Vijay Prashad y Ubai al-Aboudi, CounterPunch.org, 27 febrero 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Vijay Prashad es un historiador y periodista indio. Es autor de cuarenta libros, entre los que se incluyen Washington Bullets, Red Star Over the Third World, The Darker Nations: A People’s History of the Third World, The Poorer Nations: A Possible History of the Global South y How the International Monetary Fund Suffocates Africa, escrito junto con Grieve Chelwa. Es director ejecutivo de Tricontinental: Institute for Social Research, corresponsal jefe de Globetrotter y editor jefe de LeftWord Books (Nueva Delhi).
Ubai al-Aboudi es director del Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo (Ramala, Palestina).
En enero de 2026, la organización israelí de derechos humanos B’Tselem publicó una sombría actualización de su anterior trabajo, titulado Living Hell: The Israeli Prison System as a Network of Torture Camps (Infierno en vida: el sistema penitenciario israelí como red de campos de tortura). Este informe documenta las terribles condiciones a las que se enfrentan los presos palestinos en las cárceles y centros de detención israelíes, revelando una brutalidad estructural que debe entenderse no como una injusticia aislada, sino como parte de un sistema más amplio de violencia y exclusión dirigido contra el pueblo palestino.
El informe Living Hell se basa en la publicación anterior de B’Tselem de 2024, Welcome to Hell (Bienvenidos al infierno), e incorpora cifras actualizadas y testimonios de 21 palestinos liberados en virtud de acuerdos de alto el fuego o en los meses anteriores. Estos relatos de primera mano, recopilados bajo la amenaza de nuevas detenciones e intimidaciones, subrayan que el trato que reciben los detenidos palestinos no es aleatorio ni fortuito, sino que forma parte de una política deshumanizadora que despoja a los presos de su dignidad, su salud y, con demasiada frecuencia, su vida.
En el centro del informe se halla una acusación devastadora: las prisiones y centros de detención israelíes se han transformado sistemáticamente en una red de campos de tortura. Según B’Tselem, estos espacios se caracterizan por maltrato físico y psicológico sostenido, hacinamiento extremo, hambre deliberada, denegación de atención médica y humillación de los reclusos. Dentro de este sistema, los hombres, mujeres y niños encarcelados sufren una violencia que traspasa los límites de la tortura tal y como la define el derecho internacional.
Las pruebas son desgarradoras. Entre octubre de 2023 y enero de 2026, B’Tselem identificó a 84 presos y detenidos palestinos que murieron bajo custodia —entre ellos un menor— en condiciones de negligencia y abuso crónicos. Las autoridades israelíes sólo han entregado cuatro de estos cadáveres a sus familias, reteniendo el resto, lo que agrava el sufrimiento de quienes ya están de luto.
Los abusos documentados son múltiples y sistemáticos: los presos describen palizas prolongadas, tormentos psicológicos, violencia sexual, denegación de higiene básica y alimentos y negativa a proporcionar tratamiento médico adecuado. En algunos casos, las denuncias incluyen agresiones sexuales con objetos y descargas eléctricas, además de palizas que causan lesiones permanentes. Estos relatos están corroborados por múltiples antiguos detenidos y coinciden con los testimonios recopilados por organizaciones internacionales, lo que sugiere patrones que van mucho más allá de la anécdota.
Lejos de ser actos de violencia incidentales por parte de guardias canallas, el informe indica que este trato está arraigado en las prácticas institucionales y sancionado, implícita o explícitamente, por los líderes políticos de Israel. El ministro de Seguridad Nacional israelí de extrema derecha, Itamar Ben-Gvir, que supervisa el sistema penitenciario, se ha jactado públicamente en ocasiones del trato brutal que reciben los presos palestinos, aunque el Servicio Penitenciario israelí niegue que se produzcan abusos sistemáticos.
Este patrón sistémico debe entenderse en el contexto político más amplio del ataque coordinado de Israel contra la vida palestina desde el 7 de octubre de 2023. La transformación de las prisiones en instrumentos de sufrimiento es paralela a las políticas de detención masiva, demolición de hogares palestinos y el genocidio en curso en Gaza. Los palestinos son detenidos en masa en sus hogares, campos de refugiados y ciudades de toda la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza; decenas de miles han sido detenidos bajo órdenes militares con escasa supervisión, garantías procesales o transparencia.
