Yuval Abraham, +972 Magazine, 4 septiembre 2025

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Yuval Abraham es un periodista y cineasta afincado en Jerusalén.

Este informe ha sido elaborado en colaboración con

Sólo uno de cada cuatro palestinos capturados por las fuerzas israelíes en Gaza fue identificado por el ejército como militante, y los civiles constituyen la gran mayoría de los «combatientes ilegales» detenidos en prisiones israelíes desde el 7 de octubre, según revela una investigación conjunta de +972 Magazine, Local Call y The Guardian. 

Esto es lo que se desprende de las cifras obtenidas de una base de datos clasificada gestionada por la Dirección de Inteligencia Militar de Israel (conocida por las siglas hebreas «Aman»), además de las estadísticas oficiales de las prisiones israelíes reveladas en procedimientos judiciales. Los testimonios de antiguos detenidos palestinos y soldados israelíes que prestaron servicio en centros de detención indican además que Israel ha secuestrado deliberadamente a civiles de forma masiva y los ha mantenido durante largos periodos en condiciones espantosas.

Las cifras de detenciones citadas por el Estado en mayo en respuesta a las peticiones del Tribunal Supremo revelaron que un total de 6.000 palestinos habían sido arrestados en Gaza durante los primeros 19 meses de la guerra y retenidos en Israel en virtud de una ley para encarcelar a «combatientes ilegales» , una herramienta legal que permite a Israel encarcelar a personas de forma indefinida, sin cargos ni juicio, si existen «motivos razonables» para creer que han participado en «actividades hostiles contra el Estado de Israel» o que son miembros de un grupo que lo ha hecho.

Los políticos, los militares y los medios de comunicación israelíes se refieren habitualmente a todos los detenidos palestinos de Gaza como «terroristas», y el Gobierno no ha reconocido haber detenido o retenido a ningún civil. El Servicio Penitenciario de Israel (SPI) ha afirmado en informes públicos, sin aportar pruebas, que casi todos los «combatientes ilegales» recluidos en prisiones israelíes son miembros de Hamás o de la Yihad Islámica Palestina (YIP).

Sin embargo, los datos obtenidos a mediados de mayo de la base de datos de Aman, que fuentes de inteligencia describieron como la única fuente fiable para determinar quiénes son considerados por el ejército combatientes activos en Gaza, mostraron que Israel solo había detenido a 1.450 personas de las ramas militares de Hamás y la YIP, lo que significa que alrededor de tres cuartas partes de los 6.000 detenidos no pertenecían a ninguna de ellas.

La base de datos, cuya existencia fue revelada recientemente por +972, Local Call y The Guardian, recoge los nombres de 47.653 palestinos que el ejército considera militantes de Hamás y la YIP (se actualiza periódicamente e incluye a personas reclutadas después del 7 de octubre). A mediados de mayo, Israel había detenido a unos 950 combatientes de Hamás y 500 de la YIP, según los datos.

Guardias de prisiones israelíes vigilan a un grupo de palestinos detenidos en la Franja de Gaza, en una prisión del sur de Israel, el 14 de febrero de 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

La base de datos no contiene información sobre los miembros de otros grupos armados de Gaza, que, según los informes del SPI, representan menos del 2% de los detenidos por ser «combatientes ilegales». Además, hasta 300 palestinos están detenidos en Israel acusados de participar en los ataques del 7 de octubre; no se les define como «combatientes ilegales», sino como detenidos por delitos penales, ya que Israel afirma tener pruebas suficientes para procesarlos.

+972, Local Call y The Guardian obtuvieron los datos numéricos de la base de datos sin los nombres de las personas que figuran en ella ni la información de inteligencia que supuestamente los incrimina, cuya fiabilidad se pone en duda por las endebles acusaciones formuladas contra personas como el periodista de Al Jazeera Anas Al-Sharif, asesinado el mes pasado.

A lo largo de la guerra, en parte debido al grave hacinamiento en las prisiones, Israel liberó a más de 2.500 prisioneros que había clasificado como «combatientes ilegales», lo que implica que no creía que fueran realmente militantes. Otros 1.050 fueron liberados en intercambios de prisioneros acordados entre Israel y Hamás.

Tanto los grupos defensores de los derechos humanos como los soldados israelíes han descrito una proporción aún menor de combatientes entre los detenidos en Gaza que la que se desprende de los datos filtrados. En diciembre de 2023, cuando las fotos de decenas de palestinos desnudos y encadenados provocaron la indignación internacional, altos mandos admitieron ante Haaretzque «entre el 85 y el 90%» no eran miembros de Hamás.

El Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, con sede en Gaza, ha representado a cientos de civiles recluidos en cárceles israelíes. Su trabajo «apunta a una campaña sistemática de detenciones arbitrarias que se dirigen indiscriminadamente contra palestinos, independientemente de cualquier presunto delito», afirmó el subdirector Samir Zaqout.

«Como mucho, quizá uno de cada seis o siete detenidos podría tener alguna relación con Hamás u otras facciones militantes, e incluso en ese caso, no necesariamente a través de sus alas militares. En muchos casos, la afiliación política a una facción palestina es suficiente para que Israel tilde a alguien de combatiente».

Los palestinos que han sido liberados de los centros de detención militares israelíes y de las prisiones del SPI durante la guerra han testificado sobre las condiciones extremadamente duras, que incluyen abusos y torturas habituales. Como resultado de estas prácticas, decenas de detenidos han muerto bajo custodia israelí.

Hombres palestinos detenidos por las fuerzas israelíes en Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, son trasladados a zonas cercanas a la playa, el 7 de diciembre de 2023. (Redes sociales; utilizado de conformidad con la cláusula 27a de la Ley de Derechos de Autor).

Elusión del debido proceso

Promulgada en 2002, la Ley de Encarcelamiento de Combatientes Ilegales fue diseñada para permitir a Israel detener a personas en tiempo de guerra sin tener que reconocerlas como prisioneros de guerra, tal y como exigen los Convenios de Ginebra. La ley también permite a Israel denegar a los detenidos el acceso a un abogado durante un máximo de 75 días.

Los tribunales israelíes prolongan la detención de los palestinos de forma casi automática, basándose en «pruebas secretas» en vistas que duran sólo unos minutos. Según datos del grupo israelí de derechos humanos HaMoked, el SPI tiene actualmente detenidos a unos 2.660 habitantes de Gaza arrestados después del 7 de octubre como «combatientes ilegales», la cifra más alta en todo el conflicto. Las organizaciones jurídicas creen que hay cientos más recluidos actualmente en centros de detención militares israelíes antes de ser trasladados a prisiones del SPI (en mayo, el número total de detenidos por «combate ilegal» en prisiones y centros de detención era, según el ejército, de 2.750).

«Si Israel sometiera a juicio a todos los detenidos, tendría que redactar autos de acusación con cargos específicos y presentar pruebas de esas acusaciones», explicó Jessica Montell, directora de HaMoked. «El debido proceso puede ser engorroso. Por eso crearon la Ley de Combatientes Ilegales, para eludir todo eso».

Esta ley, añadió Montell, ha facilitado la «desaparición forzosa de cientos e incluso miles de personas» que, en la práctica, están detenidas sin ningún tipo de supervisión externa.

El hecho de que tres cuartas partes de los detenidos como «combatientes ilegales» no figuren en los propios registros del ejército como pertenecientes a las ramas armadas de Hamás o la YIP «socava toda la justificación de su detención», explicó Tal Steiner, director del Comité Público contra la Tortura en Israel, cuyas peticiones legales contra el encarcelamiento masivo llevaron al Estado a facilitar los datos sobre el número de detenidos desde el 7 de octubre.

«Tan pronto como comenzó la ola de detenciones masivas en Gaza en octubre de 2023, surgió una gran preocupación por el hecho de que muchas personas no implicadas estuvieran siendo detenidas sin motivo», continuó Steiner. «Esta preocupación se confirmó cuando supimos que la mitad de los detenidos al comienzo de la guerra fueron finalmente puestos en libertad, lo que demuestra que, en primer lugar, no había motivos para su detención».

Un oficial del ejército israelí que dirigió operaciones de detención masiva en el campo de refugiados de Jan Yunis declaró a +972, Local Call y The Guardian que la misión de su unidad era «vaciar» el campo y obligar a sus residentes a huir más al sur. Como parte de esta misión, los detenidos fueron arrestados en masa y trasladados a instalaciones militares, donde fueron clasificados como «combatientes ilegales».

Palestinos desnudos y encadenados mientras son conducidos a centros de detención militares israelíes tras ser detenidos en Gaza. (Redes sociales; utilizado de conformidad con la cláusula 27a de la Ley de Derechos de Autor).

«Todos fueron conducidos en largas caravanas, con bolsas en la cabeza, hacia la costa, a Al-Mawasi», dijo. «Los llevaron a lo que llamábamos una instalación de inspección, donde se sometía a las personas a un control. Cada noche cargaban un camión abierto con docenas, cientos de hombres, con los ojos vendados, atados, apilados unos encima de otros. Cada noche, un camión como este se dirigía a Israel».

