Siddharthya Roy, Drop Site News, 16 febrero 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Siddharthya Roy es un periodista que centra su trabajo en la investigación de conflictos políticos e insurgencias en el sur de Asia. Indie. Sí, como a los perros, nunca le gustaron mucho los collares ¯\_(ツ)_/¯. Escribió a📕recientemente: https://bit.ly/3WuAQNE
Introducción
Como demostraron el presidente Donald Trump y el primer ministro indio Narendra Modi durante su reunión en Washington, D.C. esta semana, los dos líderes tienen mucho en común: una preferencia por el nacionalismo muscular y un deseo de hacer que sus respectivos países vuelvan a ser «grandes» mediante -al menos en teoría- la elevación del hombre común.
Poco se habló de cómo Modi y su Partido Bharatiya Janata están presionando agresivamente para que la India deje de ser una república laica y se convierta en un Estado nacionalista hindú, en ningún lugar de forma más clara que en Jammu y Cachemira.
Antes de la partición en 1947, Cachemira era un reino de mayoría musulmana bajo un rey hindú que buscaba la independencia tanto de India como de Pakistán. Pero Pakistán, que reclamaba Cachemira por su identidad musulmana, lanzó una ofensiva armada. En octubre de 1947, el rey, incapaz de resistir, pidió ayuda a la India, lo que llevó a la absorción de Cachemira como Estado federal con una autonomía excepcional: constitución y bandera propias y derechos territoriales exclusivos para los cachemires.
Esa frágil paz se vino abajo. La militancia respaldada por Pakistán y las brutales medidas represivas del ejército indio convirtieron Cachemira en una zona de conflicto fuertemente militarizada. En este caos, ambas partes han jugado peligrosos juegos demográficos. En la década de 1990, los militantes islamistas expulsaron violentamente a los pandits cachemires -la comunidad hindú autóctona de la región- para afirmar el dominio musulmán. Mientras tanto, los nacionalistas hindúes ven el estatus de mayoría musulmana de Cachemira como una cicatriz en su visión de una India ante todo hindú.
En agosto de 2019, Modi desechó la autonomía de Cachemira y disolvió su asamblea legislativa, una medida que cumplió un objetivo nacionalista hindú pero creó una serie de nuevos desafíos de seguridad que el Estado indio está mal equipado para manejar.
Como informa Siddharthya Roy, el movimiento armado de derogación de la autonomía ha cegado al gobierno ante las realidades del terreno, le ha cortado los ojos y los oídos sobre el terreno y ha inflamado la confusión y las tensiones entre el ejército, la policía, los burócratas y los políticos. Y, por primera vez desde la década de 1990, ha puesto a los civiles hindúes directamente en el punto de mira de los militantes apoyados por Pakistán.
La noche del 29 de mayo de 2024, Kupwara, un distrito enclavado en los escarpados valles de Jammu y Cachemira, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento violento, dramático y embarazoso. Comenzó con una redada de la policía de Jammu y Cachemira en una presunta operación de narcotráfico. Los agentes actuaron con rapidez, basándose en información de inteligencia obtenida de comunicaciones interceptadas que creían que les conducirían a una figura clave vinculada tanto al tráfico de drogas como a la militancia transfronteriza. Para los agentes, se trataba de una operación típica, que no esperaban que desembocara en un enfrentamiento armado. Pero cuando llegaron a la casa del sospechoso, hicieron un descubrimiento sorprendente: Era un soldado del Ejército Territorial, un componente de reserva del Ejército indio encargado de apoyar la seguridad interna.
La situación se agravó rápidamente. Alrededor de las 21:40, entre 30 y 40 soldados armados del Ejército Territorial dirigidos por tres tenientes coroneles irrumpieron en la comisaría de Kupwara tras enterarse de la redada. Los soldados agredieron a los agentes de policía con culatas de fusil y golpes físicos, dejando a cuatro agentes hospitalizados, según revelaron los relatos de testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad. En medio del caos, los soldados se apoderaron de los teléfonos móviles de los heridos y secuestraron al jefe de policía. El incidente puso patas arriba lo que hasta entonces había sido una larga historia de coordinación entre la policía local y las autoridades federales.
