Melvyn Ingleby y Hazar Yazji, Al-Jumhuriya English, 9 marzo 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Melvyn Ingleby es un periodista que reside en Estambul. Ha sido corresponsal de plantilla para varios periódicos holandeses durante ocho años y actualmente está trabajando en un libro sobre las consecuencias de las atrocidades del antiguo régimen sirio.
Hazar Yazji es una periodista y cineasta independiente afincada en Damasco.
En el primer aniversario de la caída de Asad, hubo fuegos artificiales en la Plaza de los Omeyas. Parapentistas surcaron el cielo. Un desfile militar exhibió el poder del nuevo Estado y, por supuesto, sonó la misma vieja melodía revolucionaria, a todo volumen a través de enormes equipos de música, que instaban a los sirios a mantener la frente bien alta.
Sin embargo, no hubo un minuto de silencio, ni un momento para que la gente inclinara la cabeza en reconocimiento a los cientos de miles que murieron o desaparecieron. Ni una oportunidad para el duelo colectivo, para hacer público el sufrimiento privado, para sentirse vulnerable en medio de la multitud.
Precisamente por eso, muchas familias de los desaparecidos a la fuerza no acudieron a la plaza ese día. Aunque tenían motivos de sobra para celebrar la caída del dictador que destruyó sus vidas, muchos temían sentirse solos, como un año antes, cuando buscaban desesperadamente alguna señal de vida de sus seres queridos entre la multitud que celebraba a su alrededor.
Esta soledad es paradójica: al fin y al cabo, la desaparición forzada está omnipresente en Siria. En casi cada esquina, hay alguien que tiene un familiar o amigo que desapareció sin dejar rastro y nunca regresó. Se estima que más de 180.000 personas han desaparecido forzosamente desde 2011, y hasta 300.000 desde 1970.
Sin embargo, su destino ha quedado eclipsado por la vorágine de acontecimientos desde la liberación. Los titulares en Siria se centran hoy en las ofensivas militares internas y en las maniobras diplomáticas en el extranjero, mientras que la mayoría de los sirios se preocupan por cómo pagarán el alquiler este mes. Los problemas del presente son tan numerosos y urgentes que a veces parece que no hay tiempo para mirar atrás.
Sin embargo, mirar hacia atrás es fundamental para afrontar el trauma colectivo que dejó más de medio siglo de brutal dictadura. Garantizar la verdad y la justicia para las familias de los desaparecidos forzosamente no es un acto de caridad: es la única manera de empezar a sanar una herida abierta que, de no ser atendida, seguirá atormentando no sólo a las familias, sino a la sociedad siria en su conjunto.
Una búsqueda que durará décadas
¿Qué se está haciendo por las familias de los desaparecidos forzosamente? ¿Cuáles son los logros concretos hasta ahora? ¿Y qué podemos esperar del futuro?
Al Jumhuriya ha dedicado dos meses a entrevistar a más de dos docenas de fuentes para encontrar respuestas. Hablamos con familiares de los desaparecidos forzosamente, asociaciones de familiares, el jefe y otros miembros de la Comisión Nacional para Personas Desaparecidas en Damasco y fuentes familiarizadas con el trabajo de tres de las principales organizaciones internacionales que se ocupan de este tema: la Institución Independiente de las Naciones Unidas sobre Personas Desaparecidas en Siria (IIMP, por sus siglas en inglés), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Comisión Internacional para Personas Desaparecidas (ICMP, por sus siglas en inglés).
Hay algo en lo que todos los expertos coinciden: la búsqueda de los desaparecidos forzosamente en Siria no durará años, sino décadas. En Argentina, la búsqueda de las aproximadamente 30.000 personas desaparecidas forzosamente bajo la Junta Militar entre 1976 y 1983 continúa hasta el día de hoy, más de cuarenta años después. En Bosnia-Herzegovina, transcurrieron diez años tras el fin de la guerra de Bosnia en 1995 para establecer una comisión nacional encargada de la búsqueda de los desaparecidos.
En este contexto, el hecho de que la Comisión Nacional para Personas Desaparecidas de Siria se estableciera el pasado mes de mayo —tan sólo seis meses después de la liberación— resulta algo tranquilizador. Que haya logrado tan poco desde entonces tampoco sorprende.
