Munir Nuseibah, Al-Shabaka, 8 julio 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Munir Nuseibah es un abogado especializado en derechos humanos y académico que trabaja en la Universidad Al-Quds de Jerusalén, Palestina. Es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad Al-Quds; director (y cofundador) de la Clínica de Derechos Humanos Al-Quds, el primer programa acreditado de formación jurídica clínica en el mundo árabe; y director del Centro de Acción Comunitaria de Jerusalén.
Introducción
El genocidio que el régimen israelí está llevando a cabo en Gaza ha puesto de manifiesto el fracaso de los marcos jurídicos internacionales a la hora de proteger a la población civil, lo que supone un colapso sin precedentes de la función protectora del derecho internacional. Si bien la Convención sobre el Genocidio obliga a los Estados a prevenir y castigar el genocidio, y los Convenios de Ginebra establecen medidas de protección para la población civil bajo ocupación, estos mecanismos han demostrado ser ineficaces sin la voluntad política necesaria para aplicarlos. Esto quedó patente en enero de 2024, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó medidas provisionales para prevenir actos genocidas en Gaza, órdenes que el Gobierno israelí desobedeció abiertamente al seguir adelante con su campaña militar.
No obstante, varios Estados del Sur Global se han unido para formar el Grupo de La Haya, una iniciativa diseñada para desafiar el muro de impunidad que rodea al régimen israelí mediante acciones legales y diplomáticas coordinadas. Compuesto por ocho países -Sudáfrica, Malasia, Namibia, Colombia, Bolivia, Senegal, Honduras y Cuba-, el Grupo de La Haya se compromete a promover la aplicación del derecho internacional y a defender las obligaciones globales en defensa de los derechos de los palestinos. Este memorándum de política examina cómo el Grupo de La Haya pone de manifiesto el potencial de la acción coordinada de los Estados para exigir responsabilidades a los Estados que violan el derecho internacional, a pesar de las limitaciones estructurales en su aplicación.
Solidaridad transnacional del Sur Global
El 31 de enero de 2025, los Estados miembros del grupo se reunieron en La Haya, sede de los principales tribunales internacionales del mundo, y acordaron tomar medidas tangibles para hacer cumplir el derecho internacional. Se comprometieron a proteger al pueblo palestino y a apoyar su derecho a la autodeterminación, y pidieron a otros Estados que ejercieran presión colectivamente sobre el régimen israelí.
Los miembros del Grupo de La Haya proceden de África, América Latina y el sudeste asiático. La ausencia de Estados árabes y europeos -incluidos actores tradicionalmente activos como Irlanda y España- es llamativa, aunque no accidental. Refleja el hecho de que la defensa del derecho internacional se ha politizado y tiene un coste cada vez mayor, especialmente bajo el peso de la hegemonía estadounidense, que ejerce presión diplomática, coacción económica y hostilidad abierta hacia las instituciones internacionales. Esta dinámica, que se intensificó bajo la administración Trump, ha tenido un efecto paralizador. En particular, cuando se creó el Grupo de La Haya, la administración Trump respaldó una legislación para sancionar a cualquier persona o entidad involucrada en investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) dirigidas contra Estados Unidos o sus aliados, principalmente Israel.
Desafiar a Estados Unidos para defender el derecho internacional en el caso de Israel conlleva importantes riesgos políticos y económicos, que los líderes europeos no han estado dispuestos a asumir hasta ahora. Su apoyo a Palestina ha sido en gran medida simbólico, limitado a gestos diplomáticos como el reconocimiento del Estado palestino, que distan mucho de las medidas coercitivas necesarias para detener el genocidio, desmantelar el apartheid y poner fin a la ocupación. Sin embargo, recientemente varios países europeos han comenzado a amenazar al régimen israelí con sanciones y están reconsiderando activamente el trato preferencial que recibe en virtud de los acuerdos de la UE. En respuesta a la creciente presión de los Estados miembros, la Comisión Europea ha acordado revisar el historial de Israel en materia de derechos humanos y reevaluar el Acuerdo de Asociación UE-Israel. Sin embargo, estas medidas han llegado demasiado tarde para detener la actual ofensiva israelí en Gaza y más allá, y hasta ahora han sido simbólicas tanto en su alcance como en su impacto.
Del mismo modo, la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) han emitido resoluciones y condenas firmes, pidiendo el fin de la ofensiva militar israelí. Sin embargo, no han logrado llevarlas a cabo con medidas tangibles, lo que revela una brecha persistente entre la retórica y la voluntad política. La creciente ola de normalización de las relaciones entre los Estados árabes y el régimen israelí ha erosionado la capacidad del bloque para exigir responsabilidades al Estado sionista. Por el contrario, los Estados miembros del Grupo de La Haya han comenzado a traducir las obligaciones jurídicas internacionales en acciones coordinadas, enfrentándose a la impunidad israelí allí donde los actores regionales y occidentales han titubeado.
Acción política más allá de la solidaridad simbólica
El Grupo de La Haya se ha comprometido a adoptar una serie de medidas políticas y jurídicas decisivas destinadas a poner fin a la impunidad israelí y a hacer cumplir el derecho internacional. Entre ellas figuran:
1.Embargo de armas: Los Estados miembros se han comprometido a detener todas las transferencias de armas y equipo militar al régimen israelí, especialmente cuando exista un riesgo claro de que las utilice para cometer crímenes de guerra.
2. Restricciones portuarias y de tránsito: El grupo se ha comprometido a impedir que los buques que transportan combustible o suministros militares a Israel entren en sus aguas territoriales o atraquen en sus puertos, con el objetivo de interrumpir la cadena de suministro que podría contribuir a violaciones del derecho internacional.
3. Apoyo a las órdenes de detención de la CPI: El Grupo de La Haya ha respaldado formalmente las órdenes de detención de la CPI contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, comprometiéndose a ejecutar estas órdenes si las personas entran en sus jurisdicciones, lo que socava la movilidad global y la impunidad diplomática de los funcionarios israelíes
4. Condena pública y aislamiento político: A través de declaraciones conjuntas y una defensa internacional coordinada, el grupo pretende aislar políticamente al régimen israelí y deslegitimar sus afirmaciones de conducta legal, ejerciendo presión sobre otros Estados e instituciones que siguen ofreciendo su apoyo.
Las medidas coordinadas del Grupo de La Haya representan un punto de inflexión crítico en el esfuerzo mundial por hacer cumplir el derecho internacional y hacer frente a la impunidad israelí. Sin embargo, sin una participación más amplia, su impacto seguirá siendo limitado. Más Estados deben sumarse a esta iniciativa para restaurar la credibilidad del sistema jurídico internacional y defender los derechos del pueblo palestino. Las organizaciones de derechos humanos deben presionar a los gobiernos para que se alineen con la agenda decolonial basada en los derechos del grupo. Al mismo tiempo, organismos regionales como la OCI, la Liga Árabe y la Unión Africana deben adoptar medidas concretas en consonancia con la declaración de misión del grupo.
Ampliar esta coalición para convertirla en un movimiento internacional más amplio es esencial para poner fin al genocidio y restablecer la responsabilidad jurídica internacional por los crímenes contra la humanidad. En virtud del derecho internacional, los Estados tienen la obligación jurídica de impedir el genocidio y abstenerse de cualquier forma de complicidad. Por lo tanto, apoyar iniciativas como el Grupo de La Haya no es una cuestión de discreción política, sino un imperativo jurídico y moral claro.
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