Al día siguiente, la policía de Jammu y Cachemira inició procedimientos penales contra 16 miembros del ejército. Pero las autoridades militares se mostraron indiferentes y calificaron el episodio de «pequeño malentendido» resuelto pacíficamente, a pesar de que las pruebas de vídeo y los testimonios de los testigos demostraban lo contrario. Un portavoz de Defensa con base en Srinagar fue más allá, calificando los informes sobre el altercado de «infundados e incorrectos». En la mayor parte de la India, un episodio tan escandaloso daría lugar a rápidas acciones legales; en este caso, no se han tomado tales medidas. Pero Cachemira, una línea divisoria en el amargo conflicto de décadas entre India y Pakistán, siempre ha sido un caso único.
En agosto de 2019, Narendra Modi, primer ministro de India, despojó a Jammu y Cachemira de su estatus especial, dividiéndola en dos territorios bajo el control directo de Nueva Delhi y disolviendo su asamblea legislativa estatal. Con ello, dio marcha atrás en un compromiso de siete décadas destinado a salvaguardar la identidad singular de la única región de mayoría musulmana de la India. Para llevar a cabo su toma de poder, Modi revocó un par de disposiciones constitucionales: El artículo 370, que otorgaba a Jammu y Cachemira el derecho a tener su propia constitución y un importante control sobre los asuntos internos, y el artículo 35A, que otorgaba a la asamblea legislativa del Estado la facultad de prohibir a los no residentes que se establecieran allí o adquirieran tierras. Funcionarios del gobierno indio hicieron gestos para restaurar la condición de Estado de Jammu y Cachemira comprometiéndose a celebrar elecciones estatales.
Los críticos consideraron estas medidas de Modi parte de un esfuerzo concertado para allanar el camino a los cambios demográficos e impulsar la misión del BJP de transformar la India de una nación laica en un Estado nacionalista hindú. La eliminación de las protecciones contra la propiedad de tierras por parte de no cachemires suscitó el temor al colonialismo de asentamientos, lo que provocó la resistencia local y la condena internacional, sobre todo de Pakistán y de organizaciones de derechos humanos, que calificaron la derogación del 370 y el 35A como una erosión de la autonomía histórica y la identidad cultural de Cachemira.
Para Modi y el BJP, el estatus único de Jammu y Cachemira había sido durante mucho tiempo un obstáculo para su visión de una nación unificada. «El artículo 370 y el 35A solo dieron separatismo, nepotismo y corrupción al pueblo de Jammu y Cachemira», dijo Modi en un discurso nacional el 8 de agosto de 2019. Pakistán, rival histórico de la India, había utilizado el artículo 370 «como una herramienta para propagar el terrorismo» que se había cobrado 42.000 vidas perdidas desde que comenzó la insurgencia en 1989, añadió. «Confío en que el pueblo de Jammu y Cachemira derrotará al separatismo con nueva energía y esperanza».
El resultado ha sido cualquier cosa menos eso. El fin del estatus especial de Jammu y Cachemira ha creado un peligroso vacío de normas constitucionales. La disolución de la asamblea del Estado y la imposición del gobierno central han restringido drásticamente la capacidad de los representantes locales electos para abordar las quejas o exigir responsabilidades a las fuerzas de seguridad. La neutralización de las instituciones locales ha transferido, de hecho, una mayor autoridad al gobierno central indio. Y como la abrogación eliminó las fuentes locales fiables de inteligencia sobre las actividades de las milicias y las amenazas emergentes, Nueva Delhi se ha cegado a sí misma ante los acontecimientos sobre el terreno.
Para compensar, el personal de seguridad indio comenzó a inundar Jammu y Cachemira a partir del 5 de agosto de 2019. Sin embargo, su presencia ampliada en toda la región ha tenido el efecto de aumentar la probabilidad de enfrentamientos entre civiles y fuerzas armadas. Gracias al vaciamiento de la autoridad local, múltiples fuerzas de seguridad operan ahora bajo autoridades rivales y una supervisión mínima. En conjunto, estos factores han creado un entorno inestable y lleno de confusión que, paradójicamente, se ha vuelto cada vez más peligroso para los hindúes de la región.
Desde 2023 y hasta finales del año pasado, una serie de incidentes traumáticos, como la reyerta de Kupwara, han puesto de manifiesto las consecuencias imprevistas de la apuesta del BJP en Jammu y Cachemira: En lugar de estabilizar la región, parece haber sembrado las semillas de disturbios más importantes.
