Tatyana Ivanova, Foreign Policy in Focus, 14 febrero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Tatyana Ivanova es una autora y observadora independiente afincada en Estados Unidos que lleva casi 25 años cubriendo acontecimientos políticos y política exterior en Ucrania, Rusia y Bielorrusia.
Un cálido 1 de abril del año pasado, Budee Khekhee, director de la organización local sin fines de lucro El Poder de la Unidad por el Bien de Nuestra Patria, dirigía un equipo que se trasladó al desierto de Gobi para investigar los informes sobre una misteriosa enfermedad que causaba la muerte de animales salvajes y domésticos, que le habían hecho llegar los pastores locales. Budee, antiguo residente que había colaborado con su padre en el trabajo veterinario, conocía el terreno y sabía que las autoridades habían ignorado las alarmas anteriores.
En Zamyn Ud, avistaron numerosas gacelas de cola blanca tendidas en el suelo, incapaces de levantarse y con las patas crispadas. Los activistas transmitieron en directo su descubrimiento. “Me sentí abrumado por la desesperación”, testificó Budee más tarde. “Comprendí que no podía abandonarlas allí para que murieran”.
Al sospechar que la epidemia se debía a las operaciones de lixiviación in situ de la empresa francesa de uranio Orano, cargó cuatro gacelas en un camión y se dirigió a la puerta de la clínica de la empresa, donde lo transmitió por Facebook. Orano había construido y operaba una clínica veterinaria en la zona minera. Budee desconfiaba mucho de ellos, pero esperaba que el personal ayudara a salvar a los animales. Esas esperanzas se desvanecieron cuando, tras dos horas de espera frente a las puertas cerradas de la clínica, nadie apareció y los animales murieron. Sin muchas opciones, los activistas diseccionaron los cuerpos de las gacelas y tomaron muestras de tejido para hacer análisis independientes. Y transmitieron en directo sus acciones en Facebook.
Para muchos pastores mongoles, el neocolonialismo de los recursos no es un concepto abstracto. Ha provocado pérdidas tangibles, enfermedades y muertes. Los descendientes del Imperio mongol se enfrentan ahora a los invasores mineros de uranio. Tras la marcha de los soviéticos, dejando tras de sí un legado de minería tóxica, llegó la industria francesa del uranio “limpio”, reproduciendo patrones similares de corrupción mientras contaminaba la tierra. Al mismo tiempo, esos colonialistas han participado en la persecución de los activistas ambientales.
¿Deberían rendir cuentas ante las comunidades nacionales e internacionales?
La venganza
En los informes oficiales, los defensores de derechos humanos suelen referirse a la persecución de activistas como un castigo “injusto” o “desproporcionado”. Sin embargo, lo ocurrido en el caso de los pastores mongoles se acercó más a una pura venganza. Personas no identificadas presentaron denuncias policiales acusando a Khekhee de caza ilegal. Fue sometido a repetidos interrogatorios durante varios meses tras el inicio de la investigación penal.
La fiscalía local reclasificó el asunto como infracción administrativa. La Oficina de Protección Ambiental del Estado determinó que Khekhee había perseguido y matado ilegalmente a cuatro gacelas. Le impusieron una multa de 1.200 dólares, una suma considerable para un mongol medio. La apelación que presentó en le mes de julio fue denegada en su totalidad en septiembre, pero el tribunal de primera instancia aplazó la sentencia tres meses, admitiendo así que el caso carecía de fundamento.
Ni la investigación ni el tribunal determinaron por qué Budee Khekhee necesitaba supuestamente matar a las gacelas. Sin embargo, un periodista local descubrió el “motivo”, y en agosto de 2025 escribió que se había hecho “para engañar a la gente sobre las consecuencias de la extracción de uranio por parte de la empresa conjunta mongol-francesa ‘Badrakh Energy’ LLC”.
Procesamiento por dosimetría independiente
Las enfermedades y muertes inexplicables de animales, una clínica veterinaria en el desierto dirigida por una corporación minera de uranio y sus intentos de ignorar los preocupantes hechos resultan desconcertantes. Especialmente cuando se combina con la absurda acusación de caza furtiva dirigida a un activista ambiental cuya acción fue ampliamente retransmitida en directo. Al conectarlo con otros eventos similares, surge un patrón.