«He visto esto muchas veces», afirmó Luis Fondebrider, antropólogo forense argentino con cuarenta años de experiencia en más de sesenta países. «Normalmente se necesita un año o un año y medio —como mínimo— solo para poner en marcha una comisión nacional». Según él y muchos otros expertos, es demasiado pronto para juzgar los logros de la comisión.
Sin embargo, es posible —e importante— evaluar qué problemas han surgido ya que podrían obstaculizar el progreso futuro. Según nuestras conversaciones, destacan tres cuestiones clave.
La primera es la falta de transparencia e inclusión. Las familias de los desaparecidos forzosamente afirman sentirse cada vez más marginadas tanto por la Comisión Nacional como por la organización de la ONU, la IIMP. Esto es problemático no sólo porque son las familias quienes deberían beneficiarse de estas instituciones, sino también porque puede conllevar una enorme pérdida de recursos humanos. Al fin y al cabo, si hay alguien que tiene la perseverancia para dedicarse a este caso durante décadas, son las familias.
«Hay muchos jóvenes dispuestos a colaborar como voluntarios: ¡trabajen con ellos!», dijo Maryam Hasan, una palestina cuyo esposo, Yunes al-Muqbil, y su hijo, Mohammed, desaparecieron forzosamente en un puesto de control del régimen junto al campamento de Yarmuk en septiembre de 2013. «Entendemos que este trabajo llevará mucho tiempo, pero queremos que la Comisión sea transparente con nosotros sobre nuestra situación. De momento, ni siquiera se ponen en contacto con nosotros, lo que genera mucha desesperación. La gente dice: ¿para qué? A nadie le importamos».
El segundo problema es el dinero. Si bien la Comisión tiene muchos planes, existe una grave escasez de recursos. Sin embargo, los países donantes suelen estar dispuestos a financiar organizaciones internacionales, mientras que el presupuesto de Siria es muy limitado. Además, mientras el papel de la Comisión no esté claramente consagrado en la ley (fue establecida por decreto presidencial), asegurar una financiación estable seguirá siendo difícil.
El tercer problema se refiere al papel de las organizaciones internacionales. Aunque estas cuentan con muchos más recursos financieros que la Comisión, nuestras entrevistas indican que gran parte de este dinero podría estar desperdiciándose. El organismo de la ONU, la IIMP, por ejemplo, tiene un desempeño muy deficiente y apenas puede operar en Siria, mientras que la ICMP ha sido acusada de influir en la Comisión para promover sus propios intereses (ambas instituciones rechazan estas acusaciones). Si bien estas dos organizaciones y la Cruz Roja firmaron una «declaración conjunta de principios de cooperación» con la Comisión, en la práctica persiste mucha desconfianza y competencia entre los diversos actores.
Una Comisión Nacional en medio del caos administrativo
El Dr. Mohammed Reda Jalkhi siente la presión que recae sobre sus hombros. No hace mucho, todavía era profesor en la Universidad de Idlib. Desde mayo pasado, como líder de la Comisión Nacional, ha tenido que lidiar con las expectativas y frustraciones de millones de personas. «No es un trabajo fácil», dijo el académico desde una habitación del Ministerio de Asuntos Exteriores que le servía como espacio de trabajo temporal. «Pero nunca podremos culpar a las familias por su enojo».
Durante las varias horas que hablamos con Jalkhi en esta y otras ocasiones, quedó claro que le importa profundamente su tarea. Si bien su Comisión suele ser criticada por operar de manera poco transparente y por su falta de experiencia en el manejo del caso de desaparición forzada, varias fuentes del sector elogiaron a Jalkhi como persona, calificándolo de íntegro, inteligente y agradable para trabajar con él. También se dice que mantiene estrechas relaciones con los altos cargos del gobierno actual, lo que debería facilitar la consecución de objetivos.
Sin embargo, cuando Jalkhi nos recibió en diciembre pasado, su Comisión aún no tenía oficina propia. «Estará lista en dos semanas», dijo entonces. Sin embargo, cuando solicitamos una entrevista de seguimiento a mediados de enero, la oficina aún no había empezado a funcionar.