Estado de seguridad
La amenaza de violencia comunal entre hindúes y musulmanes siempre ha planeado sobre Jammu y Cachemira. Gobernado por un maharajá hindú, el territorio de mayoría musulmana buscó la independencia y recibió el apoyo de una invasión miliciana respaldada por Pakistán en octubre de 1947. La revuelta que siguió obligó al maharajá a solicitar apoyo militar a Nueva Delhi, lo que condujo a la adhesión de Jammu y Cachemira a la India y, dos años después, a la aprobación del artículo 370. Durante décadas, el artículo 370 ayudó a mantener la independencia de Jammu y Cachemira.
Durante décadas, el artículo 370 ayudó a mantener un precario equilibrio entre la autonomía de Jammu y Cachemira, la soberanía de India y los lazos de la región con Pakistán. Pero con el paso de las décadas, la militancia respaldada por Pakistán transformó Jammu y Cachemira de un Estado regular de la Unión India en un Estado de seguridad, en el que la responsabilidad democrática y los derechos civiles han pasado a un segundo plano.
La tensión estalló tras las controvertidas elecciones a la asamblea de 1987, en las que los jóvenes cachemires que habían participado en el proceso democrático vieron cómo sus votos perdían todo su valor debido al fraude generalizado organizado por el partido del Congreso, que controlaba el gobierno central en aquel momento. Muchos de estos jóvenes desilusionados cruzaron a la Cachemira administrada por Pakistán y regresaron más tarde como militantes entrenados.
En 1989, los disturbios habían estallado en una violenta insurgencia alimentada por sentimientos separatistas y el apoyo de Pakistán, lo que militarizó aún más la región y ahondó las divisiones. La insurgencia de la década de 1990 marcó la época más sangrienta de Cachemira, con asesinatos selectivos de hindúes, que provocaron su éxodo masivo, y la muerte de cientos de musulmanes en operaciones de contrainsurgencia.
Durante un tiempo, los grupos anti-India, tanto los armados como Lashkar-e Taiba, el mayor grupo terrorista de Cachemira, y los no armados como la Conferencia Hurriyat, encontraron un lugar en la política cachemir siempre y cuando cumplieran una norma no escrita: excluir de la lista de objetivos a cualquiera que no perteneciera a las fuerzas armadas, el gobierno o las fuerzas del orden. Pero los acontecimientos de los dos últimos años sugieren que esto ya no es así.
«Nuestros ojos y oídos se han cerrado»
Aproximadamente a las 19:00 hora local de la tarde del 1 de enero de 2023, dos asaltantes no identificados armados con fusiles se infiltraron en el pueblo de Dangri, en el sur de Jammu y Cachemira. Con una precisión escalofriante, atacaron al menos tres casas de residentes hindúes. Los informes indican que los atacantes comprobaron la identidad de las víctimas revisando sus documentos de identidad antes de disparar contra ellas, matando a cuatro civiles e hiriendo a otros seis. Al día siguiente, hacia las 9:00 de la mañana, cerca de la casa de una de las víctimas del tiroteo del día anterior, detonó un artefacto explosivo improvisado que mató a un niño en el acto e hirió a otras seis personas, en su mayoría niños, entre ellos un par de hermanos.
En respuesta, la policía local, la Fuerza de Policía de la Reserva Central del gobierno federal y personal del ejército iniciaron una amplia búsqueda de los autores. La Agencia Nacional de Investigación (NIA, por sus siglas en inglés), encargada de la lucha antiterrorista, asumió el control de la operación y acabó presentando cargos contra cinco militantes, tres de los cuales, al parecer, residían en Pakistán. Además, se detuvo a dos residentes de la zona de Poonch, en Jammu y Cachemira, y a un menor por prestar presuntamente apoyo logístico a los atacantes. Para reforzar la seguridad regional, Nueva Delhi desplegó más agentes de la Fuerza de Policía de la Reserva Central, unos 1.800 efectivos, estacionados principalmente en los inestables distritos de Rajouri y Poonch.
Para consolar a las familias de las víctimas, el gobierno ofreció un pago de un millón de rupias y un puesto de trabajo público a los familiares de cada civil muerto. El 21 de enero de 2023 se distribuyeron cartas de nombramiento para estos puestos a las familias de las siete personas que perdieron la vida. Estos esfuerzos no sirvieron de mucho para calmar la angustia. Saroj Bala, que perdió a sus dos hijos en los atentados, se ha hecho oír especialmente y ha organizado múltiples protestas para exigir una investigación más exhaustiva. En repetidas ocasiones ha expresado su frustración por las conclusiones de la NIA y el ritmo de la investigación.
