Michael Gould-Wartofsky, TomDispatch.com, 11 marzo 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Michael Gould-Wartofsky, colaborador habitual de TomDispatch, es escritor, etnógrafo y activista por los derechos humanos de Nueva York, además de investigador postdoctoral en la Universidad de Columbia. Es autor de The Occupiers y de Blood and Soil, de próxima publicación, y ha escrito para The Washington Post, The Daily Beast, Gizmodo, Jacobin, Mother Jones, The Nation y Newsweek. Puede leer más sobre su obra en mgouldwartofsky.com.
«Los vuelos a Guantánamo han comenzado. Lo peor de lo peor no tiene cabida en nuestra patria».
Con esas palabras el gobierno de Estados Unidos anunciaba el destino que aguardaba a los «extranjeros criminales» bajo su custodia.
En una base militar de El Paso, Texas, hombres enmascarados vestidos con uniforme de combate hicieron desfilar ante las cámaras a un grupo de jóvenes inmigrantes venezolanos, con las manos esposadas y los tobillos encadenados, antes de subirlos a un C-17 de las Fuerzas Aéreas que los esperaba y que iba a llevar su carga humana a la estación naval de Guantánamo durante la noche.
Una vez allí, iban a ser encarcelados en el tristemente célebre Campo 6, incomunicados en las mismas celdas en las que una vez estuvieron detenidos indefinidamente sospechosos de pertenecer a Al Qaida, y custodiados por el 1er Batallón del 6º Regimiento de Marines. Mientras tanto, una ciudad de tiendas de campaña, que en última instancia podría albergar hasta 30.000 detenidos, se levanta alrededor de la prisión.
Aunque la mayoría de esos inmigrantes ya han sido devueltos a Venezuela, el Pentágono se ha comprometido a seguir utilizando la base para la «detención temporal de extranjeros ilegales pendientes de devolución».
De vuelta en el continente, el Departamento de Defensa (DoD) está desplegando miles de tropas para «sellar las fronteras»; el Departamento de Justicia (DoJ) está diputando a sus agentes para acorralar a los inmigrantes indocumentados; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se está movilizando para cumplir con su cuota diaria de 1.200 a 1.500 detenciones, armados con listas de objetivos, tecnología de vigilancia y armas «menos letales»; y se van a construir centros de detención de inmigrantes en bases militares de todo el país.
Y eso no es todo. Se va a detener a familias enteras y se va a recuperar la nefasta política de separación familiar de la primera administración Trump. Se revocará la libertad condicional humanitaria, se rechazará a los refugiados y se devolverá a los solicitantes de asilo. Y se va a castigar a las ciudades, condados y estados que se atrevan a desafiar el régimen de deportaciones.
La maquinaria de la deportación masiva se ha puesto en marcha en forma de pesadilla. Se pretende que sea imposible de detener, o al menos que lo parezca. Sin embargo, la historia nos enseña que una maquinaria así, como cualquier otra, puede detenerse si entendemos cómo funciona realmente el aparato.
He aquí, pues, una guía sencilla, paso a paso, de cómo la administración Trump planea construir la maquinaria necesaria para «completar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos».
- Declarar el estado de emergencia:
«Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas», prometió Trump en su discurso de investidura. «Con estas acciones, comenzaremos la restauración completa de EE. UU. y la revolución del sentido común».
Esa «revolución» en la aplicación de las leyes de inmigración comenzó efectivamente con un aluvión de órdenes de ese tipo, muchas sacadas directamente del libro de jugadas del Proyecto 2025.
La primera de ellas fue la declaración del estado de emergencia en las zonas fronterizas del país. De acuerdo con la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, esto permite llamar al ejército para tareas domésticas, ya sea en la frontera sur, en la Bahía de Guantánamo o en cualquier otro lugar que el presidente considere oportuno.
2. Equiparar la inmigración con una «invasión»:
«He determinado que la situación actual en la frontera sur debe calificarse de invasión», dice otra orden firmada el 20 de enero, citando el Artículo IV de la Constitución.
«En consecuencia», continúa la orden, «suspendo la entrada física de cualquier extranjero que participe en la invasión». Prosigue autorizando operaciones para «repeler, repatriar o expulsar» a los no ciudadanos.
Esta es la conclusión lógica de años de propaganda de extrema derecha sobre una «invasión» «tercermundista», «hispana» o «alienígena» de Estados Unidos, que, con el tiempo, se ha extendido desde el material de los manifiestos de 8chan hasta los preámbulos de las proclamaciones presidenciales.
3. Ampliar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas:
La estructura del ICE se ampliará hasta niveles nunca vistos desde su fundación en 2003.
La agencia habría realizado más de 14.000 detenciones en las tres primeras semanas del segundo mandato de Trump. Sin embargo, como supuestamente sigue sin cumplir sus cuotas, los funcionarios quieren duplicar el tamaño de la fuerza.
