Osama Abuzaid, Middle East Eye, 16 febrero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Osama Abuzaid es investigador de cuestiones relacionadas con el desarrollo y la gobernanza que está afincado en Jartum. Actualmente está afiliado al CEDEJ como investigador asociado y coordinador del programa de ayuda financiera para proyectos de base y de seguridad humana (GGP). Ha impartido clases sobre gestión del desarrollo y cuestiones relacionadas con la gobernanza en la Universidad de Ciencias Médicas y Tecnología (UMST, por sus siglas en inglés) y ha participado en diversos proyectos de organismos de las Naciones Unidas y ONG.
Mientras los diplomáticos se reunían en Washington a principios de este mes para movilizar fondos humanitarios para Sudán, y el Reino Unido anunciaba nuevas sanciones destinadas a desmantelar la maquinaria de guerra sudanesa, una clara contradicción se hizo aún más evidente: la acción internacional se acelera en teoría, pero sobre el terreno, los esfuerzos de protección y recuperación de la población civil siguen peligrosamente en estado embrionairo.
Millones de civiles sudaneses regresan a ciudades destruidas, sin electricidad, sin hospitales y sin servicios públicos que funcionen. El mundo se está volviendo más eficiente a la hora de castigar a los beligerantes, pero no a la hora de proteger a los supervivientes.
Casi tres años después del estallido de la guerra en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar, la política global sobre Sudán corre el riesgo de confundir las señales morales con la estrategia operativa.
Los nuevos paquetes de sanciones y las promesas de los donantes demuestran el compromiso político, pero la catástrofe humanitaria continúa profundizándose, exponiendo una brecha cada vez mayor entre la actividad diplomática y la realidad civil.
Las sanciones recientemente anunciadas por el Reino Unido se dirigen a personas acusadas de sustentar la economía de conflicto de Sudán y de facilitar las operaciones militares. Las autoridades británicas enmarcaron las medidas como un esfuerzo para debilitar las estructuras financieras que sustentan la violencia y la impunidad.
El anuncio se produjo justo cuando Estados Unidos lanzó en Washington su “Llamamiento a la Acción del Fondo Humanitario de Sudán”, con el objetivo de movilizar el compromiso de los donantes, coordinar las agencias internacionales y reforzar los mecanismos de respuesta humanitaria ante una crisis cada vez mayor.
En conjunto, estos dos acontecimientos reflejan la doble vía que configura la respuesta internacional: ampliar las sanciones por un lado y aumentar las promesas humanitarias por el otro. Sin embargo, ninguna de las iniciativas, al menos en su estructura actual, resuelve el vacío operativo central: un marco coherente y aplicable para la protección de los civiles, el retorno seguro y la restauración de las infraestructuras.
Sistemas colapsados
Sudán sigue sufriendo la mayor crisis de desplazamiento del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con millones de personas obligadas a huir de sus hogares desde el inicio de la guerra.
Sin embargo, una tendencia que se pasa por alto es la escala masiva de los retornos: el seguimiento de la OIM indica que más de tres millones de sudaneses han regresado a zonas como el estado de Jartum, Gezira y partes de Darfur, no porque la seguridad haya mejorado, sino porque el desplazamiento se ha vuelto económica y socialmente insostenible.
Los retornados se encuentran con sistemas colapsados. Según Unicef, más del 70% de los centros de salud no funcionan, millones de niños siguen sin escolarizar y la infraestructura hídrica esencial ha sido destruida o saqueada.
En Jartum, que en su día fue el centro administrativo y económico de Sudán, las redes eléctricas, las universidades, los hospitales y las redes de agua han sufrido graves daños. Los mercados funcionan de forma irregular, la administración pública está fragmentada y la seguridad local sigue siendo inestable.
Un retorno sin reconstrucción no representa recuperación alguna, tan sólo sigue siendo parte de un ciclo de desplazamiento, en el que las familias se van, regresan por desesperación y se ven obligadas a huir de nuevo cuando las condiciones se vuelven insoportables.
Las nuevas sanciones del Reino Unido refuerzan un patrón ya conocido. Los mecanismos de rendición de cuentas continúan expandiéndose a través de designaciones de la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos dirigidas contra comandantes, redes financieras y presuntos autores de atrocidades.
Estas medidas —identificar a los autores y restringir la movilidad financiera— son importantes. Pero las sanciones por sí solas no reconstruyen los sistemas de agua, reabren hospitales ni protegen los barrios.
Redes ilícitas
Los actores armados en Sudán no se ven limitados principalmente por el acceso a la banca occidental. Operan a través de redes regionales de clientelismo, rutas comerciales ilícitas, mercados de oro y canales financieros alternativos. Las sanciones pueden contribuir a la rendición de cuentas a largo plazo y al aislamiento de las élites, pero su capacidad a corto plazo para modificar el comportamiento en el campo de batalla o proteger a los civiles que regresan sigue siendo limitada.