El oficial se dio cuenta de que no se hacía ninguna distinción «entre un terrorista que entró en Israel el 7 de octubre y alguien que trabajara, por ejemplo, para la autoridad del agua en Jan Yunis», y que las detenciones se llevaban a cabo de forma casi arbitraria, incluso de menores. «Es inconcebible», dijo. «Te llevas a un hombre, a un niño, a un joven, de su familia, y lo envías a Israel para ser interrogado. Si alguna vez regresa, ¿cómo va a poder encontrarlos de nuevo?».

Ahmad Muhammad, un hombre de 30 años del campo de refugiados de Jan Yunis, dijo que el 7 de enero de 2024 se vio obligado a caminar en uno de estos convoyes con su esposa y sus tres hijos. En el puesto de control, el ejército anunció por megáfono que los hombres debían detenerse, identificándolos por el color de su ropa. «‘Camisa azul, vuelve, vuelve’, me gritó un soldado», recordó.

Lo separaron junto con un grupo de otros hombres. «Éramos un grupo de personas al azar; yo trabajo como barbero en el campo, no estoy afiliado a ninguna facción», dijo Muhammad. «Cada vez que se acercaba un soldado, nos insultaba, hasta que llegó un camión y nos metieron dentro, apilados unos encima de otros, de forma profundamente humillante».

Muhammad fue llevado a la prisión de Negev e interrogado sobre los ataques del 7 de octubre. Les dijo a los soldados que no sabía nada, pero lo mantuvieron detenido durante todo un año. Hasta el día de hoy, no sabe por qué. «Viví días difíciles en la prisión: enfermedades, frío, tortura, humillación», explicó.

Muhammad fue liberado en enero de este año junto con otros 2.000 prisioneros palestinos en el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, la mitad de los cuales habían estado detenidos desde el 7 de octubre en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales y se les había negado el acceso a un abogado o a un proceso justo durante meses.

Palestinos esposados son obligados a arrodillarse frente a una imagen de la destrucción causada por el ataque de Israel a la Franja de Gaza y una bandera israelí, en una prisión del centro de Israel, el 6 de mayo de 2025. (Chaim Goldberg/Flash90)

«No devuelven a los rehenes, ¿por qué deberíamos dejarlos ir?».

Varios soldados confirmaron a +972, Local Call y The Guardian que fueron testigos de la detención masiva de civiles palestinos en instalaciones militares israelíes. Un soldado que prestó servicio en el infame centro de detención de Sde Teiman dijo que a uno de los recintos se le conocía como «el corral de los ancianos» porque todos los detenidos eran personas mayores o gravemente heridas, algunas de ellas trasladadas directamente desde los hospitales de Gaza.

«Del Hospital Indonesio [en Beit Lahiya] se llevaban a montones de gente», dijo el soldado. «Traían a hombres en sillas de ruedas, personas sin piernas o con piernas que eran básicamente inútiles. Recuerdo a un hombre de 75 años con muñones gravemente infectados. Siempre supuse que la supuesta excusa para arrestar a los pacientes era que tal vez habían visto a los rehenes o algo así». Todos ellos, añadió, fueron recluidos en «el corral geriátrico».

Otro soldado que comandaba un equipo al principio de la guerra dijo que el ejército arrestó a un paciente de unos setenta años dentro del hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza. «Llegó atado a una camilla. Era diabético, tenía gangrena en la pierna y no podía caminar. No representaba ningún peligro para nadie». Ese hombre fue trasladado a Sde Teiman.

Además de reunir a los civiles heridos en los hospitales de Gaza y encarcelarlos en centros de detención israelíes, Israel ha arrestado a cientos de los médicos que los atendían. En la actualidad, más de 100 miembros del personal médico de Gaza siguen encarcelados como «combatientes ilegales», según Médicos por los Derechos Humanos-Israel (PHRI, por sus siglas en inglés), que en febrero publicó un informe en el que se recopilan los testimonios de 20 médicos y denunciantes militares que describen abusos y torturas.

Naji Abbas, jefe del departamento de prisioneros de PHRI, dijo que sus testimonios revelaban una práctica habitual de encarcelar a personas durante meses tras un único interrogatorio breve. Para Abbas, esto socava la afirmación de Israel de que dichos detenidos están recluidos porque poseen información valiosa sobre los rehenes israelíes cautivos por Hamás, y considera que su detención forma parte del ataque de Israel al sistema sanitario de Gaza.

En uno de los relatos recopilados por PHRI, un cirujano del Hospital Nasser de Jan Yunis describió cómo los soldados «se sentaban encima de nosotros, nos daban patadas con sus botas y nos golpeaban con las culatas de los rifles». En otro testimonio, el jefe del departamento de cirugía del Hospital Indonesio dijo: «Nos empujaron la cabeza contra la grava, una y otra vez durante cuatro horas, nos golpearon salvajemente con porras y nos electrocutaron».

