Karen J. Greenberg, TomDispatch.com, 13 mayo 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Karen J. Greenberg, colaboradora habitual de TomDispatch, es directora del Centro de Seguridad Nacional de Fordham Law. Y editora-jefe del semanario Aon CNS Cyber Brief. Es autora de Subtle Tools: The Dismantling of American Democracy from the War on Terror to Donald Trump, y coeditora, con Julian Zelizer, de Our Nation at Risk: Election Integrity as a National Security Issue.
En estos primeros más de 100 días de la 47.ª presidencia de la nación, el presidente Donald Trump y su compañero Elon Musk han lanzado un hechizo aterrador sobre el país. Como si blandieran varitas mágicas desde dentro de sus capas —¡zás!—, las oficinas y sus empleados, responsabilidades y objetivos, normas y políticas simplemente han desaparecido. Ambos han decretado una oleada de actos de desmantelamiento que abarcan el gobierno, amenazando con la desaparición de una amplia franja de lo que una vez existió, gran parte de lo cual fue presagiado por el Proyecto 2025, el plan de la Fundación Heritage para reorganizar drásticamente e incluso desmantelar el gobierno tal como lo conocemos durante una segunda administración Trump. En mi opinión, las recientes supresiones masivas de personas, datos, fotos y documentos me recuerdan las palabras del novelista checo Milan Kundera en su novela clásica El libro de la risa y el olvido: «La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido».
Desmantelar las instituciones
A mediados de marzo, la nueva administración ya había eliminado docenas de departamentos y oficinas, así como miles de puestos de trabajo, con el supuesto objetivo de «mejorar la eficiencia gubernamental». Las adquisiciones, los despidos, las reasignaciones y una oleada de renuncias por parte de quienes preferían no seguir trabajando bajo las nuevas condiciones supusieron la eliminación de decenas de miles de empleados públicos: más de 121.000, de hecho, en 30 agencias. Entre las agencias afectadas se encontraban el Departamento de Energía, el Departamento de Asuntos de Veteranos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), así como varias oficinas del Departamento de Salud y Servicios Humanos, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH). El Departamento de Educación perdió casi la mitad de su personal. Y después vino la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). A finales de marzo, la administración había cerrado sus oficinas y reducido su personal de aproximadamente 10.000 a 15.
Se espera que el desmantelamiento de estas oficinas y sus empleados —estoy segura de que no les sorprenderá saberlo— paralice importantes servicios gubernamentales. En el Departamento de Educación, por ejemplo, se verán afectados miles de millones de dólares en ayuda institucional, así como préstamos estudiantiles. Se prevé que los recortes en la Oficina de Asuntos de Veteranos, que enfrentó una de las mayores reducciones de personal, priven a los veteranos y sus familias de servicios de salud. El fin de USAID recortará programas que abordaban la pobreza, la inseguridad alimentaria, el narcotráfico y la trata de personas a nivel mundial. En el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la disponibilidad de vacunas, el rastreo de enfermedades infecciosas y mucho más se ven amenazados y podrían, según el director ejecutivo de la Asociación Americana de Salud Pública, “destruir totalmente la infraestructura del sistema de salud pública del país”.
Pero, como nos recuerda el novelista Kundera, el coste no solo recaerá sobre los funcionarios gubernamentales y los puestos que están dejando en el olvido. Los recortes también incluyen un ataque a gran escala al pasado.
Registros desaparecidos
Como parte integral de esta limpieza burocrática, se ha producido un ataque sin precedentes a los registros de las agencias gubernamentales. Datos y cifras básicas, que hasta hace poco se encontraban en los sitios web gubernamentales, han desaparecido. Mientras navegaba por internet buscando este artículo, estos sitios web me enviaban repetidamente este mensaje soso pero sombrío: “La página que busca no se ha encontrado”.
Muchas de las eliminaciones de datos y cifras se han llevado a cabo en nombre de la agresiva postura anti-DEI de esta administración. Como sin duda recordarán, en los primeros días de su segundo mandato, Donald Trump declaró “ilegales” los programas de DEI y ordenó la eliminación de todas las políticas, programas, preferencias y actividades de DEIA (Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad) en el Gobierno Federal, independientemente de su nombre. Un portavoz del Pentágono intentó explicar estos actos de esta manera: “La historia no es DEI”.