Varios meses después de los atentados de Rajouri, en junio de 2023, un joven agente adscrito a la oficina de Srinagar del Ala de Investigación y Análisis, la agencia de inteligencia exterior de la India, me hizo una valoración ambigua, pero en última instancia optimista, de la Cachemira posterior al 370. «Nuestros ojos y oídos se han cerrado, sobre todo en el sur de Cachemira, donde los militantes tienen sus bases más sólidas y cuentan con el apoyo de la población local», dijo el agente. Pero el nuevo paradigma también tiene sus ventajas. «No digo que la eliminación del 370 y la suspensión de las elecciones locales fueran malas. Desde el punto de vista de la aplicación de la ley, el desguace del 370 ha sido muy eficaz».
Bajo el 370, las operaciones policiales se enfrentaban a importantes retos debido a la interferencia política, dijo el agente. Cuando se detenía a personas sospechosas de prestar apoyo a militantes, los políticos locales solían llamar a las comisarías y presionar a los agentes para que los pusieran en libertad. Esta interferencia ataba de pies y manos tanto a la policía como al Grupo de Operaciones Especiales, la división de comandos de la policía de Jammu y Cachemira, dificultando la realización de investigaciones o interrogatorios exhaustivos.
Con la revocación del artículo 370, estas injerencias políticas cesaron. A los sospechosos les resultó más difícil obtener la libertad bajo fianza y los periodos de custodia se alargaron. Esto dio a las fuerzas del orden y al personal de inteligencia la libertad de investigar e interrogar a su propio ritmo, libres de presiones externas. Esto supuso un gran cambio, ya que permitió llevar a cabo operaciones más exhaustivas y recabar más información contra las redes de militantes.
El primer ministro indio, Narendra Modi, en una visita a Srinagar (Foto: Firdous Nazir/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images).
Desde agosto de 2019 hasta mediados de 2022, se informó de un descenso del 32% en los actos de terrorismo en comparación con los diez meses anteriores a la derogación. Las muertes de las fuerzas de seguridad se redujeron en un 52%, y las muertes de civiles disminuyeron en un 14% durante este período. En 2021 se registraron 126 atentados de militantes, 103 en 2022 y sólo 29 en 2023. Entre enero y julio de 2024, sólo se documentaron cinco atentados. Incluso el reclutamiento local en grupos militantes experimentó un marcado descenso, pasando de 143 jóvenes locales que se unieron a la militancia en 2019 a solo 100 en 2022, lo que sugiere una caída en el apoyo local a las actividades militantes. La maquinaria propagandística del BJP ha citado estas cifras como prueba irrefutable de que su líder, un hombre fuerte, y su política contundente han tenido éxito donde nadie lo había tenido.
Sin embargo, la militancia acabó mostrando signos de resurgimiento. Los combatientes se adaptaron al entorno posterior a 370, operando con mayor cautela. La valiosa información de inteligencia, que antes procedía de la vigilancia de las protestas organizadas por los separatistas o de las redes de informadores, empezó a agotarse. La falta de inteligencia procesable y de actividad militante visible dificultó la predicción o prevención de planes futuros. El peligro subyacente de no saber lo que los grupos militantes podrían estar planeando se cernía sobre ellos.
Nuevos grupos militantes como el Frente de Resistencia, una rama de Lashkar-e-Taiba, han reivindicado la autoría de atentados de gran repercusión. Grupos de larga tradición como Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammed han reafirmado su presencia. La gobernanza local se ha deteriorado y las comunidades se sienten abandonadas y vulnerables. Las fisuras entre los partidos políticos indios y en el seno de la jerarquía burocrática, los organismos de seguridad y las fuerzas del orden son cada vez mayores. La confusión sobre quién controla Jammu y Cachemira es generalizada.
«¿Cuánto tiempo cree que pasará antes de que veamos otro atentado como el de Rajouri?». pregunté al oficial de R&W, refiriéndome a los ataques contra hogares hindúes el día de Año Nuevo de 2023. «No puedo estar seguro porque, como le he dicho, nos falta información concreta», respondió. «Pero yo diría que, como mucho, en un año».
La estimación del oficial se acercó. Mucho.
