Logan McMillen, Foreign Policy in Focus, 23 febrero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Logan McMillen trabaja en servicios de información bibliotecaria y estudia la historia del autoritarismo. Los escritos de McMillen sobre ICE y la política de Minnesota han aparecido en The Hill y The New Republic.
Según filtraciones recientes a Axios, el Departamento de Estado de EE. UU. ha pasado por alto al gobierno civil oficial de Cuba para mantener conversaciones discretas con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años. Conocido en La Habana como «El Cangrejo», Rodríguez Castro es nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, y una figura profundamente arraigada en el extenso conglomerado militar-comercial de la isla, GAESA.
Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para escuchar los argumentos orales en dos casos de gran repercusión: Exxon Mobil Corp. versus Corporación Cimex y Havana Docks Corp. versus Royal Caribbean Cruises. Al utilizar como arma el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996, estas demandas pretenden eludir la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera e imponer miles de millones de dólares en responsabilidades directamente en los balances de las empresas cubanas por activos nacionalizados hace más de 65 años.
Al marginar al aparato estatal oficial y tratar directamente con el círculo del joven Castro bajo la sombra de estas inminentes sentencias judiciales masivas, Washington está intentando activamente cultivar una nueva élite compradora. Como admitió sin rodeos un alto funcionario de la administración Trump a Axios, la posición del Gobierno de Estados Unidos es simplemente que «el régimen tiene que desaparecer», y están buscando activamente a «la próxima Delcy en Cuba».
Sin embargo, para comprender la lógica detrás de estas maniobras, debemos mirar más allá de las tácticas inmediatas del Departamento de Estado y los tribunales, y plantearnos una pregunta estructural: ¿qué propósito tiene realmente una Cuba subyugada dentro de la visión de Marco Rubio de una «Fortaleza América»?
El vacío material
En el cálculo histórico del imperialismo, una periferia sólo tiene valor por los recursos que pueden extraerse, los mercados que puede abrir o el excedente de mano de obra que puede explotar. Hasta ahora, el agresivo expansionismo territorial de la Doctrina Donroe en América Latina se ajusta perfectamente a esta concepción marxista clásica de la extracción imperial.
Aplicado a Cuba, este enfoque revela una paradoja estructural evidente. A diferencia del resto de la región, la isla es una zona muerta en términos materiales para las necesidades inmediatas de acumulación de capital de Estados Unidos. Una comparación sistémica con el resto de la región revela lo poco que la Cuba moderna tiene que ofrecer al núcleo imperial.
Como demuestran claramente las medidas de la administración Trump en Venezuela, uno de los principales motores de la Doctrina Donroe es el dominio energético, para lo cual los yacimientos petrolíferos del Cinturón del Orinoco eran el premio definitivo. Cuba, por el contrario, es totalmente dependiente de la energía, ya que depende por completo del crudo subvencionado que Estados Unidos acaba de cortar.
La transición mundial hacia la energía verde ha convertido a los Andes en una zona de sacrificio hiper explotada para la obtención de litio, cobre y metales de tierras raras. Aunque Cuba posee reservas de níquel y cobalto, su sector minero ha estado gravemente privado de capital y subdesarrollado durante décadas. Las escasas exportaciones que realiza están en gran medida bloqueadas en empresas conjuntas canadienses (como las operaciones de Sherritt International en Moa).
La isla tampoco cuenta con la extensa y sobreexplotada infraestructura maquiladora que convierte a México en un nodo indispensable para la extracción de valor en las cadenas de suministro norteamericanas. La base industrial cubana es anticuada y carece de energía, por lo que no ofrece una capacidad de fabricación inmediata y lista para usar a las empresas estadounidenses que buscan «deslocalizar» sus operaciones.
Y mientras que países como Brasil, Colombia y Argentina funcionan como los graneros agroindustriales mecanizados de la economía mundial, el sector agrícola de Cuba se encuentra en un estado de declive terminal. Actualmente, la isla importa la gran mayoría de sus alimentos y no puede competir en el mercado mundial de productos básicos.
Por último, Cuba carece de la infraestructura logística transoceánica modernizada que hace que Panamá, Perú y México sean vitales para los flujos comerciales mundiales.
La total falta de utilidad periférica tradicional de Cuba hace que la obsesiva atención del Departamento de Estado hacia la isla parezca casi irracional. ¿Por qué gastar capital político, arriesgarse a las represalias de los partidarios de la línea dura de Miami y entablar conversaciones secretas con El Cangrejo por un país que no produce prácticamente nada de valor para el imperio estadounidense?