Ahora, los republicanos del Senado están proponiendo no menos de 175.000 millones de dólares en nuevos gastos en la aplicación de la ley de inmigración, mientras que el Partido Republicano de la Cámara está buscando financiar esa juerga de gastos con miles de millones de dólares en recortes a Medicaid y otros servicios sociales esenciales.
4. Reducir el Departamento de Justicia:
El ICE ya no va a soportar su carga en solitario. Desde la toma de posesión de Trump, el DoJ, incluidas las Fiscalías, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA), han recibido presiones para ponerse al servicio de la maquinaria de deportación.
Al FBI, por ejemplo, se le ha encomendado la tarea de encontrar «información identificativa y/o datos biométricos relativos a los no ciudadanos que se encuentran ilegalmente en EE. UU.», datos que alimentarán la cadena que va de la detención a la deportación.
«Tenemos agentes especiales, analistas de inteligencia y más, apoyando a los equipos del DHS [Departamento de Seguridad Nacional] en todo el país», dijo el entonces director en funciones del FBI, Brian Driscoll, «desde Nueva York y Chicago a El Paso, Newark y Denver».
5. Ayudar a las fuerzas de seguridad locales:
El ICE también se ha asociado con los departamentos de policía locales, las oficinas del sheriff del condado y los departamentos de corrección a través de un programa conocido como 287(g) para «identificar y expulsar a los extranjeros delincuentes encarcelados» antes de que puedan ser puestos en libertad.
En la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams ha prometido habitualmente reabrir una oficina del ICE en Rikers Island, supuestamente como parte de un quid pro quo con la administración Trump.
Y en febrero, Florida se convirtió en el primer estado en firmar un acuerdo estatal 287 (g), que capacitaría a los oficiales de la Patrulla de Carreteras de Florida y la Guardia Estatal para «interrogar a cualquier sospechoso de ser extranjero o persona que se crea que es un extranjero».
6. Criminalizar a todos los inmigrantes como «extranjeros criminales»:
Cuando se preguntó a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katherine Leavitt, cuántos de los detenidos desde el 20 de enero tenían antecedentes penales y cuántos estaban «simplemente en el país ilegalmente», respondió: «Todos. Porque infringieron ilegalmente las leyes de nuestra nación y, por tanto, son delincuentes».
Resulta revelador que menos de la mitad de las 8.200 personas detenidas en las dos primeras semanas de la administración Trump tenían condenas penales de algún tipo. Y de los aproximadamente 4.400 detenidos en las dos primeras semanas de febrero, más de 1.800 nunca habían sido acusados de un delito.
7. Caza de «extranjeros criminales» por todas partes:
«¡Policía, abran la puerta! ¡Policía, abran la puerta!»
Esas palabras resonaron en un complejo de apartamentos de Denver, mientras agentes del ICE con armas largas respaldados por vehículos tácticos BearCat iban puerta por puerta, pidiendo a los residentes que se identificaran. Veintinueve miembros de la comunidad de Cedar Run fueron detenidos de una sola vez.
Pero el ICE y sus socios no se limitan a cazar inmigrantes indocumentados en sus casas. Gracias a un cambio de reglas instituido por el DHS, los agentes federales también están persiguiendo a sus presas en lugares que antes se consideraban demasiado «sensibles» para fines de aplicación de la ley de inmigración como escuelas, hospitales, salas de audiencias e iglesias (aunque un juez federal de Maryland ya ha prohibido a la administración Trump llevar a cabo tales acciones en ciertos lugares de culto).
8. Recoger datos biométricos:
Otra de las órdenes ejecutivas de Trump anunciaba su intención de reautorizar al DoJ y al DHS a recoger muestras de ADN de todas las «personas no estadounidenses» detenidas.
Este programa de recolección de ADN es solo una parte de un vasto aparato de vigilancia que se ha construido a lo largo de los años, que ahora requiere que se recopilen, almacenen y analicen enormes cantidades de datos biométricos y biográficos.
Cada vez más, esa tarea ha recaído en empresas con ánimo de lucro. Desde 2020, el gobierno federal ha gastado unos 7.800 millones de dólares en este tipo de tecnologías de vigilancia, incluido un contrato de 96 millones de dólares con Palantir, la empresa de minería de datos de Peter Thiel.
9. Meter a los inmigrantes en las cárceles:
Los datos más recientes muestran que los centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos ya están por encima de su capacidad, con 41.500 camas y 43.759 reclusos. ICE busca ahora más que triplicar esa capacidad.
Trump prometió, el primer día, que destinaría «todos los recursos legalmente disponibles» a la detención de inmigrantes, lo que evidentemente incluye las prisiones de Estados Unidos. En febrero, la Oficina Federal de Prisiones metió a los primeros detenidos del ICE en instalaciones de Atlanta, Los Ángeles, Miami, Filadelfia y otros lugares.
