Henry Giroux, CounterPunch.org, 19 enero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Henry A. Giroux ocupa actualmente la cátedra de Estudios de Interés Público de la Universidad McMaster en el Departamento de Estudios Ingleses y Culturales y es Paulo Freire Distinguished Scholar in Critical Pedagogy. Sus libros más recientes son: The Terror of the Unforeseen (Los Angeles Review of books, 2019), On Critical Pedagogy, 2ª edición (Bloomsbury, 2020); Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (Bloomsbury 2021); Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (Bloomsbury 2022) e Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (Bloomsbury, 2023), y, en coautoría con Anthony DiMaggio, Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (Bloomsbury, 2025). Giroux es también miembro de la junta directiva de Truthout.
La distracción como arma: el espectáculo como forma de gobierno
Bajo la administración Trump, la política de distracción se ha consolidado como estrategia de gobierno y se ha normalizado gracias a un ecosistema mediático dominante complaciente. Como observa James Oliphant en Reuters: «Donald Trump es un huracán humano» que genera tantas controversias simultáneas que resulta casi imposible seguir el rastro de un solo acontecimiento. Oliphant sólo tiene razón en parte, porque lo que él describe como caos es, en realidad, método. Trump es más que un torbellino de caos y distracción. Es un autoritario sin control que representa una grave amenaza para la democracia y el planeta: es un avatar moderno del terrorismo interno. Lo que se disfraza de espectáculo y turbulencia es, en realidad, el ejercicio calculado del poder, una forma de gobierno que utiliza la confusión como arma, acelera la crueldad y funciona como un análogo doméstico del terrorismo diseñado para intimidar, desorientar y agotar al público hasta someterlo. Es a través de esta maquinaria de distracción y conmoción que el terrorismo de Estado toma ahora forma, no como un acontecimiento único, sino como una secuencia continua de rupturas calculadas y actos de violencia implacables.
Réplicas del poder: acción cinética y terror de Estado
El terrorismo de Estado se desarrolla a través de lo que el historiador Nikhil Pal Singh denomina sus «réplicas», una secuencia en cascada de espectáculos diseñados para generar una indignación emocional lo suficientemente intensa como para desplazar el análisis sostenido y la comprensión integral. Como escribe Singh, tales conmociones fragmentan la atención pública y embotan el juicio crítico, haciendo que la brutalidad parezca episódica en lugar de sistémica. Estos actos no sólo aterrorizan, sino que también instruyen. En este registro, la «acción cinética» da nombre a una nueva gramática de gobernanza: aterrizar un helicóptero Black Hawk repleto de policías armados en lo alto de un edificio de apartamentos en South Shore, Chicago, lanzar granadas aturdidoras y atar con bridas a los residentes; secuestrar a reparadores de tejados a punta de pistola desde lo alto de una casa en el norte del estado de Nueva York; o volar una pequeña embarcación que transportaba personas en el Caribe.
En este clima político, la indignación se fabrica sin cesar y luego se desplaza rápidamente, sustituida por la siguiente conmoción antes de que el público pueda reunir los fragmentos en un panorama político coherente. Cada incidente aparece como una ruptura aislada, en lugar de como parte de una estructura de poder en desarrollo, separada de las condiciones que la producen y de la arquitectura más amplia de dominación que la sustenta. Esta fragmentación no es accidental. Es una estrategia calculada para vaciar de significado la vida pública, agotar la atención crítica y excluir cualquier ajuste de cuentas o resistencia democrática sostenida. En la era del fascismo creciente y del culto nihilista a la codicia y al poder bruto, la política estadounidense se ha convertido en un teatro de violencia alineado con un flujo incesante de espectáculos separados de la historia y vaciados de significado sistémico. Lo que desaparece en este campo fracturado de sensaciones es el reconocimiento de que estos actos no son excesos ni fallos. Son la gramática gobernante de un orden capitalista gánster neoliberal-fascista, organizado en torno a la militarización, la supremacía blanca, el borrado histórico, el despojo y el castigo, ahora tratados como inevitables en lugar de como acusaciones.
Despolitización por diseño: Renée Good y la maquinaria del borrado
A principios de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo un dramático secuestro militar del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una flagrante violación de la soberanía que debería haber acaparado los titulares mundiales y provocado un profundo debate legal y ético. Sin embargo, cuando muchos estadounidenses comenzaban a asimilar esa crisis internacional emergente, la atención de la nación se vio desviada por otro acto de violencia sancionado por el Estado: el 7 de enero, Renée Nicole Good, residente en Minneapolis, fue asesinada por un agente federal del ICE durante una operación de inmigración. Good, una madre de 37 años, murió mientras huía de los agentes federales, un encuentro mortal que la administración defendió como legítima defensa a pesar de los testimonios de testigos y las imágenes de vídeo que desmentían la versión oficial.