El principal dilema de Jalkhi, según explicó, es encontrar el equilibrio adecuado entre rapidez y cautela. Si bien existe mucha presión para obtener resultados rápidos, insistió en que la Comisión no puede simplemente publicar nombres de certificados de defunción encontrados en los archivos del régimen, como han hecho algunos sitios web de noticias o aplicaciones, como Fatih 115. «Algunos de estos documentos contienen errores», insistió Jalkhi. «Incluso hemos encontrado certificados de defunción de personas que aún viven».
Otro desafío es el caos en torno a la preservación y organización de los archivos de Asad. Durante la liberación, muchos documentos fueron robados o destruidos, y el material que las autoridades salvaron terminó en manos de diversos individuos y ministerios. La coordinación entre estos actores y la Comisión parece haber sido deficiente.
Un ejemplo de ello es el llamado «Expediente Damasco», nombre que los periodistas dieron a un conjunto de datos filtrados que incluía 33.000 fotografías de detenidos asesinados. El abogado de derechos humanos Anwar al-Bunni, con sede en Berlín, nos dijo que fue él quien entregó el material a los periodistas y que la misma fuente que se lo proporcionó también entregó los datos a un alto funcionario del nuevo gobierno.
Jalkhi, sin embargo, nos dijo que este funcionario no se había puesto en contacto con él en relación con los datos. Un día después de la publicación de la investigación del Dossier de Damasco, su Comisión emitió un comunicado en el que afirmaba no haber recibido «ningún archivo adicional relacionado con lo que ha estado circulando recientemente en los medios». Al preguntársele a principios de febrero si esto seguía siendo así y qué había hecho la Comisión desde entonces para obtener el material, un portavoz de la Comisión se negó a hacer comentarios y remitió al comunicado anterior.
Anwar al-Bunni tampoco parecía muy dispuesto a ayudar a la Comisión. Aunque el abogado de derechos humanos afirmó haber recibido los archivos en enero del año pasado, Jalkhi dijo que la organización de al-Bunni sólo se ofreció a compartir el material con él después de que los periodistas ya hubieran publicado sus artículos. Incluso entonces, nos dijo al-Bunni, finalmente desistió porque no quería molestarse en seguir los protocolos que le había enviado la Comisión. «Nos enviaron un correo electrónico de diez páginas sobre cómo transferir los documentos», dijo. «Les dije que tal vez simplemente se los dejaría ante su puerta».
Según Jalkhi, el Ministerio de Justicia compartió recientemente con la Comisión una gran cantidad de archivos, que incluyen decenas de miles de certificados de defunción y órdenes de ejecución. Es muy probable que este material coincida, al menos en parte, con el contenido del «Expediente Damasco».
La Comisión está estudiando estos archivos para detectar posibles errores, explicó Jalkhi. Una vez finalizado este estudio, las familias cuyos parientes aparecen en los archivos recibirán los resultados durante las visitas domiciliarias de la Comisión. «Enfatizaremos que estas son sólo respuestas preliminares y no definitivas», afirmó Jalkhi, quien añadió que las familias tendrán dos opciones: si consideran suficiente la información de los documentos, se les entregará un certificado de defunción. Si desean mayores certezas, será necesaria una búsqueda de restos humanos.
Sin embargo, dicha búsqueda llevará décadas y no puede comenzar todavía. Según Jalkhi, las fosas comunes deben permanecer cerradas y protegidas al menos hasta 2027, ya que primero se requieren grandes inversiones en especialistas forenses y laboratorios de ADN.
Al mismo tiempo, Jalkhi afirmó que desea invertir en el desarrollo de su institución mediante la contratación de personal y la creación de oficinas regionales. Además, planea emitir tarjetas especiales para las familias de las personas desaparecidas por la fuerza que les permitan sortear obstáculos legales y acceder a apoyo socioeconómico y psicológico.
En medio de todos estos planes, falta un elemento crucial: un presupuesto. Hasta el momento, Jalkhi sólo ha recibido fondos de emergencia muy modestos y declaró que actualmente está en conversaciones con el gobierno para negociar un presupuesto real para este año. No quiso revelar una cifra exacta, pero es improbable que supere unos pocos millones de dólares, una cantidad muy inferior al presupuesto de comisiones similares en otros países con un número mucho menor de personas desaparecidas por la fuerza.