Miembros de una unidad de respuesta del Servicio Penitenciario de Israel junto a detenidos palestinos en una prisión del sur de Israel, 14 de febrero de 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

Un tercer médico denunció haber sido golpeado hasta romperle las costillas, mientras que un cirujano del Hospital Al-Shifa describió cómo electrocutaban a los detenidos y añadió que había oído hablar de presos que habían muerto como consecuencia de ello. «De camino al centro de interrogatorios, me dijeron que me cortarían los dedos porque soy dentista», declaró otro médico a PHRI.

Los médicos que prestaron testimonio ante PHRI fueron clasificados como «combatientes ilegales». Uno de esos detenidos, el Dr. Adnan Al-Bursh, jefe de ortopedia del hospital Al-Shifa, murió bajo custodia el año pasado tras ser detenido en diciembre de 2023. Según su familia, fue torturado hasta la muerte. Otro, Iyad Al-Rantisi, director de un hospital para mujeres en Gaza, murió el año pasado en un centro de interrogatorios del Shin Bet.

El médico que prestaba servicio en Anatot dijo que muchos médicos palestinos estaban encarcelados allí. Recordaba a un pediatra, esposado y con los ojos vendados, que le suplicó en inglés: «Somos colegas tuyos, ¿puedes ayudarme?».

En junio de 2024, el entonces jefe del Shin Bet, Ronen Bar, envió una carta al primer ministro Benjamin Netanyahu advirtiendo de una crisis de hacinamiento en las prisiones: el número de reclusos había superado los 21.000, mientras que la capacidad era solo de 14.500. Escribió que el trato a los presos «rayaba en el maltrato», lo que exponía a los empleados estatales a posibles procedimientos penales en el extranjero.

El duro trato a los detenidos concuerda con las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien afirmó el año pasado que una de sus principales prioridades era «empeorar las condiciones» de los presos palestinos, entre otras cosas proporcionándoles sólo la «mínima» cantidad de comida. Muchos civiles de Gaza que fueron detenidos y encarcelados por las fuerzas israelíes han testificado que fueron objeto de graves abusos y torturas.

Pero la detención masiva de médicos y otros civiles también parece haber tenido, al menos en parte, la intención de crear una ventaja para las negociaciones sobre los rehenes. Cuando el director del hospital Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya, fue liberado el año pasado, el diputado Simcha Rothman, presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset, se quejó de que fuera liberado «sin intercambio de rehenes». En la misma reunión de la comisión, el diputado Almog Cohen afirmó que Israel había perdido la oportunidad de «tomar un símbolo significativo en Gaza» para utilizarlo en un acuerdo.

«Seguimos liberando a gente «gratis» y eso ha enfurecido a los soldados», explicó un soldado que estaba destinado en un centro de detención. «Los soldados decían: «Ellos no devuelven a los rehenes, ¿por qué deberíamos dejarlos ir?»».

Los presos palestinos que iban a ser liberados llevaban camisetas del SPI con su logotipo, una estrella de David, y la frase en árabe: «No olvidaremos ni perdonaremos», 15 de febrero de 2025. (Servicio Penitenciario de Israel)

«Legalizar el secuestro»

Pocos casos ponen de manifiesto la crueldad arbitraria de la política de encarcelamiento masivo de Israel de forma más cruda que el de Fahamiya Al-Khalidi, a quien los soldados detuvieron en una escuela del barrio de Zeitun, en la ciudad de Gaza, el 9 de diciembre de 2023.

La mujer, que entonces tenía 82 años, padecía alzheimer y tenía dificultades para caminar por sí misma, pero el ejército israelí la llevó al centro de detención militar de Anatot antes de trasladarla al día siguiente a la prisión de Damon, en el norte de Israel, donde permaneció encarcelada durante seis semanas. Un documento de la prisión revela que fue detenida en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales, lo que confirma los detalles publicados por primera vez en Haaretz a principios de 2024.

El ejército israelí respondió inicialmente a nuestra consulta afirmando que Al-Khalidi había sido detenida «para descartar su participación en actividades terroristas». Más tarde declaró que había sido detenida «basándose en información específica sobre su persona», y añadió que «a la luz de su estado actual, la detención no era apropiada y fue el resultado de un error de juicio local y aislado».

