Ron Dudai, +972.com Magazine, 26 noviembre 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Ron Dudai es profesor asociado en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Ben-Gurión del Negev.
El 10 de noviembre, un proyecto de ley que permite la pena de muerte para los palestinos superó su primer gran obstáculo legislativo en el Parlamento israelí. La propuesta, de una sola página, que ahora pasa a la comisión antes de volver posiblemente a la Knesset para sus dos votaciones finales, impondría la pena de muerte a cualquier persona condenada por «causar intencionadamente o por indiferencia la muerte de un ciudadano israelí, cuando el acto se lleve a cabo por motivos racistas o de odio hacia un determinado sector de la población… y con el propósito de dañar al Estado de Israel y al renacimiento del pueblo judío en su patria».
El proyecto de ley es extremo incluso para los actuales estándares de Israel. Crea un nuevo delito capital, hace que la pena de muerte sea obligatoria en condiciones vagamente definidas y elimina por completo la discrecionalidad judicial. Es fundamental señalar que su lenguaje es explícitamente discriminatorio, ya que se aplica a los palestinos que matan a judíos, pero no a los judíos que matan a palestinos. Como dijo sin rodeos uno de los patrocinadores del proyecto de ley, el diputado Limor Son Har-Melech: «No existe tal cosa de un terrorista judío».
Una segunda sección aborda los tribunales militares de Israel, que técnicamente ya tienen autoridad para imponer la pena capital a los palestinos, pero nunca lo han hecho debido a la política gubernamental de larga data. En este caso, el proyecto de ley busca desmantelar las principales salvaguardias que han limitado este poder: el requisito de que un panel de tres jueces llegue a un veredicto unánime y la autoridad del jefe del Estado Mayor del ejército para conmutar las penas de muerte. Estas protecciones han garantizado históricamente que las condenas a muerte válidas siguieran siendo extremadamente raras y, cuando se dictaban, se conmutaran rápidamente. Eliminarlas en un sistema ampliamente criticado por no garantizar juicios justos conllevaría riesgos sin precedentes.
Aunque la votación del proyecto de ley sobre la pena de muerte recibió cobertura en los medios de comunicación locales e internacionales, no provocó una protesta sostenida, a pesar de su clara violación de las leyes internacionales que protegen el derecho a la vida. Con al menos 70.000 palestinos y 2.000 israelíes asesinados en los últimos dos años, la cuestión puede parecer casi trivial en comparación. Sin embargo, hay mucho en juego: para los palestinos, para la sociedad israelí y para los esfuerzos mundiales por abolir la pena capital.
Una política de abstención
Israel abolió formalmente la pena de muerte por asesinato en 1954, una medida relativamente temprana, en una época en la que países como el Reino Unido y Francia aún llevaban a cabo ejecuciones. No obstante, la pena capital siguió vigente para un conjunto reducido de delitos excepcionales, entre los que se incluían los relacionados con el Holocausto y el genocidio, la traición y determinados actos contemplados en las normas de emergencia heredadas del Mandato británico. Sin embargo, en la práctica, Israel sólo ha llevado a cabo una ejecución en toda su historia: la de Adolf Eichmann, uno de los principales artífices del Holocausto, en 1962.
El criminal de guerra nazi Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal israelí. (GPO/Dominio público)
Después de que Israel ocupara Cisjordania y Gaza en 1967, autorizó a los tribunales militares establecidos allí a imponer la pena de muerte a los residentes palestinos. Sin embargo, todos los gobiernos desde entonces han mantenido una política de abstenerse de su uso. Se ordenó a los fiscales militares que no solicitaran la pena de muerte, y una serie de garantías procesales —un tribunal unánime de tres jueces, una apelación automática y la posibilidad de conmutación— aseguraron que, incluso cuando los jueces individuales intentaban desviarse de la política, sus fallos no se mantuvieran.