La respuesta es que, según la Doctrina Donroe, Cuba no está siendo conquistada por lo que puede producir. Está siendo conquistada por lo que representa su sometimiento.
El trofeo ideológico
Durante más de seis décadas, Cuba ha representado un desafío vivo y palpable para el imperialismo estadounidense. En la era de la Doctrina Donroe, que exige explícitamente la primacía incuestionable de Estados Unidos y el monopolio de los recursos en América, la persistencia de un proyecto soberano y antiimperialista a sólo 90 millas de Florida es una irritante ideológica intolerable.
Como Noam Chomsky y otros críticos del imperio estadounidense han observado desde hace tiempo, la principal queja de Washington con respecto a La Habana nunca fue su capacidad militar, sino la «amenaza de buen ejemplo». Un proyecto socialista en el Caribe demostró al resto del Sur Global que el desarrollo independiente fuera de los dictados de Washington era materialmente posible.
Al cooptar al régimen desde dentro y forzar una transición hacia una economía de mercado bajo una presión extrema, la administración Trump busca lograr una victoria simbólica monumental.
Pero para reclamar este trofeo ideológico sin la complicada logística de una intervención militar, la administración Trump necesita un mecanismo legal. En este contexto, la reciente decisión del Tribunal Supremo de escuchar los argumentos orales en casos como Exxon Mobil Corp. versus Corporación Cimex y Havana Docks Corp. versus Royal Caribbean Cruises debe entenderse como un intento de crear una enorme carga de deuda, entendida como arma, para el Estado cubano.
Al utilizar el Título III de la Ley Helms-Burton, el sistema judicial estadounidense está intentando derogar la inmunidad soberana de las empresas estatales cubanas en virtud de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera (FSIA). Cuando las empresas tradicionales demandan a entidades como CIMEX (una filial directa de GAESA) por «tráfico» de propiedades nacionalizadas, su verdadero objetivo es hacer que los activos del Estado cubano sean legalmente tóxicos en el mercado mundial. Si el Tribunal dictamina que la Ley Helms-Burton elude la inmunidad soberana, establecerá más de mil millones de dólares en pasivos legalmente exigibles directamente en los balances de las entidades controladas por El Cangrejo y otras élites.
El propósito de esta deuda manipulada no es cobrar el pago para Exxon o para los descendientes de las élites prerrevolucionarias. Su objetivo es servir de palanca en las conversaciones secretas del Departamento de Estado. Al amenazar con aplicar estas sentencias devastadoras a nivel mundial, Estados Unidos proporciona a la élite de GAESA el pretexto legal y económico que necesita para facilitar su transición de burócratas estatales a la nueva burguesía compradora de la isla.
La privatización del Estado
Si El Cangrejo y su círculo aceptan los términos de este golpe estructural, ¿qué será de la economía interna cubana?
Sin materias primas para exportar ni productos básicos baratos para fabricar, la Cuba posrevolucionaria debe encontrar una nueva ventaja comparativa en la división global del trabajo. Es poco probable que Washington invierta en el desarrollo industrial cubano. Más bien, el plan probablemente reflejaría la desastrosa «terapia de choque» postsoviética de la década de 1990, en la que se animaría a los militares que actualmente supervisan las empresas estatales a blanquear su poder político en forma de riqueza privada y oligárquica.
GAESA controla amplios sectores de la economía cubana, incluyendo el sector inmobiliario, el turismo, las cadenas minoristas y la infraestructura portuaria. En el marco de una transición respaldada por Estados Unidos, estos activos serían privatizados de forma agresiva. El capital privado estadounidense y el capital transnacional comprarían propiedades inmobiliarias costeras y redes de telecomunicaciones a precios muy bajos, mientras que la nueva clase compradora cubana se convertiría en socios locales de menor rango en busca de rentas.
Los restos del contrato social cubano (sanidad universal, viviendas subvencionadas y educación gratuita) serían «ajustados» hasta su desaparición por el FMI y el Banco Mundial, instituciones que se apresurarían a ofrecer préstamos para la «reconstrucción» condicionados a una austeridad brutal. La clase trabajadora cubana, ya maltrecha por el bloqueo estadounidense y la pérdida del petróleo venezolano, se vería empujada a un mercado laboral desregulado y sin red de seguridad.
La geografía de la isla la convierte en un lugar privilegiado para el turismo exclusivo y la especulación inmobiliaria. La rápida construcción de enclaves de lujo quedaría aislada de la empobrecida población nacional. Los trabajadores cubanos quedarían relegados al sector servicios, sirviendo bebidas y limpiando habitaciones de hotel para el capital extranjero, en un trágico y modernizado retorno a la dinámica neocolonial de la dictadura de Batista en la década de 1950.
