Jonah Valdez, The Intercept, 9 enero 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Jonah Valdez es un reportero de The Intercept que cubre temas relativos a política interior y política exterior de EE. UU., Israel y Palestina, cuestiones de derechos humanos y movimientos de protesta por la justicia social. Anteriormente fue redactor de Los Angeles Times. Creció en San Diego y ahora reside en Los Ángeles, donde también escribe poesía y está trabajando en su primer recopilatorio.
Cuando la abogada de derechos humanos Nura Ghazi recibió la noticia a principios de diciembre de que Bashar al-Asad había huido de Siria, quedó abrumada por la conmoción. El régimen había dictado las condiciones de vida de su familia desde que tenía memoria. Cuando tenía solo 5 años, el régimen encarceló a su padre por su activismo laboral. Su esposo, a su vez, fue detenido durante los primeros años de la guerra civil siria. Más tarde se enteraría de que el gobierno de Asad había ejecutado a su esposo en prisión. Ahora Asad se había ido.
Cuando los combatientes rebeldes tomaron Damasco el mes pasado, abrieron las puertas de la prisión, lo que permitió que miles de sirios salieran libres. Las personas liberadas de la prisión de Sednaya, conocida por ser un “matadero humano”, o de las cárceles de ciudades como Homs, se regocijaron a la luz del día en imágenes que circularon ampliamente en Internet. Pero como la desinformación sobre los desaparecidos también se extendió por Internet, complicando la buena noticia, Ghazi tuvo poco tiempo para celebrar.
Su organización Nophotozone, que cofundó con su difunto esposo Basel Jartabil Safadi, representa a 3.500 familias sirias cuyos seres queridos fueron detenidos arbitrariamente por el gobierno de Asad. Se estima que 150.000 personas han desaparecido dentro del sistema penitenciario de Siria durante la guerra civil. Como la mayoría de los familiares de sus clientes siguen desaparecidos, Ghazi y sus colegas han pasado el último mes, durante muchas noches de insomnio, buscándolos y brindando atención médica a las personas recién liberadas.
Al mismo tiempo que trabajan para localizar a los vivos, su organización se esfuerza por preservar documentos recientemente desenterrados, que antes estaban guardados bajo llave y que el régimen de Asad utilizó para registrar sus abusos. Mientras el país comienza a reconstruirse y a dar forma a su nuevo gobierno después de más de 50 años de dictadura, los sirios están lidiando con una compleja búsqueda de rendición de cuentas por los crímenes de guerra cometidos por el régimen de Asad. Durante su gobierno, el gobierno encarceló, torturó y ejecutó a miles de personas. Sus militares mataron a miles más durante la guerra civil, atacando a civiles e infraestructuras civiles, como hospitales, con bombas y armas químicas. Varias facciones rebeldes también han sido acusadas de abusos de los derechos humanos. Si bien el derrocamiento ha puesto fin a los combates, las cicatrices de la guerra amenazan la paz recién encontrada.
“En la reconstrucción de Siria, no habrá paz sin justicia y rendición de cuentas”, dijo Ghazi a The Intercept.
Los sirios buscan los cuerpos de sus familiares detenidos en las cárceles del derrocado régimen de Asad a través de fotos exhibidas en el Hospital Al-Mujtahid, de Damasco, el 12 de diciembre de 2024 (Foto: Hasan Belal/Anadolu/Getty Images).
Hay’at Tahrir al-Sham, que lideró la ofensiva de 10 días contra Asad y anunció que permanecerá en el poder como gobierno de transición hasta marzo, ha indicado que se toma en serio la lucha contra los crímenes de guerra del pasado. Ha anunciado la formación de una comisión judicial y de derechos humanos que ayudará a dar forma a su constitución y ha dicho que tiene una lista de altos funcionarios involucrados en torturas, prometiendo recompensas a quienes tengan información que pueda llevar a la captura de otros.
El temor sobre cómo actuarán los nuevos gobernantes islamistas suníes del país hacia las diversas minorías de Siria, como los kurdos y los alauíes, está ya gestándose. Algunos grupos de derechos humanos y críticos han señalado como motivo de preocupación las supuestas violaciones de derechos humanos y la violenta represión cometida por HTS durante el tiempo que gobernó la provincia de Idlib.