La política también abarca las bases militares. El Mando Norte está actualmente «proporcionando instalaciones en la Base Buckley de la Fuerza Espacial… para permitir [al ICE] detener y procesar a extranjeros criminales dentro de EE. UU.».
10. Privatizar la detención de inmigrantes:
Más del 90% de estos detenidos ya son supervisados por contratistas privados. Ahora, el ICE planea almacenar a miles más alquilando estructuras móviles a una empresa de contenedores marítimos.
Y un nuevo plan, presentado por Erik Prince, ex director ejecutivo de Blackwater, vendería al gobierno «asistencia externa» en forma de «campos de procesamiento» privatizados, junto con un «pequeño ejército» de ciudadanos privados con poder para arrestar y detener a inmigrantes.
Para la industria penitenciaria, la campaña de deportación ha demostrado ser una empresa muy rentable. «Este es realmente uno de los períodos más emocionantes de mi carrera», dijo el CEO de CoreCivic en una reciente llamada con inversores.
11. Recuperar la detención familiar:
Durante la primera administración Trump, Estados Unidos fue perseguido por el espectro de los niños inmigrantes en jaulas. Ahora, el arquitecto de la política de «tolerancia cero» del presidente y recientemente nombrado «zar de la frontera», Tom Homan, planea revivir la detención familiar a una escala completamente nueva.
Los centros de detención familiar, según la Detention Watch Network, tienen un «historial bien documentado de negligencia y abusos». A pesar de ese sórdido historial, el ICE está al parecer preparando una «Solicitud de Propuesta» (RFP) para «centros de detención destinados específicamente a familias».
Al mismo tiempo, la administración está dificultando que los patrocinadores de niños inmigrantes puedan liberarlos de la detención.
12. Enviar a los solicitantes de asilo a otros países:
La máquina de la deportación ya no es sólo una empresa estadounidense. Ahora es un asunto internacional, con Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá acogiendo ya a miles de «deportados de terceros países».
«Hemos ofrecido a Estados Unidos la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario», afirma el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cuyas prisiones están plagadas de violaciones de los derechos humanos.
En Panamá, cientos de deportados de origen centroasiático y asiático oriental fueron encerrados recientemente en un hotel, y luego reubicados en un campamento improvisado en medio de la selva. «Parece un zoológico, hay jaulas valladas», según un testigo.
13. Designar a las bandas como «organizaciones terroristas extranjeras»:
Una de las órdenes más atroces del presidente afirma que las supuestas afiliaciones a bandas son suficientes para justificar una designación de «terrorista».
Declarando que «es hora de que Estados Unidos emprenda la guerra contra los cárteles», Trump se ha dirigido específicamente a ciudadanos mexicanos, centroamericanos y venezolanos sospechosos de tener vínculos con los cárteles de la droga, la Mara Salvatrucha (MS-13) o la banda Tren de Aragua, buscando su «expulsión acelerada» o su «eliminación total».
La misma orden señala la intención del presidente de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra que data de 1798, que sometería a «todos los nativos, ciudadanos, habitantes o súbditos» de una nación «hostil» a ser «aprehendidos, retenidos, asegurados y expulsados, como enemigos extranjeros.»
14. Deportar a los estudiantes y trabajadores internacionales que protesten contra la política estadounidense:
«A todos los extranjeros residentes que se unieron a las protestas proyihadistas, os ponemos sobre aviso: venid en 2025, os encontraremos y os deportaremos». Así advertía la declaración que acompañaba a la orden ejecutiva del presidente del 29 de enero, que señalaba a supuestos «extranjeros pro-Hamás y radicales de izquierda» en la enseñanza superior para su «expulsión».
Es evidente que las autoridades ya han empezado a aplicar esa orden, con informes de estudiantes árabes que se enfrentan a la deportación por participar en protestas a favor de Palestina. Durante el fin de semana, los agentes del ICE se presentaron en la puerta de Mahmoud Khalil, un activista palestino de la Universidad de Columbia cuya tarjeta verde había sido revocada, según los informes, por la administración Trump. Mientras estaba bajo custodia del gobierno, Khalil estuvo desaparecido durante varios días.
«He visto suficiente», dice Abed Ayoub, director ejecutivo del Comité Estadounidense-Árabe contra la Discriminación, «para saber que el acoso está en marcha».
15. Congelar las admisiones de refugiados:
«Las llegadas de refugiados a Estados Unidos han sido suspendidas hasta nuevo aviso». Ese fue el mensaje del 21 de enero de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ahora bajo la dirección de un alto funcionario del ICE. De un plumazo, el presidente Trump ha congelado el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos.
