Shahasranshu Dash, Foreign Policy in Focus, 23 enero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Sahasranshu Dash es investigador asociado del International Centre for Applied Ethics and Public Affairs (ICAEPA), una organización de investigación independiente con sede en Sheffield, Reino Unido.
Con Venezuela eficazmente neutralizada como adversario regional, Cuba ha resurgido como el próximo objetivo sin solucionar del poder estadounidense en el hemisferio occidental. Para la administración Trump, esto representa un problema histórico sin resolver: un desafío que aún persiste a la autoridad hemisférica de Estados Unidos a 145 kilómetros de Florida. En respuesta a la operación militar estadounidense que capturó a Nicolás Maduro a principios de enero, el presidente Trump prometió públicamente cortar el petróleo y el apoyo financiero de Venezuela a Cuba y advirtió a La Habana que «llegara a un acuerdo… antes de que fuera demasiado tarde», intensificando la presión sobre una economía ya frágil.
Esta secuencia es importante. Los ingresos petroleros, los canales financieros y la élite gobernante de Venezuela han sido sistemáticamente atacados hasta que la capacidad del Estado para funcionar de forma independiente se ha visto drásticamente reducida. Cuba se enfrenta ahora a una estrategia similar, adaptada a su escala y vulnerabilidades. A diferencia de Venezuela, la isla carece de importantes rentas por materias primas y depende desde hace tiempo de acuerdos externos para estabilizar la escasez. Esa dependencia hace que el momento actual sea especialmente peligroso.
La vulnerabilidad actual de Cuba distingue esta fase de confrontación de los ciclos de presión anteriores. La isla está atravesando su crisis económica más profunda en décadas. La inflación se ha mantenido persistentemente alta, erosionando el poder adquisitivo y poniendo los precios de los productos básicos fuera del alcance de la población. Los ingresos por turismo y las entradas de divisas fuertes se han desplomado, y los apagones diarios son ahora generalizados debido a la escasez de combustible y al envejecimiento de la red eléctrica. No es sólo que se haya detenido el crecimiento económico. Cuba ha perdido el frágil equilibrio que antes permitía al Estado gestionar la escasez sin prosperidad ni disturbios masivos.
La crisis energética y sus consecuencias
Durante años, Venezuela financió el sistema energético de Cuba. En su momento álgido, La Habana importaba entre 50.000 y 55.000 barriles diarios de crudo venezolano subvencionado, frente a una necesidad nacional total de unos 110.000 barriles diarios. Dado que estos suministros superaban las necesidades inmediatas de refinación interna, Cuba podía reexportar parte del petróleo. Este acuerdo, a menudo pasado por alto en el debate público, funcionó como un estabilizador fundamental de la balanza de pagos, a cambio de servicios médicos, cooperación en materia de inteligencia y alineamiento político.
Este sistema no hizo prosperar a Cuba, pero permitió gestionar la crisis crónica. El arbitraje energético ayudó a financiar las importaciones, estabilizar el peso y suavizar las cadenas de suministro de una manera que la producción nacional no podía. Con la decapitación efectiva del régimen de Maduro y el bloqueo de los flujos de petróleo venezolano, ese salvavidas se ha cortado abruptamente. La limitada ayuda de México, de aproximadamente 20.000 barriles diarios, es insuficiente para cubrir el déficit. El resultado ha sido una cascada de apagones que ahora dominan la vida cotidiana, paralizando el transporte, la industria manufacturera y las redes de distribución.
Los canales energéticos que le quedan a Cuba son escasos y se ven fácilmente interrumpidos. Esto hace que un mayor aislamiento sea relativamente barato para Washington, pero económicamente devastador para una isla cuyas limitadas capacidades excedentarias dependían desde hacía mucho tiempo de acuerdos energéticos externos y no del control soberano.
Presión sin revuelta
A pesar de la magnitud del colapso, la presión económica no ha provocado una rebelión. El miedo al caos, la violencia y las represalias tras el colapso ha reforzado la cohesión de la élite y la pasividad social. Los recuerdos del desorden que siguió al colapso del Estado en otras partes del mundo postsocialista han fomentado la cautela en lugar de la movilización. La presión endurece al Estado en lugar de fracturarlo.
