William D. Hartung, TomDispatch.com, 7 julio 2022
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
William D. Hartung, colaborador habitual de TomDispatch, es investigador principal del Quincy Institute for Responsible Statecraft, y autor, recientemente, de «Pathways to Pentagon Spending Reductions: Removing the Obstacles«.
El pasado mes de marzo, cuando la administración Biden presentó una asombrosa propuesta de 813.000 millones de dólares para «defensa nacional», era difícil imaginar un presupuesto que pudiera ser significativamente mayor o más generoso con los habitantes del complejo militar-industrial. Después de todo, esa solicitud representaba mucho más que el gasto máximo de los años de la Guerra de Corea o de Vietnam, y más de 100.000 millones de dólares más que en el momento álgido de la Guerra Fría.
Era, de hecho, una cifra asombrosa por donde se la mire: más de dos veces y media lo que gasta China; más, de hecho, que (¡agárrense el sombrero!) los presupuestos de seguridad nacional de los siguientes nueve países, incluyendo China y Rusia, juntos. Y, sin embargo, la industria armamentística y los halcones del Congreso exigen ahora que se gaste aún más.
En las recientes propuestas de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que siempre marcan lo que el Congreso está dispuesto a entregar al Pentágono, los Comités de Servicios Armados del Senado y de la Cámara de Representantes votaron a favor, una vez más, de aumentar el presupuesto de 2023 en 45.000 millones de dólares en el caso del Senado y en 37.000 millones en el de la Cámara. La cifra final no se determinará hasta finales de este año, pero es probable que el Congreso añada decenas de miles de millones de dólares más de lo que incluso la administración Biden quería a lo que muy probablemente será un récord para el ya abultado presupuesto del Pentágono.
Este afán por gastar aún más en armamento es especialmente desatinado en un momento en el que una pandemia interminable, las crecientes olas de calor y otras depredaciones del cambio climático y la injusticia racial y económica están devastando la vida de millones de estadounidenses. No nos equivoquemos: los mayores riesgos para nuestra seguridad y nuestro futuro no son de naturaleza militar, con la excepción, por supuesto, de la amenaza de una guerra nuclear, que podría aumentar si el presupuesto actual sigue adelante como está previsto.
Pero como saben los lectores de TomDispatch, el Pentágono es solo un elemento de un Estado de seguridad nacional estadounidense cada vez más costoso. Si se añaden otros gastos militares, de inteligencia y de seguridad interna al presupuesto del Pentágono, el total del próximo presupuesto de «seguridad nacional» asciende a la alucinante cifra de 1,4 billones de dólares. Y nótese que, en junio de 2021, la última vez que mi colega Mandy Smithberger y yo sumamos esos costes para el contribuyente, esa cifra era de casi 1,3 billones de dólares, así que la tendencia es evidente.
Para entender cómo se gastan estas enormes sumas año tras año, hagamos un rápido recorrido por el presupuesto de seguridad nacional de Estados Unidos de arriba a abajo.
El presupuesto «base» del Pentágono
El presupuesto «base» propuesto por el Pentágono, que incluye todos sus gastos rutinarios, desde el personal hasta el armamento, pasando por los costes de funcionamiento y mantenimiento de una fuerza militar de 1,3 millones de miembros, asciende a 773.000 millones de dólares para 2023, más de 30.000 millones por encima del de 2022. Este aumento es tres veces el presupuesto discrecional de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y más de tres veces la asignación total de la Agencia de Protección Ambiental.
En total, el Pentágono consume casi la mitad del presupuesto discrecional de todo el gobierno federal, una cifra que se ha reducido ligeramente en los últimos años gracias a la mayor inversión de la administración Biden en actividades civiles. Sin embargo, esto sigue significando que casi todo lo que el gobierno quiere hacer que no sea preparar o hacer la guerra implica una lucha por la financiación, mientras que el Departamento de Defensa recibe un apoyo financiero prácticamente ilimitado.
Y hay que tener en cuenta que el aumento propuesto por Biden en el gasto del Pentágono se produce a pesar del fin de los 20 años de participación militar de Estados Unidos en Afganistán, una medida que debería haber supuesto reducciones significativas en el presupuesto del departamento. Sin embargo, tal vez no le sorprenda saber que, tras el desastre afgano, el estamento militar y los halcones del Congreso cambiaron rápidamente de marcha y empezaron a promocionar -y a exagerar- los retos que plantean China, Rusia y la inflación como razones para absorber los posibles ahorros de la guerra afgana y aumentar el presupuesto del Pentágono.