Esta violencia no comenzó en octubre de 2023, sino que se ha venido produciendo tanto antes como después de esa fecha. Las organizaciones palestinas de derechos humanos han documentado a lo largo de muchas décadas casos de tortura, violación y abusos que han sufrido los presos palestinos. Por ejemplo, el informe de Addameer titulado «I’ve been there. A study of torture and inhumane treatment at Al-Moscobiyeh interrogation center» (Yo he estado allí. Un estudio sobre la tortura y el trato inhumano en el centro de interrogatorios de Al-Moscobiyeh) contiene descripciones y testimonios espeluznantes sobre el uso sistemático de la tortura. Lo más revelador de ese informe es cómo el sistema judicial israelí ha protegido a los autores de estos horrores.
Lo que B’Tselem ha documentado en su informe de 2026 ha sido el aumento de la frecuencia de los abusos. Pero lo que B’Tselem omite fue que la tortura y la violación siempre han formado parte del sistema penitenciario israelí. Entre junio de 1967 y principios de octubre de 2023, 237 palestinos fueron asesinados en prisiones israelíes, lo que supone una media de cuatro presos al año. Esta cifra no incluye a los miles de palestinos que fueron detenidos, torturados y, en algunos casos, asesinados entre 1948 y 1967, de los que apenas existen registros.
La relación de los palestinos con las prisiones es tan antigua como el Mandato británico en Palestina. Se cantaban canciones sobre los prisioneros palestinos que se resistían al Mandato británico y a la limpieza étnica de Palestina, como la canción de 1930 «From Acre Prison» (Desde la prisión de Acre). La magnitud de los abusos a los que se enfrentaban los detenidos palestinos queda ilustrada en la historia que relata el jeque Hassan al-Labadi. El jeque Hassan era un renombrado erudito religioso en la Palestina bajo el Mandato, arrestado en 1939 por las autoridades británicas, encarcelado en la infame prisión de Acre y encontrado por miembros de su familia en una institución mental israelí en 1982. El jeque Hassan perdió toda su memoria debido a las condiciones extremas en que vivió, y murió poco después de ser liberado y reunirse con su familia. Las historias de palestinos que soportan años de confinamiento, tortura y abusos son demasiado comunes en el contexto carcelario israelí. Según estimaciones citadas por la Cruz Roja, desde 1967 se han producido más de 1,2 millones de casos de detenciones de palestinos por parte de las autoridades israelíes, lo que constituye alrededor del 20% de la población palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza.
Para comprender la violencia de este sistema es fundamental conocer el uso que se hace de la detención administrativa, una práctica por la que se mantiene a las personas recluidas indefinidamente sin cargos ni juicio. Según los datos de B’Tselem, miles de palestinos, muchos de ellos sin cargos formales, siguen encarcelados bajo este régimen. Este tipo de detención viola las normas fundamentales de justicia y debido proceso, dejando a los detenidos en una situación de incertidumbre, sin recurso legal ni claridad sobre los cargos que se les imputan.
Politicidio
Pero para comprender el alcance total de las políticas punitivas israelíes, debemos mirar más allá de las estadísticas agregadas y fijarnos en las personas cuya detención se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos palestinos. Marwan Barghuti es una de esas figuras, pero hay muchas otras.
Barghuti, un veterano líder palestino y figura clave en el panorama político de Fatah, lleva encarcelado en prisiones israelíes desde 2002. Condenado por un tribunal israelí por múltiples cargos relacionados con la violencia durante la Segunda Intifada —con pruebas controvertidas y fabricadas—, es ampliamente conocido como preso político tanto dentro de Palestina como a nivel internacional.
Durante décadas, el encarcelamiento de Barghuti ha sido un símbolo de la resistencia y la aspiración política palestina, incluida la unidad entre las facciones. Muchos lo ven como un posible líder unificador del movimiento nacional palestino. Su ausencia en un importante acuerdo de liberación de prisioneros —negociado durante las conversaciones de alto el fuego en 2025, en el que participaron casi 2.000 prisioneros palestinos— fue un claro recordatorio de su peso político y de la negativa de Israel a liberarlo.