La violencia racista satura ahora la sociedad estadounidense, ya no se limita a los márgenes, sino que se ha integrado en el tejido de la gobernanza cotidiana. Bajo el mandato de Trump, las personas de color, ya sean ciudadanos o no, rara vez se libran de ser blanco de ataques, tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Como observa el historiador Greg Grandin, la lógica de la extracción, la violencia y la amenaza permanente ha fusionado la política exterior y la interior en una única y brutal continuación. Escribe: «La misma regla de dominación que Trump muestra en el extranjero es muy similar a la que se aplica en el país. La polarización se está profundizando, las ciudades están siendo atacadas por las fuerzas federales y el trato degradante, a veces letal, que reciben tanto los ciudadanos como los no ciudadanos por parte de los agentes del Gobierno es ahora habitual». Lo que surge es una política que gobierna mediante el miedo y la fuerza, borrando cualquier distinción significativa entre la guerra en el extranjero y la represión en el país.
Lo que siguió revela cómo la distracción funciona no sólo como diversión, sino como una tecnología de despolitización. En lugar de tratar el asesinato de Good como un momento que exigía un escrutinio de la fuerza irresponsable y como parte de una estrategia más amplia de violencia estatal y terrorismo interno, los altos funcionarios federales inmediatamente redoblaron la represión y trataron de reformular el incidente como prueba de una amenaza interna. Los líderes de Seguridad Nacional describieron sus acciones como «terrorismo interno», y la administración lanzó la Operación Salvo, un aumento a nivel nacional de las redadas del ICE y las iniciativas de aplicación de la ley tras su muerte. Esta represalia masiva fue coreografiada a través de vídeos propagandísticos producidos por el gobierno.
El vicepresidente JD Vance afirmó, sin prueba alguna, que Renee Good «formaba parte de una amplia red de izquierdas dedicada a atacar, difamar, agredir e impedir que los agentes del ICE hicieran su trabajo» y «que utilizaba técnicas de terrorismo interno para atacar a funcionarios federales». Además, afirmó, sin pudor y sin pruebas, que le habían «lavado el cerebro» y que estaba vinculada a una «red izquierdista más amplia».
A los pocos días del asesinato de Renée Good, el ciclo de los principales medios de comunicación volvió a cambiar, superado por una serie de distracciones diseñadas para sofocar la atención sostenida. Los aliados de Trump exigieron investigaciones penales contra Bill y Hillary Clinton. Los funcionarios federales revivieron los delirios anticomunistas, afirmando falsamente que las organizaciones de izquierda constituían amenazas terroristas internas, mientras que estallaban repetidas especulaciones sobre los escándalos relacionados con Epstein. Al mismo tiempo, se renovó la fascinación por las incendiarias amenazas de Trump contra México, Cuba y Colombia, junto con sus grotescas «fantasías» de anexión dirigidas a Groenlandia.
La prensa dominante vuelve a desempeñar su papel de ejército de taquígrafos, amplificando en voz alta la fingida preocupación de Trump por los manifestantes iraníes, mientras permanece deliberadamente ciega ante la contradicción central que se niega a nombrar: su despiadada represión de la disidencia en su país, sobre todo su creciente agresión contra quienes se solidarizan con la libertad de Palestina. Estos espectáculos no sólo competían por la atención del público, sino que funcionaban como actos de borrado, enterrando activamente cualquier reflexión seria sobre el asesinato de Good y sobre la escalofriante amenaza lanzada por el ideólogo protofascista Stephen Miller de «crear un imperio a la inversa», es decir, de volver toda la maquinaria de un imperio militarizado hacia dentro, «hacia la patria y sus enemigos internos».
En esta inversión, la guerra contra el terrorismo llega a casa saturada de violencia estatal, marcada por los disparos rutinarios contra civiles por parte de un aparato policial cada vez más deshonesto y por un esfuerzo calculado para garantizar que la atención pública se disipe antes de que se pueda nombrar el patrón subyacente de terrorismo interno y gobierno autoritario. Lo que se pierde en esta mezcla implacable no es simplemente la narrativa o una comprensión integral de las múltiples vertientes del fascismo neoliberal, sino la capacidad misma de reconocer estos actos como parte de un proyecto político coherente, destinado a normalizar la represión, criminalizar la disidencia, fragmentar la resistencia y vaciar la democracia de su sustancia restante.