Merece la pena observar lo que Estados Unidos va a recibir por sus 773.000 millones de dólares, es decir, unos 2.000 dólares por contribuyente, según un análisis del Proyecto de Prioridades Nacionales del Instituto de Estudios Políticos. Más de la mitad de esa cantidad va a parar a gigantescos contratistas de armamento como Raytheon y Lockheed Martin, junto con miles de pequeñas empresas de fabricación de armas.
Sin embargo, la parte más preocupante de la nueva propuesta de presupuesto puede ser el apoyo de la administración a un plan de tres décadas de duración, y 1,7 billones de dólares, para construir una nueva generación de misiles con armas nucleares (así como, por supuesto, nuevas ojivas para acompañarlas), bombarderos y submarinos. Como ha señalado la organización Global Zero, Estados Unidos podría disuadir a cualquier país de lanzar un ataque atómico contra él con muchas menos armas de las que contiene su actual arsenal nuclear. Sencillamente, no hay necesidad de un costoso -y arriesgado- plan de «modernización» de las armas nucleares. Lamentablemente, está garantizado que contribuirá a alimentar una continua carrera armamentística mundial, al tiempo que afianzará las armas nucleares como pilar de la política de seguridad nacional durante las próximas décadas. (¿No sería mucho mejor emplear esas décadas en trabajar para eliminar las armas nucleares por completo?)
El arma más arriesgada de ese plan nuclear es un nuevo misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés) con base en tierra. Como explicó en su día el exsecretario de Defensa William Perry, los ICBM se encuentran entre «las armas más peligrosas del mundo» porque un presidente advertido de un ataque nuclear solo tendría una cuestión de minutos para decidir si los lanza, aumentando el riesgo de una guerra nuclear accidental basada en una falsa alarma. No solo es innecesario un nuevo ICBM, sino que los existentes deberían ser retirados también, como forma de reducir el potencial de una conflagración nuclear que acabe con el mundo.
En su favor hay que decir que la administración Biden está tratando de deshacerse de un programa de armas nucleares mal concebido iniciado durante los años de Trump: un misil de crucero lanzado desde el mar y armado con armas nucleares que, en lugar de añadir una capacidad de «disuasión», aumentaría el riesgo de una confrontación nuclear. Como era de esperar, los halcones nucleares en el ejército y el Congreso están tratando de restaurar la financiación de ese SLCM nuclear (siglas en inglés, pronunciado «Slick ‘em«).
El presupuesto del Pentágono está repleto de otros sistemas innecesarios, excesivamente caros y a menudo potencialmente disfuncionales, que deberían ser cancelados o sustituidos por alternativas más asequibles y eficaces. El caso más obvio es el del avión de combate F-35, destinado a realizar múltiples misiones para la Fuerza Aérea, la Marina y los Marines. Hasta ahora, no cumple bien ninguna de ellas.
En una serie de minuciosos análisis del avión, el Project on Government Oversight determinó que es posible que nunca esté totalmente preparado para el combate. En cuanto al coste, con una estimación de 1,7 billones de dólares a lo largo de su período de servicio previsto, ya es el programa de armamento más caro jamás emprendido por el Pentágono. Y hay que tener en cuenta que esos costes no harán más que aumentar a medida que los servicios militares se vean obligados a pagar para solucionar los problemas que nunca se abordaron en la prisa por desplegar el avión antes de que se probara por completo. Mientras tanto, ese avión es tan complejo que, en cualquier momento, un gran porcentaje de la flota está fuera de servicio para su mantenimiento, lo que significa que, si alguna vez se le necesita para el combate, muchos de esos aviones simplemente no estarán disponibles.
En un reconocimiento a regañadientes de los múltiples problemas que aquejan al F-35, el gobierno de Biden propuso reducir su compra del avión en aproximadamente un tercio en 2023, una cifra que debería haber sido mucho menor dado su pobre rendimiento. Pero los defensores del avión en el Congreso -incluidos los caucus del F-35, formados por miembros de estados o distritos donde se fabrican partes del mismo- seguirán sin duda presionando para que se compren más aviones de los que pide el Pentágono, como hizo el Comité de Servicios Armados del Senado en su revisión del proyecto de ley de gastos del Departamento de Defensa.
