Osama Abuzaid, Middle East Eye, 2 agosto 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Osama Abuzaid es investigador de cuestiones de desarrollo y gobernanza con sede en Jartum. Actualmente, está afiliado al CEDEJ como investigador asociado y coordinador del programa de ayuda para proyectos de base y seguridad humana (GGP). Ha impartido clases sobre gestión del desarrollo y cuestiones relacionadas con la gobernanza en la Universidad de Ciencias Médicas y Tecnología (UMST) y ha participado en diversos proyectos de agencias de la ONU y ONG.
Cuando el exfuncionario de la ONU Kamil Idris juró su cargo como nuevo primer ministro de Sudán esta primavera, se convirtió en la primera persona en ocupar el puesto de forma permanente desde que Abdalla Hamdok dimitió en enero de 2022 en medio de una gran turbulencia política.
Su nombramiento por parte del jefe del ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan, provocó una respuesta polarizada.
Sus partidarios lo consideraron un posible punto de inflexión en la transición democrática de Sudán, citando la independencia política de Idris, su experiencia tecnocrática y sus vínculos establecidos con organizaciones internacionales. Argumentaron que su trayectoria no partidista ayudaría a navegar por un panorama complejo de transición en Sudán.
Por su parte, los escépticos cuestionaron la legitimidad de un líder no elegido, argumentando que su nombramiento, a diferencia de un mandato popular, podría limitar su autonomía. Los críticos también han señalado la persistencia de la influencia militar, sugiriendo que Idris podría actuar como un apoderado civil con una autoridad limitada.
Esta perspectiva subraya los temores más generales sobre la profunda implicación de las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) en la política, un papel que contradice el principio de neutralidad del ejército en el gobierno.
Aunque no todos los observadores reconocen esta dinámica, los analistas y quienes siguen de cerca la política sudanesa señalan la arraigada influencia de las FAS en la vida política. Además, durante el actual conflicto en Sudán, esta politización del ejército ha dado lugar a sugerencias sobre las estrechas conexiones con el régimen islamista que fue derrocado por la revolución de 2018/2019.
Existe un gran escepticismo sobre si la actual transición de Sudán podrá dar lugar a un gobierno civil verdaderamente inclusivo o si las estructuras respaldadas por el ejército seguirán ejerciendo el poder entre bastidores, con el consiguiente riesgo de que se produzca una fachada de gobierno civil sin una democratización sustantiva.
Idris se enfrenta a múltiples retos, entre los que destaca la guerra en curso entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que se libra desde abril de 2023 y que ha desestabilizado gravemente la economía y la cohesión social de Sudán.
Formar un nuevo gobierno fue su primer obstáculo. El mes pasado, Idris dio a conocer sus planes para un «gobierno de esperanza» tecnocrático y no partidista, una medida que rápidamente suscitó críticas por parte de facciones políticas clave, que lo acusaron de marginar a las principales coaliciones civiles que habían sido fundamentales en la resistencia ante el régimen militar.
Escalada de tensiones
Aunque Idris se ha comprometido a convocar un diálogo inclusivo con los actores políticos y sociales de Sudán, esta iniciativa se enfrenta a importantes retos, ya que algunas partes cuestionan la legitimidad de su nombramiento y critican a su Gobierno por no representar sus intereses.
Cabe destacar el Partido del Congreso Sudanés, el Partido Socialista Árabe Baaz y Sumud, la Alianza Democrática Civil (ADC) liderada por el ex primer ministro Abdalla Hamdok. Esta última fue producto de la fragmentación de Taqadum, una coalición civil formada a principios de 2024 por actores políticos específicos de las Fuerzas por la Libertad y el Cambio (FLC).
Finalmente, Tadadum se dividió y surgieron dos movimientos: algunos miembros de las FLC se unieron a Sumud bajo el liderazgo de Hamdok, mientras que otros se unieron a la Alianza Fundadora de Sudán (Ta’sis), encabezada por el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo (Hemeti). Al formar una alianza con este último, estos actores políticos civiles rechazaron la autoridad del Gobierno liderado por Idris.
Por su parte, Sumud ha optado por entablar un diálogo directo con las facciones beligerantes, eludiendo al Gobierno con sede en Port Sudan.
Las tensiones se habían intensificado desde que Idris disolvió el anterior Gobierno provisional a principios de junio. Los signatarios del Acuerdo de Paz de Juba protestaron por esta medida, considerándola una erosión de los logros negociados. La disputa gira en torno a un artículo del acuerdo de Juba que garantizaba a los signatarios una participación del 25% en el poder ejecutivo durante todo el período de transición establecido por el acuerdo constitucional de agosto de 2019.