Así funciona la política de desconexión: un sistema en el que la violencia estatal, la complicidad institucional y el espectáculo mediático se combinan para fragmentar la conciencia pública. Una crisis eclipsa a otra, no porque no estén relacionadas, sino porque el significado mismo se disuelve estratégicamente, se vacía y se encierra en silos retóricos. La violencia se vuelve episódica, el poder se vuelve opaco y los ciudadanos son entrenados para reaccionar en lugar de analizar, condiciones que permiten que se afiancen formas peligrosas de gobierno autoritario y políticas fascistas. Se trata de una pedagogía a nivel de gobierno que enseña a la gente a no pensar de forma histórica, crítica y exhaustiva. Lo que hace que este régimen de despolitización sea tan duradero y letal es que se basa en una ideología económica que rara vez se nombra a sí misma, aunque estructura las condiciones en las que la desconexión se convierte en sentido común.
El neoliberalismo es la ideología dominante de nuestro tiempo, pero sigue sin mencionarse en el discurso político dominante. Su poder reside precisamente en esta invisibilidad. Protegido por el anonimato, el neoliberalismo disimula la devastación sistémica que produce, la destrucción de la sanidad y la educación públicas, el ataque al medio ambiente global, el desmantelamiento de los servicios públicos y la normalización de una desigualdad asombrosa, la corrupción política y un Estado punitivo en expansión. Rara vez se entienden estas crisis como expresiones interconectadas de un único orden económico y político. En cambio, el deterioro de las infraestructuras, la pobreza masiva, la inseguridad alimentaria, el aislamiento social y las enormes rebajas fiscales a los ricos se tratan como fracasos aislados en lugar de como síntomas del propio capitalismo neoliberal. En el núcleo de esta política de desconexión, el sufrimiento privado se separa de la responsabilidad pública, las causas estructurales desaparecen de la vista y las crisis se intensifican de forma aislada. Es en estas condiciones cuando el autoritarismo muta en formas renovadas de fascismo, alimentadas por el abandono económico, la amnesia histórica y la evacuación sistemática de la responsabilidad política y la responsabilidad ética y social.
Lo que hace que este régimen de despolitización sea tan duradero y letal es que se basa en una ideología económica que rara vez se nombra a sí misma, aunque estructura las condiciones en las que la desconexión se convierte en sentido común. La violencia estatal se fragmenta en incidentes aislados, el militarismo se recodifica como seguridad, la disidencia se reformula como extremismo y las instituciones encargadas de defender la vida democrática se convierten en cómplices de la política de extorsión de Trump o se retiran al silencio. El asesinato de Renée Good por agentes federales, la militarización de las ciudades estadounidenses a través de las redadas del ICE, la aceptación abierta de la agresión imperial en el extranjero y el brutal ataque a los inmigrantes y a las personas de color en el país se tratan como crisis inconexas. No lo son. En conjunto, revelan una lógica de gobierno cuya función principal es la despolitización, una estrategia que separa los acontecimientos de sus contextos históricos, las causas estructurales, el sufrimiento privado de la responsabilidad pública, y erosiona el lenguaje mismo a través del cual se puede exigir responsabilidades al poder y se puede nombrar, defender y luchar por la democracia.
La política, en su esencia más vital, es el ámbito del compromiso colectivo, donde los ciudadanos deliberan, disputan el poder y negocian, nombran y luchan por las condiciones de un futuro compartido. Sin embargo, bajo el autoritarismo contemporáneo, la política se va vaciando progresivamente y es sustituida por una cultura del miedo, la fragmentación, la ignorancia fabricada y los espectáculos controlados. Lo que surge es una política de desconexión que aísla los problemas sociales, oscurece la violencia sistémica y transforma la lucha colectiva en ansiedad individualizada. Esto no sólo reprime la disidencia, sino que también la hace incomprensible al despojarla de su contexto, su historia y su significado ético.
Para comprender cómo funciona la lógica del capitalismo gánster de Trump, es fundamental rechazar la tentación de tratar sus manifestaciones como fenómenos discretos o inconexos. En el sentido más inmediato, Ruth Fowler, en su artículo en Counterpunch, tiene razón al insistir, por ejemplo, en que la muerte de Renée Good no puede ser «procesada por la derecha como un incidente aislado, ni por la izquierda como un símbolo de los horrores de la América de Trump». No es ninguna de las dos cosas. Más bien, pertenece a un continuo de décadas en el que la violencia estatal ha llegado a reflejar la «dinámica que los supervivientes reconocen de la vida privada: la dominación enmarcada como protección», el castigo justificado como necesidad y «la ira enmarcada como miedo».