Un verano de violencia
El 9 de junio de 2024, menos de una hora antes de que Modi jurara su cargo para su tercer mandato consecutivo, militantes del distrito de Reasi, en Jammu y Cachemira, atentaron contra un autobús de pasajeros de 53 plazas que transportaba peregrinos hindúes que viajaban del templo de Shiv Khori a Katra. Hacia las 18:15 horas, los militantes dispararon contra el vehículo y alcanzaron al conductor, con lo que el autobús se precipitó por un profundo desfiladero. Aunque el vehículo quedó inutilizado, los asaltantes siguieron disparando. Murieron nueve personas, entre ellas un niño de dos años de Rajastán y otro de 14 de Uttar Pradesh. Más de treinta personas resultaron heridas, al menos diez de ellas de bala. Dos días más tarde, el 11 de junio, un atentado en Hiranagar sacudió la región, junto con los perpetrados en Chattergala y Gandoh al día siguiente. El Ministerio del Interior de la Unión India encargó el caso a la NIA. Los investigadores no tardaron en identificar, aunque no detuvieron inmediatamente, a tres militantes paquistaníes como autores principales y a un cómplice local que presuntamente actuó como vigía y explorador.
Aunque el Frente de Resistencia reivindicó inicialmente la autoría del atentado, posteriormente negó su implicación. Pero la policía de Jammu y Cachemira y otros organismos de investigación creen que Lashkar-e-Taiba orquestó el asalto, teoría respaldada por los métodos y el armamento utilizados. Los terroristas iban equipados con fusiles de asalto de carabina M4 de fabricación estadounidense, armas frecuentemente asociadas a las fuerzas especiales pakistaníes. El descubrimiento también alimentó el temor de que armas de fabricación estadounidense abandonadas en Afganistán estuvieran llegando a la India. En medio de las crecientes tensiones entre la administración de Biden y el gobierno de Modi, el descubrimiento de armas de fabricación estadounidense suscitó preguntas apremiantes sobre el origen de ese armamento y las implicaciones geopolíticas más amplias de su uso. El 19 de junio, las autoridades detuvieron en el distrito de Rajouri a un hombre llamado Hakam Khan en relación con el atentado de Reasi, acusado de proporcionar apoyo logístico.
El atentado parecía formar parte de una escalada más amplia de la militancia en Jammu y Cachemira. Al coincidir con la toma de posesión del primer ministro, el momento en que se produjo supuso un desafío al aparato de seguridad indio y la proclamación del éxito absoluto de Modi y el BJP.
Especialmente alarmante fue el ataque deliberado contra peregrinos hindúes. El atentado se orquestó pocas semanas antes de la celebración anual del Amarnath Yatra, un importante acontecimiento religioso para los hindúes que atrae a Jammu y Cachemira a miles de devotos de toda la India y del extranjero. Desprevenidos e indefensos, los peregrinos fueron víctimas de un asalto meticulosamente planeado que puso de relieve la vulnerabilidad de las reuniones religiosas. En esencia, los atacantes de Reasi habían lanzado una clara amenaza contra el cambio demográfico de mayoría musulmana a mayoría hindú que está en la base de la derogación del 370 y el 35A.
A diferencia del valle de Cachemira, Jammu no es sólo una zona de mayoría hindú; incluso las poblaciones tribales musulmanas de la región han permanecido impasibles ante los movimientos secesionistas. Reasi, por tanto, marca un nuevo comienzo en las zonas afectadas por la militancia.
Una de las tendencias más preocupantes es el aparente giro de los militantes hacia el «terrorismo híbrido», según declaraciones del gobierno. Esta estrategia implica el despliegue de individuos mínimamente entrenados, a menudo jóvenes reclutas, para llevar a cabo atentados, con el objetivo de sembrar el miedo y la inestabilidad al tiempo que se minimiza el riesgo de detección y captura para las organizaciones militantes principales. Este panorama táctico en evolución supone un reto importante para las fuerzas de seguridad y pone de relieve la naturaleza compleja y cambiante del conflicto en Cachemira.
A principios de julio se produjo una escalada especialmente brutal, con un atentado en Manjakote y una emboscada en el distrito de Kathua que se cobraron la vida de cinco miembros del ejército indio, entre ellos un suboficial, y causaron heridas a otros cinco. El 8 de julio, los terroristas atacaron un convoy del ejército cerca del pueblo de Badnota, causando la muerte de cinco soldados y heridas a varios más. Una semana después, cuatro soldados, entre ellos un mayor del ejército, murieron en un atentado en Doda.
El diputado de la Conferencia Nacional Aga Ruhullah durante una protesta frente a la residencia del ministro principal el 23 de diciembre de 2024 en Srinagar (Foto: Waseem Andrabi / Hindustan Times via Getty Images).
