Layth Malhis, Al-Shabaka, 11 enero 2026

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Layth Malhis es estudiante de posgrado en el Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de la Universidad de Georgetown, donde su trabajo se centra en el colonialismo de asentamiento y la salud palestina. Su investigación promueve el concepto de «des-saludificación» o aniquilación de la salud como marco analítico para comprender el desmantelamiento sistemático y la instrumentalización de la atención sanitaria en Palestina bajo sucesivos regímenes de control colonial. También es investigador en el Instituto de Estudios Palestinos, donde contribuye a la Base de Datos sobre la Destrucción de la Atención Sanitaria y a la investigación sobre la violencia médica y la gobernanza colonial.

Introducción

Desde octubre de 2023, la campaña militar genocida de Israel en Gaza ha provocado el colapso de casi todos los pilares del sistema sanitario del territorio. Las fuerzas de ocupación israelíes bombardearon hospitales, mataron a personal médico, obstruyeron convoyes humanitarios y destruyeron infraestructuras críticas. Las principales organizaciones de derechos humanos han documentado que la destrucción de la asistencia sanitaria en Gaza es sistemática y deliberada; aun así, a menudo se quedan cortas a la hora de nombrar lo que esto realmente representa: no una táctica aislada en tiempos de guerra, sino la culminación de una política de larga data. De hecho, la destrucción del sistema sanitario de Gaza comenzó mucho antes de este último episodio del genocidio contra el pueblo palestino. Es el resultado de una estrategia sostenida y calculada destinada a hacer que resulte imposible curar y ayudar a los palestinos, convirtiéndolos así, y en última instancia, en perecederos.

Este informe político presenta la «aniquilación de la salud» como la lógica que rige la salud bajo el colonialismo de asentamiento: la degradación, obstrucción y militarización sistemáticas de las condiciones que hacen posible la salud de la población indígena. En Palestina, la aniquilación de la sanidad por parte de Israel no se limita a «atacar la asistencia sanitaria», sino que reestructura la salud misma en un ámbito de dominación, en el que se producen y administran deliberadamente la enfermedad y la vulnerabilidad. Dentro de este régimen colonial, la falta de salud se convierte tanto en una condición para gobernar como en un instrumento de control. La erradicación de la salud funciona así como la manifestación específica de la lógica de eliminación en el ámbito de la salud, a través de la cual el Estado colonialista se sostiene a sí mismo fabricando enfermedades, dependencia y la degradación de las condiciones de vida de la población palestina colonizada.

Definición de la «aniquilación de salud»

La des-saludificación o aniquilación de la salud puede definirse como un régimen sistematizado que transforma la salud de un bien público protegido en un campo de coacción. Opera a través de mecanismos coordinados de estrangulamiento administrativo, desgaste infraestructural, criminalización clínica, ingeniería de la dependencia, borrado epistémico, sabotaje ecológico y discapacidad programada, cada uno de ellos diseñado para producir déficits predecibles en la supervivencia, la reparación y el futuro de una población convertida en objetivo. Bajo el dominio colonial, estos mecanismos se desarrollan a través de una lenta violencia administrativa y una destrucción militar acentuada, lo que garantiza que la capacidad de curación se repliegue continuamente.

Durante décadas, esta lógica colonial israelí que rige la salud palestina ha avanzado a través de fases de negligencia, militarización, dependencia, asedio y genocidio. Estas fases han remodelado repetidamente las estructuras coloniales que organizan la salud y la supervivencia en Palestina, culminando en el actual colapso de Gaza. Esta arquitectura se puede rastrear a lo largo del tiempo: desde el abandono de la década de 1970, pasando por la militarización abierta de la atención sanitaria durante la Primera Intifada, hasta el atolladero administrativo de la era de Oslo, el estrangulamiento ecológico impuesto por el bloqueo y, ahora, la aniquilación genocida del sistema sanitario de Gaza. Comprender estos cambios revela que la actual campaña de Israel no es una aberración, sino la última iteración de un refinamiento de décadas de control sobre la posibilidad misma de la salud. Este régimen hace que la salud de los palestinos esté perpetuamente condicionada y que su supervivencia sea estructuralmente insostenible.