La lavandería del Caribe
Si la isla no puede integrarse en las cadenas de suministro estadounidenses como centro de fabricación o zona de sacrificio extractivo, ¿qué utilidad tiene para el capital transnacional? La respuesta reside en la crisis masiva y sistémica de la fuga de capitales en todo el Sur Global.
En la actualidad, se estima que el 27% de la riqueza privada total de América Latina está depositada en territorios extraterritoriales que ofrecen un estricto secreto bancario y un tratamiento fiscal favorable. Durante décadas, jurisdicciones como Panamá, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes británicas han funcionado como sumideros vitales para los oligarcas regionales, las élites políticas corruptas y las empresas multinacionales que buscan evadir los impuestos nacionales, eludir los controles de cambio y blanquear fondos. Sin embargo, las filtraciones masivas de datos como los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso han puesto al descubierto estos paraísos tradicionales, y las regulaciones financieras globales se han endurecido ocasionalmente. Por lo tanto, el capital transnacional busca constantemente nuevas zonas geográficas altamente desreguladas y legalmente impenetrables para esconderse y multiplicarse.
Con la Doctrina Donroe desestabilizando activamente a los gobiernos progresistas e impulsando agresivamente la privatización en toda Sudamérica, el volumen de riqueza extraída que busca un refugio offshore no hará más que aumentar. Una Cuba post-socialista, geográficamente cercana, desesperada por obtener divisas y políticamente dependiente de Washington, está perfectamente posicionada para llenar este vacío.
En este escenario, La Habana se transformaría en una lavandería de primer orden en el Caribe. El plan macroeconómico probablemente reflejaría los sistemas fiscales territoriales de Panamá o las Bahamas, diseñados íntegramente en torno al servicio del capital.
Este «nuevo» Estado cubano aprobaría rápidamente una legislación que establecería sociedades mercantiles internacionales (IBC) anónimas y fideicomisos extraterritoriales, protegidos por leyes de secreto bancario que penalizan el intercambio de datos financieros con las autoridades fiscales extranjeras. Eliminaría los impuestos sobre las ganancias de capital, los impuestos de sociedades sobre los ingresos de origen extranjero y todos los controles de cambio. Esto permitiría que la riqueza extraída de las minas de litio de los Andes o de los monopolios agroindustriales de Brasil se depositara legalmente en La Habana sin la fricción de los impuestos locales o la supervisión reguladora.
La élite militar cleptocrática que actualmente gestiona GAESA se encuentra en una posición única para facilitar esta transición. De supervisar una economía planificada, pasaría a convertirse en los guardianes locales, rentistas e intermediarios legales del capital transnacional, quedándose con su porcentaje por mantener la estabilidad política y la opacidad financiera de la isla.
Esto representaría un trágico retorno modernizado a la Habana anterior a 1959. Antes de la revolución, los bancos, las corporaciones y las mafias estadounidenses utilizaban los bancos estatales de desarrollo cubanos (como el BANFAIC) y la enorme industria de los casinos para blanquear dinero y obtener beneficios de forma libre, mientras que los compinches de Batista se llevaban su parte como socios menores complacientes. La versión moderna de esta dinámica neocolonial simplemente sustituiría los casinos y las loterías bolita gestionados por la mafia por la transferencia estéril y digitalizada de capital offshore.
La tragedia cubana
La tragedia de este momento radica en la convergencia de la agresión imperial externa y la traición burocrática interna. Al utilizar como arma la catastrófica pérdida del petróleo venezolano para matar de hambre a la isla y bloquear deliberadamente las vías diplomáticas genuinas, Washington está ejerciendo la máxima presión.
Al mismo tiempo, a la élite militar cleptocrática dentro de GAESA, que posee miles de millones en activos, se le ofrece un paracaídas dorado: renunciar al proyecto socialista y conservar parte de la riqueza como los nuevos oligarcas capitalistas de la isla.
Despojada de su soberanía, Cuba está a punto de convertirse en un trofeo simbólico del dominio imperial y en un patio de recreo desregulado en el extranjero donde el capital global puede operar con absoluta impunidad. Para la clase trabajadora cubana, la victoria de la Doctrina Donroe sólo promete un amargo retorno a la sumisión del pasado, disfrazada con el lenguaje «neutral» de la transición al libre mercado.
Ilustración de portada de Shutterstock.
Voces del Mundo 