La escalada de violencia del ICE, la normalización de la guerra permanente en el extranjero, el ataque a la educación superior y la concesión de un poder estatal sin control no son acontecimientos paralelos que se desarrollen por casualidad. Son componentes interrelacionados de un proyecto político coherente que gobierna mediante el miedo, el borrado, la militarización sin control y el desmantelamiento sistemático de los cimientos de una democracia sólida. Juntos, forman un conjunto de horrores arraigados en los legados históricos más oscuros de Estados Unidos, ahora reanimados a través de máquinas de desimaginación controladas por las empresas, una cultura mediática cómplice, la escandalosa rendición de la educación superior a la política extorsiva, la creación de un aparato militar que no rinde cuentas al Congreso y un ataque sostenido a la responsabilidad social, al pensamiento informado y comprometido y a las instituciones capaces de cultivar el coraje cívico, el pensamiento crítico y los ciudadanos compasivos.
Militarismo sin límites: imperio en el extranjero, ocupación en casa
Lo que vincula las crecientes amenazas e intervenciones de la administración Trump en el extranjero con la militarización de las ciudades en casa no es sólo una dependencia compartida de la fuerza, sino una transformación más profunda en la forma en que ahora opera el poder mismo. El militarismo se ha separado de la rendición de cuentas, las restricciones constitucionales y el derecho internacional, mutando en una lógica de gobernanza errante, carente de moralidad, desligada de los límites y cada vez más aislada de la supervisión democrática. Ahora vivimos en una era de poder irresponsable, desnudo en sus ambiciones, teatral en su exhibición y despiadadamente militarizado en su brutalidad.
Trump lleva mucho tiempo tratando al ejército estadounidense no como una institución constitucional sujeta a la ley y al consentimiento público, sino como un instrumento personal de dominación, una extensión de la política autoritaria reconvertida en una fuerza policial itinerante. Al hacerlo, sigue el manido guion de los dictadores del pasado, tratando de separar el poder militar de la responsabilidad pública y las restricciones democráticas. Esta es la lógica que define a un Estado policial: una fuerza armada desvinculada de la ley, que no responde ante el pueblo, sino ante los imperativos de la dominación misma. Sin las restricciones de la aprobación del Congreso, el poder militar se despliega agresivamente como espectáculo y amenaza, utilizado para intimidar al público y normalizar la presencia permanente de la fuerza armada en la vida civil.
Esta misma lógica rige las acciones de Trump en el extranjero. Su ataque a Venezuela, junto con las amenazas abiertas dirigidas a México, Groenlandia, Cuba y Brasil, señala el regreso de un orden imperial despojado incluso de sus coartadas liberales, un imperio que ya no se ve obligado a disfrazar su dominación como diplomacia. Trump se ha ido enmarañando cada vez más en la política latinoamericana, convirtiendo la política exterior en un instrumento contundente de coacción y castigo. La soberanía se convierte en algo condicional, las fronteras se reducen a inconvenientes y el derecho internacional se reconfigura como un obstáculo que hay que sortear en lugar de una restricción que hay que respetar. La fuerza militar ya no se presenta como un trágico último recurso, sino como un instrumento ordinario de gobierno, una forma de diplomacia mafiosa que derrumba la distinción entre la aplicación de la ley y la guerra. Cuando el secuestro o la destitución de líderes extranjeros se normaliza mediante eufemismos burocráticos como «captura» o «estabilización», el militarismo se autojustifica, sólo rinde cuentas ante sí mismo y se vuelve indistinguible de la violencia autoritaria que pretende garantizar.
Lo que hace que este momento sea especialmente peligroso es que la misma lógica de dominación opera ahora plenamente dentro de los Estados Unidos. La militarización del ICE no es una aberración ni un exceso político, sino la extensión interna de una mentalidad imperialista y colonizadora largamente ensayada en el extranjero. El ICE se ha convertido en un régimen interno de aplicación de la ley sin ley, brutal en sus métodos y expansivo en su alcance, equipado con armas de grado militar, vigilancia aérea, un amplio poder discrecional y una inmunidad casi total. Operando con una transparencia mínima y prácticamente sin rendir cuentas al público, los agentes federales ahora llevan a cabo redadas con helicópteros, arietes y equipo táctico que antes se reservaba para las zonas de guerra. Barrios enteros son tratados como territorio hostil, y el espacio civil se reinventa como un campo de batalla.