Varios factores sustentaban tal moderación. Las fuerzas de seguridad israelíes, incluidos el ejército y el Shin Bet, se han opuesto sistemáticamente a la pena de muerte, argumentando que no tiene ningún valor disuasorio y que corre el riesgo de alimentar aún más la violencia. Los sucesivos gobiernos también temían que las ejecuciones perjudicaran la imagen internacional de Israel; la oposición a la pena capital, por el contrario, ofrecía una rara credencial en materia de derechos humanos que se podía mostrar en el extranjero. Esta postura también encajaba con la imagen que Israel tiene de sí mismo como un país que «dispara y llora», un mito que presenta el uso de la fuerza como algo a regañadientes y puramente defensivo.
Además, muchos de los autores de los atentados más mortíferos eran terroristas suicidas o murieron durante el incidente, lo que significa que nunca llegaron a ser juzgados, mientras que el uso generalizado de las ejecuciones extrajudiciales le ha permitido siempre a Israel recurrir a la fuerza letal sin tener que recurrir a las ejecuciones judiciales.
Al mismo tiempo, las demandas de pena de muerte para los palestinos —a menudo expresadas a través de variaciones del lema «Pena de muerte para los terroristas»— se han convertido en un elemento destacado del discurso de la derecha israelí. Durante años, la idea ha impulsado manifestaciones, peticiones y campañas en línea, y se ha convertido en una causa definitoria de la derecha radical insurgente, defendida en particular por el actual ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir.
A lo largo de este período, los miembros de la Knesset presentaron regularmente proyectos de ley para modificar las leyes y políticas existentes en torno a la pena capital, un acto ritualista de desafío populista contra un espíritu de responsabilidad, moderación y preocupación por la opinión internacional. Ninguno de ellos fue aprobado; en la práctica, la política de Israel no ha cambiado desde 1967. Con pocas perspectivas de aplicación, la demanda adquirió el carácter de una fantasía de venganza, mientras que el rechazo pragmático, elitista y autocomplaciente de las ejecuciones por parte del centro político siguió definiendo la política oficial.
Abandonando la «pretensión» de moderación
Como deja claro la reciente votación, la política de la derecha radical israelí ya no se limita al ámbito de los gestos rituales. Sería tentador atribuir el cambio únicamente a los horrores de los atentados del 7 de octubre —y eso es sin duda parte de la historia—, pero la legislación refleja una transformación más amplia vinculada al auge de la derecha radical y al programa de reforma judicial del Gobierno de Netanyahu. De hecho, el proyecto de ley que acaba de avanzar es idéntico al presentado a principios de 2023, mucho antes del 7 de octubre. (Una propuesta separada para establecer tribunales especiales con facultades para dictar la pena de muerte a los sospechosos del 7 de octubre sigue a la espera de ser debatida en comisión).
Por encima de todo, este giro hacia la pena capital revela un cambio fundamental en el equilibrio de poder de Israel: la disminución de la influencia de la clase política, militar y judicial tradicional y el ascenso de una derecha radical decidida a eliminar los controles sobre la violencia estatal.
Funcionarios del Servicio Penitenciario de Israel preparan a los presos palestinos para su liberación como parte de un acuerdo de intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, el 26 de febrero de 2025. (Chaim Goldberg/Flash90)
En el pasado, los jefes del Shin Bet y de la Fiscalía General Militar comparecían ante la Knesset para manifestar su oposición a la pena de muerte. Hoy en día, el jefe del Shin Bet de la vieja guardia ha sido destituido y sustituido por el general de división David Zini, un oficial alineado con la derecha mesiánica que, según se informa, ha expresado su apoyo explícito al nuevo proyecto de ley, mientras que la ex fiscal general militar ha sido detenida por filtrar imágenes que documentan la tortura de detenidos palestinos en el centro de detención de Sde Teiman. Mientras tanto, el establishment judicial lucha en general por su supervivencia institucional, y los agresivos esfuerzos de hasbará han sustituido en gran medida a la anterior preocupación diplomática por la imagen de Israel en el extranjero.
