Salam Said, Middle East Eye, 19 agosto 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Salam Said es una académica y economista siria especializada en las economías árabes y la economía política de Siria. Ha publicado numerosos trabajos sobre la reconstrucción económica, la economía política y la geopolítica de la región, con especial atención a Siria.
La reciente violencia en la provincia de Sweida marca un punto de inflexión alarmante en el conflicto sirio.
Esto no sólo se debe al hecho de que los actores estatales, representados por las fuerzas de la seguridad general y el ejército, hayan abandonado cualquier pretensión de neutralidad y hayan participado activamente en los ataques junto con grupos armados tribales no estatales dentro de la provincia, sino también a que la violencia ha ido acompañada de una movilización sectaria y una campaña de odio.
Esta ha tenido como objetivo principal a la comunidad drusa, que se encuentra en una situación precaria desde que el Estado sirio, ahora dominado por figuras afiliadas a Hayat Tahrir al-Sham, asumió el poder en diciembre.
Su vulnerabilidad se ve agravada por las crecientes ambiciones geopolíticas de la potencia colonial regional, Israel, en un momento histórico crítico marcado por la administración derechista de Trump en Estados Unidos y una política exterior europea fragmentada en la región.
El detonante de los recientes acontecimientos en Sweida fue un incidente ocurrido el 12 de julio, cuando un comerciante druso fue torturado, robado y sometido a insultos sectarios en un puesto de control en la carretera entre Damasco y Sweida, controlado por un grupo armado no estatal afiliado a tribus beduinas del sur.
En respuesta, un grupo druso local secuestró a un miembro de la tribu, lo que provocó que esta tomara represalias secuestrando a varias personas de la comunidad drusa. Pero las raíces de este conflicto son más profundas.
Según el periodista Mazen Ezzi, las tensiones sectarias y la movilización contra la comunidad drusa comenzaron tras la difusión, a finales de abril, de un vídeo falsificado en el que supuestamente se veía a un jeque druso insultando al profeta del islam.
Como consecuencia, actores armados no estatales atacaron comunidades drusas en los suburbios de Damasco de Jaramana, Sahnaya y Ashrafiyat Sahnaya.
Afirmar el control
Las autoridades estatales, concretamente las fuerzas de la seguridad general, aprovecharon los disturbios para intervenir y afirmar su control sobre zonas que anteriormente habían permanecido bajo control local. El coste humano incluyó 130 civiles muertos y cientos de desplazados.
En Sweida se produjo una situación similar. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre dos grupos armados no estatales atrajo rápidamente la atención del Estado, que intervino, aparentemente para reducir la violencia, pero en realidad para aprovechar la oportunidad de afirmar su control sobre la provincia, en gran medida autónoma, en respaldo de las tribus beduinas.
La magnitud de la violencia —caracterizada por el asesinato de familias enteras, incluidos niños; el tiroteo de civiles desarmados que huían a pueblos vecinos; y la destrucción de símbolos religiosos drusos, incluidas imágenes del sultán Basha al-Atrash, un héroe nacional— es injustificable.
Como recordó Ahmad, un superviviente: «Quemaron la casa de mis padres delante de sus ojos, incendiaron los olivos y destruyeron mi casa». Huyó, junto con otras 80.000 personas, hacia la frontera con Jordania. Ahmad confirmó que el ejército utilizó primero lanzacohetes para destruir las aldeas antes de que entraran las tropas terrestres.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el número de víctimas mortales en Sweida supera ya las 1.600, con más de 420 ejecuciones y 176.000 desplazados. El asedio, caracterizado por cortes de electricidad e Internet y el cierre de carreteras durante semanas, ha provocado el colapso del sector sanitario, dejando a muchos heridos sin acceso a tratamiento.
La masacre, la destrucción generalizada y los ataques contra hospitales, así como el propio asedio, pueden considerarse una forma de castigo colectivo por la resistencia de Sweida al control de Damasco, lo que recuerda las brutales tácticas utilizadas por las fuerzas del expresidente Bashar al-Asad en Alepo, Guta Oriental y el campo de Yarmuk durante la guerra de Siria. Todos los implicados en tales violaciones deben rendir cuentas ante la justicia internacional.
A pesar de los esfuerzos de los medios de comunicación alineados con el régimen, apoyados por funcionarios estadounidenses, por presentar los brutales asesinatos de civiles y las acciones destructivas del personal militar como incidentes aislados, la masacre parece formar parte de una estrategia estatal más amplia destinada a silenciar la disidencia y reprimir la resistencia al régimen altamente centralizado —y cada vez más personalizado— que emana de Damasco.
También parece reflejar una política estatal sectaria que ignora la violencia contra las comunidades cuyos valores y cultura difieren de los de los dirigentes de Damasco.
El pasado mes de marzo se perpetraron masacres por motivos sectarios contra comunidades de las regiones costeras de Siria, alimentadas por prejuicios colectivos y acusaciones de afiliación a los partidarios de Asad. Alrededor de 1.500 personas fueron asesinadas y se documentaron numerosas violaciones. A pesar de la formación de una comisión de investigación y la finalización de un informe final, no se han tomado medidas de rendición de cuentas ni se han celebrado juicios.
Del mismo modo, la negativa del Gobierno a reconocer como mártires a las víctimas del atentado contra una iglesia en Damasco implicó que las víctimas cristianas no son dignas de este honor oficial.
