Henry Giroux, CounterPunch.org, 30 enero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Henry A. Giroux ocupa actualmente la cátedra de Estudios de Interés Público de la Universidad McMaster en el Departamento de Estudios Ingleses y Culturales y es Paulo Freire Distinguished Scholar in Critical Pedagogy. Sus libros más recientes son: The Terror of the Unforeseen (Los Angeles Review of books, 2019), On Critical Pedagogy, 2ª edición (Bloomsbury, 2020); Race, Politics, and Pandemic Pedagogy: Education in a Time of Crisis (Bloomsbury 2021); Pedagogy of Resistance: Against Manufactured Ignorance (Bloomsbury 2022) e Insurrections: Education in the Age of Counter-Revolutionary Politics (Bloomsbury, 2023), y, en coautoría con Anthony DiMaggio, Fascism on Trial: Education and the Possibility of Democracy (Bloomsbury, 2025). Giroux es también miembro de la junta directiva de Truthout.
Estados Unidos está sitiado, no por un enemigo extranjero, sino por la administración Trump, que ha transformado la propia gobernanza en una forma de terrorismo interno al servicio de un Estado supremacista blanco. Por terrorismo interno me refiero al uso de la intimidación, las desapariciones y la violencia sancionadas por el Estado contra la población civil con el fin de disciplinar la disidencia, imponer la jerarquía racial y normalizar el miedo como modo de gobernanza. Agentes enmascarados en vehículos sin distintivos, vestidos con equipo de combate y actuando más allá de cualquier autoridad legal reconocible, acechan ahora las calles, secuestrando, maltratando y, en algunos casos, asesinando a personas. Tanto los ciudadanos como los no ciudadanos se convierten en prescindibles. La razón y el Estado de derecho se han derrumbado, sustituidos por el ejercicio descarado de la violencia estatal en defensa de una política de apartheid.
Este es un régimen que se ha vuelto contra su propio pueblo. Gobierna mediante desapariciones, terror y la rutinización de la crueldad. El daño, la miseria, la violencia y el asesinato ya no son desviaciones de las normas democráticas; son la norma. Sólo en el área de Minneapolis, los agentes federales han estado involucrados en múltiples tiroteos mortales en las últimas semanas, incluido el asesinato estatal, el 7 de enero, de Renée Nicole Good, una madre de 37 años, ciudadana estadounidense, que fue asesinada a tiros por un agente del ICE durante una operación federal. El asesinato ha provocado protestas e indignación generalizadas en las Ciudades Gemelas y en todo el país, ya que las comunidades exigieron responsabilidades y justicia. La administración Trump intentó justificar el asesinato calificando a Good de «terrorista nacional», utilizando el término como arma para eludir la responsabilidad e invertir el significado de la violencia estatal.
Poco después de la muerte de Good, agentes federales fueron nuevamente grabados en vídeo en Minneapolis utilizando una fuerza letal que equivalía a una ejecución a plena vista. Las imágenes muestran a un hombre aplastado por un enjambre de agentes, al que se empuja al suelo y se le dispara varias veces incluso cuando yacía inmóvil ante ellos. Las autoridades locales confirman que el incidente provocó la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de la UCI de 37 años que había dedicado su vida al cuidado de los veteranos. Este fue el tercer tiroteo perpetrado por agentes federales de inmigración en la ciudad en sólo unas semanas, lo que agravó la indignación pública por lo que los críticos denominan violencia descontrolada por parte de los agentes federales. Una vez más, a pesar de los múltiples vídeos que documentan el asesinato, incluido uno en el que se ve a un agente de la Patrulla Fronteriza quitándole el arma a Pretti antes de matarlo, el régimen de Trump afirmó que un agente le disparó en defensa propia, «una versión que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó de ‘estupidez’ y ‘mentira’».