Lo que sí produce la presión es la migración. Los cubanos se marchan en lugar de levantarse. Desde 2021, cientos de miles han abandonado la isla, muchos de ellos a través de terceros países y rutas irregulares hacia Estados Unidos. Este movimiento no es un plebiscito ideológico, sino una respuesta racional al deterioro de las condiciones materiales, el colapso de las infraestructuras y el bloqueo de las perspectivas de recuperación.
Sin embargo, una vez que la migración llega a la frontera de Estados Unidos, la causalidad se borra. El sufrimiento económico provocado por las sanciones, la interrupción del suministro energético y la dependencia estructural se reinterpreta como una prueba de que la gente «huye del comunismo». La migración se convierte en prueba en lugar de consecuencia, y la prueba se convierte en mandato. Las dificultades justifican la presión, la presión genera migración y la migración legitima nuevas restricciones.
Memoria, política de exilio y poder de Estados Unidos
Desde la Revolución de 1959, Cuba ha ocupado un lugar singular en el imaginario político estadounidense. El derrocamiento de la dictadura de Batista, respaldada por Estados Unidos, y la rápida alineación de la isla con la Unión Soviética constituyeron no sólo el surgimiento de un Estado adversario, sino una afrenta permanente a la autoridad hemisférica de Estados Unidos. La invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles cubanos y décadas de embargo, acciones encubiertas y aislamiento diplomático convirtieron a Cuba en un problema de la Guerra Fría cuya carga simbólica sobrevivió mucho tiempo a su significado estratégico.
Incluso tras el colapso de la Unión Soviética, la supervivencia de Cuba siguió siendo para muchos en Washington una anomalía sin resolver. El breve proceso de normalización bajo el mandato de Barack Obama fue importante precisamente porque rompió con esta lógica al tratar a Cuba como un Estado normal en lugar de como una aberración histórica. Su revés durante el primer mandato de Trump —y ahora bajo el mandato del secretario de Estado Marco Rubio— ha restablecido una política hacia Cuba organizada en torno a la memoria en lugar de la gestión.
Esa política de la memoria ha sido mediada durante mucho tiempo por la comunidad cubanoamericana en el exilio, especialmente en Miami, donde el anticomunismo se ha endurecido hasta convertirse en un régimen ideológico disciplinado con alcance electoral, financiero e institucional. La trayectoria política de Rubio ejemplifica esta estructura. Su retórica no es empírica, sino escatológica: el capitalismo es siempre inminente, Cuba está siempre al borde del abismo y la historia exige perpetuamente la redención. El estilo de gobierno de Trump —caracterizado por la indiferencia hacia las normas, la preferencia por el espectáculo y la impaciencia ante las restricciones— ha proporcionado el temperamento ejecutivo necesario para traducir esta visión del mundo en política.
Invocando la teoría: la economía como autoridad
Dentro de este ecosistema político, algunas corrientes de la economía de la inmigración han pasado del debate académico a la justificación política. Como advirtió una vez John Maynard Keynes, «los hombres prácticos, que se creen bastante exentos de cualquier influencia intelectual, suelen ser esclavos de algún economista difunto». Su argumento no era que las ideas económicas perduran, sino que, cuando se separan de los contextos intelectuales e institucionales que las produjeron, adquieren una autonomía peligrosa, pasando de ser argumento a convertirse en autoridad.
