado que respete los derechos de las minorías, que fue una de las condiciones expuestas ayer por el Departamento de Estado para restablecer las relaciones».
«Aún es pronto», prosiguió. «Pero me parece que un gesto ahora eliminando algunas sanciones, y en particular las dirigidas al sector de la construcción sería, creo, un muy buen gesto».
La gente hace cola para conseguir pan de una organización benéfica en la ciudad septentrional siria de Alepo el 2 de diciembre de 2024. Foto: Muhammad Haj Kadur/AFP vía Getty Images.
El papel de Washington
El propio gobierno sirio ha sido designado «Estado patrocinador del terrorismo» desde 1979, pero la guerra económica se intensificó en 2011, cuando estalló la guerra civil. Una serie de órdenes ejecutivas restringieron la mayor parte del comercio restante entre Siria y Estados Unidos. Luego, en 2019, el Congreso aprobó la ley bipartidista César de Protección Civil en Siria, que amplió drásticamente la capacidad de Estados Unidos para sancionar a individuos, empresas y gobiernos por hacer negocios con el régimen de Asad.
En el momento de su aprobación, sus defensores argumentaron que la ley estaba diseñada para mitigar el daño potencial a los civiles sirios, «para evitar penalizar la ayuda humanitaria, incluidos los suministros médicos y alimentarios destinados a uso civil», como dijo la Brookings Institution. Sin embargo, un relator especial de la ONU concluyó en un informe de 2023 que el «creciente incumplimiento» de las sanciones, y en particular de la ley César, tenía «graves efectos adversos sobre un amplio espectro de derechos humanos».
Como consecuencia de las sanciones estadounidenses -que afectan a sectores enteros de la economía y a todos los bancos importantes de Siria-, la moneda cayó en picado y la inflación se disparó, lo que agravó las condiciones humanitarias y económicas sobre el terreno, ya de por sí terribles. El propio secretario de Estado, Antony Blinken, había dicho que la política de Estados Unidos es oponerse a la reconstrucción de Siria hasta que se produzca «un avance irreversible hacia una solución política».
Ese momento parece haber llegado, y algunos legisladores, al menos, parecen dispuestos a aprovecharlo.
Esta semana, dos legisladores, Joe Wilson, republicano de Carolina del Sur, y Brendan Boyle, demócrata de Pensilvania, escribieron una carta instando al gobierno de Biden a suavizar algunas de las sanciones impuestas a Siria. Los legisladores pidieron a la administración que mantuviera las sanciones a los antiguos funcionarios del gobierno de Asad, pero que suspendiera otras partes de la Ley César, en concreto las que incluían en la lista negra a sectores enteros de la economía y bloqueaban la reconstrucción.
«Es necesario un enfoque deliberado y gradual para eliminar las sanciones y los controles a la exportación contra Siria», decía la carta.
Para Wilson y Boyle representaba un cambio de rumbo. Como miembros de la influyente Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, los legisladores habían apoyado anteriormente la legislación para reforzar las sanciones de César y habían afirmado en repetidas ocasiones que las exenciones incorporadas a las sanciones estadounidenses eran suficientes.
La ayuda no es suficiente
Para muchos observadores de Siria, los llamamientos a poner fin a las sanciones generales serán bienvenidos, especialmente por el impacto que el bloqueo económico tiene en la población siria.
«El argumento de que las sanciones secundarias no tuvieron ningún impacto en la población civil siria no está probado», Ford, exembajador. «Si las sanciones retrasaron los proyectos de construcción, entonces hay menos viviendas como resultado y eso significa menos viviendas para el público sirio. También significa que hubo menos puestos de trabajo y salarios más bajos. Ciertamente, nuestros esfuerzos para bloquear las entregas de productos energéticos, y especialmente el petróleo, la gasolina, con seguridad, ayudaron a aumentar los precios de la energía en Siria, y eso también golpeó al pueblo».
Entre 2019 y 2021, el precio de los alimentos básicos en Siria aumentó un 800%, según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Naciones Unidas calcula que 16,7 millones de personas en Siria necesitan ayuda humanitaria, más del 70 por ciento de la población. Casi la mitad de los necesitados son niños.
A pesar de las licencias y las excepciones para la ayuda humanitaria, las medidas económicas restrictivas han dificultado la entrega de ayuda por parte de las organizaciones. Debido a que Siria está tan fuertemente sancionada, dijo Simon, el experto de Crisis Group, existe un «efecto de enfriamiento» en el que la mayoría de las entidades son reacias a hacer negocios en Siria debido a los posibles riesgos legales y de reputación.
Sin embargo, incluso si las empresas y las organizaciones internacionales estuvieran dispuestas a acogerse a las exenciones para la ayuda humanitaria, Simon afirmó que se necesita hacer mucho más.
«La ayuda humanitaria no puede generar toda una economía por sí misma», dijo Simon. «Lo vimos en Afganistán, donde había licencias humanitarias y sus trabajadores humanitarios presentes sobre el terreno. Pero no se puede sostener el PIB de todo un país con algunos envíos de ayuda, aunque los donantes estuvieran dispuestos a dar toda la ayuda que se necesitara para ello. Esa no es forma de establecer un país independiente que sea capaz finalmente de valerse por sí mismo».
Simon cree que Estados Unidos y otros gobiernos sancionadores deberían desarrollar un plan para la eventual derogación de las medidas. Ahora, sin embargo, Estados Unidos podría dar el paso inmediato de emitir una licencia general que permita la actividad comercial, no sólo la ayuda humanitaria, en Siria.
Foto de portada: Calle destruida en un ataque aéreo del gobierno de Bashar al-Asad en Marrat Misrin, provincia septentrional de Idlib, el 2 de diciembre de 2024 (Bilal Alhammud/Middle East Images vía AFP).
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