El 27 de septiembre, investigadores de la NIA que pretendían desmantelar la red de apoyo civil que ayudaba a los atacantes realizaron redadas en siete localidades de los distritos de Rajouri y Reasi. Pero la violencia continuó, y el 20 de octubre se produjo un asalto descarado en la construcción de un túnel en Ganderbal que se saldó con la muerte de siete personas. Cuatro días después, un atentado mortal en Baramulla -una guarnición que sirve de centro logístico y operativo fundamental para el ejército indio- se cobró la vida de dos soldados y dos porteadores, lo que puso de relieve la persistente vulnerabilidad incluso de lugares bien vigilados.
El 15 de diciembre de 2024, la NIA acusó formalmente a Hakan Khan ante su tribunal especial de Jammu en relación con el caso del atentado contra el autobús de Reasi. La NIA le acusa de proporcionar a los militantes refugio y apoyo logístico y de reconocimiento, y de participar en la conspiración para llevarlo a cabo.
«Nadie sabe dónde está el control»
La audacia, novedad y brutalidad de estos atentados pusieron al descubierto toda la afirmación de Modi de que la derogación del artículo 370 era el último clavo en el ataúd de los disturbios de Cachemira. Y lo que es más importante, el atentado de Dangri el día de Año Nuevo envió un mensaje al Estado indio de que lo de Reasi y lo que vino después estaba en ciernes. Pero Nueva Delhi no escuchó. Ni estaba dispuesta a hacerlo.
«La burocracia ha engendrado tantos líderes al frente de tantos departamentos que nadie sabe dónde está el control», me dijo un veterano oficial de la Oficina de Inteligencia, la agencia de espionaje interna de la India, cuando le pregunté por Reasi y cómo escapó a los ojos de la inteligencia india.
Hablando bajo condición de anonimato debido a lo delicado del asunto, el oficial me había mostrado un memorando interno del que había sido coautor y que circuló entre la jerarquía de la agencia tras el atentado de Reasi. En él se expresaba una profunda preocupación por la seguridad del próximo Amarnath Yatra y se dejaba claro que la nueva hornada de militantes tenía como objetivo principal a civiles hindúes y buscaba exacerbar las tensiones comunales entre ellos y las comunidades musulmanas tanto en Cachemira como en el resto de India.
«¿Quién sabe quién lo verá y qué se hará?», dijo sobre su memorándum. «Hoy en día, en los pasillos de Delhi se prefiere a los ‘yes-men’ que se alinearán con la propaganda del partido gobernante más que a los oficiales y soldados profesionales como nosotros».
El oficial señaló un problema aún más profundo: la marginación de la inteligencia sobre el terreno en favor de la toma de decisiones centralizada. En lugar de que los profesionales se ocupen de la seguridad, son los partidistas, más interesados en la propaganda, los que toman las decisiones.
«Las preocupaciones de los agentes veteranos a menudo se pasan por alto porque algún burócrata de Delhi no cree que merezca la pena escuchar a un agente de policía de una comisaría de pueblo», afirmó. «Aunque estos son los oficiales que a menudo tienen el sentido más claro de las amenazas emergentes. Saben lo que va a pasar. No alguien en Delhi».
El resultado: un aparato de seguridad peligrosamente fracturado, en el que los servicios de inteligencia pueden llegar demasiado tarde, ser ignorados o actuar de forma que se dé prioridad a la óptica política sobre la seguridad pública.
«Una de las principales fuentes de información para el Estado indio eran los partidos políticos [democráticos] de Jammu y Cachemira», afirmó un joven organizador del Partido Comunista de la India (marxista) que accedió a hablar bajo condición de anonimato por motivos de seguridad. «Las fuerzas pueden incluir la cuestión de la seguridad. Pero Cachemira no es sólo una cuestión de seguridad, ¿verdad? Es una cuestión política que necesita de una resolución política.
Pero la derogación del 370 ha supuesto la marginación y el alejamiento de los mismos partidos que podrían ayudar a Nueva Delhi a lograr dicha resolución. Entre ellos se encuentran la Conferencia Nacional, el partido político más antiguo de Cachemira y defensor desde hace tiempo de la autonomía de Cachemira dentro del marco federal de la India; el Congreso, antiguo partido gobernante de la India; y el Partido Democrático Popular, que abogaba por el diálogo con los separatistas y Pakistán. Irónicamente, fue la alianza del Partido Democrático Popular con el BJP en 2015 la primera que dio al partido de Modi un punto de apoyo en la gobernanza de Cachemira, una decisión que en última instancia condujo a su propia aniquilación política.