El nuevo análisis de George J. Borjas sobre la crisis del Mariel ilustra este proceso. Borjas argumentó que la repentina afluencia de trabajadores cubanos en 1980 redujo los salarios de los trabajadores con menor nivel educativo en Miami, una afirmación que se planteó décadas después del hallazgo original de David Card de que no había efectos salariales significativos. Los resultados fueron inmediatamente cuestionados. Las reevaluaciones posteriores, que utilizaron definiciones más amplias del mercado laboral y métodos de control sintético, no encontraron efectos salariales estadísticamente significativos una vez que se flexibilizaron las opciones de muestreo. Las revisiones a gran escala de la literatura sobre inmigración concluyen que los efectos salariales agregados a largo plazo son generalmente pequeños y a menudo positivos una vez que se tienen en cuenta las ganancias de productividad y las complementariedades. Incluso el propio Borjas ha reconocido la sensibilidad de sus hallazgos a los supuestos subyacentes.
Sin embargo, una vez traducidos al discurso político, los matices desaparecen. La restricción de la inmigración deja de aparecer como una opción política con ventajas e inconvenientes y se convierte en una necesidad aparente. Según la formulación de Keynes, Borjas es aquí el arquetipo del «economista difunto»: no está ausente, pero se le abstrae, se le cita sin contexto y se le transforma en una autoridad moral legitimadora. El sufrimiento cubano produce migración; la migración se enmarca como una amenaza económica; la restricción se convierte en imperativa; y la restricción refuerza las mismas presiones que generan el desplazamiento.
La migración como mandato
Lo que une la política del exilio de Miami, la economía de la inmigración selectiva y la crisis actual de Cuba es un único circuito político. El anticomunismo proporciona el guion moral, la economía tecnocrática proporciona la coartada y el poder ejecutivo proporciona la capacidad coercitiva. La presión produce migración; la migración legitima la restricción; y la restricción, a su vez, autoriza una mayor presión. El deterioro de Cuba no se convierte en un fracaso de la política, sino en su justificación.
Aquí, el lenguaje humanitario completa el círculo. Las sanciones suenan punitivas, los embargos agresivos, pero los «corredores humanitarios», la «estabilización» y la «protección» suenan renuentes y morales. La migración aporta urgencia, el humanitarismo aporta legitimidad y la coacción entra sin nombrarse a sí misma. Lo que comienza como presión económica se redefine como obligación.
Esto es importante porque la administración Trump ha demostrado su disposición a enmarcar la escalada coercitiva como una necesidad humanitaria. Medidas como la incautación de activos, la aplicación de sanciones extraterritoriales y la difusión pública de opciones militares se han justificado no como instrumentos deliberados de presión, sino como respuestas renuentes al colapso. La ubicación de Cuba garantiza que cualquier migración forzada resultante del colapso del Estado se desplazaría rápida y abrumadoramente hacia los Estados Unidos, chocando con una administración Trump que se ha definido a sí misma a través de la restricción de la migración, la aplicación masiva de la ley y la expansión de la autoridad del ICE. Lo que se enmarcaría como una emergencia humanitaria en el extranjero se gestionaría, por tanto, como una amenaza para la seguridad en el país. Las mismas presiones utilizadas para justificar la intervención se utilizarían para legitimar la detención, la interdicción y la exclusión.
Si la presión deriva en una invasión o en el colapso del régimen inducido desde el exterior, el resultado probable no es una transición democrática, sino la desintegración institucional. Las estructuras estatales de Cuba, por muy represivas e ineficaces que sean, siguen organizando la distribución de alimentos, la asistencia sanitaria, la asignación de energía y el orden interno. Su repentina eliminación supondría el riesgo de una crisis humanitaria a una escala mucho mayor que la actual, incluyendo desplazamientos masivos, colapso de los servicios básicos y competencia violenta por los escasos recursos. Para Estados Unidos, esto significaría no sólo una responsabilidad moral, sino también un choque migratorio mucho mayor que el que ahora se utiliza para justificar la escalada.
Por lo tanto, Cuba no se gobierna como una sociedad real y compleja con limitaciones adaptativas, sino como un problema simbólico que exige una solución. Su sufrimiento se convierte en prueba, y la prueba en mandato. Lo que se presenta como inevitable es, en realidad, el resultado de un círculo político muy cerrado, que amenaza con producir consecuencias que ni Washington ni el pueblo cubano están preparados para contener.
Foto de portada de Shutterstock.
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