Lo que ha seguido, según lo documentado por periodistas de investigación y defensores de los derechos civiles, es una escalada que marca un cruce decisivo de la línea hacia los terrores políticos históricamente asociados con las dictaduras. Los agentes del ICE han disparado contra vehículos civiles, con múltiples informes de personas tiroteadas de esta manera, incluyendo muertes confirmadas. Otros casos revelan un patrón de abuso sistémico más que excesos aislados: una mujer autista y discapacitada fue sacada a la fuerza de su coche mientras se dirigía a una cita médica; se detuvieron vehículos y se rompieron las ventanillas para detener a los ocupantes; se utilizaron botes de gas lacrimógeno y balas de pimienta contra manifestantes pacíficos; se priva de medicación a los detenidos y se les somete a condiciones degradantes dentro de las instalaciones de inmigración.
Según informa Zeteo, los estadounidenses se han visto inundados de imágenes virales de agentes del ICE llevando a cabo «controles de ciudadanía» al estilo de la Gestapo, utilizando arietes para forzar la entrada en domicilios, supuestamente sin órdenes judiciales, y «amenazando habitualmente a los civiles con dispararles en la cara». Se suspende el debido proceso en nombre de la seguridad, y el miedo se convierte en un instrumento de gobierno, enseñando la obediencia a través del terror y normalizando la desaparición de derechos que antes se consideraban inviolables.
Esto no es aplicación de la ley en ningún sentido democrático. Es una forma de ocupación interna que difumina deliberadamente la frontera entre la policía y la guerra. Los tiroteos, las detenciones arbitrarias y el uso de fuerza desmesurada por parte del ICE no son excesos desafortunados, sino actos pedagógicos. Enseñan no sólo el miedo, sino también la jerarquía racial y la exclusión política. Enseñan al público quiénes son prescindibles, cuyas vidas no merecen ser lloradas y qué poblaciones pueden ser gobernadas mediante el terror en lugar del consentimiento. El militarismo, en esta forma, funciona como un modo de despolitización. La violencia se individualiza, se despoja de su contexto y se presenta como una respuesta técnica a las amenazas en lugar de lo que es: una estrategia política arraigada en el poder racializado y el control autoritario.
El punto crucial es este: cuando las agencias militares y militarizadas se liberan de las restricciones democráticas, dejan de servir al público. Sirven al poder mismo. El mismo desprecio por los límites que permite las intervenciones extranjeras sin la autorización del Congreso o la legitimidad internacional también autoriza los regímenes de aplicación de la ley nacionales que operan más allá de las normas constitucionales. El militarismo se convierte en una fuerza unificadora, que vincula la agresión extranjera con la represión interna. Lo que surge es un Estado que gobierna cada vez más mediante la fuerza, al tiempo que vacía de contenido el lenguaje político necesario para combatirlo.
Igual de crucial para esta transformación es el papel de los medios de comunicación corporativos en el blanqueo y la legitimación de este poder militarizado. A medida que Trump expande su agresión imperialista en Venezuela, las principales cadenas de noticias no han cuestionado la legalidad, la moralidad ni las consecuencias geopolíticas del ataque. En cambio, se han alineado con el poder estatal, difundiendo imágenes de celebración, repitiendo los argumentos oficiales y negándose a llamar a la invasión por lo que es: una violación flagrante de la soberanía y el derecho internacional. En esta cobertura, el secuestro de un líder extranjero se presenta como algo rutinario, incluso triunfal, mientras que las cuestiones fundamentales sobre la legalidad, los daños a la población civil y la ambición imperial desaparecen de la vista.
No se trata sólo de un fracaso periodístico, sino también de un fracaso pedagógico con enormes consecuencias políticas. El militarismo no sólo se impone mediante armas y redadas, sino que se enseña a través de imágenes, lenguaje y espectáculos. Al presentar la violencia imperial como una respuesta de seguridad necesaria o un momento de orgullo nacional, los medios de comunicación corporativos contribuyen a transformar la guerra en entretenimiento y la dominación en sentido común. La violencia se despoja de su historia y su política, y se presenta como algo inevitable. De esta manera, se entrena al público para que sea testigo de la brutalidad sin un juicio moral y para que acepte la agresión sin un debate democrático.