Los críticos argumentan que el acuerdo de Juba no ha logrado abordar las demandas sociales más amplias ni resolver las quejas persistentes sobre el terreno, lo que ha intensificado los llamamientos para su revisión o derogación. Sin embargo, ignorar sus salvaguardias erosionaría la confianza en los acuerdos políticos, desestabilizaría la transición y socavaría la unidad nacional.
Mohamed Sid Ahmed al-Jakumi, jefe de la Vía Norte, signatario del acuerdo de Juba, ha exigido el cumplimiento del principio de «cuarto del poder», bajo amenaza de emprender acciones legales. Ha pedido que los ministerios clave estén dirigidos por expertos independientes, rechazando la «monopolización» del poder por parte de cualquier partido.
En medio de esta disputa, Idris avanzó en la formación de su gabinete a finales del mes pasado, tomando decisiones para nombrar al teniente general Hassan Daoud Kabron Kayan como ministro de Defensa y al teniente general Babiker Samra Mustafa Ali como ministro del Interior. A principios de julio, se produjeron tres nombramientos tecnocráticos, con varios profesores sudaneses al frente de los ministerios de Agricultura, Educación Superior y Sanidad.
Entre las figuras se encontraban Muiz Omer Bakhit, ministro de Sanidad, Ismat Gurashi Abdullah Mohamed, ministro de Agricultura y Riego, y Ahmed Mudawi Musa Mohamed, ministro de Educación Superior e Investigación Científica. Se dijo que estos tres ministerios eran prorevolucionarios.
Idris hizo hincapié en la selección basada en los méritos, pero los nombramientos han desencadenado una reacción negativa, con críticos que examinan las lealtades de los nombrados y advierten sobre un gobierno militarizado.
Un revés significativo
Desde entonces, Idris ha nombrado a otros diez ministros para su «gobierno de la esperanza», para cubrir los ministerios de Desarrollo Rural, Justicia, Finanzas, Comercio y Asuntos Religiosos el 7 de julio, y los de Pesca, Cultura, Minerales, Bienestar Social y Transporte una semana después.
Idris describió los nombramientos como el resultado de una revisión exhaustiva de las competencias y la experiencia a nivel nacional. Los siete nombramientos ministeriales restantes siguen pendientes.
Pero los nombramientos ministeriales ya representan un revés significativo para el proceso de transición. Muchos de los nombrados participaron en el Gobierno anterior.
Por ejemplo, por citar solo algunos nombres, Mahassen Ali Yacoub, que fue ministra interina de Comercio e Industria en el Gobierno anterior que asumió el poder tras el golpe de Estado de 2021, ocupa el mismo cargo en el Gobierno liderado por Idris.
Asimismo, Abdall Mohamed Daraf, nombrado ministro de Justicia, es conocido públicamente por su apoyo político al Gobierno anterior, lo que plantea dudas sobre su neutralidad en este delicado cargo.
Esto podría socavar la confianza en el compromiso del Estado con reformas significativas, al tiempo que envía una señal profundamente preocupante tanto a la comunidad internacional como al proceso auspiciado por Estados Unidos destinado a resolver la crisis sudanesa.
En lugar de promover el progreso, estos nombramientos no son más que una repetición de los errores del pasado y de las modalidades fallidas de gobernanza, a pesar de las diferentes formas de organización.
Finalmente, Tasis ultimó su carta magna y logró establecer un «gobierno de paz y unidad» paralelo el 26 de julio, con Hemeti como líder del consejo presidencial.
Ha adoptado un acuerdo relacionado con el compromiso de su aliado Al Hilu, líder de una de las facciones del Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM/A-Norte) y firme defensor de un Estado sudanés laico.
En general, los esfuerzos de Idris han puesto de manifiesto las profundas fracturas entre los actores civiles y militares, entre los signatarios de Juba y el ámbito de la opinión pública. El panorama político de Sudán sigue paralizado por una polarización arraigada, y la economía de guerra y la fragmentación social agravan las divisiones.
Este estancamiento, agudizado por los agravios y la desconfianza institucional, corre el riesgo de precipitar la fragmentación del Estado, a menos que surja un diálogo basado en el consenso entre las fuerzas militares, políticas y civiles. La prolongada lucha por el dominio ha dejado a Sudán atrapado en un ciclo de inestabilidad durante casi siete décadas, ya que las élites políticas y militares no han logrado resolver sus prolongadas luchas por el poder.
El experimento tecnocrático de Idris plantea, por tanto, preguntas existenciales: ¿se trata de un auténtico paso hacia la democracia o de otra fachada militar? Ante la amenaza de la fragmentación, el pueblo sudanés exige acciones, no sólo esperanza.
Foto de portada: El primer ministro sudanés, Kamil Idris, durante un discurso ofrecido en Omdurman el 19 de julio de 2025 (Ebrahim Hamid/AFP).
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