Además de todo esto, el presupuesto base del Pentágono incluye gastos obligatorios para partidas como la jubilación de los militares, por un total estimado de 12.800 millones de dólares para 2023.
El balance de la (in)seguridad nacional: 785.800 millones de dólares
El presupuesto nuclear
El contribuyente medio asume sin duda que una agencia gubernamental llamada Departamento de la Energía (DOE, por sus siglas en inglés) se ocuparía principalmente de desarrollar nuevas fuentes de energía, incluidas las que reducirían la dependencia de Estados Unidos de los combustibles fósiles para ayudar a frenar los estragos del cambio climático. Por desgracia, esa suposición no podría ser menos cierta.
En lugar de dedicar la mayor parte de su tiempo y dinero a la investigación y el desarrollo energéticos, más del 40% del presupuesto del Departamento de Energía para 2023 está destinado a apoyar a la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA, por sus siglas en inglés), que gestiona el programa de armas nucleares del país, principalmente manteniendo y desarrollando ojivas nucleares. El trabajo en otras actividades militares, como los reactores para submarinos nucleares, hace que la parte de defensa del presupuesto del DOE sea aún mayor. La NNSA reparte su trabajo por todo el país, con sedes importantes en California, Missouri, Nevada, Nuevo México, Carolina del Sur, Tennessee y Texas. Su propuesta de presupuesto para 2023 para actividades relacionadas con las armas nucleares es de 16.500 millones de dólares, parte de un presupuesto para proyectos relacionados con la defensa de 29.800 millones de dólares.
Sorprendentemente, el historial de la NNSA en la gestión de sus programas puede ser incluso peor que el del Pentágono, con sobrecostes de más de 28.000 millones de dólares durante las dos últimas décadas. Muchos de sus proyectos actuales, como el plan de construcción de una nueva instalación para producir «pozos» de plutonio -los dispositivos que desencadenan la explosión de una bomba de hidrógeno-, son innecesarios incluso con el actual y desatinado plan de modernización de las armas nucleares.
Presupuesto nuclear: 29.800 millones de dólares
Cuenta corriente de (in)seguridad: 815.600 millones de dólares
Actividades relacionadas con la defensa
Esta categoría general, fijada en 10.600 millones de dólares en 2023, incluye las actividades internacionales del FBI y los pagos a los fondos de jubilación de la Agencia Central de Inteligencia, entre otras cosas.
Actividades relacionadas con la defensa: 10.600 millones de dólares
Cuenta corriente de (in)seguridad: 826.200 millones de dólares
El presupuesto de la inteligencia
La información sobre las 18 agencias de inteligencia de este país está en gran medida protegida de la vista del público. La mayoría de los miembros del Congreso ni siquiera tienen personal que pueda acceder a detalles significativos sobre cómo se gastan los fondos de inteligencia, lo que hace casi imposible una supervisión significativa por parte del Congreso. Los únicos datos reales suministrados con respecto a las agencias de inteligencia son una cifra de primera línea: 67.100 millones de dólares propuestos para 2023, un aumento de 5.000 millones de dólares con respecto a 2022. Se cree que la mayor parte del presupuesto de la comunidad de inteligencia está oculta dentro del presupuesto del Pentágono. Así que, en aras de hacer una estimación conservadora, el gasto en inteligencia no está incluido en nuestro cómputo.
Presupuesto de Inteligencia: 67.100 millones de dólares
La cuenta de (in)seguridad sigue siendo: 826.200 millones de dólares
Presupuesto de Asuntos de los Veteranos
Las guerras estadounidenses posteriores al 11-S han generado millones de veteranos, muchos de los cuales han regresado de la batalla con graves lesiones físicas o psicológicas. Como resultado, el gasto en asuntos de veteranos se ha disparado, alcanzando los 301.000 millones de dólares propuestos en el plan presupuestario de 2023. Una investigación realizada para el proyecto Costs of War de la Universidad Brown ha determinado que estos costes no harán más que aumentar, y que se necesitarán más de 2 billones de dólares solo para atender a los veteranos de los conflictos posteriores al 11-S.