A los pocos minutos del asesinato, altos funcionarios de la administración Trump se movieron rápidamente para controlar la narrativa. El subjefe de gabinete de Trump, Stephen Miller, se unió a otros para aprovechar afirmaciones sin verificar y tildar a Pretti de «terrorista nacional» y «aspirante a asesino», al tiempo que acusaba a los demócratas de «avivar las llamas de la insurrección» para obtener un burdo beneficio político. Estas afirmaciones no sólo fueron imprudentes, sino que fueron inventos estratégicos diseñados para invertir los papeles de víctima y agresor, deslegitimar la disidencia y justificar de forma preventiva la violencia estatal. Pero también se volvieron en contra de la administración, ya que una avalancha de vídeos desmontó las mentiras oficiales y reveló a los verdaderos agresores, agentes federales que golpearon y mataron no como actores rebeldes, sino como ejecutores del terror sancionado por el Estado. Entender estos asesinatos como algo más que crímenes aislados es enfrentarse al sistema histórico más profundo de violencia del que surgen.
La violencia estatal debe ser recordada y confrontada no sólo en sus manifestaciones más espectaculares, como el despliegue de fuerzas federales armadas en las ciudades estadounidenses, sino como una condición sistémica arraigada en una larga historia de conquista imperial, genocidio y dominación racial. Desde las guerras de exterminio contra los pueblos indígenas hasta la esclavitud, los linchamientos y el encarcelamiento masivo, la violencia nunca ha sido algo incidental en el proyecto estadounidense, sino uno de sus principios organizativos. Esta historia se plasma en la evolución del Estado carcelario, una cultura política ligada al terror racista y una forma de capitalismo punitiva y mafiosa que saquea la mano de obra, concentra la riqueza y se nutre de la desigualdad masiva, el empobrecimiento y la miseria social. La maquinaria de la muerte es, por tanto, histórica y existencial, sostenida por una cultura de la ignorancia fabricada y una guerra de clases y racial permanente. Un sistema así no puede reformarse sin reproducir las mismas relaciones de dominación de las que depende. Debe ser desmantelado. Trump y su ejército de ejecutores, en las calles y en la Casa Blanca, no son una ruptura con esta historia, sino su culminación, el momento en que un régimen de violencia de larga data se despoja de su disfraz democrático y gobierna abiertamente a través del miedo. Los asesinatos de Good y Pretti, por muy repulsivos que sean desde el punto de vista moral y político, significan algo más que la trágica y conmovedora pérdida de dos vidas; señalan la muerte de la democracia estadounidense, el desmoronamiento de su cultura cívica, el colapso de sus instituciones legales y culturales y el surgimiento de una forma mejorada de fascismo, una convergencia que cumple de manera sombría la larga historia de violencia a través de la cual Estados Unidos debe ahora reconocerse a sí mismo.
Esa larga historia no permanece en el plano abstracto, sino que se moviliza activamente en el presente a través del espectáculo, la coacción y el despliegue estratégico del poder estatal. Tales afirmaciones resuenan en las altas esferas de la administración Trump y funcionan como armas ideológicas. Santifican el terror de Estado, borran las pruebas visuales de la brutalidad e inundan la esfera pública con una política fascista del miedo en la que se criminaliza la disidencia, se descarta la verdad y se recodifica la violencia como necesaria y virtuosa. Su propósito es inequívoco: crear las condiciones para invocar la Ley de Insurrección normalizando el espectáculo de civiles desarmados a los que se dispara a sangre fría.
Estos asesinatos no son excesos aleatorios ni actos aislados. Son demostraciones calculadas de poder, destinadas simultáneamente a paralizar al público mediante la conmoción y a provocar una resistencia masiva que luego pueda citarse como justificación para intensificar la represión. La lógica del régimen es brutalmente circular: la protesta se responde con violencia, la violencia genera indignación, la indignación se tilda de insurrección y la insurrección se convierte en el pretexto para extinguir la democracia a punta de pistola. La violencia sancionada por el Estado se presenta así como el único medio para restaurar el «orden», incluso cuando se convierte en el mecanismo mediante el cual se asfixia la vida democrática.