A mediados de agosto de 2025, la misma organización sin ánimo de lucro invitó al físico nuclear ruso Andrey Ozharovskiy a realizar mediciones dosimétricas. Su enfoque en la contaminación radiactiva se vio impulsado por las evaluaciones de las aguas subterráneas, que habían revelado altos niveles de uranio y arsénico en la zona. Ozharovskiy, con amplia experiencia en la identificación de fuentes radiactivas, accedió a viajar. Entró legalmente a Mongolia con su equipo de dosimetría y espectrometría con “fines comerciales”.
Del 15 al 17 de agosto, los activistas lo llevaron por caminos de tierra en el desierto de Gobi hasta los pozos piloto de extracción de uranio ISL de Orano, donde los lugareños informaron de camiones que transportaban soluciones preñadas o residuos líquidos lixiviados. El experto ruso no tardó mucho en descubrir tres charcos secos que emitían una radiación gamma entre 20 y 50 veces superior a los niveles de fondo. La espectrometría identificó productos de desintegración del uranio (radio-226, bismuto-214 y plomo-214), que, según Ozharovskiy, correspondían a derrames mineros y no a radiación natural. Los activistas publicaron su hallazgo en las redes sociales, y así fue como las autoridades mongolas se enteraron de la expedición.
El grupo viajó posteriormente a través de Mongolia por caminos de tierra similares hasta Maradai. El 19 de agosto, mientras medían la radiación cerca de minas soviéticas abandonadas, el grupo fue detenido por un agente fronterizo y algunas personas vestidas de civil. Según los activistas, las autoridades utilizaron drones para localizarlos en el desierto. Tras pasar uno o dos días en varias oficinas, Ozharovskiy fue trasladado a la Dirección General de Inteligencia en Ulán Bator. Allí, tras ser interrogado, le informaron que era sospechoso de espionaje y violaciones de las leyes de inmigración.
Aunque las autoridades liberaron a Ozharovskiy, le confiscaron el pasaporte para que no pudiera salir del país. Unos días después, lo arrestaron de nuevo, obligándolo a admitir infracciones administrativas, incluyendo el uso de dispositivos de dosimetría no registrados, y a pagar una multa. Luego lo llevaron a la frontera con Rusia y lo expulsaron sin sus pertenencias, pero con una prohibición de entrada de 10 años. Los activistas locales, por su parte, han denunciado intimidación, requerimientos de denuncia policial, registros de teléfonos inteligentes y acuerdos de confidencialidad.
Ese mismo día, la Comisión Reguladora Nuclear de Mongolia emitió un comunicado formal en el que acusó a Ozharovskiy de difundir información falsa sobre la radiación del medio ambiente. Algunos medios de comunicación calificaron a los activistas de agentes extranjeros que socavaban proyectos franco-mongoles en beneficio de Rusia.
Un sistema que fomenta el abuso y la desconfianza
La legislación mongola prohíbe las mediciones de radiación con dispositivos que no hayan sido registrados ante la Comisión Reguladora Nuclear del país (NRC). Tras su primera detención, Ozharovskiy donó algunos de sus dispositivos de medición a la organización sin ánimo de lucro. Los activistas los llevaron a la NRC, pero se les denegó la certificación sin una explicación clara. La única razón aportada, aunque inválida, fue que los dispositivos pertenecían a un ciudadano ruso.
Los activistas explicaron por qué no habían registrado los dispositivos con antelación: no querían que las autoridades conocieran su estudio anticipadamente. “Si hubieran sabido de la existencia de los dispositivos, no nos habrían dejado realizar las mediciones”, declaró un activista. “No confiamos en ellos”, añadió Khekhee.
Esta desconfianza está totalmente justificada dado el contexto más amplio documentado por destacadas organizaciones de derechos humanos. Mongolia se ha ganado la reputación de reprimir duramente a quienes critican y defienden los derechos humanos, en particular a quienes cuestionan la industria minera. El informe de 2024 de Amnistía Internacional documenta que las críticas a las autoridades y a las empresas mineras se han criminalizado de facto. Según el informe Our Land, estas empresas cometen violaciones ambientales masivas, causando una importante contaminación ambiental y un deterioro de la salud pública, además de socavar los medios de vida tradicionales de los mongoles. Para atraer inversores, los grupos de presión de la minería mongola incluso lograron aprobar leyes favorables a las empresas. Según Our Land, en 2006 y de nuevo entre 2013 y 2015 debilitaron las salvaguardias ambientales, reduciendo las zonas de protección hídrica y permitiendo la minería en tierras privadas e incluso protegidas.