La Institución Independiente de las Naciones Unidas sobre Personas Desaparecidas en Siria (IIMP): Bien financiada, pero con un rendimiento deficiente
Organizaciones internacionales que se ocupan de las desapariciones forzadas en Siria disponen de fondos mucho mayores. Por ejemplo, la IIMP, con sede en Ginebra, tenía un presupuesto ordinario aprobado de alrededor de 11 millones de dólares en 2025 (aunque, finalmente, sólo se le asignaron 8 millones de dólares debido a las dificultades financieras actuales de la ONU). Según información pública de la ONU, el 72% de este dinero (alrededor de 8 millones de dólares) se destinó exclusivamente a los salarios del personal del IIMP, un porcentaje elevado incluso para las organizaciones internacionales.
A pesar de contar con recursos con los que Jalkhi sólo puede soñar, conversaciones con más de media docena de fuentes indican que la IIMP tiene un desempeño muy deficiente.
La IIMP se estableció en junio de 2023 tras años de campaña por parte de asociaciones de familias de la diáspora siria. Cuando abrió su oficina en Ginebra al año siguiente, estas asociaciones ayudaron a crear la institución y definir su estrategia. En resumen, la IIMP debía ser una organización de familias y para familias.
Sin embargo, mucho ha cambiado desde que la funcionaria mexicana Karla Quintana asumió la dirección de la IIMP en enero de 2025. Quintana había sido directora de la Comisión Nacional de Búsqueda de México desde 2019 hasta su renuncia en 2023. Según informes de los medios mexicanos, las asociaciones de familias en México celebraron su salida.
Como directora de la IIMP, se dice que Quintana dirige la organización de manera poco transparente y excesivamente controladora, lo que coincide con las críticas expresadas en los medios mexicanos. Las asociaciones de familias sirias afirman que su otrora activo papel en la toma de decisiones ha disminuido bajo el mandato de Quintana, quien supuestamente desconoce la situación de Siria y ha contratado a varios empleados mexicanos desde que asumió el cargo. A día de hoy, sólo 4 de los 35 empleados están registrados como sirios, aunque un portavoz señaló que la mayoría tiene un buen dominio del árabe.
Quintana no accedió a conceder una entrevista y remitió las preguntas a su portavoz. Este último no se pronunció específicamente sobre las críticas a su gestión, pero señaló que «las familias son el eje central del trabajo de la IIMP» e indicó que la organización organizó el mes pasado su diálogo en profundidad más reciente con 27 representantes de la sociedad civil siria. Sin embargo, varios asistentes a este evento afirmaron que la participación de las familias se está reduciendo gradualmente a una mera fachada, y señalaron que figuras destacadas de la sociedad civil que habían asistido a reuniones similares en el pasado declinaron acudir en esta ocasión.
Además de estos problemas internos, la IIMP se enfrenta a un enorme obstáculo externo: el gobierno sirio aún no ha aprobado su traslado a Damasco. Existen varias razones para ello. En general, los gobernantes actuales de Siria (y, más aún, su población) desconfían profundamente de la ONU debido a su rotundo fracaso en Siria y al hecho de que los fondos de la ONU fueron a parar a los bolsillos del régimen de Asad. Más concretamente, la Comisión Nacional parece recelosa de que la IIMP pueda captar personal local cualificado con altos salarios de la ONU e involucrarse en asuntos que la Comisión prefiere supervisar directamente. Jalkhi, por ejemplo, afirmó haber solicitado a la IIMP que dejara de registrar casos de desaparición forzada, una de las pocas actividades concretas que la IIMP aún realizaba.
La IIMP declaró no haber recibido respuesta negativa a su solicitud de abrir una oficina en Siria y prefirió no hacer más comentarios. El portavoz indicó que los equipos de la IIMP viajan continuamente a Siria para profundizar la cooperación con las partes interesadas pertinentes y afirmó que la institución es capaz de llevar a cabo sus actividades principales. Al preguntársele cuál fue su principal logro el año pasado, se refirió a la firma de una declaración con la Comisión y otros socios en noviembre pasado.
