Fathi Nimer, Al-Shabaka, 3 febrero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Fathi Nimer es investigador asociado de Al-Shabaka sobre política palestina. Anteriormente trabajó como investigador asociado en el Arab World for Research and Development (Mundo Árabe para la Investigación y el Desarrollo), profesor adjunto en la Universidad de Birzeit y responsable de programas en el Centro de Estudios de Derechos Humanos de Ramala. Fathi tiene un máster en Ciencias Políticas por la Universidad de Heidelberg y es cofundador de DecolonizePalestine.com, un repositorio de conocimientos sobre la cuestión palestina. Las investigaciones de Fathi giran en torno a la economía política y la política conflictiva. Actualmente se centra en la soberanía alimentaria, la agroecología y la economía de resistencia en Palestina.
Introducción
«Todos acabaremos en Jordania», comentó un joven de Al-Jiftlik, una aldea palestina del valle del Jordán. Su comentario refleja la creciente desesperación que se vive en las zonas rurales de Cisjordania, donde la expansión colonialista de los asentamientos israelíes se ha intensificado hasta alcanzar niveles sin precedentes. Esto es especialmente cierto en el valle del Jordán, el corazón agrícola situado a lo largo de la frontera oriental de Cisjordania con Jordania. Al-Jiftlik, que en su día fue conocida entre los palestinos como «la novia del valle del Jordán», ilustra ahora la gravedad de la expansión de los colonos patrocinada por el Estado israelí en territorio palestino, ya que ha pasado de ser una próspera comunidad agrícola a estar sitiada y enfrentarse a una presión constante de desplazamiento.
Desde el comienzo de la guerra genocida de Israel contra Gaza en octubre de 2023, la confiscación de tierras en Cisjordania ha pasado de ser una invasión gradual por parte de los colonos a una cruel campaña de robo territorial respaldada por el ejército. Este comentario muestra cómo la política de apropiación de tierras del régimen israelí en Cisjordania, que antes se justificaba mediante órdenes burocrático-legales de confiscación de tierras, se ha ido desplazando cada vez más hacia la apropiación directa por parte de los colonos. Este cambio no indica un cambio de objetivos, sino más bien una escalada de los mecanismos de expansión de los asentamientos existentes, lo que pone de manifiesto el creciente poder e influencia del movimiento de colonos sobre la política israelí.
El auge de los consejos regionales de colonos
Tras la guerra de 1967 y la ocupación israelí del resto de Palestina y los Altos del Golán sirios, el exministro israelí Yigal Allon elaboró un plan para la colonización de Cisjordania. El plan proponía la construcción de asentamientos para permitir la anexión de Jerusalén y el valle del Jordán, al tiempo que se fragmentaba Cisjordania en enclaves bajo dominio jordano o con autonomía palestina limitada. Aunque nunca se adoptó formalmente, el plan ha servido como marco orientativo para la ubicación y expansión de los asentamientos.
Entre 1967 y 1979, el régimen israelí estableció 79 asentamientos en Cisjordania. A medida que la población de colonos creció hasta alcanzar casi los 100.000 habitantes, se crearon órganos de gobierno para supervisar y administrar esas comunidades ilegales. Estos órganos adoptaron la forma de consejos locales, municipales y regionales responsables de gestionar los asuntos «civiles» de los colonos, incluidas las funciones de planificación y administración dentro de las zonas de asentamiento. El ejército israelí estableció el primer consejo regional de colonos en el valle del Jordán a principios de 1979, seguido más tarde ese mismo año por el consejo de Mateh Binyamin. Poco después, se formó el Consejo Yesha como organización paraguas para coordinar las actividades de los consejos de colonos.
Aunque la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) es la unidad militar israelí encargada de administrar la ocupación de Cisjordania, los consejos regionales de colonos han ganado cada vez más influencia sobre los asuntos palestinos en los últimos años. Estos consejos ejercen una autoridad cuasi gubernamental, planifican y administran las infraestructuras y prestan servicios. Encarnan un sistema de autogobierno de los colonos que fragmenta aún más la geografía y la gobernanza palestinas, eludiendo el derecho internacional con el respaldo del régimen israelí. En la práctica, los consejos de colonos funcionan como autoridades administrativas paralelas, que operan al margen de los canales estatales formales pero ejercen de facto el poder estatal. Su integración en el aparato burocrático general de Israel ha difuminado la distinción entre la gobernanza oficial y la aplicación informal de la ley por parte de los colonos.
En febrero de 2023, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, recibió amplios poderes para la planificación, construcción y asuntos civiles de los asentamientos en Cisjordania. Este acuerdo transfirió de hecho competencias clave que antes ostentaban el COGAT y su brazo operativo, la Administración Civil, a Smotrich y sus aliados colonos. Esta transferencia de autoridad ha permitido un crecimiento sin precedentes de los asentamientos, al tiempo que ha restringido gravemente la vida y el desarrollo de los palestinos en gran parte de Cisjordania.