Pero otros grupos de derechos humanos reconocen que HTS ha contribuido a preservar las pruebas de las atrocidades masivas. Además de sus prisiones, el gobierno sirio también abandonó sus oficinas de inteligencia cuando huyó, donde se guardan montones de documentos y expedientes que detallan las acciones de sus fuerzas militares y policiales. Las organizaciones de la sociedad civil siria se han apresurado a entrar en estas instalaciones para registrar la mayor cantidad posible de documentos que puedan utilizarse para construir casos para futuros procesamientos por crímenes de guerra.
Este enfoque ha dado resultados en el pasado. Al principio de la guerra civil, el gobierno sirio abandonó sus instalaciones de inteligencia en regiones tomadas por fuerzas rebeldes. El Centro de Justicia y Responsabilidad Sirio pudo reunir 500.000 páginas de documentos de esas oficinas, que ha almacenado, analizado y utilizado en el procesamiento de casos contra el gobierno de Asad en toda Europa, en Estados Unidos y otras jurisdicciones, dijo Roger Lu Phillips, director jurídico de la organización.
En las últimas semanas, el grupo ha desplegado equipos liderados por sirios para acceder a los edificios recién inaugurados y fotografiar tantos documentos como sea posible que considere de alto valor, dijo Phillips. Algunas de las instalaciones están custodiadas por combatientes del HTS, que han permitido la entrada a voluntarios de derechos humanos y a la prensa en ocasiones, pero en otras ocasiones han denegado la entrada. Otras instalaciones carecen de esos guardias, lo que deja las posibles pruebas vulnerables a daños.
“En algunos de los lugares a los que entramos, volvimos un día después y el lugar había sido quemado”, dijo Phillips. “Algunas personas están tratando de destruir la documentación, probablemente restos del régimen de Asad, preocupados por la prueba de lo que hay en las instalaciones”.
Ghazi, de Nophotozone, ha expresado abiertamente la necesidad de preservar los documentos del gobierno y ha criticado el mal manejo de los documentos en las instalaciones penitenciarias, lo que dificulta los esfuerzos por localizar a los desaparecidos. El mes pasado, publicó un video de la prisión de Sednaya que mostraba a personas pisando pilas de documentos esparcidos por el suelo, pidiendo a las autoridades y a los grupos internacionales que intervinieran. Desde entonces, su organización ha firmado un acuerdo con HTS y está trabajando con el gobierno interino para ayudar a preservar los documentos que quedan y compartirlos con organismos internacionales, como el Comité Internacional de la Cruz Roja.
“El paso más importante ahora es proteger las pruebas, los documentos, las fosas comunes y luego estudiarlo todo”, dijo Ghazi. “Tiene que ser un proceso muy largo para llegar a la rendición de cuentas y lograr justicia”.
Una niña inspecciona documentos de identificación mientras la gente busca información que conduzca a sus familiares desaparecidos en la prisión dirigida por la «rama de Seguridad Palestina» de la Dirección de Inteligencia Militar de Siria en Damasco el 13 de diciembre de 2024 (Foto: Louai Beshara/AFP/Getty Images).
Buscar justicia en Siria era imposible con el régimen de Asad todavía en el poder. En las Naciones Unidas, Rusia, aliada de Asad, frustró regularmente intentos anteriores de remitir casos de crímenes de guerra a La Haya con su voto de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Por eso, la sociedad civil siria ha recurrido a la jurisdicción universal para perseguir a los criminales de guerra en tribunales de Europa, el Reino Unido y los EE. UU. La jurisdicción universal permite a los gobiernos, organizaciones o individuos procesar a personas por crímenes de guerra dentro del sistema judicial de un país, incluso si los crímenes se cometieron en otra jurisdicción.
El gobierno sirio y las fuerzas progubernamentales han sido responsables de la mayoría de las atrocidades en Siria, pero debido a la falta de acceso a pruebas y testigos, la mayoría de los casos de crímenes de guerra sirios en Europa y Estados Unidos han tenido como blanco al grupo Estado Islámico. El Centro de Justicia y Rendición de Cuentas de Siria ha participado en unos 100 casos relacionados con atrocidades cometidas durante la guerra civil y ha seguido la pista de un total de 350 casos que se han producido en todo el mundo, a los que Phillips se refirió como «apenas una gota en el océano».
Esta estrategia ha tenido cierto éxito. En 2022, un juez de Alemania condenó a cadena perpetua a Anwar Raslan, un exoficial de inteligencia sirio, por supervisar la tortura de al menos 4.000 personas. Había huido a Europa en busca de asilo antes de ser arrestado en 2019.