Aunque parece haber habido una ligera mejoría en las relaciones con el gobierno en los últimos meses, es evidente que la IIMP está lejos de poder cumplir su mandato. Sin cambios en la gestión interna y la posibilidad de tener una presencia permanente en Siria, existe el riesgo de que la institución se vuelva gradualmente irrelevante o incluso sea abolida. Esto no sólo representaría una enorme pérdida de recursos invertidos y experiencia acumulada, sino que también privaría a las familias de una institución que muchos consideran una garantía en caso de que Siria se vea sumida nuevamente en un conflicto o la Comisión Nacional tenga un desempeño deficiente.
Los límites del apoyo internacional
Una organización que sí tiene una presencia significativa sobre el terreno es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En 2024, este gigante humanitario gastó 135 millones de dólares en sus operaciones en Siria (aún no se dispone de las cifras para 2025). Si bien la gran mayoría de este dinero se destina a ayuda de emergencia y servicios esenciales, el CICR también apoya la búsqueda de desaparecidos forzosamente en Siria y es uno de los actores con mayor experiencia en este campo a nivel mundial.
Un portavoz del CICR, sin embargo, afirmó que sería imposible concertar una entrevista con un experto en casos de personas desaparecidas. Si bien accedió a responder preguntas por escrito, al preguntársele sobre el presupuesto destinado a este tema, declaró que «el CICR no divulga públicamente las asignaciones presupuestarias para áreas temáticas específicas».
Al preguntársele sobre las actividades concretas que realiza el CICR en este ámbito, el portavoz indicó que lleva a cabo entrevistas con familiares sobre sus parientes, centraliza la información de estas entrevistas, organiza sesiones de capacitación sobre «pérdidas ambiguas», capacita a expertos forenses sirios y ayuda a establecer un laboratorio de ADN. El CICR también ha colaborado con la Comisión Nacional desde su creación, pero el portavoz no dio detalles sobre su relación, limitándose a decir que «el diálogo que el CICR mantiene con la Comisión Nacional sigue siendo bilateral y confidencial».
La única organización internacional que accedió a conceder una entrevista para este artículo fue la ICMP (Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas). Fundada en 1996 tras la guerra de Bosnia y con sede en La Haya, la ICMP opera en numerosos países y recibió alrededor de 19 millones de dólares en contribuciones de donantes en 2024. Si bien la mayor parte de este dinero se destina a Ucrania, el programa y el presupuesto de la ICMP para el periodo 2025-2030 indican que su programa para Siria requerirá 3,8 millones de dólares en 2026.
Según la directora general de la ICMP, Kathryne Bomberger, la principal prioridad en Siria es fortalecer la capacidad de la Comisión Nacional. Esto requiere no sólo la contratación de más personal, sino también la elaboración de legislación para definir el mandato de la Comisión, asegurar su presupuesto y establecer normas sobre protección de datos. Bomberger comentó que ya participó en sesiones de intercambio de ideas con la Comisión y varios ministerios el otoño pasado, y se ha ofrecido a colaborar en la creación de un comité de redacción para elaborar la legislación. Además, indicó que la ICMP está dispuesta a compartir los datos recopilados sobre 30.000 personas desaparecidas y a proporcionar a la Comisión un sistema especial de gestión de bases de datos en árabe. «Nuestro sistema está listo para funcionar», afirmó. «Iraq lo está utilizando, Ucrania lo está utilizando, Libia está a punto de usarlo».
Es evidente que la ICMP ha invertido en sus relaciones con la Comisión. Se dice que Mazin Al Balkhi, director de su programa para Siria, tiene un acceso privilegiado a Jalkhi, y su organización organizó diversas reuniones y viajes para la Comisión. En noviembre pasado, recibió a Jalkhi en La Haya, donde firmó un Memorando de Entendimiento con la ICMP. Un mes antes, facilitó una visita a Bosnia y Herzegovina para que Jalkhi y su equipo pudieran aprender de la experiencia en la búsqueda de los desaparecidos en los Balcanes Occidentales, más del 70% de los cuales fueron identificados con la ayuda del ICMP y sus renombrados laboratorios de ADN en La Haya.
Pero estos viajes no están exentos de intereses propios. Según cinco fuentes —dos diplomáticos y tres expertos en desaparición forzada—, la ICMP tiene fama de establecer redes de contactos eficaces con los gobiernos para posteriormente promocionar su propia experiencia y sus laboratorios de ADN.