Ocupación y abandono de la sanidad (1967-1986)

El régimen israelí abandonó gravemente el sistema sanitario palestino tras su ocupación de Gaza y Cisjordania en 1967. De hecho, institucionalizó una política de contención, tratando la salud de los palestinos no como un derecho que debía defenderse, sino como una carga que debía gestionarse.

A lo largo de la década de 1970, la administración militar israelí supervisó un sistema sanitario fragmentado y con escasos recursos en Gaza. Los datos recopilados por los médicos palestinos y posteriormente confirmados por la Unión de Comités Palestinos de Ayuda Médica (UPMRC, por sus siglas en inglés) muestran que las clínicas funcionaban en condiciones de grave privación institucional: la mayoría carecía de suministros básicos, herramientas de diagnóstico y capacidad de derivación. En lugar de invertir en infraestructura, el régimen sionista impuso un estancamiento burocrático, haciendo que la adquisición de equipos, medicamentos e incluso ambulancias dependiera de los permisos militares israelíes.

A finales de la década de 1970, la proporción de médicos por pacientes en Gaza era de aproximadamente uno por cada 1.666 personas, y en algunas zonas tan sólo de uno por cada 2.200, en comparación con uno por cada 350-450 en los territorios ocupados en 1948 y Jordania. Las clínicas estaban igualmente desbordadas: con sólo 25 centros, cada uno con un único médico, sin dentistas y sin ambulancias, los médicos atendían a casi 200 pacientes al día, dedicando apenas unos minutos a cada uno.

Este patrón de negligencia controlada también se reflejaba en indicadores de salud más generales. La Oficina Central de Estadística de Israel estimó la mortalidad infantil en Gaza y Cisjordania en aproximadamente 70 por cada 1.000 en 1985. Los datos de las redes médicas palestinas revelaban un panorama aún más sombrío: 49 por cada 1.000 en Biddu (una aldea palestina cerca de Jerusalén), 91 por cada 1.000 en las aldeas alrededor de Ramala y hasta 100 por cada 1.000 en los distritos más pobres, como Hebrón y el valle del Jordán. En el mismo año, la mortalidad infantil en Israel se situó en 14 por cada 1.000, en Jordania en 55 y en Siria en 60. Estas marcadas disparidades indican que el estancamiento de los indicadores de salud palestinos refleja un abandono estructural impulsado por motivos políticos.

El mismo patrón se observó en las infraestructuras. Entre 1974 y 1985, la población de Cisjordania aumentó un 21%, pero el número de camas hospitalarias se redujo de 1.393 a 1.308, lo que supuso una disminución de la ratio de 2,1 a 1,6 camas por cada 1.000 habitantes. En Gaza, la población creció un 26%, mientras que las camas se redujeron de 1.004 a 872, lo que provocó un colapso de la ratio de 2,4 a 1,6 por cada 1.000 habitantes. Durante este mismo periodo, Israel mantuvo aproximadamente 6,1 camas por cada 1.000 personas. En Gaza, la población creció un 26%, mientras que el número de camas se redujo de 1.004 a 872, lo que provocó un colapso de la ratio de 2,4 a 1,6 por cada 1.000. Durante este mismo periodo, Israel mantuvo aproximadamente 6,1 camas por cada 1.000 personas.

A nivel estructural, la estrategia colonial del régimen israelí en materia de salud se basaba en una política de decrecimiento que generaba y perpetuaba la dependencia palestina. Todas las decisiones importantes relativas a la infraestructura médica, ya fuera la importación de jeringuillas o la ampliación de hospitales, estaban controladas de forma centralizada por las autoridades militares israelíes. Este control se consolidó mediante el establecimiento del régimen colonial de permisos, un sistema que sometía los desplazamientos de los palestinos y el acceso a la atención sanitaria a la aprobación militar. A través de este régimen, el Estado colonialista puede, con indiferencia burocrática, decidir quién vive y quién muere.