Estos partidos habían servido históricamente de puente crucial entre Nueva Delhi y las aspiraciones locales cachemires. De hecho, estos partidos contribuyeron decisivamente a sofocar la insurgencia de la década de 1990. «El planteamiento del BJP es fundamentalmente erróneo», explicó un antiguo legislador estatal del partido del Congreso y activo de los servicios de inteligencia indios que pidió el anonimato. «Los gobiernos anteriores, incluidos los dirigidos por el Congreso, comprendieron que, aunque eran necesarias fuertes medidas de seguridad, no se podía eludir sin más la participación política cachemir. Sabían que las instituciones democráticas locales, por imperfectas que fueran, eran esenciales para la estabilidad».
La «regla de la apisonadora» de la actual administración, un término cada vez más utilizado para describir el contundente estilo de gobierno de Modi, ha empujado incluso a los políticos cachemires pro-India a una posición de no cooperación. Estos líderes argumentan que, aunque nadie quiere volver a los años noventa, el desmantelamiento completo de las estructuras políticas locales les deja sin un papel significativo en la gobernanza.
«Los partidarios de Modi pueden celebrar esto como un golpe maestro en las redes sociales», añadió el legislador del Congreso, «pero la realidad sobre el terreno es diferente. Cachemira necesita la participación de los cachemires en su gobernanza. Es una lección aprendida tras décadas de gestión de esta compleja región».
La maquinaria de medios sociales del BJP a la que se refiere el legislador es conocida popularmente como la Célula TI. Esta célula, una agresiva estrategia de control de la información, está compuesta por miles de cuentas coordinadas en redes sociales, grupos de WhatsApp y personas influyentes online que inundan sistemáticamente las plataformas digitales con narrativas que apoyan los objetivos políticos del partido. Estos guerreros digitales promueven las políticas gubernamentales y acosan activamente a periodistas, académicos y activistas que cuestionan la narrativa oficial. Mediante el trolling selectivo, la difusión coordinada de propaganda y la propagación estratégica de desinformación, la Célula de Tecnologías de la Información crea un ecosistema informativo en el que la disidencia queda rápidamente marginada.
En el caso de Cachemira, esta operación digital ha sido especialmente agresiva, desplegando campañas coordinadas de hashtags que celebran la narrativa gubernamental de «Naya Cachemira», o Nueva Cachemira, al tiempo que intimidan y silencian las voces alternativas. Combinado con la censura directa de los medios de comunicación tradicionales y los prolongados cortes de Internet en Cachemira, este enfoque ha creado un entorno de información hermético que oculta sistemáticamente las complejas realidades de la región.
Si nos atenemos a los atentados de los últimos meses, la derogación del 370 y su sueño apenas velado de hinduización de Cachemira podrían haber creado toda una nueva serie de problemas para los que ni Modi ni el estamento de seguridad indio están preparados.
El gobierno de Modi ha intentado, a medias, cumplir su promesa de agosto de 2019 de volver a ser un Estado, y Jammu y Cachemira ha celebrado sus primeras elecciones estatales del 18 de septiembre al 1 de octubre de 2024. Aunque las elecciones han devuelto al poder a la familia Abdullah, que gobierna desde hace mucho tiempo, y a su Partido de la Conferencia Nacional, la verdadera autonomía estatal y federal sigue estando lejos. Y no todo el mundo está convencido de que lo peor ha pasado ya.
Una protesta de Bajrang Dal contra el ataque en Reasi en Chhatrapati Shivaji Maharaj Chowk, Vashi, el 12 de junio de 2024 (Foto: Bachchan Kumar/Hindustan Times vía Getty Images).
A pesar de que el BJP celebra las elecciones como un «retorno a la democracia» y un paso hacia la restauración de la autonomía estatal, los poderes de la asamblea elegida son extremadamente limitados. Nueva Delhi todavía controla la seguridad y la aplicación de la ley, incluidas las operaciones policiales y paramilitares, así como los poderes de toma de decisiones financieras y presupuestarias.
Las decisiones presupuestarias importantes, incluida la financiación de proyectos de desarrollo y bienestar público, requieren la aprobación de las autoridades federales. Este control financiero garantiza que Nueva Delhi pueda dictar prioridades y asignación de recursos, a menudo dejando de lado las necesidades y aspiraciones locales.
