Anmol Irfan, The New Arab, 29 abril 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Anmol Irfan es una periodista independiente que publica sus artículos en VICE, HUCK y Guardian, entre otros. Tiene experiencia en política de minorías, activismo y cuestiones de género. También es la fundadora de la plataforma comunitaria pakistaní Perspectives Magazine. X: @anmolirfan22
En 2024, Allahmir Miakhel, director y facilitador del Centro Comunitario Modelo para Refugiados Afganos de Kohat -ciudad de la provincia paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa- ayudó a matricular a unos 1.665 estudiantes afganos en la escuela secundaria en un intento de garantizar que completaran su educación.
Con más de 90.000 refugiados afganos viviendo en la zona, Allahmir afirma que ha trabajado constantemente en iniciativas de desarrollo y educación para mejorar la situación social y económica de los miembros de su comunidad.
En el centro, cuenta con el apoyo de una profesora y cinco profesores, además de él mismo. Juntos imparten clases educativas y recreativas para niños y adultos de la comunidad de refugiados afganos.
Pero su trabajo tiene un coste.
«He recibido amenazas por mi trabajo y me han dicho que deje de educar a mujeres y niñas», revela.
Al compartir esto, Allahmir subraya que, aunque nació en Kohat y lo considera el único hogar que ha conocido, admite que, a pesar de su profunda conexión con la comunidad y del trabajo que realiza, nunca será realmente aceptado por el hecho de ser afgano.
Este sentimiento es especialmente fuerte debido a los recientes cambios en las políticas de Pakistán y Estados Unidos sobre los refugiados afganos. En el último año, estos cambios políticos han hecho la vida más difícil a la comunidad de Allahmir Miakhel y a los afganos de todo Pakistán.
Sin embargo, las dificultades a las que se enfrentan los refugiados afganos en Pakistán no son ni mucho menos nuevas.
Una de las razones por las que Allahmir se ha dedicado a la educación es la discriminación generalizada que sufren muchos afganos, sobre todo los indocumentados o los titulares de tarjetas de ciudadano afgano (ACC). A estas personas se les prohíbe asistir a las escuelas pakistaníes y se les niega el acceso a la atención sanitaria, lo que les expone a un riesgo aún mayor.
Una refugiada afgana habla con los medios de comunicación antes de ser deportada a Afganistán en la frontera entre Pakistán y Afganistán, en Torkham, el 19 de abril de 2025 [Getty].
Con la aplicación de políticas cada vez más restrictivas, muchos refugiados afganos en Pakistán se enfrentan a una incertidumbre aún mayor sobre su futuro.
Desde el 1 de abril, más de 100.000 afganos han sido devueltos a la fuerza a Afganistán, de un total estimado de tres millones de ciudadanos afganos que viven en Pakistán.
Durante meses, el gobierno paquistaní ha culpado del aumento de la violencia en las regiones fronterizas a «perpetradores respaldados por afganos», argumentando que el país no puede seguir soportando una población migrante tan numerosa.
«Pakistán nos ha maltratado en las tres últimas fases de deportación», dice Allahmir a The New Arab.
Preocupación por la salud mental
En palabras de Allahmir, junto con otros muchos que no conocen otro hogar, el «regreso» a Afganistán no supone ningún alivio.
Por el contrario, ha provocado un aumento de los problemas de salud mental entre los refugiados afganos.
Waheed Ludin, titular de la tarjeta POR, lleva trabajando en la comunidad desde 2010, centrándose en cuestiones como la violencia de género y un apoyo más amplio a los refugiados afganos.
Señala que los cambios en las políticas estadounidenses han puesto a muchos afganos en una situación de mayor riesgo, y que muchos de los miembros de su comunidad se sienten más vulnerables que en años anteriores.
Aunque Waheed reconoce que los titulares de la tarjeta POR como ella se sienten algo más seguros que los que tienen ACC o carecen de documentación, subraya que este estatus no garantiza la protección.
«Los afganos que viven en zonas urbanas siguen estando mejor, pero los que viven en campos como Sohrab Goth o Sultanabad sufren las redadas más frecuentes. Aunque la gente tenga tarjetas POR, la policía a veces amenaza con confiscarlas y clasificarlos como indocumentados», explica a The New Arab.