Y, de hecho, en el sitio web del Pentágono, al menos 26.000 retratos, desde un ganador de la Medalla de Honor de la Segunda Guerra Mundial hasta la primera mujer en graduarse del entrenamiento de infantería de marina, estaban programados para ser eliminados en nombre de la agenda anti-DEI de la administración. Además, se eliminaron artículos del sitio, incluyendo un artículo sobre la leyenda del béisbol Jackie Robinson, quien sirvió en la Segunda Guerra Mundial, así como menciones a mujeres y minorías. En el sitio web del Cementerio Nacional de Arlington, también desapareció información sobre personas negras, hispanas y mujeres. En el Instituto Smithsoniano, donde el vicepresidente J. D. Vance asumió la dirección de la mayor empresa museística del mundo, compuesta por 21 museos independientes y el Zoológico Nacional, el mandato pasó a ser, de forma similar, “eliminar la ideología inapropiada” de dichos museos, así como de los centros educativos y de investigación que forman parte de su cartera.
Tras una oleada de protestas, se han llevado a cabo algunos esfuerzos de restauración, incluyendo el material sobre Jackie Robinson. El Washington Post informa que “las categorías ‘Historia Afroamericana’, ‘Historia Hispanoamericana’ e ‘Historia de la Mujer’ ya no aparecen de forma destacada”. Sin embargo, los funcionarios predicen que cierta información y artefactos se han perdido para siempre.
El ataque a la historia se hace quizás más evidente en la disrupción de la Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), la institución cuya misión es precisamente preservar los registros gubernamentales. Como resumió Associated Press: “Como custodio de los registros de la nación, los Archivos cuentan la historia de Estados Unidos: su fundación, sus fracasos, sus errores y sus triunfos”. El ataque a la NARA se ha materializado en reducciones de personal, incluyendo el despido del archivista de Estados Unidos y la salida, debido a despidos, indemnizaciones o renuncias, de la mitad del personal de esa oficina. (Recuerden que la NARA fue fundamental en la causa penal federal interpuesta contra Trump por su presunto manejo indebido de documentos clasificados, caso que finalmente fue desestimado). Cabe destacar que, según se informa, el Departamento de Justicia eliminó una base de datos que contenía los detalles de los cargos y condenas derivados del ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.
En USAID, una agencia fundada hace más de 60 años y ahora completamente desmantelada, la destrucción de registros históricos ha sido una prioridad. Como informó ProPublica inicialmente, y otras fuentes de noticias detallaron posteriormente, se ordenó a los empleados de USAID destruir los registros clasificados y de personal. “Destruyan primero la mayor cantidad de documentos posible”, decía la orden, “y reserven las bolsas de incineración para cuando la trituradora no esté disponible o necesiten un descanso”. Mientras tanto, se espera que los despidos masivos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) limiten drásticamente el acceso de los estadounidenses a los registros públicos. En los CDC, los recortes han incluido la reducción del personal de registros públicos (aunque el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., ha afirmado que planea revertir esta medida).
Como era de esperar, el ataque a los hechos y las cifras del pasado incluye una negativa rotunda a conservar registros para el futuro, una tendencia que también marcó la primera administración de Trump y que ya ha resultado llamativa en los primeros 100 días de su segundo mandato.
El escándalo de Signalgate es un buen ejemplo. En el chat grupal que el entonces asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, mantenía en la aplicación Signal, en lugar de usar un canal de comunicaciones clasificadas designado, donde se discutía un ataque inminente contra Yemen, funcionarios de seguridad nacional comunicaron información clasificada fuera de los canales autorizados. Además de violar las normas y leyes que rigen las comunicaciones con información clasificada, el hecho de que la aplicación estuviera configurada para borrarse automáticamente ignoraba la ley que exige la preservación de registros oficiales.
Signalgate no fue un caso aislado. Según informes, funcionarios de la administración Trump han comenzado al parecer a usar Gmail, mientras que el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk ha estado utilizando Google Docs para la redacción de documentos gubernamentales, intentando en ambos casos eludir las leyes que regulan el archivo de registros públicos al, posiblemente, “no preservar todas las versiones de sus borradores, así como los comentarios dejados en los documentos compartidos”.
Por supuesto, la aversión del presidente a la creación de registros data de mucho antes de la actualidad. Durante su primer mandato, por ejemplo, tendía a destruir documentos a su antojo. “No quería un registro de nada”, declaró un alto funcionario al Washington Post. Cabe destacar que se negó a que se tomaran notas en varias reuniones con el presidente ruso, Vladimir Putin, y, tras un encuentro con el presidente ruso en una reunión del Grupo de los 20 en Hamburgo, Alemania, en 2017, confiscó las notas del intérprete.