Lo que surge es un aparato de poder estrechamente coordinado en el que la violencia estatal, los medios de comunicación corporativos y la conciencia pública se colapsan en un único régimen de normalización. El militarismo se vuelve no sólo irresponsable en la práctica, sino también incuestionable en la narrativa. Esta es la maquinaria cultural que hace posible la política de desconexión, separando la agresión imperial en el extranjero de sus homólogos nacionales y aislando a ambos de la resistencia colectiva.
Así es como funciona la política de desconexión. Al tratar la violencia militarizada en el extranjero y en el país como cuestiones separadas, se impide al público ver su lógica común. Se anima a los ciudadanos a debatir las tácticas en lugar de cuestionar la legitimidad. El militarismo se normaliza, se convierte en rutina y, en última instancia, se vuelve invisible, incluso cuando corroe los cimientos de la vida democrática.
La violencia del ICE y la pedagogía del miedo
El asesinato de Renée Nicole Good, una ciudadana estadounidense abatida a tiros por un agente del ICE en Minneapolis, debería haber provocado la indignación nacional y un ajuste de cuentas institucional por parte de los principales medios de comunicación. En cambio, ha quedado en gran medida absorbido por el ruido de fondo de la violencia estatal normalizada. Tratada como un incidente aislado en lugar de una acusación estructural, su muerte ejemplifica cómo la política de desconexión protege al poder autoritario de la rendición de cuentas. Y este torrente de sin sentidos tiene lugar en contra de las protestas masivas en Minneapolis y otras ciudades de Estados Unidos.
En los últimos años, la aplicación de la ley federal de inmigración ha pasado de un control fronterizo esporádico a un régimen interior de línea dura que trata ciudades enteras como zonas de control. Las redadas militarizadas, las detenciones masivas y las operaciones de vigilancia funcionan ahora menos como mecanismos de aplicación de la ley que como espectáculos públicos diseñados para intimidar y disciplinar. La ampliación del presupuesto, la plantilla y la infraestructura tecnológica del ICE lo ha transformado en una fuerza de seguridad interna profundamente entrelazada con las industrias privadas de detención, los contratistas de defensa y los departamentos de policía locales.
Este aparato no se limita a la política de inmigración. Representa un proyecto más amplio para redefinir las fronteras de la pertenencia cívica mediante la fuerza. Cuando comunidades enteras son objeto de redadas, cuando ciudadanos comunes son detenidos por vigilar la actividad federal y cuando las protestas son reprimidas con granadas aturdidoras y gases lacrimógenos, el mensaje es inequívoco. El miedo es gobernanza. El cumplimiento es supervivencia.
Fundamentalmente, estas prácticas se despolitizan mediante el lenguaje burocrático y el encuadre mediático. Las redadas se convierten en prioridades policiales. Los tiroteos se convierten en encuentros trágicos. La violencia se desvincula del poder y se recodifica como una necesidad. De esta manera, el régimen policial debilita la confianza ciudadana, fractura la solidaridad y condiciona al público a aceptar el terror como una rutina administrativa.
La educación superior bajo asedio: criminalización de la disidencia
En ningún ámbito es más devastadora la política de desconexión que en el actual ataque de la administración Trump a la educación superior. Las universidades, que antes se entendían, aunque fuera de forma imperfecta, como espacios para la investigación crítica, el testimonio moral y el debate democrático, se consideran cada vez más una amenaza para la seguridad nacional. Los estudiantes y profesores que protestan contra la violencia estatal, el militarismo o la injusticia racial ya no son reconocidos como ciudadanos comprometidos, sino que son tachados de radicales, extremistas o incluso terroristas nacionales. En este clima, la disidencia en sí misma se convierte en un delito. La educación es peligrosa para los autoritarios precisamente porque cultiva las capacidades que más temen. En el mejor de los casos, la educación superior y pública ofrece a los estudiantes la historia, los conocimientos y los marcos éticos necesarios para pensar de forma crítica, actuar con valentía y reconocer la injusticia cuando aparece. Estas instituciones forman sujetos comprometidos y críticos, capaces de exigir responsabilidades al poder, de hacer las preguntas que deben plantearse y de hablar, escribir y actuar desde posiciones de agencia y responsabilidad colectiva. Ese tipo de pedagogía empoderadora no tiene cabida en los Estados Unidos de Trump.