Primera Intifada y militarización de la salud (1987-1993)

La Primera Intifada marcó el momento en que años de erosión burocrática del sistema sanitario palestino se intensificaron hasta convertirse en violencia colonial abierta. El abandono que había caracterizado las décadas anteriores se convirtió ahora en un arma de forma abierta y sistemática. El levantamiento palestino de 1987 desencadenó una respuesta del régimen israelí que fusionó la represión militar con la coacción médica, extendiendo su lógica de control a todos los pasillos de hospitales y clínicas.

Uno de los relatos más reveladores de este período proviene de Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), cuya delegación visitó Cisjordania y Gaza durante los primeros 100 días de la Intifada. El Dr. H. Jack Geiger describió sus hallazgos como una «epidemia incontrolada de violencia» perpetrada por las fuerzas israelíes. Las entrevistas con el personal médico palestino dejaron claro que lo que PHR presenció no era un colapso o una desviación de la política, sino la norma: los hospitales estaban desbordados, mal equipados y sobrecargados por el volumen de casos traumáticos. En el Hospital Gubernamental Alia de Hebrón, por ejemplo, sólo había dos tensiómetros en funcionamiento.

PHR señaló que las palizas infligidas a los manifestantes palestinos por las fuerzas de ocupación israelíes durante este periodo iban mucho más allá del control de multitudes. Eran sistemáticas y selectivas, con el objetivo de destrozar extremidades —en particular, fracturas en el centro del hueso— para incapacitar y castigar. Las víctimas llegaban con frecuencia a las salas de urgencias con múltiples fracturas óseas, traumatismos graves y complicaciones como enfisema subcutáneo por fracturas de costillas. Estas lesiones no eran accidentales, sino infligidas con intención, en reflejo de lo que se informó ampliamente en ese momento como la doctrina de «romperles las piernas» del ex primer ministro israelí Yitzhak Rabin, una política cuyo legado persiste hoy en día en la crisis de amputados de Gaza.

De hecho, los expertos médicos documentaron que gran parte de la violencia estaba diseñada para incapacitar los cuerpos palestinos. Hasta la mitad de todas las heridas de bala se produjeron en las piernas, mientras que las balas de alta velocidad generaron un efecto de «lluvia de plomo» en el que las esquirlas internas maximizaron el daño tisular. Los hospitales también informaron de insuficiencia renal por desgarro muscular causado por palizas severas y hemorragias cerebrales frecuentes por traumatismos craneales que estuvieron a punto de fracturar el cráneo. Miles de personas resultaron heridas en los dos primeros meses del levantamiento, superando con creces las cifras oficiales comunicadas por las autoridades israelíes, lo que llevó al borde del colapso a un sistema sanitario ya debilitado. Tras años de abandono, los hospitales no pudieron absorber el aumento de pacientes traumatizados y funcionaron en condiciones que los observadores describieron como muy por debajo de cualquier estándar aceptable.

Además, el régimen israelí violó sistemáticamente la «neutralidad médica», el principio del derecho internacional destinado a proteger al personal médico, a los pacientes y a las instalaciones. Las fuerzas israelíes requisaron ambulancias y las utilizaron como puntos de entrada encubiertos para llevar a cabo detenciones y palizas en los campos de refugiados. Bloquearon, agredieron, detuvieron y expulsaron a trabajadores sanitarios, destruyeron equipos médicos y sacaron a pacientes de sus camas. Los servicios sanitarios palestinos colapsaron: la atención prenatal se deterioró, los programas de inmunización se interrumpieron y los cortes de agua en los campos de refugiados obligaron a las mujeres a dar a luz sin agua potable.

