Kevin Martin, Foreign Policy In Focus, 4 diciembre 2025
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Kevin Martin, es presidente de Peace Action y del Peace Action Education Fund desde 2001. Anteriormente, Kevin ocupó el cargo de director de Project Abolition, una iniciativa nacional para el desarme nuclear, desde agosto de 1999 hasta agosto de 2001. Los artículos de Kevin han aparecido en The New York Times, The Washington Post, The Nation, Los Angeles Times, Atlanta Journal-Constitution, The Village Voice, The Chicago Tribune, Chicago Sun-Times, The Progressive, Z magazine y muchas otras publicaciones.
Mark Twain dijo supuestamente en tono jocoso: «Dios creó la guerra para que los estadounidenses aprendieran geografía». Independientemente de si realmente dijo eso o no, sería una buena prueba: impedir que la potencia militar más poderosa del mundo entrara en guerra si la mayoría de los estadounidenses no lograban encontrar al supuesto enemigo en un mapamundi.
No debería ser necesario decirlo, pero Estados Unidos no tiene autoridad legal para atacar a Venezuela (ni a Irán, Sudán, Somalia ni ningún otro país). Tampoco tiene derecho legal a emprender acciones encubiertas para derrocar a ningún gobierno, incluido el de Venezuela. Si Estados Unidos lo hiciera, se enfrentaría a la oposición de todos los países al sur del Río Grande y se consideraría, con razón, una reanudación racista de la Doctrina Monroe. Independientemente de lo que se piense del actual Gobierno de ese país, en Venezuela viven casi 30 millones de personas, y no merecen ser demonizadas ni amenazadas por las políticas de su presidente, ya que Venezuela no supone ninguna amenaza para Estados Unidos.
El pueblo estadounidense así lo entiende. Una reciente encuesta de CBS News muestra un escepticismo y un rechazo generalizados por parte de la opinión pública hacia cualquier ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, y con razón, ya que el 70% se opone a que Estados Unidos emprenda acciones militares.
Además, el actual aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe es una provocación innecesaria y peligrosa. El despliegue de buques de guerra y marines de la Armada de los Estados Unidos en la región debería revertirse para aliviar las tensiones. Es poco probable que Estados Unidos invada Venezuela con fuerzas terrestres, ya que incluso el belicoso secretario de Guerra Pete Hegseth debe saber que se metería en un atolladero, pero la administración Trump puede ver una ventaja política en mantener esta «crisis» artificial y latente para distraer la atención de los archivos de Epstein, la caída de la popularidad de Trump y sus fallidas políticas internas y externas. Y la declaración de Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano no tiene ninguna legitimidad, aunque sí asustó a muchas aerolíneas y las llevó a cambiar sus rutas de vuelo.
Una pregunta obvia: ¿se trata realmente de drogas y no de petróleo? El fentanilo no entra en Estados Unidos a través de Venezuela, y la supuesta red de narcotráfico dirigida por el presidente venezolano Nicolás Maduro no existe. Sin embargo, Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo conocidas del mundo.
No puedo imaginar que nadie quiera una repetición de las guerras de Iraq. No pongamos a prueba el adagio de que «la historia puede que no se repita, pero sí rima» (que, de nuevo, Mark Twain puede haber dicho o no). No queremos tener que desempolvar nuestras pancartas de protesta «¡No a la guerra por el petróleo!». Y ya existe un problema metastásico con la violenta competencia por los minerales de tierras raras en Venezuela.
El alboroto sobre el segundo ataque al supuesto «barco de drogas» del 2 de septiembre, que podría constituir un crimen de guerra, no viene al caso, aunque Hegseth debería rendir cuentas. No se ha presentado ninguna prueba de que se tratara de un «barco de drogas» y, aunque lo fuera, no existía autoridad legal para atacarlo, ni una ni dos veces. Todos los ataques a los supuestos «barcos de drogas» son ilegales y no han sido autorizados por el Congreso.
Hablando de eso, el Congreso no sólo debe investigar estos turbios ataques a «barcos de drogas», sino también hacer valer su autoridad constitucional aprobando una Resolución de Poderes Bélicos para impedir que la descontrolada Administración Trump siga con los ataques o la escalada. El Senado de los Estados Unidos no aprobó dicha medida el mes pasado, por 51 votos contra 49, con todos los demócratas a favor y todos los republicanos, excepto dos, en contra de defender la Constitución. El «órgano deliberativo más importante del mundo» debería volver a intentarlo. Quizás ahora los republicanos puedan interpretar mejor las encuestas.
Además, las sanciones económicas de Estados Unidos están perjudicando al pueblo y a la economía de Venezuela, y deberían, como mínimo, reconsiderarse, si no eliminarse por completo. Lamentablemente, algunos autoproclamados expertos en política exterior piensan que las sanciones son una alternativa humana a la guerra y mejor que «no hacer nada». En realidad, las sanciones económicas generales perjudican sobre todo a la gente corriente y son una forma inmoral e ineficaz de intentar que las personas hambrientas derroquen a su Gobierno, independientemente de su popularidad o falta de ella en el país.
Por último, ¿no se suponía que Trump defendía el lema «America First» (Estados Unidos primero) y evitar las guerras en el extranjero? Yo nunca me lo creí, pero los votantes de Trump sí. Trump está a punto de poner en peligro vidas estadounidenses, cuando nadie votó para que sus hijos e hijas lucharan en una guerra contra Venezuela ni contra ningún otro país. El Congreso debe escuchar la sabiduría del pueblo estadounidense y poner fin de inmediato a esta amenaza mal concebida contra Venezuela y sus vecinos.
Foto de portada de Shutterstock.
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