A raíz de la violencia del ICE, el asesinato de Renée Good y la militarización generalizada de la vida pública, muchas universidades han respondido con silencio o con una neutralidad evasiva. Este silencio no es políticamente inocente. Señala un profundo fracaso institucional, una renuncia a la responsabilidad de la universidad de alzar la voz cuando se atacan los derechos fundamentales. Cuando las instituciones emiten comunicados para proteger su reputación, pero guardan silencio ante la violencia estatal, la neutralidad se convierte en una forma de complicidad.
Este fracaso se ve agravado por la presión política directa. Las universidades se ven cada vez más amenazadas con recortes de fondos, investigaciones y difamación pública si no se ajustan a las exigencias autoritarias. La protesta se redefine como perturbación, la solidaridad como extremismo y la crítica como adoctrinamiento. Se vigila al profesorado, se disciplina a los estudiantes y se tacha de sospechosos campos de estudio enteros, especialmente aquellos que abordan la raza, el colonialismo, el género y el poder imperial. Las consecuencias ya son visibles. En universidades conservadoras como la Texas A&M, se advierte a los profesores que no impartan materias relacionadas con la raza y el género, lo que ha dado lugar, en un caso, a la eliminación de la enseñanza de Platón de sus cursos.
Las universidades son el blanco precisamente porque conectan los problemas y sufrimientos privados con las fuerzas estructurales. Proporcionan el lenguaje a través del cual las personas aprenden a ver más allá de los acontecimientos aislados y a reconocer la injusticia sistémica. Al criminalizar la protesta y reducir los límites del discurso permisible, el poder autoritario busca despolitizar el mero acto de pensar críticamente. Se enseña a los estudiantes a temer las consecuencias en lugar de ejercer su juicio. Se anima al profesorado a autocensurarse en lugar de dar testimonio. El resultado es una universidad vaciada desde dentro, reducida a una institución administrativa que prioriza el cumplimiento sobre la conciencia.
Esto es represión pedagógica. Enseña el retraimiento en lugar del compromiso, el silencio en lugar de la solidaridad. Cuando las universidades abandonan su papel como lugares de crítica y coraje moral, contribuyen a producir una ciudadanía habituada a la desconexión, cuando no al autoritarismo.
El fascismo neoliberal y la lucha por un lenguaje democrático
En conjunto, el militarismo en el extranjero, la violencia del ICE en el país y la represión de la educación superior no revelan caos, sino un proyecto político coherente. Cada uno de ellos depende de separar los acontecimientos de las estructuras, borrar la memoria histórica y criminalizar las formas de crítica capaces de desafiar el poder autoritario. Lo que parece desorden es, en realidad, una pedagogía de dominación cuidadosamente orquestada. En su núcleo se encuentra un compromiso descarado con la supremacía blanca, ahora normalizada tanto como política como espectáculo. Las pruebas son inequívocas: la historia de los negros se censura en las escuelas y los museos; los barcos y las bases militares se renombran en honor a figuras confederadas; el lenguaje de la queja blanca es abiertamente adoptado por Trump y repetido por sus nombramientos; y acólitos destacados como Steve Bannon y Elon Musk realizan saludos nazis en público sin consecuencias. Los reclutadores del ICE cortejan abiertamente a los nacionalistas blancos con generosas primas por fichar para «repeler a los invasores extranjeros», mientras que la propaganda racista invita a los estadounidenses a imaginar una nación purificada «tras 100 millones de deportaciones».
Como señala Liz Landers, las plataformas mediáticas están cada vez más saturadas de imágenes y publicaciones que toman prestado directamente el lenguaje y el simbolismo de los movimientos de la derecha y nacionalistas blancos. Eslóganes como «Una patria, un pueblo, un patrimonio. Recuerda quién eres: estadounidense» no sólo se hacen eco de la retórica fascista, sino que reproducen activamente su lógica racial. Estos mensajes circulan sin descanso, reforzados y legitimados por el propio racismo público de Trump. Esto queda patente en su entrevista con The New York Times, donde afirmó que la Ley de Derechos Civiles de 1964, una legislación diseñada para poner fin a la segregación racial y garantizar a los afroamericanos la igualdad de acceso a la educación y al empleo, «logró cosas maravillosas, pero también perjudicó a mucha gente», descartando su objetivo fundamental como «discriminación inversa». Se trata de un clásico tropo supremacista blanco que sostiene que los hombres blancos son las verdaderas víctimas de la sociedad estadounidense.