Al mismo tiempo, el ascenso de Ben Gvir al cargo de ministro de Seguridad Nacional ha transformado lo que antes era una provocación antisistema en la política del propio sistema. Tras la aprobación de la votación inicial, este defensor acérrimo de la pena capital repartió dulces entre sus compañeros legisladores, en lo que pareció una extraña imitación de las acusaciones ampliamente difundidas de que algunos palestinos celebraron la noticia de los atentados del 7 de octubre repartiendo dulces y festejando en las calles.
Para ser claros, el antiguo establishment israelí, con su mentalidad de «disparar y llorar», ha sido responsable de innumerables atrocidades y abusos contra los palestinos. Sin embargo, como demuestra su oposición a la ejecución judicial, seguía actuando bajo la premisa de que el poder del Estado tiene límites y que, como mínimo, deben reconocerse las normas internacionales.
Esta postura era sin duda hipócrita: Israel llevaba a cabo habitualmente ejecuciones extrajudiciales mientras pregonaba su negativa a ejecutar. Pero, como observó George Orwell, la hipocresía puede servir como importante salvaguarda: depende de la posibilidad de la vergüenza, y la brecha entre los valores profesados y la práctica real puede ser expuesta y aprovechada por quienes presionan para que se rindan cuentas y se produzcan cambios.
La retórica del bando actual a favor de la pena de muerte no es hipócrita, y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa. Abandona la pretensión de moderación, busca normalizar el espíritu de venganza que ha marcado la guerra en Gaza y exalta las nociones de supremacía judía, honor nacional y poder bruto. Señala la voluntad de dejar de lado las líneas rojas, las evaluaciones de los expertos y las normas legales.
Como declaró el presidente del Comité de Seguridad Nacional, Zvika Fogel, durante las deliberaciones: «Estoy harto de todas las evaluaciones y la información… El debate tiene por objeto añadir a la columna vertebral judía lo que se necesita». Tras la votación, Ben Gvir proclamó triunfalmente: «El poder judío está haciendo historia».
Mujeres palestinas participan en una protesta para mostrar su solidaridad con los presos palestinos recluidos en cárceles israelíes, en la ciudad cisjordana de Nablus, el 12 de noviembre de 2024. (Nasser Ishtayeh/Flash90)
La maquinaria de la ejecución
En conjunto, estos acontecimientos apuntan a una transformación que va mucho más allá de la pena de muerte en sí misma, una transformación que probablemente remodelará la política, la gobernanza y la cultura política israelíes. Una vez que el Estado autoriza las ejecuciones, hay que crear toda una maquinaria: debatir los métodos de ejecución, redactar reglamentos, contratar personal. Las figuras públicas y los legisladores competirán por parecer «más duros», imaginando castigos cada vez más severos, ahora liberados de las restricciones que antes imponía la hipocresía. El diputado Yitzhak Wasserlauf ya lo ha declarado abiertamente: «No me da miedo la palabra venganza. Tiene un valor muy importante».
Un Estado que ejecuta también debe nombrar verdugos. Habrá licitaciones, contratos de trabajo, cadenas de mando. La cuestión de quién lleva a cabo las ejecuciones se convertirá en un espectáculo público (determinados médicos están ya declarando su rechazo). No es difícil imaginar a Ben Gvir insertándose en el proceso, tal vez supervisando directamente el reclutamiento o incluso, como sugirió en una ocasión su colega Bezalel Smotrich, ofreciéndose como voluntario para ejercer de verdugo.
Como cabe esperar, serán los medios de comunicación quienes establezcan el perfil de los verdugos, que serán recibidos por sus partidarios fuera del lugar de la ejecución (¿quizás en Sde Teiman?). Los comentaristas se fijarán en los rituales que rodean las ejecuciones: los procedimientos, las últimas comidas, las últimas palabras. E incluso si se prohíben oficialmente las cámaras, los vídeos se filtrarán inevitablemente y cultivarán una cultura de fascinación morbosa. Una sociedad que normaliza la horca comenzará a regodearse en ella.