«La ICMP es experta en comercialización», afirmó Luis Fondebrider, el antropólogo forense argentino con cuarenta años de experiencia. «Dicen que son los únicos con la capacidad de realizar investigaciones de ADN en casos como este, lo cual simplemente no es cierto. Pero, en mi opinión, es una oportunidad de negocio. Una prueba de ADN nuclear en un sólo hueso cuesta alrededor de 500 dólares, y si se utiliza ADN mitocondrial, cuesta 1.500 dólares por hueso».
Según Fondebrider, el éxito del enfoque de la ICMP en la identificación de ADN en los Balcanes Occidentales se logró en un contexto muy atípico y, por lo tanto, no es fácilmente exportable. En Srebrenica, por ejemplo, 8.000 personas fueron asesinadas en un área relativamente pequeña y en un corto período de tiempo. Esto hace que la identificación de ADN sea mucho más factible, porque se puede tener una idea de quién y dónde puede estar enterrado.
El caso sirio es totalmente diferente, insistió Fondebrider. El país está plagado de fosas comunes, muchas de las cuales permanecen sin descubrir, y el período durante el cual cientos de miles de personas desaparecieron forzosamente abarca varias décadas. En este contexto, el primer paso es encontrar pistas sobre el paradero de las personas mediante la investigación de archivos y entrevistas con familiares y perpetradores.
«El ADN no hace milagros», afirmó Fondebrider. «No se trata sólo de recolectar muestras. Lo que es mucho más difícil es encontrar el vínculo entre una persona en los archivos y el lugar donde podría estar enterrada».
Katheryne Bomberger rechazó las críticas a su organización. «No tenemos ningún interés personal en esto», declaró. «Queremos ayudar a Siria junto con otras instituciones asociadas y, casualmente, contamos con un laboratorio de ADN aquí que creemos que puede ayudar a Siria, si así lo deciden los sirios».
Bomberger también insistió en que el enfoque del ICMP es «multifacético» y señaló que no mencionó los laboratorios de ADN durante la entrevista, lo cual es correcto. En su opinión, las críticas reflejan el alto nivel de competencia en este sector en un momento de importantes recortes en la financiación humanitaria a nivel mundial. «Hay pocos donantes y todos competimos por su apoyo».
«Somos como brasas ardientes»
En esa carrera por la financiación, la Comisión Nacional tiene mucho terreno que recuperar. Si bien Jalkhi afirmó que el Reino Unido y Alemania se han puesto en contacto con él recientemente para analizar la posibilidad de brindar apoyo directo a la Comisión, los fondos de los países donantes suelen destinarse principalmente a organizaciones internacionales.
Esto refleja un problema más profundo en todo el sector humanitario. Particularmente en el mundo árabe, los gobiernos occidentales suelen ser reacios a proporcionar financiación directamente a los actores locales por temor a una reacción política adversa de sus electores, quienes a menudo tienen una visión negativa de la región. Por lo tanto, su estrategia habitual es canalizar el apoyo a través de organismos de la ONU y otras organizaciones internacionales, incluso cuando estas no son tan eficaces como las organizaciones locales. El año pasado, por ejemplo, a pesar de su bajo rendimiento, la IIMP recibió 1,2 millones de dólares en contribuciones voluntarias de Alemania y Luxemburgo, además de su presupuesto ordinario, y según el portavoz, otro país se comprometió a realizar una contribución adicional en diciembre pasado.
Para Jalkhi, esta arraigada costumbre de los países donantes resulta sumamente frustrante, sobre todo porque, al igual que muchos otros en el sector, observa que gran parte de la financiación de las organizaciones internacionales se destina a gastos generales, consultores, talleres y otros costos. «Esta financiación pertenece a las familias», afirmó Jalkhi. «Por eso decidí no participar en ningún taller ni actividad similar si las familias no pueden beneficiarse de ella».
Al preguntársele por qué la IIMP aún no ha podido trasladarse a Damasco, Jalkhi no dio una respuesta concreta, pero indicó que se han intensificado las conversaciones. Con respecto a la ICMP, afirmó estar en conversaciones con ellos para obtener su apoyo en la adquisición del personal y el equipo necesarios para los laboratorios, pero insistió en que las pruebas de ADN se realizarán a nivel nacional. «No permitiremos que las muestras de ADN salgan de Siria».