Tales afirmaciones invierten la historia, reconvirtiendo el resentimiento blanco en victimismo y borrando la violencia estructural que la ley pretendía combatir. Este razonamiento racista y nacionalista blanco no se detiene en las fronteras del país. Se extiende hacia la política exterior, aflorando en las advertencias de Trump sobre una supuesta «crisis de la civilización» europea causada, según él, por la propia inmigración. De este modo, el racismo se convierte en un marco de gobierno en lugar de una aberración, normalizando la dominación al hacerla parecer natural en lugar de impuesta. La política se reduce a afecto y reacción, mientras que el poder entrena al público para que sienta miedo y resentimiento en lugar de participar en el pensamiento crítico.
En este modelo, se invita a los ciudadanos a no participar políticamente, sino a reaccionar emocionalmente. El miedo sustituye a la crítica. La fragmentación sustituye a la solidaridad. El espectáculo sustituye a la deliberación. La política de desconexión funciona como una tecnología de poder, asegurando que las personas experimenten la injusticia sin comprender sus causas y sean testigos de la violencia sin reconocer su capacidad colectiva para resistirse ante ella.
Lo que estamos presenciando no es simplemente un retorno a formas más antiguas de autoritarismo, sino la consolidación del fascismo neoliberal como proyecto pedagógico. Este proyecto no gobierna principalmente a través de la persuasión o el consentimiento democrático, sino a través de la gestión de la conciencia, la normalización de la crueldad y el desmantelamiento sistemático de la imaginación pública. Educa a las personas para que se desconecten, para que vean la violencia como algo inevitable, para que acepten el militarismo como sentido común, para que normalicen la limpieza étnica, el nacionalismo cristiano blanco y la crueldad autoritaria. Reemplaza la agencia política por el miedo, la memoria histórica por la amnesia y la solidaridad por la atomización.
El fascismo neoliberal prospera precisamente porque vacía la política de significado mientras satura la vida cotidiana con intimidación y espectáculo. Enseña a través de redadas y bombardeos, a través de la censura y el silencio, a través de la criminalización de la protesta y el vaciamiento de las instituciones encargadas de defender la democracia. Su éxito depende de la destrucción del lenguaje que permite a las personas conectar los puntos y reconocer los patrones de poder.
Lo que se necesita urgentemente como condición previa para un movimiento de resistencia masivo es un nuevo lenguaje democrático, capaz de reconectar lo que el autoritarismo se esfuerza sin descanso en fracturar. Ese lenguaje debe definir el militarismo como una opción política y no como una inevitabilidad, la represión como un modo de gobernanza y no como una forma de seguridad, y la educación como un ámbito de lucha y no como un espacio neutral. Debe insistir en que la democracia no es sólo un conjunto de procedimientos o rituales, sino una forma de vida basada en la responsabilidad compartida, la conciencia histórica y el valor de exigir responsabilidades al poder.
Este lenguaje también debe recuperar la pedagogía misma como un terreno central de resistencia. La educación, entendida en sentido amplio, sigue siendo una de las pocas fuerzas capaces de transformar el miedo en comprensión, la indignación en solidaridad y el sufrimiento privado en acción colectiva. Resistir al fascismo neoliberal es rechazar la política de desconexión y reconstruir el tejido conectivo de la vida democrática, vinculando las luchas a través de las fronteras, las instituciones y las comunidades. Es reconocer que la resistencia no sólo comienza en las calles o en los tribunales, sino en las historias que contamos, las historias que preservamos y las formas de conocimiento que dan forma a cómo las personas se imaginan a sí mismas y a su futuro.
La tarea y el desafío de la resistencia masiva que tenemos ante nosotros no son ni abstractos ni opcionales. Sin un lenguaje capaz de exponer la maquinaria pedagógica económica, racista y autoritaria que sostiene las formas contemporáneas de dominación, la resistencia seguirá siendo fragmentada, reactiva y fácilmente contenida. Martin Luther King Jr. tenía razón al pedir una revolución de valores, inseparable de una retórica de análisis sistémico que vinculaba el militarismo, el racismo y la pobreza como fuerzas que se refuerzan mutuamente. Nombrar al fascismo neoliberal como proyecto pedagógico es reconocer que la lucha por la democracia es inseparable de la lucha por el significado, la memoria y la educación misma. En esta lucha, el silencio es complicidad, la neutralidad es rendición, y reconectar con lo político se convierte no sólo en una estrategia de resistencia sino en el primer acto de renovación democrática.
Imagen de portada: La muerte llama a la puerta (Jeffrey St.Clair).
Voces del Mundo 