Hoy en día, seis consejos regionales de colonos presiden la Cisjordania ocupada y están pidiendo abiertamente que se traiga a un millón de colonos y se imponga la «soberanía israelí» sobre el territorio. Sus representantes se han convertido cada vez más en la cara pública de la ocupación, como lo demuestran personajes como Shai Eigner. Identificado como el inspector de tierras del consejo regional de colonos del valle del Jordán, Eigner se ha convertido en una figura infame entre los residentes palestinos de la zona de Al-Jiftlik. Los informes locales describen repetidos incidentes en los que ha amenazado a palestinos y ha utilizado drones para vigilarlos e intimidarlos en sus tierras agrícolas. Aunque los medios de comunicación suelen distinguir entre la violencia de los colonos y la del ejército —calificando a los primeros como «elementos incontrolables» que actúan independientemente de los segundos—, en la práctica, la violencia del Estado y la de los colonos son indistinguibles, ya que funcionan como brazos que refuerzan mutuamente el mismo sistema colonialista.
En 2024, la Autoridad Palestina (AP) distribuyó suministros y tanques de agua para apoyar a las comunidades a quienes les habían robado el ganado; entre ellas se encontraba Al-Farisia, que había soportado años de ataques de los colonos. Poco después de que concluyera la visita de la AP, Eigner, acompañado de soldados israelíes, llegó para inspeccionar la ayuda e intimidar a los residentes. En los meses siguientes, los colonos asaltaron y robaron repetidamente a la misma comunidad rural.
A pesar de estos ataques, los palestinos del valle del Jordán siguen decididos a permanecer en sus tierras y resistir la colonización en curso. Iniciativas como el Movimiento de Solidaridad con el Valle del Jordán han apoyado la firmeza de la comunidad reconstruyendo viviendas demolidas, construyendo clínicas, reparando estructuras dañadas y garantizando el acceso temporal al agua. Sin embargo, a medida que el movimiento de colonos se envalentona cada vez más, los ataques contra las comunidades palestinas se han intensificado, lo que ha dejado a los residentes enfrentándose a una lucha cada vez más desigual. Los voluntarios de base se ven desbordados al enfrentarse a un aparato de expansión colonialista bien dotado de recursos y respaldado por el Estado.
Un sistema unificado de despojo
Es importante comprender que las acciones de Eigner y las de otros representantes del consejo de colonos se llevan a cabo en coordinación con las fuerzas de seguridad israelíes y las autoridades estatales. Así, los colonos israelíes y las instituciones estatales operan como un aparato integrado que promueve el despojo y el desplazamiento de los palestinos. En un caso documentado en el valle del Jordán, los aldeanos palestinos denunciaron que colonos armados se apoderaron de su ganado y se llevaron los animales en presencia de las fuerzas de seguridad israelíes. Los residentes afirmaron que las fuerzas no intervinieron, cuestionando los derechos de propiedad de los palestinos en lugar de impedir que los colonos se llevaran a los animales. Estos incidentes reflejan patrones más amplios en los que la violencia de los colonos y la represión estatal funcionan en tándem.
Las restricciones impuestas por el Estado israelí a la circulación y al acceso a los recursos se suman a las confiscaciones de los colonos, lo que socava los medios de vida de los palestinos y provoca su desplazamiento. Las autoridades israelíes detienen, registran y confiscan habitualmente los camiones que transportan piensos para los animales bajo acusaciones de contrabando sin pruebas. Las fuerzas de ocupación israelíes someten regularmente a los palestinos a retrasos arbitrarios y acoso en los puestos de control, donde la circulación y la vida cotidiana dependen de la discreción de los soldados. Estas prácticas refuerzan colectivamente un régimen de desplazamiento coercitivo.
Desde el 7 de octubre de 2023, la situación se ha deteriorado. Las autoridades de la ocupación han instalado nuevas puertas metálicas en las entradas de muchas comunidades palestinas para ejercer un control total sobre los movimientos. Esta práctica es especialmente pronunciada en el valle del Jordán, donde un activista de Al-Zbeidat, una aldea vecina a Al-Jiftlik, ha descrito el período actual como la «era de las puertas». Estas barreras confinan a los palestinos en enclaves urbanos y los separan de sus tierras y medios de vida. Aunque los palestinos constituyen más del 80% de la población del valle del Jordán, se ven restringidos a aproximadamente el 5% del territorio, lo que facilita la expansión de los asentamientos. Esta restricción es la culminación de décadas de desplazamiento: el valle del Jordán ha sido testigo de un fuerte descenso de su población palestina desde 1967, pasando de aproximadamente 275.000 a unos 60.000 habitantes en la actualidad.
Mientras tanto, el ejército israelí protege las viviendas de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados y conecta los asentamientos con las infraestructuras estatales. El régimen israelí designa los asentamientos como «zonas de prioridad nacional», lo que les da acceso a subvenciones, hipotecas respaldadas por el Estado, ayudas agrícolas e incentivos salariales, especialmente en el ámbito de la educación. Esta designación funciona como un instrumento político para expandir y mantener los asentamientos como parte de la estrategia territorial más amplia de Israel en Cisjordania. Las instituciones estatales israelíes, en coordinación con el movimiento de colonos, también seleccionan los emplazamientos de los asentamientos para controlar el agua, las tierras de cultivo y los corredores estratégicos, impidiendo el surgimiento de una entidad política palestina contigua.
