Ghada Majadli, Middle East Eye, 2 enero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Ghada Majadli es investigadora y analista política de Al-Shabaka. Tiene un máster en derechos humanos y justicia transicional por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Su trabajo se centra principalmente en la sanidad y los derechos humanos de los palestinos, con especial atención al sistema multifacético de control y gestión de la salud de los palestinos por parte del régimen israelí.
La decisión de Israel de detener las operaciones de 37 grupos de ayuda internacional supone una peligrosa escalada en su actual campaña genocida, que ha destruido la capacidad de Gaza para mantener la vida mediante bombardeos y asedios, y ahora se dispone a privar a los supervivientes de las últimas formas de asistencia que les quedan.
Aunque se presenta como una medida administrativa, esta última medida no puede entenderse de forma aislada. Es la culminación de un proceso más largo que se ha desarrollado durante los últimos dos años, en el que Israel ha desmantelado sistemáticamente la infraestructura humanitaria y médica que sustenta a la población civil de Gaza.
Al retirar la financiación y deslegitimar a la UNRWA, la principal agencia encargada de ayudar a los refugiados palestinos, y al lanzar acusaciones contra el personal humanitario y sanitario, sin que haya habido una reacción significativa a nivel mundial, Israel ha afianzado aún más un sistema de ayuda trocado en arma existente desde hace mucho tiempo.
Aunque inicialmente el Gobierno israelí justificó la suspensión de las organizaciones humanitarias alegando su incumplimiento de los nuevos requisitos de registro, posteriormente señaló en un comunicado que el proceso tenía «por objeto impedir la explotación de la ayuda por parte de Hamás, que en el pasado había operado al amparo de determinadas organizaciones humanitarias internacionales, de forma consciente o inconsciente».
Israel lleva mucho tiempo acusando a Hamás de explotar la ayuda humanitaria, a pesar de que tales acusaciones han sido desmentidas en repetidas ocasiones, incluso por altos mandos militares israelíes.
El nuevo marco normativo va mucho más allá del cumplimiento técnico. Introduce condiciones explícitamente políticas e ideológicas para la prestación de ayuda, descalificando a las organizaciones que han apoyado boicots a Israel o participado en «campañas de deslegitimación».
Estos criterios no sólo regulan la labor humanitaria, sino que, en la práctica, silencian la disidencia, condicionando la capacidad de prestar asistencia humanitaria a la conformidad política.
El caso de prueba de la UNRWA
El desmantelamiento de la UNRWA fue un caso de prueba crucial. Durante décadas, la Agencia sirvió de columna vertebral de la vida civil de los refugiados palestinos, proporcionando asistencia sanitaria, educación, ayuda alimentaria y servicios sociales en las condiciones de ocupación y asedio israelíes.
Después del 7 de octubre de 2023, Israel intensificó sus esfuerzos para reconvertir la UNRWA, no como agencia humanitaria que opera bajo un mandato internacional, sino como un problema político que hay que neutralizar.
Las acusaciones de que un número limitado de empleados de la UNRWA estaban afiliados a Hamás o habían participado en los atentados del 7 de octubre se generalizaron rápidamente y se convirtieron en acusaciones contra la organización en su conjunto. Estas acusaciones provocaron la suspensión generalizada de las donaciones, incluida la congelación inmediata de la financiación estadounidense, una de las mayores fuentes de apoyo de la UNRWA, lo que demuestra la rapidez con la que los Estados están dispuestos a actuar ante las acusaciones sin pruebas de Israel, cuyo objetivo general es evitar el escrutinio mundial de sus crímenes.
La persecución de la UNRWA demostró así lo fácil que es desmantelar un pilar central del sistema humanitario, sentando las bases para lo que vendría después.
En los meses siguientes, Israel bloqueó las operaciones de la UNRWA sobre el terreno y aprobó una ley que penalizaba sus actividades en toda la Palestina histórica.
La respuesta de la comunidad internacional fue sorprendentemente débil: aunque algunos donantes finalmente reanudaron la financiación a la UNRWA, no se activaron mecanismos vinculantes de aplicación ni se impusieron costes políticos graves a Israel.
La persecución de la UNRWA demostró así lo fácil que es desmantelar un pilar central del sistema humanitario, sentando las bases para lo que vendría después, cuando Israel lanzó un ataque más amplio contra los grupos de ayuda internacional que operaban en Gaza.
Las consecuencias de esta última medida son devastadoras. Durante décadas, estas organizaciones han prestado servicios esenciales, en medio de la degradación sistemática de las infraestructuras civiles y los repetidos ataques contra la asistencia sanitaria en Gaza. Grupos como Médicos Sin Fronteras y Medical Aid for Palestinians ofrecen recursos vitales para la atención de urgencias y traumatismos, junto con otros servicios clave para sostener el frágil sistema sanitario de Gaza, en un momento en que muchos hospitales están dañados o fuera de servicio.
Amortiguadores contra el colapso
La importancia de los grupos de ayuda internacional para la supervivencia de Gaza es en sí misma una medida de la profundidad de la destrucción impuesta a la sociedad palestina. Estos actores llevan mucho tiempo operando en espacios en los que se han desmantelado las instituciones palestinas y se han aplazado las soluciones políticas.
Ante la falta de un fin a la ocupación y al asedio de Israel, su presencia se ha convertido en uno de los pocos amortiguadores que quedan contra el colapso total. En el contexto del genocidio en curso y de la destrucción de la infraestructura necesaria para mantener la vida en Gaza, eliminar la presencia humanitaria restante equivale a un ataque directo a la propia supervivencia.
El Gobierno israelí ha tratado de restar importancia al impacto de las suspensiones afirmando que las organizaciones afectadas «no han llevado ayuda a Gaza durante el actual alto el fuego, e incluso en el pasado su contribución combinada sólo representó alrededor del 1% del volumen total de ayuda».
Pero este cálculo de la ayuda material no refleja la naturaleza del trabajo y los servicios que han prestado estos grupos, entre los que se incluyen la atención médica especializada, la cirugía de traumatología, la rehabilitación de personas heridas y discapacitadas, los servicios psicosociales y de salud mental y el apoyo institucional sostenido para mantener en funcionamiento el colapsado sistema sanitario de Gaza.
Sólo en 2025, Médicos Sin Fronteras realizó casi 800.000 consultas ambulatorias y trató más de 100.000 casos de traumatismos en Gaza, mientras que Medical Aid for Palestinians llevó a cabo numerosas intervenciones críticas, entre ellas la ampliación de la atención oncológica en el norte del territorio.
El cálculo del 1% de Israel, que no ha sido verificado de forma independiente, reduce el impacto humanitario a indicadores cuantitativos de suministro, en lugar de a la capacidad de salvar vidas. Presentar a estas organizaciones como marginales no es una evaluación objetiva, sino un discurso diseñado para normalizar su eliminación.
Lo que surge es una estrategia coherente: primero, generar dependencia mediante el asedio, la destrucción y el desmantelamiento institucional; luego, convertir esa dependencia en un arma mediante el control o la retirada de los medios de supervivencia.
En Gaza, donde Israel ya ha destruido las condiciones materiales de vida, la suspensión de las operaciones humanitarias completa esta lógica. No se trata de un fracaso del humanitarismo, sino de parte de una estrategia genocida más amplia, en la que la regulación y la retirada de la ayuda se utilizan para hacer cada vez más imposible la supervivencia.
Foto de portada: Un hombre lleva a una niña rescatada de los escombros de un edificio derrumbado para que reciba atención médica en el hospital al-Ahli de la ciudad de Gaza, el 4 de enero de 2025 (Omar al-Qattaa/AFP).
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