La otra cara de la República Francesa
Según el Mongolian Mining Journal, en Dornogovi Aimag, donde activistas han estado monitoreando el medio ambiente y la vida silvestre, las corporaciones francesas Areva y Orano llevan explorando y extrayendo uranio desde 1997. Utilizan diversas empresas conjuntas locales y se transfieren licencias. El Grupo Orano afirma que no inició su denominada extracción piloto de uranio a través de Badrakh Energy en el yacimiento de Zuuvch Ovoo hasta 2021.
Orano ha sentado un precedente decisivo, demostrando que incluso las leyes mineras más permisivas no suponen una verdadera restricción. Según los activistas, la empresa simplemente ignoró la evaluación de impacto ambiental requerida para algunos de sus proyectos mineros de ISL en Dornogobi Aimag. Casualmente, Orano también sobornó a funcionarios para obtener licencias mineras durante este mismo período. Según Energynews, la investigación de 2015 descubrió 1.275 millones de euros en pagos sospechosos que Orano realizó para obtener licencias mineras en Mongolia a través de un intermediario, Eurotradia International. En diciembre de 2024, el presidente del Tribunal de Justicia de París ordenó a Areva pagar 4,8 millones de euros en un acuerdo previo al juicio por sobornar a un funcionario público extranjero.
El Movimiento Antinuclear Mongol Golomt cree que, entre diciembre de 2010 y mayo de 2011, otra filial de Orano, Kojegobi, produjo aproximadamente 2,7 toneladas de “torta amarilla” (concentrado de mineral de uranio) mediante la denominada “extracción experimental” con un proceso sulfúrico ISL. Desde entonces, los nómadas rurales han informado de ganado muerto y deformado, agua contaminada y un creciente temor. “En todos los hogares han nacido terneros con terribles deformidades. Esto nunca había sucedido antes en nuestras tierras”, denunciaron los pastores locales en una petición de 2012 firmada por 767 personas. En una zona, el número de animales domésticos muertos fue de 2.885 en 2010 —año de la producción de torta amarilla—, en comparación con 14 en 2008, 8 en 2009 y 207 en 2011. El gobierno negó la conexión con la contaminación radiactiva y “atribuyó el problema al selenio y el cobre presentes de forma natural”. Orano se hizo eco de esta afirmación, afirmando que estos elementos “no eran utilizados ni producidos por nuestras actividades”.
Según Khekhee, Orano no realizó una evaluación de impacto ambiental (EIA) ni un estudio de viabilidad antes de iniciar las operaciones mineras piloto en 2012 en Dornogovi Aimag: “No se llevó a cabo ningún estudio de aguas subterráneas, no se discutieron documentos, ni se impartieron charlas informativas ni formación sobre seguridad a la población local”.
¿Sin castigo?
Mongolia goza de popularidad entre quienes buscan uranio barato porque no es parte en varias convenciones internacionales. Por ejemplo, Mongolia se está preparando para adherirse a la Convención de Aarhus de la CEPE/ONU, que defiende el derecho de los ciudadanos a recibir información sobre la protección del medio ambiente y a participar en la toma de decisiones pertinentes. La convención también obliga a los países a no perseguir a los activistas ambientales.
Francia es parte de pleno derecho de la convención desde 2005, lo que significa que las empresas bajo jurisdicción francesa están sujetas a las obligaciones del país en virtud de la Convención de Aarhus.
Aprovechando esta situación, defensores de los derechos humanos han informado al Relator Especial de la Convención de Aarhus sobre la persecución a los activistas en Mongolia que investigan las actividades de la empresa francesa Orano. El mecanismo del Relator Especial permite una tramitación acelerada de los casos. Según se informa, ahora está investigando los hechos.
¿Aportará esta investigación transparencia y rendición de cuentas a las actividades de las empresas francesas extranjeras que operan en Mongolia? ¿O perecerán estos elementos clave de la democracia como las gacelas envenenadas en el desierto mongol?
Foto de portada de Shutterstock: Pastor nómada mongol.
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