En mayo pasado, tras un juicio celebrado en ausencia, un tribunal de París condenó a cadena perpetua a tres exfuncionarios sirios de alto rango por su papel en la tortura y asesinato de un hombre sirio francés y su hijo. Dos de los hombres, Yamil Hasan y Abdul Salam Mahmud, también son buscados por las autoridades estadounidenses, según una denuncia del Departamento de Justicia revelada en diciembre que los acusa de dirigir una prisión, famosa por la tortura, en el aeropuerto militar de Mezzeh en Damasco.
Las personas que buscan a sus familiares desaparecidos examinan los cuerpos descubiertos en la morgue del hospital militar de Harasta en el Hospital Al-Mujtahid el 11 de diciembre de 2024 (Foto: Emin Sansar/Anadolu/Getty Images).
También en Francia, los fiscales obtuvieron una orden de arresto en 2023 para el propio Asad, que actualmente vive asilado en Rusia. El caso se centra en los ataques con armas químicas que Asad ordenó en las ciudades sirias de Ghuta y Duma en agosto de 2013, donde murieron más de 1.000 personas, según estimaciones, y cientos más sufrieron heridas. Algunos murieron durante la noche mientras dormían.
Los casos en Europa han sido innovadores para la sociedad siria por su alcance y enfoque, permitiendo a los supervivientes y testigos la oportunidad de participar en los procedimientos penales, y muchos dieron testimonios desgarradores durante los juicios, en ocasiones enfrentándose a las personas que los torturaron. Pero los casos europeos también han sido recordatorios de cómo la rendición de cuentas por los abusos había estado ausente dentro del propio sistema judicial de Siria durante décadas bajo el gobierno de Asad.
“En este momento, Siria tiene una enorme oportunidad: la rendición de cuentas puede significar algo completamente diferente, no se limita a lo que podemos hacer en Europa o en Estados Unidos”, dijo Hadi Al-Khatib, fundador del Archivo Sirio, que posee una base de datos de código abierto con 3 millones de videos que documentan crímenes de guerra en Siria. Él y su organización han pasado los últimos diez años reuniendo y verificando las imágenes mediante un minucioso proceso de investigación para ayudar a los fiscales fuera del país a construir casos penales, incluidos los casos emblemáticos en Francia y la orden de arresto contra Asad. Desde diciembre, cuando los refugiados sirios comenzaron a regresar al país, él y otros grupos han comenzado a formar una nueva estrategia sobre cómo reunir nuevas pruebas a medida que más personas están dispuestas a presentarse para denunciar abusos.
“Se puede escuchar a más testigos”, dijo Katib, quien se mudó a Alemania en 2014. “Más familias de víctimas pueden participar. Más sobrevivientes pueden participar. Se pueden procesar crímenes más diversos”.
Husam al-Nahhas, médico sirio e investigador de Physicians for Human Rights, dijo que esperaba que un nuevo sistema judicial en Siria priorizara la justicia transicional, utilizando las evidencias que él y otros han pasado años recogiendo y las nuevas evidencisa que ya están surgiendo.
El propio Nahhas es un superviviente de abusos de los derechos humanos. Mientras estudiaba medicina, formó parte de un grupo de voluntarios en Alepo que trataban a manifestantes anti-Asad que fueron heridos por el ejército sirio durante las manifestaciones. En 2012, tres de sus colegas fueron detenidos por el gobierno sirio; dos días después, fueron encontrados muertos al costado de una carretera, con los cuerpos con impactos de bala y quemados, recordó Nahhas. Varias semanas después, Nahhas también fue arrestado y torturado por oficiales sirios que lo interrogaron sobre su identidad y los nombres de otros médicos, así como sobre cómo obtuvo sus suministros médicos. Fue liberado después de 16 días de tortura continua.
La gente busca a sus seres queridos a través de documentos de identidad y pasaportes encontrados en un centro de detención en la base aérea Mezzeh en Damasco el 22 de diciembre de 2024 (Foto: Bekir Kasim/Anadolu/Getty Images).