En general, la postura de Jalkhi sobre la relación entre la Comisión y los actores internacionales es clara. Siria necesita la ayuda de todos, afirmó, pero la Comisión debe definir la estrategia y es responsable de la implementación de los proyectos sobre el terreno. «Este año será una verdadera prueba para que las instituciones internacionales colaboren de forma productiva con nosotros», afirmó. «Necesitamos implementar proyectos sobre el terreno en lugar de asistir a talleres».
Sin embargo, la Comisión también tiene muchas pruebas que superar. Si quiere atraer más financiación internacional, tendrá que demostrar que opera según estándares estrictos. Sobre todo, los países donantes querrán ver que la Comisión es totalmente imparcial y busca a todos los desaparecidos forzosos, incluidos aquellos que fueron secuestrados tras la caída de Asad o por actores que eran o son cercanos al gobierno actual.
El propio Jalkhi insistió en que se adhiere a estos principios. «Esta Comisión es para todos los sirios, con independencia del gobierno», declaró. «Si alguna vez oyen que he dimitido, significa que el gobierno intentó interferir en mi trabajo».
Aunque fuentes del sector afirmaron que Jalkhi parece estar comprometido personalmente con la imparcialidad, se mostraron mucho más escépticas respecto al historial del gobierno en este sentido. Esto hace aún más importante, dijeron, que el mandato de la Comisión no se establezca simplemente por decreto presidencial, sino que quede consagrado en la ley lo antes posible.
Además, el compromiso del gobierno con los desaparecidos forzosamente está intrínsecamente ligado a su compromiso con la justicia transicional. Sin embargo, en este aspecto también resulta cuestionable su trayectoria. Si bien el ministro de Justicia afirmó en una reciente entrevista televisiva que en 2026 se producirían avances significativos en este ámbito, hasta el momento no se han celebrado juicios públicos relevantes contra altos funcionarios del antiguo régimen.
Por el contrario, el nuevo gobierno ha sellado decenas de acuerdos con los allegados y secuaces de Asad, como se documentó recientemente en un extenso informe elaborado por los académicos Ali Aljasem, de la Universidad de Utrecht, y Reinoud Leenders, del King’s College de Londres. Quizás lo más controvertido sea que su Comité para la Paz Civil incluso decidió colaborar con Fadi Saqr, cuyas Fuerzas de Defensa Nacional (FDN) fueron responsables de innumerables casos de desaparición forzada y otros crímenes de guerra.
Mientras persistan estas flagrantes afrentas a la justicia, a las familias les resultará difícil confiar en la Comisión de Jalkhi. Aunque los expedientes de los desaparecidos forzosos y los de justicia transicional son gestionados por dos comisiones distintas, para las familias, estos expedientes forman parte de una misma causa.
«Nuestra prioridad absoluta ahora es la justicia», declaró Maryam Hasan, cuyo hijo y esposo desaparecieron forzosamente en un puesto de control a las afueras del campo de Yarmuk. «Podemos esperar a que el gobierno revele el destino final de nuestros seres queridos, pero la justicia no puede esperar. Sólo encontraremos paz interior si vemos a los criminales castigados, y esa paz se reflejará en toda la sociedad».
Si el gobierno retrasa la justicia, advierte Hasan, «será como echar leña al fuego». Muchas de las familias de los desaparecidos forzosamente, advirtió, podrían recurrir a la venganza, una dinámica que puede sumir al país en un nuevo ciclo de violencia. «Somos como brasas ardientes», dijo Hassan. «Podemos mantenernos a raya un tiempo, pero si nos dejan solos y nos ignoran, el fuego acabará propagándose hasta que nadie pueda apagarlo».
Por supuesto, todo el mundo sabe que no se deben dejar brasas calientes tiradas. Pero algunos lo olvidan. El mayor temor de Hasan no es tanto que a los sirios no les importe la justicia, sino que, con el tiempo, esta causa quede eclipsada por la vorágine de los acontecimientos actuales hasta convertirse en una mera molestia, algo fuera de lugar, cuando se le pide a la nación que celebre y mire hacia el futuro.
Para Hasan, que se encontraba entre los familiares de los desaparecidos forzosos que decidieron no ir a la Plaza de los Omeyas el pasado 8 de diciembre, ese momento a veces ya se siente más cercano de lo que quiere creer.
Voces del Mundo 