Mientras tanto, la Asociación Médica Israelí se negó a reunirse con la delegación de PHR, y los funcionarios desestimaron los abusos documentados calificándolos de inventados. Esta negación del sufrimiento es en sí misma un mecanismo de deshumanización: borra el daño y permite que continúe. Como concluyó la delegación, si estas prácticas hubieran tenido lugar en el contexto de una «guerra reconocida», gran parte de lo que observaron se habría considerado una atrocidad.

La violencia contra la Primera Intifada puso de manifiesto la profundidad de la destrucción de la asistencia sanitaria en Gaza y Cisjordania por parte del régimen israelí. Los hospitales dejaron de funcionar como santuarios y se convirtieron en lugares de miedo y control militar. La militarización pública de la asistencia sanitaria durante la Intifada no terminó, sino que se institucionalizó.

Oslo y la profundización de la dependencia (1994-2008)

Los Acuerdos de Oslo de la década de 1990 no dieron paso a la autodeterminación palestina. En cambio, cambiaron la ocupación israelí de un gobierno directo a una forma más arraigada de gestión remota. Aunque Oslo dio lugar a la creación del Ministerio de Sanidad Palestino (MSP), lo hizo en un contexto de ocupación militar y dependencia de los donantes que imposibilitó el desarrollo de un sistema sanitario soberano e integrado. La prestación de asistencia sanitaria siguió estando dividida entre el MSP, la UNRWA, las organizaciones no gubernamentales y los proveedores privados. Al mismo tiempo, el régimen israelí siguió controlando la circulación de personas y mercancías, lo que hizo que el acceso a la asistencia sanitaria dependiera de un régimen de permisos restrictivo y arbitrario, lo que dejó el acceso a la atención sanitaria supeditado a dicho régimen de permisos restrictivo y arbitrario.

Oslo no redujo el control israelí sobre los sistemas sanitarios palestinos, sino que lo reformuló en mecanismos burocráticos que parecían reflejar el autogobierno palestino, pero que en la práctica mantuvieron —y profundizaron— la aniquilación de la salud por parte de Israel. Lo que se presentó como una transferencia de poder excluía la soberanía sobre los recursos, la movilidad y los servicios médicos básicos que constituyen un sistema sanitario funcional. Dado que la autoridad sobre las fronteras seguía estando exclusivamente en manos israelíes, cada componente de un generador, cada envío de antibióticos y cada neumático de ambulancia requería de la aprobación militar.

Los palestinos de Gaza y Cisjordania que necesitaban tratamiento especializado en la Jerusalén Oriental ocupada o más allá dependían de los permisos de la Administración Civil Israelí. Solo en 2011, más de 33.000 pacientes fueron derivados por el Ministerio de Salud para recibir atención que requería de un permiso. Entre ellos, al menos seis pacientes murieron mientras esperaban la aprobación. Otros pacientes fueron sometidos a las denominadas «entrevistas de seguridad» antes de recibir el permiso, un proceso extrajudicial que carecía de transparencia y supervisión médica. En 2013, más de 1.500 pacientes sufrieron retrasos y más de 250 no recibieron ninguna respuesta.

Mientras tanto, el rechazo arbitrario de acompañantes designados, incluso en casos pediátricos, socavó aún más el acceso a tratamientos esenciales. En más del 90% de los casos se denegó la entrada directa de ambulancias en Jerusalén Este, lo que obligó a los pacientes de urgencia a someterse a múltiples traslados en los puestos de control. En Cisjordania, de las casi 250.000 solicitudes de permiso, más del 20% fueron denegadas o retrasadas. En Gaza y Cisjordania, muchos pacientes perdieron sus citas, se vieron obligados a recibir un tratamiento deficiente en el extranjero o murieron mientras esperaban recibir atención médica.