Aquí, la advertencia de Václav Havel en El poder de los sin poder cobra una renovada urgencia. Havel argumentaba que los sistemas autoritarios dependen no sólo de la represión, sino también de la participación forzada de los ciudadanos en una mentira, una mentira sostenida por el miedo, la obediencia ritualizada y el consentimiento fabricado. Lo que estamos presenciando es precisamente ese momento: un intento de obligar al público a aceptar un universo moral invertido en el que el asesinato estatal se denomina seguridad y la resistencia se tilda de terrorismo. El verdadero peligro no reside sólo en la violencia en sí misma, sino en si la sociedad se ve obligada a vivir según su lógica. Havel también insistió en que nunca se debe permitir que el poder dominante tenga la última palabra, y que los oprimidos y marginados siempre llevan dentro de sí mismos la capacidad de superar su propia impotencia. Es precisamente esta idea la que persigue el régimen de Trump y su banda de verdugos, ya que revela que su autoridad no es ni total ni segura. En sus demostraciones de fuerza se encuentran las semillas de su propia ruina, que echan raíces en el creciente coraje, la solidaridad y la resistencia de aquellos que se niegan a vivir en la mentira.
Como acertadamente ha observado Carole Cadwalladr, lo que está ocurriendo en las calles de Minneapolis es un caso de prueba. La ciudad se ha convertido en un laboratorio político, una placa de Petri en la que la administración está sondeando los límites de su poder y midiendo la resistencia democrática. Según informó, basándose en una entrevista con el historiador conservador Robert Kagan, la estrategia es deliberada: provocar violencia callejera, fabricar caos y luego invocar la Ley de Insurrección como medio para consolidar el régimen autoritario. Minneapolis no es una aberración. Es una advertencia; es un atisbo de un futuro oscuro.
Los brutales asesinatos de Good y Pretti, sancionados por el Estado y captados en vídeos de teléfonos móviles, ponen de manifiesto una crueldad que rasga la delgada membrana de la historia y nos devuelve a sus rituales más oscuros. Esta maligna anarquía evoca un terror anterior, cuando el linchamiento de cuerpos negros se escenificaba como un espectáculo público, cuando el asesinato se convertía en entretenimiento y la crueldad se recodificaba como un teatro político del miedo al servicio de la administración Trump. Estos asesinatos y la violencia incesante desatada por el ICE evocan el recuerdo de la Noche de los Cristales Rotos, ese momento en la Alemania nazi en el que la brutalidad sancionada se extendió como una plaga moral, destruyendo la razón, aniquilando la decencia y ahogando la posibilidad misma de la vida cívica. Lo que estamos presenciando no es una aberración, sino una advertencia, una violencia desatada de la ley y la conciencia, que repite las viejas lecciones del odio con nuevas herramientas y nuevas víctimas. El horror no sólo es impensable, sino que es históricamente familiar, y esa familiaridad debería helarnos la sangre. La historia, en este caso, no debería ser un arma de terror estatal, sino un depósito de recuerdos peligrosos, un recurso para el cambio radical.
Esta historia de brutalidad sancionada no se limita al recuerdo o a la metáfora; está institucionalizada en las operaciones cotidianas del Estado carcelario contemporáneo. Estas muertes, y la escalada de la fuerza letal federal en las ciudades estadounidenses, no son tragedias aisladas. Forman parte de un patrón más amplio, una ruptura del contrato social y del debido proceso. El ICE, al expandir su extenso sistema de fortalezas de detención que los críticos han comparado con la creación de sus propios gulags, supervisó al menos 32 muertes bajo custodia el año pasado y otras muertes relacionadas con recientes acciones policiales, una red carcelaria en la que la crueldad está integrada en la propia arquitectura de la gobernanza estatal en lugar de ser tratada como una aberración. Este patrón de horror detrás de los muros de las prisiones del ICE debería servir como severa advertencia de que la violencia, la brutalidad y la crueldad definen ahora el ADN de una democracia en retroceso.