Un médico militar destinado en Anatot declaró a +972, Local Call y The Guardian que le llamaron para atender a Al-Khalidi después de que esta se desmayara la primera noche tras su llegada. «Se cayó y se hizo daño, probablemente con el alambre de púas», relató. «Le cosimos la mano en mitad de la noche». Las fotos tomadas por el médico, vistas por +972, Local Call y The Guardian, confirman su presencia en Anatot en el momento en que Al-Khalidi estaba detenida allí.

Según el soldado, Al-Khalidi no recordaba su edad y pensaba que todavía estaba en Gaza, pero el ejército seguía considerándola una militante. «Les dicen a los soldados que la persona es una ‘combatiente ilegal’, lo que equivale a una terrorista», explicó. «Cuando Al-Khalidi llegó, recuerdo que cojeaba mucho hacia la clínica. Y la clasifican como combatiente ilegal. La forma en que se utiliza esa etiqueta es una locura».

Al-Khalidi fue una de las aproximadamente 40 mujeres que el soldado recuerda haber visto en Anatot durante los dos meses que pasó en las instalaciones. «Hubo alguien que tuvo un aborto espontáneo; sus guardias dijeron que sangraba mucho. Otra mujer, una madre lactante a la que trajeron sin su bebé, quería seguir amamantando para conservar su leche».

Prisionero palestino de Gaza visto en el patio de una prisión en el sur de Israel, el 14 de febrero de 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

Abir Ghaban, de 40 años, ya estaba recluida en la prisión de Damon cuando llegó Al-Khalidi. Dijo que la anciana parecía asustada y que tenía la cara y las manos hinchadas. Al principio, Al-Khalidi apenas hablaba con las demás detenidas, pero poco a poco se enteraron de que había huido cuando el ejército israelí amenazó con bombardear su edificio y que, posteriormente, fue detenida.

Ghaban dijo que pasó semanas cuidando a Al-Khalidi mientras estaban encarceladas juntas. «Solíamos alimentarla con nuestras propias manos», recordó. «Le cambiábamos la ropa. Se desplazaba en silla de ruedas».

En un incidente, explicó Ghaban, los guardias de la prisión se burlaron de Al-Khalidi hasta que ella intentó huir, se estrelló contra una valla y se lesionó.

Ghaban había estado criando sola a sus tres hijos, de 10, 9 y 7 años, durante años, por lo que se quedaron solos cuando los soldados israelíes la arrestaron en un puesto de control en Gaza en diciembre de 2023. Ghaban se dio cuenta durante el interrogatorio de que el ejército había confundido a su marido, un agricultor, con un miembro de Hamás que tenía exactamente el mismo nombre. Un soldado admitió este error después de comparar fotografías, pero ella permaneció en prisión durante seis semanas más, muy preocupada por sus hijos.

Las dos mujeres fueron liberadas juntas en enero de 2024, sin explicación alguna. Ghaban ayudó a Al-Khalidi a ponerse en contacto con sus hijos, que viven en el extranjero, y encontró a sus propios hijos mendigando en la calle y apenas reconocibles. «Estaban vivos», dijo, «pero ver el estado en el que habían estado durante 53 días sin mí me destrozó».

Un periodista documentó a Al-Khalidi en Rafah tras su liberación, desorientada y confusa, sin ningún miembro de su familia. No recordaba cuánto tiempo había estado detenida. «Me sacaron de la escuela», dijo, todavía vestida con pantalones grises de prisión. «Pasé por muchas cosas».

El derecho internacional sólo permite el internamiento de civiles si suponen una amenaza imperativa para la seguridad, y garantiza derechos básicos que Israel está violando, afirmó Michael Sfard, uno de los principales abogados de derechos humanos de Israel.

«Las condiciones de los habitantes de Gaza detenidos en Israel, sin duda alguna, no cumplen lo estipulado en el Cuarto Convenio de Ginebra», explicó, señalando que los abusos violentos, la privación de alimentos y la denegación de visitas de la Cruz Roja y de comunicación con la familia son habituales. La legislación utilizada para retenerlos, añadió, es en sí misma «una violación flagrante del derecho internacional».

Hassan Jabarin, director del grupo palestino de derechos legales Adalah, con sede en Haifa, está de acuerdo. «La Ley de Combatientes Ilegales está diseñada para facilitar la detención masiva de civiles y las desapariciones forzadas, legalizando de hecho el secuestro de palestinos de Gaza», afirmó. «Despoja a los detenidos de las protecciones garantizadas por el derecho internacional, incluidas las salvaguardias específicas para los civiles, utilizando la etiqueta de ‘combatientes ilegales’ para justificar la denegación sistemática de sus derechos».

Foto de portada: Detenidos palestinos de Gaza en el patio de una prisión del sur de Israel, 14 de febrero de 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)

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