Durante el resto de la guerra, viajó de Turquía a Siria y viceversa, realizando investigaciones sobre ataques a hospitales y trabajadores médicos, documentando 608 ataques a instalaciones de atención médica y el asesinato de 949 trabajadores de la salud, en su mayoría por parte del gobierno sirio, fuerzas progubernamentales o personal militar ruso aliado. Su investigación también encontró que los trabajadores médicos detenidos por el gobierno sirio por brindar atención médica a los heridos tenían un 400 por ciento más de probabilidades de ser asesinados que los trabajadores médicos detenidos por razones políticas.
«Demostró que esto va más allá de ser simplemente arbitrario, era parte de la peor estrategia: el ataque deliberado a los proveedores de atención médica», dijo Nahhas.
Tanto Nahhas como Khatib dijeron que creen que el proceso de justicia en Siria necesitará el apoyo de organismos internacionales, como las Naciones Unidas, pero destacaron la importancia de que el proceso sea liderado por los sirios.
“Conocemos la magnitud de las violaciones que se cometieron en nuestro suelo y el dolor es inimaginable, el sufrimiento impuesto al pueblo sirio es inimaginable”, dijo Nahhas.
Dada la naturaleza compleja de las violaciones en Siria, Nahhas dijo que la rendición de cuentas debe centrarse no solo en el gobierno anterior, sino también en otras partes del conflicto. Otros grupos acusados de violaciones del derecho internacional incluyen al Estado Islámico, el Ejército Nacional Sirio respaldado por Turquía o las Fuerzas Democráticas Sirias apoyadas por Estados Unidos. Las fuerzas de las FDS están operando actualmente campos de prisioneros en el noreste de Siria, donde los combatientes del ISIS y las mujeres y los niños acusados de apoyarlos están detenidos indefinidamente sin juicio, lo que ha provocado la condena de grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional.
Muchos sirios también se han desilusionado con los organismos internacionales y otras naciones que han explotado la guerra civil para sus propios fines políticos, dijo Khatib, mientras que el gobierno sirio siguió deteniendo y matando a miles de civiles.
“Por eso creo que, si se trata de un proceso de justicia con un diseño sirio y que sea incluyente, traerá más paz al país y más reconciliación entre los diferentes actores dentro del país”, dijo Khatib. “De lo contrario, podría usarse como una herramienta política entre diferentes actores, lo que podría aumentar la inestabilidad del país. Se trata lograr de una paz sostenible y de asegurarse de que la gente reconozca lo que sucedió y hable con los demás, incluso si no se juzga a todos, pero que haya un registro de lo que sucedió y que las personas involucradas no vuelvan a formar parte de un nuevo gobierno sirio”.
Una vez que el nuevo gobierno establezca una constitución y un sistema judicial, quedan muchas preguntas sobre cómo se hará justicia. Siria podría considerar la posibilidad de convertirse en parte del Estatuto de Roma, al igual que su nuevo aliado Ucrania, lo que abriría vías de procesamiento a través de la Corte Penal Internacional. En lugar de pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde probablemente le espera un veto ruso, podría remitir el caso directamente al tribunal internacional de crímenes de guerra de La Haya.
Tampoco está claro cómo sería el procesamiento dentro de un sistema judicial sirio recién formado.
Phillips, del Centro de Justicia y Responsabilidad Sirio, ha participado en iniciativas anteriores de rendición de cuentas tras la caída de un régimen dictatorial. Trabajó en el Tribunal de Camboya, establecido en 1997, que buscaba responsabilizar a los miembros de los Jemeres Rojos por sus atrocidades.
“¿Qué tipo de juicios prevén?”, preguntó Phillips, refiriéndose al futuro sistema judicial sirio. “¿Y, hay espacio para que la comunidad internacional los apoye, o para que la sociedad civil de la diáspora, que ha estado recopilando documentación durante los últimos 12 años, los apoye y les proporcione documentación en un tribunal interno para el procesamiento de crímenes de guerra?”.
Otros tribunales de crímenes de guerra que se han creado en naciones posbélicas en la historia reciente incluyen el Tribunal Penal Internacional para Ruanda después del genocidio ruandés y un tribunal regional en Sierra Leona, establecido en 2002 después de la guerra civil de Sierra Leona. El Tribunal Especial para Sierra Leona, integrado por jueces de Sierra Leona, otros países africanos y personalidades de Canadá y el Reino Unido, condujo a la condena por crímenes de guerra del expresidente liberiano Charles Taylor, la primera de su tipo para un jefe de Estado en África.