Los cargos críticos, especialmente los relacionados con la ley y el orden, la administración pública y la seguridad, están siendo ocupados por funcionarios designados por el gobierno central. El vicegobernador, que actúa como administrador principal en el territorio de la unión, es nombrado directamente por Nueva Delhi, lo que limita aún más la capacidad del gobierno local para afirmar su autoridad independiente.
En el marco constitucional de la India, la plena condición de Estado significa tener una autonomía significativa en los asuntos internos (un privilegio del que gozaba Cachemira en virtud del artículo 370), mientras que los territorios de la Unión generalmente son administrados directamente por el gobierno central sin una legislatura electa. El estatus híbrido de Jammu y Cachemira significa que se encuentra en un estado de limbo.
Lo que más limita la asamblea de Jammu y Cachemira es el vicegobernador, que actúa como administrador principal en el territorio de la unión, nombrado directamente por Nueva Delhi. A diferencia del cargo de gobernador en otros estados de la India, el vicegobernador tiene poderes ejecutivos directos y puede anular casi todas las decisiones de los legisladores electos.
«La verdadera paz se logrará el día en que Cachemira tenga verdadera autonomía», dijo en una entrevista telefónica un conocido analista de Cachemira del principal grupo de expertos de la India, la Observer Research Foundation. «Olvídense de la autonomía, ni siquiera se ha restaurado la verdadera condición de Estado en Cachemira a pesar de estas elecciones. Los babus (o burócratas) de Nueva Delhi no entienden y ni siquiera quieren entender que lo que los cachemires exigen ante todo es respeto. Ya sea un político, un policía o incluso un civil sin poder. Aunque digan cosas bajo la presión de un arma, nunca respetarán ni obedecerán verdaderamente a nadie que no los respete a ellos primero. Ya sea la India o Pakistán».
En un ejemplo, el analista contó la historia de un oficial del IAS de Nueva Delhi que había visitado recientemente un distrito sensible de Cachemira, acompañado por el jefe de policía del distrito. «Los medios de comunicación locales iban a publicar la noticia diciendo ‘El superintendente de policía visita la zona X con el agente Y del IAS’. ¿Saben lo que hizo el agente del IAS? Hizo que su secretaria llamara a la sala de prensa y les ordenara que escribieran ‘El agente Y del IAS visita la zona X con la presencia del superintendente’. ¡Este es el nivel de mezquindad y falta de respeto que Nueva Delhi tiene por la gente de Cachemira!».
«Pero no publiquen mi nombre», añadió el analista. «No solo este agente del IAS, sino toda su pandilla de amigos se me echarían encima como si no hubiera un mañana».
Incluso los partidarios incondicionales de Modi se han pronunciado en una mezcla de ira, miedo y frustración. Las demandas de rendición de cuentas del gobierno y los debates sobre la naturaleza cambiante del conflicto son generalizados, lo que pone de relieve una creciente sensación de malestar y una percepción de falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades.
Aarti Tikoo Singh, periodista y portavoz hindú de Cachemira conocida por su apoyo a la derogación del artículo 370 y su apoyo a Modi, responsabiliza al nuevo gobierno estatal, al vicegobernador, a Nueva Delhi y a las agencias de seguridad por el resurgimiento de la violencia en Jammu y Cachemira.
«El argumento de que la inteligencia humana ha disminuido después de la derogación del Artículo 370 no es convincente. El sistema de seguridad ha estado trabajando en esto durante décadas. Y es bien sabido que la mayoría de los musulmanes de Cachemira prefieren la paz a la militancia», dijo. «Entonces, ¿por qué está resurgiendo la violencia a pesar de un aparato de seguridad profundamente arraigado?»
«Si bien Jammu y Cachemira, durante los últimos 35 años, ha sido un Estado centrado en la seguridad donde la política regular a menudo pasa a un segundo plano, esto no excusa el descuido de los agravios subyacentes que afectan a todas las comunidades: musulmanes de Cachemira, pandits y residentes de Jammu», dijo Singh. «Tampoco justifica el enfoque desproporcionado del vicegobernador en Cachemira a expensas de Jammu. Equilibrar la seguridad con la gobernanza y abordar las quejas de la comunidad mediante medidas proactivas y protecciones de los derechos humanos son esenciales para una paz sostenible».
Foto de portada: Un soldado paramilitar indio monta guardia y un niño cachemir le mira mientras los votantes esperan para votar durante las elecciones en el distrito de Kupwara, en Cachemira del Norte (Faisal Bashir/SOPA Images/LightRocket via Getty Images).
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