Sin mecanismos de ejecución vinculados al cumplimiento del alto el fuego, garantías de acceso humanitario y sistemas de monitoreo civil, las sanciones corren el riesgo de convertirse en instrumentos performativos, representando una señal de condena sin transformar sustancialmente el entorno en el que la población civil debe sobrevivir.
La iniciativa del fondo humanitario de Washington refleja el reconocimiento de que la financiación de la ayuda humanitaria debe expandirse urgentemente. Si se diseña eficazmente, la participación coordinada de los donantes podría apoyar la restauración de servicios esenciales, la rehabilitación de infraestructura crítica y el fortalecimiento de los mecanismos de protección para los repatriados.
Pero la historia de Sudán está llena de conferencias que han generado compromisos en lugar de cambios estructurales.
La verdadera prueba de fuego para la iniciativa de Washington será si integra la financiación humanitaria en una arquitectura de paz más amplia que vincule la ayuda humanitaria con la supervisión del alto el fuego, los corredores de protección civil y la restauración de la gobernanza local. Sin esa integración, la conferencia corre el riesgo de repetir un patrón familiar: una fuerte imagen diplomática combinada con un débil impacto sobre el terreno.
Lo que falta es una arquitectura de paz más amplia y la inclusión de la población civil. Las negociaciones de paz siguen fragmentadas. Múltiples vías de mediación operan simultáneamente, los actores externos compiten por la influencia y las iniciativas de alto el fuego se han estancado repetidamente. La sociedad civil sudanesa, incluyendo comités de resistencia, asociaciones profesionales, grupos de mujeres y redes humanitarias, está siendo dejada al margen de las estructuras formales de negociación.
Las investigaciones sobre los procesos de paz muestran sistemáticamente que los acuerdos con participación de la sociedad civil presentan mayores índices de durabilidad y cumplimiento. Sudán está repitiendo un modelo de fracaso conocido: negociaciones de élite sin legitimidad social.
Justicia y rendición de cuentas
Las sanciones y las conferencias de donantes pueden configurar el entorno de las negociaciones, pero no pueden sustituir un marco de paz ejecutable basado en la legitimidad local y la protección de la población civil.
La incómoda realidad es que las sanciones y las conferencias son políticamente más fáciles que la imposición de la paz y la reconstrucción de infraestructuras. Congelar activos implica menos riesgo político que desplegar mecanismos de monitoreo. Anunciar compromisos es más sencillo que financiar la restauración del suministro eléctrico o asegurar barrios urbanos.
La justicia y la rendición de cuentas siguen siendo componentes esenciales de la recuperación a largo plazo de Sudán. Las sanciones deben seguir formando parte de una arquitectura de rendición de cuentas más amplia, en particular para los procesos legales de posguerra y el rastreo de activos. Sin embargo, no deben ocupar un lugar destacado en la jerarquía política mientras la población civil regresa a las ciudades sin agua, electricidad, escuelas ni protección.
Una estrategia internacional creíble invertiría las prioridades actuales. La comunidad internacional debe hacer cumplir y supervisar los ceses del fuego mediante mecanismos internacionales coordinados. Debe establecer corredores civiles protegidos y marcos de retorno, y rehabilitar la infraestructura esencial, como los sistemas de agua, electricidad, atención médica y educación.
Es importante que la sociedad civil sudanesa participe directamente en los procesos de negociación. Las sanciones deben mantenerse como herramientas complementarias de rendición de cuentas, no como una estrategia principal.
En Sudán no faltan condenas, paquetes de sanciones ni conferencias de donantes. Pero se carece de prioridades operativas alineadas, basadas en la jerarquía de la supervivencia civil: la seguridad ante el simbolismo, la infraestructura ante la apariencia y la paz ante las posturas.
Para las familias que regresan a barrios devastados, las sanciones son invisibles. Lo que importa es si se enciende la luz, si abren las clínicas, si fluye agua potable y si los grupos armados se retiran.
La política internacional debe medirse de la misma manera: no por lo que declara, sino por lo que los civiles realmente pueden aceptar. Es importante que la sociedad civil sudanesa participe directamente en los procesos de negociación. Las sanciones deben mantenerse como herramientas complementarias de rendición de cuentas, no como una estrategia principal.
En Sudán no faltan condenas, paquetes de sanciones ni conferencias de donantes. Carece de prioridades operativas alineadas, basadas en la jerarquía de la supervivencia civil: la seguridad ante el simbolismo, la infraestructura ante la apariencia y la paz ante las posturas.
Para las familias que regresan a barrios devastados, las sanciones son invisibles. Lo que importa es si se enciende la luz, si abren las clínicas, si fluye agua potable y si los grupos armados se retiran. La política internacional debe medirse de la misma manera: no por lo que declara, sino por lo que los civiles realmente pueden aceptar.
Foto de portada: Un hombre camina entre los escombros cerca de edificios gravemente dañados en las afueras del suroeste de Jartum, la capital de Sudán, el 30 de julio de 2025 (Ebrahim Hamid/AFP).
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