Presupuesto de Asuntos de los Veteranos: 301.000 millones de dólares
Presupuesto de (in)seguridad: 1,127 billones de dólares
Presupuesto de Asuntos Internacionales
El presupuesto de Asuntos Internacionales incluye partidas no militares como la diplomacia en el Departamento de Estado y la ayuda económica a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, partes fundamentales (pero significativamente infrafinanciadas) de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos en general. Pero incluso en esta categoría hay importantes actividades relacionadas con el ámbito militar en forma de programas que proporcionan armas y entrenamiento a militares y fuerzas policiales extranjeras. Se ha propuesto que el mayor de ellos, el programa de Financiación Militar Extranjera, reciba 6.000 millones de dólares en 2023. Mientras tanto, el presupuesto total solicitado para Asuntos Internacionales es de 67.800 millones de dólares en 2023.
Presupuesto de Asuntos Internacionales: 67.800 millones de dólares
Cuenta corriente de (in)seguridad: 1,195 billones de dólares
El presupuesto de la Seguridad Nacional
Tras los atentados del 11 de septiembre se creó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que combina una amplia gama de agencias, entre ellas la Agencia Federal de Gestión de Emergencias, la Agencia de Seguridad en el Transporte, el Servicio Secreto de EE.UU., Aduanas y Protección de Fronteras y la Guardia Costera. El presupuesto del DHS propuesto para 2023 es de 56.700 millones de dólares, de los cuales más de una cuarta parte se destina a la Protección de Aduanas y Fronteras como parte de un enfoque militarizado a la hora de abordar la inmigración en Estados Unidos.
Presupuesto de Seguridad Nacional: 56.700 millones de dólares
Cuenta corriente de (in)seguridad: 1,252 billones de dólares
Intereses de la deuda
El Estado de seguridad nacional, tal y como se ha esbozado hasta ahora, es responsable de alrededor del 26% de los intereses de la deuda de Estados Unidos, un total de 152.000 millones de dólares.
Intereses de la deuda: 152.000 millones de dólares
Cuenta corriente de (in)seguridad: 1,404 billones de dólares
Nuestro desatinado presupuesto de seguridad
Gastar 1,4 billones de dólares para hacer frente a un concepto estrechamente definido de seguridad nacional debería considerarse una mala práctica presupuestaria a una escala tan grande que resulta casi inimaginable, especialmente en un momento en que los mayores riesgos para la seguridad de los estadounidenses y del resto del mundo no son de naturaleza militar. Después de todo, la pandemia de Covid ya se ha cobrado la vida de más de un millón de estadounidenses, mientras que los incendios, las inundaciones y las olas de calor causadas por el cambio climático han afectado a decenas de millones más.
Sin embargo, la asignación propuesta por la administración de 45.000 millones de dólares para hacer frente al cambio climático en el presupuesto de 2023 sería menos del 6% del presupuesto propuesto por el Pentágono de 773.000 millones de dólares. Y como se ha señalado, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades están programados para recibir solo un tercio del aumento propuesto en el gasto del Pentágono entre 2022 y 2023. Peor aún, los intentos de aumentar el gasto de forma significativa para hacer frente a estos desafíos urgentes, desde el plan Build Back Better del presidente Biden hasta el Green New Deal, están atascados en el Congreso.
En un mundo en el que estos peligros no hacen más que aumentar, quizá la mejor esperanza para poner en marcha un proceso que pueda, tarde o temprano, invertir estas perversas prioridades sea la organización de las bases. Consideremos, por ejemplo, el «presupuesto moral» elaborado por la Campaña de los Pobres, que reduciría el gasto del Pentágono casi a la mitad, al tiempo que se centraría en programas destinados a eliminar la pobreza, proteger el medio ambiente y mejorar el acceso a la atención sanitaria. Si se lograra incluso una parte de esa agenda y se controlara el presupuesto de «defensa», aunque no se recortara drásticamente, Estados Unidos y el mundo serían lugares mucho más seguros.
Dada la magnitud de los problemas reales de seguridad a los que nos enfrentamos, es hora de pensar en grande en lo que respecta a las posibles soluciones, reconociendo al mismo tiempo lo que Martin Luther King, Jr., describió una vez como la «feroz urgencia del ahora». El tiempo se agota y es imprescindible una acción concertada.
Foto de portada: Ivan Cholakok (Getty Images)
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