El control burocrático del acceso a la atención sanitaria se convirtió en la lógica definitoria de la gobernanza sanitaria posterior a Oslo. Mediante retrasos y denegaciones de permisos que mantuvieron a los pacientes esperando durante semanas o meses, el régimen israelí conservó su autoridad sobre la supervivencia de los palestinos, sometiendo a médicos, pacientes, ambulancias y suministros médicos a la aprobación militar. La violencia colonial israelí se desarrolló a través del papeleo, los puestos de control militares y el acceso a las fuentes de energía esenciales para el funcionamiento de las instalaciones médicas. En Gaza, las restricciones de combustible dejaron a los hospitales dependientes de generadores y muy vulnerables al colapso bajo el asedio.

La asistencia sanitaria bajo el asedio de Gaza (2008-2023)

En 2007, tras la victoria electoral de Hamás y su ruptura política con Fatah, Israel impuso un bloqueo total por tierra, aire y mar a Gaza, lo que supuso el inicio de una política explícita de estrangulamiento de las infraestructuras. La asistencia sanitaria entró en un estado de asedio permanente. Ese mismo año, las autoridades israelíes idearon un marco para restringir el acceso a los alimentos calculando la ingesta calórica mínima necesaria para evitar la malnutrición y reduciendo las importaciones para mantener la vida de los palestinos suspendida al borde de la catástrofe.

En 2008, el régimen israelí denegó o retrasó más del 40% de las derivaciones médicas, incluidos casos urgentes de cáncer, insuficiencia renal y traumatismos. Los equipos médicos esenciales y las piezas de repuesto se restringieron como artículos de «doble uso», y la escasez de combustible provocó repetidos apagones en los generadores de los hospitales. Tras 18 meses de bloqueo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que el sistema sanitario de Gaza era incapaz de organizar una respuesta de emergencia.

Esta fragilidad provocada sentó las bases para una catástrofe aún mayor. Cuando comenzó el asalto de 22 días de la Operación Plomo Fundido en diciembre de 2008, la debilitada infraestructura sanitaria implosionó bajo la presión. Sin energía eléctrica fiable, suministros ni hospitales funcionales, el tratamiento de los heridos y enfermos se hizo casi imposible: muchos murieron esperando una atención que nunca llegó. Lo que a primera vista podía parecer un fallo energético o de infraestructura era, en realidad, una privación sistemática de servicios vitales que hacía que la salud y la supervivencia de los palestinos dependieran del control político y militar.

En consecuencia, la Operación Plomo Fundido puso de manifiesto las consecuencias de esta vulnerabilidad fabricada. Las fuerzas israelíes mataron a más de 1.400 palestinos y obligaron a los hospitales que se enfrentaban a un gran número de víctimas a funcionar sin electricidad, suministros ni instalaciones funcionales suficientes. Asimismo, dañaron 34 centros de salud, dejando a muchos heridos sin acceso a tratamientos que les salvaran la vida. En 2010, la presión combinada del bloqueo y el desarreglo sistemático llevó a los observadores a cuestionar abiertamente si las acciones de Israel en Gaza reflejaban una intención genocida.

En 2017, cuando la única central eléctrica de Gaza cerró tras agotarse los suministros de combustible, la OMS advirtió de que 14 hospitales públicos y 16 clínicas de atención primaria se enfrentaban a un cierre inminente debido a la grave escasez de combustible. Las restricciones de combustible impuestas por el bloqueo dejaron inoperativas en gran medida las salas de cirugía, las incubadoras neonatales, las unidades de diálisis y la refrigeración de vacunas. Los hospitales se vieron obligados a racionar la electricidad a sólo unas pocas horas al día, mientras que los informes sobre malnutrición infantil crónica y deficiencias de micronutrientes aumentaban drásticamente.