La delirante aceptación de la violencia por parte de Trump ya no es una cuestión de retórica abstracta. Es evidente en su lenguaje racista y deshumanizador, en la expansión de la llamada guerra contra el terrorismo y en su apoyo sin complejos al poder imperial, todo lo cual contribuye a que la violencia sancionada por el Estado sea concebible, defendible y cada vez más legítima. Esta violencia no es diferida ni simbólica; se está desarrollando en tiempo real, en espacios que deberían estar protegidos del poder estatal en lugar de ser violados por él. El régimen del terror opera ahora simultáneamente en el país y en el extranjero, siendo visible este último en el bombardeo de Irán y Yemen y en la invasión de Venezuela. Lo que se está desarrollando a nivel nacional refleja una violencia largamente ensayada más allá de las fronteras de Estados Unidos.
Como Chris Hedges ha observado, lo que estamos presenciando es el regreso a nuestras calles de la violencia perfeccionada durante mucho tiempo en el extranjero, el «boomerang imperial» en acción, donde las tácticas de ocupación y represión que se emplearon en Faluya o en la provincia de Helmand se reutilizan ahora contra civiles aquí, en nuestro propio país. Antes de convertirnos en víctimas de ese terror estatal, nos recuerda Hedges, fuimos a menudo sus cómplices.
En Minnesota, los agentes del ICE han intensificado las redadas y detenciones selectivas en los barrios y en las proximidades de las escuelas, rompiendo cualquier pretensión restante de que los niños están fuera de los límites. Los responsables escolares de un suburbio de Minneapolis informan de que los vehículos del ICE han entrado en las instalaciones escolares, han seguido a los autobuses, han rodeado los patios de recreo y han detenido a estudiantes, entre ellos varios menores afectados por la campaña de represión migratoria de la administración Trump. Como declaró públicamente la superintendente de las escuelas públicas de Columbia Heights, Zena Stenvik, los agentes del ICE han estado «recorriendo nuestros barrios, rodeando nuestras escuelas, siguiendo nuestros autobuses, entrando en nuestros aparcamientos y llevándose a nuestros hijos», dejando a una comunidad que antes consideraba las escuelas como santuarios con una sensación de seguridad profundamente destrozada.
El secuestro del niño de cinco años Liam Conejo Ramos por parte del ICE marca un momento pedagógico escalofriante en el peor sentido de la palabra. La inocencia misma se convierte en arma. El terror de un niño se convierte en una advertencia para la nación: nadie está fuera del alcance, ni siquiera aquellos que deberían estar más protegidos. La infancia ya no es un santuario; se ha convertido en una primera línea. Las escuelas, que antes se imaginaban como frágiles espacios democráticos de cuidado, aprendizaje y protección, ahora se tratan como lugares legítimos de vigilancia y coacción. Cuando agentes armados acechan los terrenos escolares y detienen a niños, el mensaje es inequívoco: el miedo ha sustituido al cuidado como lógica gobernante del Estado. El caso de Liam Conejo Ramos, uno de los varios que involucran a niños detenidos cerca de escuelas o de camino a clase, demuestra que los agentes destinados a hacer cumplir la «ley de inmigración» ahora operan de manera que fracturan las comunidades y transforman las escuelas de lugares de refugio en espacios de terror, violencia estatal y abandono terminal.
El ICE se ha transformado en un aparato de terror con un parecido inconfundible a las camisas pardas nazis (SA). Se ha convertido en una institución tóxica y repugnante que ya no busca la legitimidad a través de la persuasión, el espectáculo o incluso la propaganda. Tiene sangre en la boca y se alimenta abiertamente del espectáculo y la normalización de la violencia. La labor de deshumanización está completa. La represión ya no necesita una narrativa. La violencia habla ahora de forma directa, eficaz y pública. La fotografía del niño de cinco años Liam Conejo Ramos temblando de miedo no es casual; es la prueba visual de una guerra contra los niños que ya está en marcha, una guerra que trata las vidas jóvenes como daños colaterales en la consolidación del poder autoritario.