Este enfoque es característico del gobierno colonialista, en función del cual se fragmenta a la población indígena, se la limita económicamente y se la margina políticamente para asegurar el dominio demográfico. Estas condiciones no son subproductos incidentales de la ocupación, sino resultados diseñados de una estrategia coherente y a largo plazo.
Anexión de facto sin consecuencias
Lo que los expertos describieron en su momento como una «anexión insidiosa» se ha convertido en un impulso acelerado hacia la anexión formal. Los consejos regionales de colonos califican abiertamente las iniciativas de la comunidad palestina como amenazas para la «empresa sionista», lo que pone de manifiesto la contradicción fundamental entre la supervivencia palestina y los objetivos coloniales de los colonos. Aunque algunas organizaciones de colonos lo expresan de forma explícita, esto refleja el objetivo subyacente de la colonización de Palestina por parte de Israel.
Durante décadas, la comunidad internacional ha apoyado de boquilla las negociaciones sobre la tierra, incluso cuando esta era confiscada activamente, sin ejercer una presión significativa para detener la expropiación. Los ministros y representantes políticos israelíes, tanto del partido gobernante como de la oposición, han prometido abiertamente anexionar más territorio e impedir el establecimiento de un Estado palestino. Sin embargo, estas declaraciones, junto con la agresión descontrolada de los colonos, no han tenido repercusiones materiales.
Es cierto que algunos Estados han impuesto sanciones selectivas a líderes colonos considerados especialmente abusivos con los palestinos. Pero hay pocas pruebas de que estas medidas hayan aliviado el sufrimiento palestino o frenado la expansión de los asentamientos. Además, plantean nuevas preguntas: ¿qué umbral de violaciones de derechos se considera sancionable y por qué se sanciona a personas concretas mientras que la población colona en general —que ahora supera los 700.000 habitantes— no se ve afectada? Estas políticas ponen de manifiesto la tensión que existe entre abordar los actos de violencia individuales y enfrentarse a las estructuras sistémicas respaldadas por el Estado que los hacen posibles.
En la práctica, estas medidas —junto con el reconocimiento simbólico de un Estado palestino— funcionan como gestos que permiten a los Estados evitar el coste diplomático de ejercer una presión significativa sobre el régimen israelí. Mientras tanto, la política del régimen israelí de proporcionar subvenciones estatales y apoyo material a las personas que se trasladan a asentamientos ilegales sigue sin verse afectada por los marcos de sanciones individuales.
Este enfoque incoherente ha dado lugar a un sistema de rendición de cuentas por niveles y, junto con la impunidad israelí en Gaza, ha erosionado las normas jurídicas internacionales y el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. Un sistema que sanciona a un puñado de colonos israelíes mientras ignora a las instituciones estatales que les dan cabida envía un mensaje claro: la impunidad estructural sigue intacta.
Conclusión
La comunidad palestina de Arab al-Kaabneh presagia el futuro que les espera a las comunidades palestinas si los consejos regionales de colonos logran sus objetivos. Durante años, la comunidad rural se ha enfrentado a un acoso sistemático, que ha incluido repetidos ataques, robo de ganado e intimidación por parte de los colonos. Su escuela fue objeto de ataques deliberados: se agredió a los profesores, se amenazó a los niños y se infundió el miedo mediante tácticas como la excavación de tumbas del tamaño de un niño fuera de sus terrenos. Las amenazas persistentes en los puestos de control y el clima de miedo generalizado perturbaron la educación y la vida cotidiana. Si bien la experiencia de Arab al-Kaabneh refleja la de muchas aldeas de la región, su resultado es especialmente cruel. En julio de 2025, la comunidad había quedado completamente despoblada y en su lugar se habían establecido asentamientos de colonos.
El destino de Arab al-Kaabneh ejemplifica el patrón más amplio de desplazamiento palestino que se está produciendo en toda Cisjordania. Sin una intervención significativa, es probable que se produzcan resultados similares en otros lugares.
Los objetivos de la política israelí en Cisjordania se han vuelto cada vez más explícitos y siguen siendo fundamentalmente incompatibles con cualquier futuro en el que los palestinos sean libres y soberanos. El enfoque tradicional de «gestionar el conflicto» sin abordar sus causas profundas se ha vuelto insostenible. Mientras los palestinos siguen reivindicando su derecho a permanecer en su tierra en medio de un régimen territorial en expansión, la cuestión ahora es si los terceros Estados actuarán o, una vez más, dejarán que los palestinos se enfrenten solos a estos ataques cada vez más intensos contra su tierra y sus derechos.
Foto de portada: Paisaje tras la “batalla”: Restos de los vehículos palestinos incendiados por los colonos (APA Images).
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