Evasión de la ley
En esta continua destrucción de los registros de las actividades gubernamentales, las violaciones ya cometidas han hecho que la ley se vuelva prácticamente invisible. La Ley de Registros Federales, como nos recuerda Lawfare, exige a toda agencia federal “crear y preservar registros que contengan documentación adecuada y correcta de la organización, funciones, políticas, decisiones, procedimientos y transacciones esenciales de la agencia”. Y en lo que respecta a los registros presidenciales, la Ley de Registros Presidenciales los clasifica como propiedad de Estados Unidos y exige al presidente tomar “todas las medidas necesarias” para preservarlos.
Sin embargo, existe una importante excepción a este requisito. Durante su mandato, el presidente puede solicitar la retención de ciertos registros alegando que han perdido su valor administrativo, histórico, informativo o probatorio. Sin embargo, para tomar dicha decisión, el presidente debe consultar primero con el archivista nacional, cargo que actualmente ocupa el secretario de Estado Marco Rubio, quien ejerce cuatro funciones y es el director interino de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la USAID, así como de los Archivos Nacionales. Cabe destacar que no existe un mecanismo de ejecución para abordar la decisión de eliminar documentos, ni para cuestionar la legalidad, o incluso la prudencia, de dicha decisión. La ley, como argumenta un académico, sigue siendo esencialmente “ineficaz”.
Por qué la historia es importante
Los historiadores como yo somos particularmente sensibles a la destrucción de registros gubernamentales. Los materiales de archivo son nuestro sustento. ¿Quién sabe qué nueva información y perspectivas podríamos obtener de una nueva mirada a las cartas de John Adams en vísperas del estallido de la Revolución estadounidense o a los registros de los disidentes de la administración de George W. Bush en el período previo a la guerra de Iraq? Con la nueva perspectiva que brindan los documentos y registros, podemos comprender mejor quiénes somos como país, qué males han abordado (o no) nuestros líderes, qué tragedias podrían haberse evitado (o no), qué éxitos podrían haber sido (o no) más probables. En resumen, los registros del pasado contienen innumerables lecciones que podrían guiarnos hacia un futuro más sostenible y justo.
Ese registro documental nos ayuda —o al menos hasta este frágil momento, nos ayudó— a comprender los caminos que nos han traído hasta aquí, tanto en momentos de gloria como en tiempos difíciles. El registro nos nutre, nos inspira y nos permite alimentar e inspirar a otros. Es a través del relato de la historia que hemos llegado a comprender nuestro yo colectivo como nación, nuestro yo individual como actores y las decisiones de nuestros líderes sobre el futuro.
Todo esto, por supuesto, está cambiando ahora, y el hechizo que la administración ejerce sobre la continua destrucción de esos registros, el vaciado o la alteración del acervo documental de la nación, se ha visto reforzado por otro hechizo: la sospecha sobre el contenido de los documentos que quedan, basada en acusaciones de que el propio registro es partidista y está contaminado, y por lo tanto merece ser erradicado.
Para los historiadores y el público al que servimos, cuando la conservación de registros se ve afectada o incluso aniquilada por una agenda política, como sucede hoy, tales actos pueden ser de especial interés para los estudiosos del pasado. Después de todo, las supresiones intencionadas y las falsas adiciones al registro histórico ofrecen una posibilidad realmente sombría: la creación de lo que podría pasar por una nueva historia de este país. En la actualidad, la administración Trump está actuando para reescribir las narrativas predominantes de nuestro pasado: un pasado de progreso hacia la igualdad de derechos, una educación basada en hechos y lecciones aprendidas de los errores y los logros. En resumen, alterar o borrar el registro histórico equivale a borrar el conocimiento que tenemos de nosotros mismos.
David Corn, en su boletín informativo Our Land, publicó recientemente un artículo titulado “La guerra de Trump contra la historia”. En él, cita a George Orwell de su clásica novela distópica 1984: “Quien controla el pasado controla el futuro. Quien controla el presente controla el pasado”. Como señala Corn de forma ominosa, borrar la historia fue una de las primeras tácticas de los nazis, quienes buscaban retroceder el reloj a una época anterior a la Revolución francesa, cuyos valores alteraron el curso de la historia. Como expresa Corn, para los nazis, “las ideas inspiradoras de la Revolución francesa, como la libertad, la igualdad cívica y los derechos humanos, debían ser aplastadas”.
Para Orwell, al igual que para Kundera, dominar la historia con firmeza es un poder de inmensas consecuencias que nunca debe subestimarse. La memoria y los registros que sustentan el conocimiento del pasado son esenciales para la lucha de la humanidad contra las peores formas de apropiación descarada del poder, ahora más que nunca.
Foto de portada: Elons Toys-5713 (Geoff Livingston).
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