Pero este momento no es sólo de terror; también es un momento de profundas consecuencias pedagógicas. El régimen de Trump no se basa únicamente en la represión, la vigilancia y la fuerza bruta; depende de la producción continua de sujetos fascistas dispuestos a aceptar su reinado de terror como sentido común, seguridad y patriotismo. El fascismo opera no sólo a través de la maquinaria de la dominación, sino también a través de la colonización de la conciencia, educando a las personas para que normalicen la crueldad, interioricen el miedo y confundan la obediencia con la virtud moral. Educa atacando la educación pública y superior, despojando a la historia de recuerdos peligrosos, ideas y conocimientos críticos. También trabaja sin descanso para moldear los deseos, las lealtades y las percepciones, haciendo que la violencia parezca necesaria y la disidencia peligrosa. Frente a esta pedagogía del miedo, la resistencia se convierte en una forma alternativa de educación que despierta la conciencia crítica y restaura la capacidad de imaginar la justicia. El ataque contra los niños, los jóvenes, los medios de comunicación independientes, la resistencia organizada y el futuro mismo pone de manifiesto la bancarrota moral del régimen y aclara lo que está en juego en la lucha. Los jóvenes están aprendiendo, en tiempo real, cómo es el poder cuando se despoja de la ética y la responsabilidad, y también están aprendiendo que la democracia no puede sobrevivir sin valentía, solidaridad y acción colectiva.
Estados Unidos no está al borde del fascismo; está viviendo en él. Sin embargo, la historia nos enseña que el autoritarismo nunca se derrota con el silencio o la sumisión. Se desafía cuando las personas se niegan a desaprender su capacidad de indignación, cuando la educación se convierte en una práctica de libertad en lugar de dominación, y cuando los jóvenes transforman el miedo en conciencia política. La resistencia masiva que se está desarrollando ahora en Minneapolis y se extiende por todo el país no es una protesta pasajera, sino una gran agitación, una fuerza que reúne su poder frente al terror. Lo que se necesita ahora es un despertar compartido, un rechazo colectivo a normalizar el terror o a aceptar el miedo como el horizonte de la vida política. Se requiere un compromiso renovado con una pedagogía de la resistencia, que nombre la injusticia sin vacilar, conecte el sufrimiento privado con la responsabilidad pública y afirme, incluso en tiempos oscuros, que otro futuro no sólo sigue siendo posible, sino que ya está luchando por nacer.
Sin embargo, ese futuro depende de una acción masiva organizada y no violenta liderada por trabajadores, artistas, intelectuales, trabajadores culturales, jóvenes, educadores, sindicatos, organizadores comunitarios y organizaciones democráticas de masas que entiendan que la enseñanza, la producción cultural y la lucha política son prácticas inseparables. Las herramientas necesarias para hacer frente al autoritarismo no son nuevas; forman parte de una herencia democrática forjada a través de los movimientos abolicionistas, las luchas laborales, la resistencia anticolonial y la lucha por la libertad de los negros, la fuerza más duradera y transformadora de este país en favor de la democracia. Una y otra vez, estas tradiciones han demostrado que los movimientos colectivos disciplinados y con base popular pueden desmantelar regímenes de terror que antes se consideraban invencibles. En tales circunstancias, la educación debe convertirse en un elemento central de la política y la lucha por la identidad, la agencia y la subjetividad, funcionando como una fuerza fundamental en el cambio social. Recuperar la democracia hoy en día significa recuperar este linaje histórico, abrazar la lucha por el empoderamiento, reactivar sus lecciones en el presente y reconocer que la esperanza social no es un refugio abstracto, sino una práctica colectiva, construida a través de la solidaridad, la memoria histórica, la resistencia sostenida y la negativa a entregar el futuro al miedo.
Foto de portada de Jeffrey St. Clair.
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