Más preocupante que su continua detención son las condiciones documentadas que ha soportado mientras estaba dentro. Múltiples fuentes fiables informan de que Barghuti ha permanecido en régimen de aislamiento prolongado desde el inicio del genocidio de Gaza, sometido a palizas, humillaciones forzadas y otras formas de maltrato por parte de los funcionarios de la prisión. Estas acusaciones incluyen haber sido obligado a tirarse al suelo y haber sufrido una luxación de hombro, haber sido golpeado durante los traslados y haber soportado condiciones duras con atención médica limitada. Defensores de los derechos humanos en Israel y otros países han argumentado que estas condiciones equivalen a tortura y coacción psicológica.
El encarcelamiento y el asesinato funcionan como instrumentos paralelos dentro de la misma estrategia política: cuando el encarcelamiento logra neutralizar al liderazgo, silencia lentamente la resistencia; cuando fracasa, los asesinatos selectivos eliminan permanentemente a esas figuras del panorama político.
Israel detiene y asesina sistemáticamente a líderes políticos, líderes comunitarios, médicos, ingenieros, físicos (el caso de Imad Barghuthi es buen ejemplo de ello) e incluso a activistas estudiantiles como parte de su campaña de politicidio, o destrucción deliberada de la existencia política de un pueblo. El asesinato y la detención de líderes de grupos palestinos que están fuera de la Autoridad Palestina se ha convertido en algo habitual y ha debilitado los procesos políticos palestinos. La prisión es un lugar clave de castigo para la vida política palestina: se ha convertido en un medio para controlar la sociedad mediante la eliminación de figuras clave, la instauración del miedo y la fragmentación de las comunidades. De este modo, el sistema penitenciario funciona como parte de una estrategia más amplia para socavar la autodeterminación palestina y restringir la capacidad del pueblo palestino para mantener la organización política y la continuidad nacional.
Pero esta deshumanización sistemática no ha impedido que los palestinos se resistan a este sistema. Los académicos y líderes políticos palestinos encarcelados pudieron resistir centrándose en la educación y el trabajo académico. Desde finales de la década de 1960, cuando los palestinos solían escribir conferencias políticas utilizando huesos de pollo, cenizas y pequeños trozos de papel que encontraban en paquetes de cigarrillos, hasta las huelgas de hambre para exigir acceso a papel, bolígrafos, libros y educación, la experiencia palestina es verdaderamente única, ya que han convertido literalmente las prisiones en escuelas y universidades. La Universidad Al Quds puso en marcha en 2005 un programa que ofrecía a los presos palestinos títulos de grado y máster a través de un sistema educativo y de evaluación diseñado para garantizar la excelencia académica; hasta 2023, 800 presos palestinos pudieron graduarse en el programa.
El sufrimiento de los presos palestinos no debe considerarse de forma aislada. El encarcelamiento sirve a los objetivos políticos más amplios de Israel: suprimir el liderazgo político palestino, quebrantar el espíritu de resistencia y normalizar un régimen de control que se extiende desde las celdas de las prisiones hasta las comunidades de los territorios ocupados. La transformación de los centros de detención israelíes en lo que B’Tselem denomina acertadamente «campos de tortura» es un símbolo claro de cómo se puede utilizar la maquinaria del Estado para deshumanizar a toda una población.
Al reflexionar sobre el informe Living Hell, debemos insistir en que las instituciones internacionales, los gobiernos y los mecanismos de derechos humanos exijan responsabilidades a los responsables de los abusos sistemáticos. Los presos palestinos, ya sean figuras destacadas como Barghuti o civiles corrientes arrastrados por las oleadas de detenciones, merecen un trato humano, transparencia y protección jurídica. Poner fin a estas prácticas no es sólo una obligación legal, es un imperativo moral.
Living Hell nos obliga a afrontar la realidad de las prisiones israelíes, no como lugares aislados de justicia penal, sino como nodos clave de un sistema más amplio de opresión. Ignorar esta brutalidad es aceptar la normalización de la tortura y los tratos crueles en el mundo moderno. Es hora de que la comunidad internacional actúe con firmeza, de manera inequívoca y en solidaridad con los palestinos cuyas vidas se ven condicionadas dentro y fuera de los muros de las prisiones.
Foto de portada de Safiye Karabacak (Agencia Anadolu).
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