Sondos Asem, Middle East Eye, 24 marzo 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Sondos Asem es periodista y editora de noticias en Middle East Eye-Londres. Es especialista en derecho internacional, derechos humanos y políticas públicas en Oriente Medio y el Norte de África. Cuenta con un máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos (2024) y otro en Políticas Públicas (2015) por la Universidad de Oxford. Tiene más de 20 años de experiencia en periodismo, edición, derechos humanos y traducción.
La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, ha instado a la Corte Penal Internacional (CPI) a que dicte órdenes de detención contra tres ministros israelíes de alto rango a quienes acusa de ser responsables de «tortura sistemática» constituyente de genocidio.
En un nuevo informe presentado el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese señala al ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir; al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y al ministro de Defensa, Israel Katz, como las principales figuras políticas implicadas en la elaboración de las políticas que han permitido y siguen permitiendo la tortura a palestinos tras el 7 de octubre de 2023.
El año pasado, Middle East Eye informó de que el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, había preparado solicitudes de órdenes de detención contra Ben Gvir y Smotrich por cargos de apartheid antes de ausentarse en mayo. Sin embargo, las órdenes aún no han sido presentadas por los fiscales adjuntos, que se encargan de la oficina de Khan en su ausencia, debido a la amenaza constante de sanciones estadounidenses.
«Aunque la deshumanización de los palestinos es anterior a los nombramientos de Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich e Israel Katz en el Gobierno, estos políticos presiden ahora y marcan la dirección política de las políticas que subyacen en las conclusiones del presente informe», afirma Albanese en su informe.
«Cualquier búsqueda creíble de justicia debe abordar la tortura no como un delito aislado, sino como un pilar fundamental de un proyecto genocida destinado a la eliminación total —destrucción física y psicológica, desplazamiento y sustitución— del pueblo palestino».
El informe de Albanese afirma que tanto las prácticas de custodia dentro de las prisiones y los centros de detención como las condiciones más generales impuestas a los palestinos desde el ataque liderado por Hamás en octubre de 2023 constituyen formas de tortura según el derecho internacional.
El informe concluye que estos actos alcanzan el umbral legal para el genocidio, en particular en virtud de las disposiciones relativas a la imposición de daños físicos o mentales graves a un grupo protegido.
«La muerte como arma»
El informe añade que las autoridades israelíes han creado un «entorno de tortura» en todos los territorios ocupados.
Esto va más allá de los centros de detención e incluye el desplazamiento generalizado, la destrucción de infraestructuras, la denegación de ayuda humanitaria y la vigilancia generalizada. El impacto acumulativo de estas medidas, sostiene el informe, provoca un grave sufrimiento físico y psicológico en toda la población palestina.
Miles de palestinos han sido detenidos desde octubre de 2023, muchos de ellos sin cargos y otros sometidos a desapariciones forzadas.
Entre octubre de 2023 y febrero de 2026, 18.500 personas fueron detenidas, entre ellas al menos 1.500 niños. Alrededor de 9.000 palestinos permanecen detenidos en Israel, a menudo sin cargos ni juicio, mientras que 4.000 han sido víctimas de desapariciones forzadas y siguen en paradero desconocido, según el informe.
Entre las condiciones descritas durante la detención figuran palizas brutales, fracturas óseas, el uso prolongado de esposas y vendajes en los ojos, privación de alimentos, privación del sueño y denegación de atención médica. El informe también hace referencia a políticas generalizadas de violencia sexual, incluida la violación, contra niños, mujeres y hombres.
El informe de Albanese añade que Israel es responsable de un fuerte aumento de las muertes de palestinos detenidos desde octubre de 2023. Estima que entre 84 y 94 detenidos han fallecido bajo custodia, y señala que la cifra real podría ser mayor debido a la falta de transparencia, las desapariciones forzadas y la negativa de Israel a revelar información sobre el paradero o la identidad de los detenidos.
El informe también afirma que, en algunos casos, las autoridades han retenido los cadáveres, «utilizando la muerte como arma para prolongar el sufrimiento de las familias».
«Estas prácticas están diseñadas para infligir daño y anular de una vez por todas el derecho palestino a la autodeterminación, erosionando la posibilidad de continuidad política, cultural y territorial», concluye el informe.
«No cabe duda de que esto constituye tanto la imposición de graves daños físicos y mentales, según el artículo II (b) de la Convención sobre el Genocidio, como una forma de tortura colectiva intencionada».
Albanese fue sancionada en julio por Estados Unidos en relación con su labor de investigación del genocidio en Gaza y su colaboración con la CPI como parte de su mandato. Las sanciones le impidieron de hecho viajar a Estados Unidos y congelaron sus activos en ese país.
Albanese declaró a MEE que las sanciones también la han aislado del sistema financiero mundial, impidiéndole, entre otras cosas, realizar transacciones cotidianas normales.
El mes pasado, su familia demandó a la Administración Trump por las sanciones.
Como parte de su mandato, Albanese ha publicado tres informes desde octubre de 2023 en los que califica la guerra de Israel contra Gaza de genocidio y denuncia los sistemas económicos y políticos mundiales que la han respaldado.
Foto de portada: Francesca Albanese presenta su último informe ante los delegados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el 23 de marzo de 2026. (Fabrice Cofrini/AFP)
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