En 2018, la Gran Marcha del Retorno reveló una nueva etapa del asedio. El ataque deliberado de Israel contra los manifestantes con munición real causó más de 35.000 heridos entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, lo que desbordó a los cirujanos, que carecían de los suministros necesarios para evitar cientos de amputaciones, lo que ejemplifica lo que Ghada Majadli describe como la «fragmentación de la nación a través de la fragmentación del cuerpo».

Por lo tanto, Gaza ya había sido estrangulada biológicamente por la política israelí mucho antes del actual genocidio. El asedio impuesto por Israel no era sólo una restricción de los bienes y la circulación, sino una restricción directa de las condiciones básicas necesarias para la vida y la salud humanas.

El genocidio en curso en Gaza

El genocidio actual marca la etapa final de la deshumanización. Las fuerzas israelíes han transformado los hospitales de Gaza de santuarios en lugares de ejecución. Las organizaciones de derechos humanos informaron de que rodean, asedian, bombardean y asaltan repetidamente las instalaciones médicas antes de forzar su evacuación. Entre octubre de 2023 y mayo de 2025, las fuerzas israelíes mataron a más de 1.400 trabajadores sanitarios y llevaron a cabo más de 700 ataques contra instituciones sanitarias, desmantelando sistemáticamente el sistema sanitario de Gaza.

Después de que las fuerzas israelíes bombardearan el hospital Al-Ahli en octubre de 2023, matando a 471 personas e hiriendo a más de 370, los ataques contra instalaciones médicas se normalizaron. Esto allanó el camino para el asedio del hospital Al-Shifa, que en su día fue el centro de traumatología más grande de Gaza. En abril de 2024, el cerco, los bombardeos y la invasión israelíes lo habían dejado inoperativo.

Las fuerzas israelíes intensificaron su asalto al sector sanitario de Gaza con total impunidad. Asediaron los complejos médicos Al-Awda, Kamal Adwan, el Indonesio, Al-Rantisi y Nasser, obligando a evacuar, disparando contra las salas, deteniendo al personal médico y bloqueando el suministro de alimentos y medicamentos. Estas acciones se inscribían en un plan militar israelí más amplio para cerrar todas las instalaciones médicas del norte de Gaza. En enero de 2024, las tropas israelíes irrumpieron en el hospital Al-Amal, dispararon directamente contra su fachada, detuvieron a médicos y desplazaron a más de 7.000 personas que buscaban refugio allí. Mantuvieron el asedio durante más de 40 días y cerraron efectivamente el hospital en marzo de 2024.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha avanzado en la etapa final de la aniquilación de la salud al eliminar la capacidad de Gaza para mantener la vida. Quedan menos de 1.800 camas de hospital para más de dos millones de palestinos en Gaza. Las cirugías, la diálisis, el tratamiento del cáncer y la atención neonatal son prácticamente imposibles. El personal médico —los que siguen vivos y no han sido detenidos ni torturados— trabaja bajo fuego, casi sin electricidad, antibióticos ni anestesia. Las heridas se pudren y se necrosan, y las amputaciones se realizan sin analgesia. La desnutrición y las enfermedades que antes se podían prevenir se propagan rápidamente, y la OMS advierte del riesgo de brotes de hepatitis A, poliomielitis e ictericia.

Lo que hemos estado presenciando en Gaza es una guerra biológica a través del hambre, las infecciones y las lesiones sin tratar, lo que Ghasan Abu Sitah denomina una «biosfera de genocidio». El impacto del ataque israelí es devastador y provoca destrucción medioambiental, social y biológica. El régimen israelí ha convertido el aire, el agua y el suelo en armas al destruir plantas de tratamiento de aguas residuales y estaciones desalinizadoras, inundar barrios con residuos, contaminar acuíferos y quemar tierras de cultivo. El bombardeo de huertos, invernaderos y redes de riego ha acabado con la producción de alimentos. Beber agua, respirar y plantar alimentos implica ahora un riesgo mortal.