Los efectos se extenderán por todo el sistema político y jurídico. Si la pena de muerte se convierte en obligatoria, será mucho más difícil defenderse de las condenas más severas por delitos menores. Una vez que la ejecución se normalice, la resistencia ante otras medidas extremas, como la privación de la ciudadanía israelí a los ciudadanos palestinos, se debilitará aún más. Con la muerte en lo más alto de la jerarquía de castigos, todo el sistema se reorientará; la cadena perpetua ya no definirá el límite máximo de la coacción estatal. En un país donde existen verdugos —y, en la práctica, serán verdugos judíos encargados de matar exclusivamente a prisioneros palestinos—, las reivindicaciones de igualdad, Estado de derecho o compasión sonarán completamente huecas.
Es fundamental comprender que el proyecto de ley sobre la pena de muerte forma parte de una agenda más amplia de reforma judicial, y no es una respuesta improvisada al impacto del atentado del 7 de octubre. Su objetivo no es sólo la venganza, sino también la consolidación del poder en manos de Ben Gvir y sus aliados a expensas del poder judicial y el ejército. Las cláusulas relativas a los tribunales militares despojan al «comandante militar» de la facultad de conmutar las penas por motivos de seguridad; las cláusulas que modifican el código penal hacen que la pena de muerte sea obligatoria, eliminando por completo la discrecionalidad judicial. Wasserlauf resumió sucintamente la lógica: «Debe quedar claro que el castigo no es una elección del juez». Esta es la esencia de la reforma judicial.
Funcionarios del Servicio Penitenciario de Israel preparan a los presos palestinos para su liberación como parte de un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás, en la prisión de Ketziot, en el sur de Israel, el 26 de febrero de 2025. (Chaim Goldberg/Flash90)
Para sus defensores, el proyecto de ley también significaba romper con la comunidad internacional y sus normas. Es una herencia directa del kahanismo, que durante mucho tiempo ha abrazado el aislamiento internacional como una insignia de honor. Con la única excepción de Bielorrusia, ningún país europeo lleva a cabo ejecuciones, ni Turquía, ni siquiera la Rusia de Putin. Europa se define ahora explícitamente como una «zona libre de pena de muerte». Los israelíes disfrutan de la acogida cultural de Europa en lo que respecta a Eurovisión o la UEFA, y se horrorizan ante la posibilidad de una suspensión; el restablecimiento de las ejecuciones podría convertir esas amenazas en realidad.
Los partidarios de esta medida suelen señalar que Estados Unidos sigue aplicando la pena de muerte. Sin embargo, ignoran que la mayoría de los estados estadounidenses la han abandonado y que las ejecuciones, que llevan décadas disminuyendo de forma constante, sólo se producen en unos pocos casos excepcionales, como Texas y Oklahoma. El epicentro mundial de las ejecuciones hoy en día es China, Corea del Norte e Irán. Este es el club al que Ben Gvir quiere unirse, y al que los regímenes autoritarios, que libran batallas desesperadas contra la ola abolicionista mundial, darían la bienvenida a Israel.
Algunos israelíes se oponen a la pena de muerte por principio, pero creen que los autores del 7 de octubre constituyen una excepción. Sin embargo, más allá de la necesidad imperiosa de oponerse a la pena capital de forma universal, hay que reconocer que su restablecimiento no puede contenerse. El contaminante se extendería por los sistemas judicial y policial y se propagaría a la cultura política en general. Una vez que se abra la puerta, la práctica se expandirá.
Foto de portada: El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, visita una prisión en el centro de Israel, donde se encuentran recluidos presuntos militantes de Hamás y Hezbolá, el 8 de enero de 2025. (Chaim Goldberg/Flash90).
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