En esta foto del 12 de noviembre de 2023, la refugiada afgana Shazia, madre de tres hijos, sostiene a un bebé mientras viaja en un camión hacia Jalalabad desde un campamento cercano a la frontera entre Afganistán y Pakistán en Nangarhar, días después de ser deportada desde Pakistán [Getty].
Waheed añade que muchos afganos siguen viviendo con miedo, atormentados por traumas del pasado e inseguros sobre su futuro.
«Los refugiados afganos no conocen sus derechos. Incluso yo, como mujer afgana, tengo miedo», afirma. «La mayoría de los afganos aquí no tienen educación y ya están luchando debido a las circunstancias en Afganistán. Los problemas de salud mental están en su punto álgido».
Por eso Waheed colabora con Karwan-e-Hayat, una organización de defensa de la salud mental que apoya a los refugiados que necesitan atención psicológica.
La Dra. Asma Zarin, psiquiatra de Karwan-e-Hayat, explica que muchos de sus pacientes presentan profundos traumas psicológicos.
«Deberíamos proporcionar atención de salud mental no sólo en los campos, sino también en centros y espacios adecuados donde los refugiados afganos puedan acudir sin tener que preocuparse de que se comprueben sus documentos, creando zonas médicas seguras», afirma.
La Dra. Asma relata numerosos casos de familias afectadas por cambios bruscos de política tanto en Pakistán como en Estados Unidos. Desde deportaciones repentinas hasta vuelos cancelados, la inestabilidad ha provocado un aumento de los problemas de salud mental, especialmente entre las mujeres, algunas de las cuales han quedado mudas por el estrés extremo.
¿A quién más puedo recurrir?
En los últimos acontecimientos, el reciente cambio de política de Pakistán estableció un plazo hasta principios de abril para la salida de unas 800.000 personas titulares de tarjetas de ciudadano afgano (ACC) expedidas por las autoridades pakistaníes. Miles de personas ya han sido expulsadas en virtud de iniciativas similares en los dos últimos años.
Hasta ahora no se ha anunciado ninguna política actualizada para los titulares de tarjetas de prueba de registro (POR), aunque el gobierno ha prorrogado su estancia hasta junio.
A la luz de estos acontecimientos, entre septiembre de 2023 y febrero de 2025, la represión sistemática del gobierno contra los nacionales afganos se ha saldado con la expulsión de casi 850.000 afganos de Pakistán, incluidos mujeres y niños.
Estos acontecimientos se produjeron tras la decisión de la administración Trump de suspender los programas de reasentamiento de refugiados, dejando a miles de afganos a la espera de visados y aprobaciones, y poniéndolos en una situación aún peor, ya que Pakistán ha declarado que deportará a todos los afganos a los que se deniegue el reasentamiento en Estados Unidos.
Dicho esto, los derechos de los refugiados y las políticas de inmigración se han convertido en temas polémicos en todo el mundo. En el caso de Pakistán, sus medidas de deportación han sido objeto de duras críticas por parte de grupos internacionales de derechos humanos.
La abogada Rida Tahir señala que la propia Constitución de Pakistán incluye derechos que deben respetarse.
«Hay algunos artículos en la Constitución de Pakistán que se aplican a los ciudadanos, pero hay otros que se refieren a cualquier persona en Pakistán», explica, destacando el derecho a la seguridad y el derecho a la vida y la libertad.
Al comentar la nueva orden de reasentamiento de Trump y su impacto, Rida añade: «Pasará tiempo antes de que podamos entender completamente cómo afectarán estos cambios al resto del mundo».
Por ahora, sin embargo, el trauma al que se enfrentan los refugiados afganos en Pakistán sigue vigente.
Allahmir, cuya propia comunidad se ve directamente afectada, afirma que el entorno cada vez más hostil está obligando a muchos afganos a vivir situaciones desesperadas.
Con opciones limitadas, algunos pueden recurrir a organizaciones militantes en busca de ayuda, sobre todo si son deportados de vuelta a Afganistán, donde los riesgos son igualmente terribles.
«Si Pakistán me deporta, tengo diez familiares que dependen de mí. ¿A quién más puedo recurrir sino a las organizaciones de militantes?», afirma.
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