La política de aniquilación de la salud implementada por Israel es fundamental en esta «biosfera de genocidio», que se manifiesta en su ataque calculado contra la posibilidad misma de la vida palestina, borrando los cuerpos indígenas mediante la destrucción de la atención sanitaria. Incluso si los palestinos sobrevivieran a los bombardeos, al asedio y al control burocrático, se verían condenados a una agonía sin tratamiento, privados del derecho a curarse, a recuperarse o a resistir. El genocidio de Israel utiliza balas, pero también, y es lo más decisivo, septicemia, mortinatalidad y asfixia a través del dolor. El objetivo es desmantelar los sistemas que sustentan la vida, privando a la población palestina de sus médicos, clínicas y hospitales. No se trata del colapso de un sistema sanitario, sino de la materialización de una lógica colonial diseñada para extinguir las condiciones de la vida misma.

Recomendaciones

Sin un reconocimiento internacional que considere la destrucción de la salud como elemento central del genocidio, la diplomacia para el alto el fuego sigue siendo insuficiente. Para poner fin a la aniquilación de la salud, las medidas deben ir más allá de la ayuda humanitaria y la reconstrucción. Las siguientes prioridades están dirigidas a los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, los tribunales internacionales, los donantes y las instituciones sanitarias palestinas, cada uno de los cuales es responsable de prevenir y revertir la destrucción de la soberanía sanitaria palestina.

•    Reconocer la aniquilación de la salud como delito

Los organismos jurídicos internacionales y los mecanismos de derechos humanos deben adoptar formalmente el término «desmantelamiento del sistema sanitario» para reconocer la destrucción intencionada de los sistemas sanitarios como herramienta de castigo colectivo y exterminio de grupos. Nombrar este crimen refuerza la supervisión, la documentación y la responsabilidad jurídica.

•    Hacer que la violencia histórica sea legalmente perseguible

Los tribunales y los organismos de investigación deben evaluar las violaciones israelíes desde una perspectiva longitudinal que incluya décadas de asedio, desmantelamiento del desarrollo y degradación estructural de la salud palestina. El colapso prolongado del sistema debe tratarse como violencia estructural, y todos los actores cómplices, incluidos los Estados que proporcionan apoyo político o militar, deben rendir cuentas.

•    Buscar una recuperación estructural basada en la liberación

Los esfuerzos de reconstrucción y recuperación deben estar liderados por los palestinos y basarse en la soberanía. Para ello es necesario poner fin al control israelí sobre las fronteras, el espacio aéreo, el combustible y las cadenas de suministro médico; abolir el régimen de permisos médicos; garantizar la libre circulación de pacientes y proveedores; e incorporar protecciones legales contra futuras tácticas de asedio.

•    Crear una infraestructura de conocimientos para la medicina de liberación

Las instituciones académicas y las redes sanitarias mundiales deben establecer una plataforma dirigida por Palestina para la medicina de liberación, con el fin de estudiar la salud bajo la ocupación y generar conocimientos que rindan cuentas a las comunidades afectadas. La investigación debe dar prioridad a la justicia antes que a la caridad.

•    Establecer protecciones absolutas para las unidades médicas

Los procesos de reforma del derecho internacional humanitario deben eliminar las lagunas que permiten los ataques a las instalaciones médicas. Los Estados deben adoptar salvaguardias legales absolutas para la infraestructura y el personal sanitario, reconociendo la protección de las unidades médicas como una norma de jus cogens que en ningún caso puede ser anulada.

Agradecimientos:

El autor agradece a Laura Albast, Harim Qureshy, Layth Hanbali y a los editores y revisores de Al-Shabaka por sus comentarios reflexivos y sugerencias críticas, que reforzaron la claridad y la estructura de este informe. También expresa su profunda gratitud a los trabajadores sanitarios palestinos, tanto actuales como pasados, a los pacientes y a los médicos internacionales que siguen siendo testigos del genocidio.

Foto de portada de APA Images.

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