Divisiones sociales
Bajo la política actual, las divisiones sociales en Siria han alcanzado niveles sin precedentes. El sectarismo ha funcionado históricamente como un mecanismo de fragmentación social y consolidación del poder, un patrón evidente desde la época otomana, pasando por el periodo de dominio colonial francés, hasta el régimen de Asad.
Durante los últimos 14 años de conflicto, el Gobierno de Asad y otros actores han instrumentalizado estratégicamente los discursos sectarios para movilizar a sus bases y asegurarse la lealtad política. Sin embargo, incluso dentro de esta larga trayectoria de manipulación, el momento actual marca una escalada especialmente alarmante.
La retórica oficial sobre la inclusión contradice frontalmente la realidad autoritaria. Los fracasos del régimen a la hora de proteger a la población civil, mejorar las condiciones de vida o proponer un modelo económico participativo no han hecho más que agravar la desconfianza y poner en tela de juicio la credibilidad del Gobierno central.
Desde marzo, el presidente Ahmed al-Shara ha concentrado el poder de una forma sin precedentes, ocupando múltiples cargos clave, entre ellos el de presidente, cuasi primer ministro y director de los fondos soberanos y de desarrollo.
Esta toma de poder se está llevando a cabo sin un parlamento operativo, que ahora se espera que incluya un 30% de miembros nombrados directamente por el presidente. En todos los niveles, desde los gobernadores hasta los líderes sindicales, los nombramientos los realiza el círculo íntimo de Shara, lo que recuerda las prácticas excluyentes de la era Assad. La participación genuina y la gobernanza ascendente brillan por su ausencia.
Mientras tanto, los servicios públicos siguen colapsados y las condiciones socioeconómicas se están deteriorando. Más del 90% de los sirios viven en la pobreza o dependen de la ayuda, mientras que los sistemas educativo y sanitario siguen desmoronándose. Tras más de ocho meses como líder, Sharaa aún no ha presentado una hoja de ruta para abordar la pobreza o la injusticia social. El nuevo régimen se centra en la negociación geopolítica y en atraer la inversión extranjera mediante la venta de activos públicos, a costa de la economía local.
Siria es hoy un país fragmentado y debilitado, y se está desarrollando una feroz competencia por el vacío dejado tras la caída de Asad, cuyos principales aliados eran Rusia e Irán. Israel, en particular, está tratando de aprovechar esta nueva realidad para ampliar su perímetro de seguridad, redefinir los Altos del Golán ocupados como territorio oficial israelí y, potencialmente, anexionarse más territorio sirio.
Las crecientes tensiones entre la comunidad drusa y el Gobierno de Shara suponen una oportunidad histórica para que Israel impulse unas fronteras más «cómodas» en territorio sirio.
Israel está aprovechando a un segmento de la población drusa, concretamente a aquellos que viven dentro de Israel, se identifican como israelíes y son leales al Gobierno de Netanyahu. Esto contrasta con los residentes drusos de los Altos del Golán, que siguen considerándose sirios y ven a Israel no como una potencia protectora, sino como una fuerza de ocupación.
Nuevos enfrentamientos
Las terribles condiciones socioeconómicas a las que se enfrentan los sirios de a pie —aquellos que no forman parte de las redes de los señores de la guerra, los círculos clientelistas y la nueva élite empresarial y militar de Damasco— están llevando a muchos a buscar cualquier fuente de ingresos posible. Consciente de estas necesidades urgentes y de la exclusión política de Sweida, Israel ha tratado de atraer a miembros de la comunidad drusa siria ofreciéndoles oportunidades de empleo.
El discurso de «proteger a los drusos» brinda a Israel una oportunidad estratégica, no sólo para intervenir militarmente, sino también para ganarse la aceptación de comunidades temerosas y frustradas.
Aunque Turquía, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Catar buscan una mayor influencia en la Siria posterior a Asad y siguen compitiendo con Israel, son muy conscientes de las ambiciones de este país y han participado directamente en las negociaciones entre Siria e Israel.
En este contexto, el 19 de julio se firmó un acuerdo de alto el fuego entre Siria e Israel, mediado por Estados Unidos, Turquía y varios países árabes, con el objetivo de poner fin al conflicto. Sin embargo, finalmente fracasó, ya que pronto se produjeron nuevos enfrentamientos con las fuerzas locales de Sweida y ataques aéreos israelíes sobre Siria.
El 24 de julio, Estados Unidos negoció otro acuerdo que ampliaba el papel tanto de Estados Unidos como de Israel en Siria, asumiendo Estados Unidos la responsabilidad del «expediente Sweida» y designando las provincias meridionales de Quneitra y Dara como zonas desmilitarizadas con mayor autonomía para los actores locales.
Si bien el acuerdo sirve a los intereses geopolíticos de Israel, socava la unidad y la integridad estatal de Siria, lo que podría redibujar las fronteras de la era colonial y remodelar el orden poscolonial de la región.
Hoy en día, Sweida sigue sitiada por el Estado sirio, que al mismo tiempo está negociando con Israel un «corredor humanitario» que conecte Israel con Sweida, lo que podría allanar el camino para un aumento acordado de la presencia israelí en el sur de Siria. La comunidad drusa se encuentra así atrapada entre dos males: un Estado brutal que los asesina y los asedia, y la «protección» de un Gobierno israelí de extrema derecha cuyo ejército tiene un historial documentado de crímenes contra la humanidad.
Foto de portada: Combatientes beduinos fotografiados tras días de enfrentamientos contra facciones drusas en la provincia siria de Sweida, el 20 de julio de 2025. (Karam al-Masri/Reuters)
Voces del Mundo 