Al hacerlo, ha dejado al menos a 10.000 refugiados en un limbo legal, mientras abandona a cientos de miles más a su suerte en lugares como Afganistán, el Congo y Myanmar.
En última instancia, el presidente haría una excepción a la regla: para los sudafricanos blancos. Una orden ejecutiva firmada el 7 de febrero «promovería el reasentamiento de refugiados afrikáners» como clase protegida.
16. Poner fin al Estatus de Protección Temporal:
Bajo las políticas de la nueva administración, cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses, ucranianos y venezolanos, entre otros, van a perder su Estatus de Protección Temporal (TPS), una forma de libertad condicional humanitaria que permitía a los solicitantes de asilo de esos países seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha anunciado una «pausa administrativa» en todas las solicitudes de libertad condicional pendientes, mientras que el DHS, alegando que la libertad condicional es un derecho «al que ningún extranjero tiene derecho», ha autorizado a sus agentes a despojar a los inmigrantes de dicha protección.
Los agentes del ICE ya han empezado a realizar detenciones de titulares del TPS en Texas.
17. Socavar el principio de ciudadanía por derecho de nacimiento:
De todas las órdenes del presidente, la que más consecuencias tiene para los ciudadanos es la que rescinde la ciudadanía por derecho de nacimiento, que niega los derechos garantizados por la Decimocuarta Enmienda a «las personas nacidas o naturalizadas en EE. UU.».
En la práctica, significa despojar de sus derechos de ciudadanía a los niños nacidos aquí de madres que están «presentes ilegalmente» o cuya presencia es «legal pero temporal».
Por ahora, la orden ha sido bloqueada por la medida cautelar de un juez de Seattle, pero sin duda corresponderá al Tribunal Supremo decidir su destino (y el destino de la Constitución de la que forma parte).
18. Investigar a los ciudadanos que defiendan los derechos de los inmigrantes:
Resulta que los inmigrantes y sus hijos nacidos en Estados Unidos no son los únicos que están en el punto de mira. Los agentes federales están solicitando activamente ofertas para «servicios de mitigación y vigilancia de riesgos basados en Internet» con el fin de vigilar a presuntos enemigos políticos en las redes sociales.
Esta iniciativa forma parte de lo que podría convertirse en una ofensiva de costa a costa. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha iniciado una «investigación formal» sobre una emisora de radio local, la KCBS 740 AM, con sede en San Francisco, por informar sobre el paradero de agentes del ICE.
Y hace muy poco, Tom Homan, designado «zar de la frontera» por el presidente Trump, invitó al Departamento de Justicia a investigar a la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York), al parecer como represalia por una sesión de formación «Conoce tus derechos» celebrada bajo los auspicios de su oficina.
19. Castigar a las ciudades, condados y estados «santuario»:
El primer día del segundo mandato del presidente, la Casa Blanca anunció que se ponía en pie de guerra contra las jurisdicciones «santuario», donde las leyes locales ponen límites a la participación de las fuerzas del orden en el asunto de la inmigración.
Desde entonces, el Grupo de Trabajo para la Aplicación de la Ley en Ciudades Santuario, dependiente de la Oficina del fiscal general adjunto, ha emprendido una campaña de guerra sin cuartel contra ciudades, condados y estados sospechosos de no cooperar lo suficiente.
Y el 19 de febrero, Trump firmó otra orden ejecutiva más cortando la financiación federal para tales jurisdicciones, de modo que «los pagos federales a los Estados y localidades no instiguen, por diseño o efecto, las llamadas políticas santuario».
20. Manipular la verdad:
Todo el tiempo, los defensores de la máquina de deportación han estado manipulando gravemente la verdad.
En primer lugar, el ICE ha convertido las imágenes de los reclusos en cautividad en un espectáculo televisado, con agentes federales llevando a equipos de filmación y celebridades de la televisión con ellos para dar paseos, incluso cuando encubrían pruebas de sus tácticas más controvertidas.
En segundo lugar, la agencia ha intentado mejorar su imagen reescribiendo la historia y alterando el algoritmo de Google mediante la manipulación de las marcas de tiempo de miles de comunicados de prensa de la primera administración Trump.
Por último, el ICE ha eliminado de sus comunicaciones públicas toda mención a los extranjeros detenidos en Guantánamo. Durante días y días, 177 detenidos han desaparecido.
Este es el destino previsto por los arquitectos de la máquina de deportación para los «cansados», los «pobres», las «masas apiñadas que anhelan respirar libres» de Estados Unidos.
Al final, sin embargo, tal aparato tiene un defecto potencialmente fatal. Para que funcione eficazmente, millones y millones de personas deben estar dispuestas a aceptarlo.
En el momento en que demasiados estadounidenses dejen de cooperar, esa maquinaria empezará a averiarse de forma grave.
Foto de portada de Phil Roeder.
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