David Crane, un abogado estadounidense que ayudó a fundar y sirvió como fiscal jefe del tribunal de Sierra Leona, dijo que se podría crear un tribunal similar en Siria. Crane también fue coautor del influyente Informe César, presentado a la ONU en 2014, en el que se destacan imágenes sacadas de Siria de contrabando por un exfotógrafo de la inteligencia siria que tomó fotos de los cuerpos de detenidos que fueron torturados hasta la muerte. Crane dijo que está dispuesto a ayudar en un esfuerzo de ese tipo para establecer un tribunal en Siria, que probablemente comenzaría con una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU. Pero advirtió que un proceso de ese tipo debería centrarse en lo que significa la justicia para el pueblo de Siria y otras naciones árabes.
“El derecho penal internacional tiende a ser, francamente, una especie de justicia del hombre blanco; está muy centrado en Europa”, dijo Crane, quien también fundó el Proyecto de Responsabilidad Siria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa. “Se aproxima a la ley en tal sentido, y no hay nada de malo en eso. Es solo que también tenemos que ser muy sensibles con el pueblo sirio”. Agregó que cualquier proceso tendría que reconocer las cicatrices dejadas en el mundo árabe por el colonialismo occidental.
Ghazi dijo que está dispuesta a trabajar con expertos de toda la comunidad internacional para contribuir al proceso de justicia en Siria, pero también enfatizó que los supervivientes de los crímenes de guerra deberían estar en el centro de todo.
“Prefiero que sea liderado por los sirios, y no solo por las organizaciones de la sociedad civil siria, sino, lo más importante, por las familias de esas víctimas, que son lo más importante. Ellos deberían decidir lo que quieren, y nosotros, como expertos, como defensores de los derechos humanos, como organizaciones de la sociedad civil, deberíamos simplemente satisfacer sus necesidades, deberíamos tratar de lograr sus demandas”, dijo.
Bolsas para cadáveres llenas de restos humanos encontradas tiradas al costado de una carretera en las afueras de Damasco, el 15 de diciembre de 2024. Actualmente se desconoce el origen y la identificación de los cuerpos ( Foto: Chris McGrath/Getty Images).
Mientras prosigue la búsqueda de justicia, los sirios también están trabajando para encontrar a los muertos desaparecidos. Ghazi todavía espera recoger los restos de su difunto esposo.
En Siria han aparecido fosas comunes en todo el país y, con la apertura de las morgues gubernamentales, las personas y las organizaciones de la sociedad civil siria han comenzado rápidamente a exhumar cuerpos y buscar en bolsas para cadáveres con la esperanza de localizar a sus familiares. Ghazi y los grupos de la sociedad civil ahora advierten que los esfuerzos de búsqueda apresurados pueden dañar las pruebas y han pedido a las personas dentro de Siria que preserven esos sitios hasta que se pueda realizar un examen forense y una excavación.
En los últimos años, Ghazi ha podido procesar la pérdida de su esposo Basel Safadi. Antes de que lo encarcelaran, la pareja se había ya comprometido; él fue arrestado semanas antes de la fecha fijada para su boda. En dos visitas a la prisión, Ghazi y Safadi se casaron, dos años antes de su ejecución.
Ghazi, que vive en Francia, dijo que ahora está comprometida con una nueva pareja. Pero los acontecimientos del último mes la han vuelto a traumatizar. La semana pasada, le dijo a la organización sin fines de lucro Syria Untold que en los últimos días ha tenido dificultades para dormir y, cuando lo hace, sufre pesadillas. Y después de ver a muchos exdetenidos que se creían muertos reunirse con sus familias, una vez más se pregunta si su esposo puede estar todavía está vivo.
Mientras Ghazi sigue ayudando a las familias que tienen la esperanza de reunirse con sus parientes desaparecidos, muchos otros también están tratando de confirmar sus muertes o, como Ghazi, tratando de recuperar sus restos. Para las familias de los desaparecidos, enterrar a los muertos puede ser el primer paso hacia la justicia.
“Lucharé hasta el final para obtener los restos de Basel”, dijo, “y los restos de todos”.
Foto de portada: Una mujer siria llamada Um Imad sostiene una foto de su pasaporte en la Prisión de la Agencia Palestina de Siria en Damasco, donde su hija estuvo detenida durante meses, el 17 de diciembre de 2024 (Scott Peterson/Getty Images).
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