Helen Benedict, TomDispatch.com, 4 diciembre 2022
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Helen Benedict, coautora con Eyad Awwadawnan de Map of Hope and Sorrow: Stories of Refugees Trapped in Greece, lleva más de una década escribiendo sobre refugiados. Ha sido galardonada con la Beca Jean Stein de Historia Oral Literaria 2021 y el Premio Ida B. Wells a la Valentía en el Periodismo. Ha escrito asimismo 13 libros de ficción y no ficción. Es profesora de periodismo en la Universidad de Columbia.
Casi todo el mundo estaría de acuerdo en que la guerra es horrible y que los países pacíficos deberían hacer todo lo posible por ayudar a sus víctimas. El entusiasmo generalizado por acoger a los ucranianos que huyeron después de que el presidente ruso Vladimir Putin invadiera su país el pasado mes de febrero es un ejemplo alentador de esa ayuda. Pero detrás de ese altruismo se esconde una fea verdad: la mayoría de los países que acogen a los ucranianos persiguen al mismo tiempo a refugiados igualmente desesperados de otros lugares.
Esta misericordia desigual no sorprendería en naciones como Hungría y Polonia, vecinas de Ucrania, controladas por partidos nacionalistas que rara vez han acogido a alguien que no fuera blanco y cristiano. Sin embargo, lo mismo está ocurriendo en Europa Occidental, el Reino Unido, Australia y aquí en Estados Unidos, las mismas democracias que juraron proteger a quienes huyen de la guerra y la persecución y que, en el caso de Estados Unidos, en muchas ocasiones convirtieron a esas personas en refugiados. Solo nuestra Guerra Global contra el Terror ha desplazado a unos 37 millones de personas desde que invadimos Afganistán en 2001.
Uno de los peores ejemplos de esta misericordia desigual está teniendo lugar en Grecia, una de las principales puertas de entrada a Europa Occidental para quienes huyen de Oriente Medio o África. Entre febrero y mediados de abril de este año, unos 21.000 ucranianos llegaron a Grecia, más en tres meses que el total de solicitantes de asilo que entraron en el país en todo 2021. Allí, a los ucranianos se les concedió al instante el estatuto de protección temporal, que les da acceso a atención médica y puestos de trabajo, vivienda subvencionada y prestaciones alimentarias, escolarización para sus hijos y clases de griego para los adultos.
Es un ejemplo admirable de cómo se debe acoger a todas las personas que huyen del peligro y la guerra. Pero llevo años visitando Grecia para documentarme sobre mi nuevo libro, Map of Hope and Sorrow: Stories of Refugees Trapped in Greece, y conozco a muchos refugiados que no han encontrado esa generosidad. La mayoría son sirios, afganos o iraquíes, pero algunos son kurdos o palestinos, mientras que otros proceden de países africanos, como Camerún, Eritrea, Gambia, Nigeria, Sierra Leona, Somalia y la República del Congo.
También ellos escaparon de la guerra, la violencia y otros tipos de persecución. De hecho, los sirios, al igual que los ucranianos, huyeron de las bombas de Putin cuando éste ayudaba [y sigue ayudando] al presidente de Siria, Bashar al-Assad, a aferrarse al poder. Sin embargo, a diferencia de los ucranianos, estos refugiados se ven obligados a languidecer durante años en campos inhumanos, similares a tugurios, mientras que a sus hijos se les niega la escolarización. Se les niega sistemáticamente el acceso a hospitales, médicos o dentistas, y con demasiada frecuencia son tratados con falta de respeto, incluso con odio, por propietarios, empleadores y ciudadanos normales. Eso duele. Como dijo mi amigo y coautor, el escritor y refugiado sirio Eyad Awwadawnan, a quien conocí en Grecia: «Creo que el mundo debería hacer todo lo posible por los refugiados ucranianos, pero estamos recibiendo un claro mensaje del gobierno griego de que valemos menos que ellos.»
Condenados a la impotencia
Durante mis visitas a Grecia entre 2018 y 2022, fui testigo de muchos ejemplos de su atroz trato a los refugiados. En una ocasión, en un campamento de la isla de Samos, en el norte del mar Egeo, encontré a más de 3.000 personas viviendo en contenedores de transporte o tiendas de campaña dentro y alrededor de una antigua base militar, rodeadas de montones de basura plagados de ratas. No tenían agua potable, los escasos aseos estaban rotos, la comida era en su mayoría incomestible y no había seguridad para mujeres, niños, personas LGBTQ+ o cualquier otra persona especialmente vulnerable al acoso, las agresiones o las violaciones. Otros miles de solicitantes de asilo se encontraban atrapados en otras islas, sin ningún lugar adónde ir ni nada que hacer, mientras que otros eran encerrados en cárceles griegas por el mero hecho de ejercer su derecho a solicitar asilo. En nuestro libro, Eyad y yo describimos el modo en que se detiene y encarcela a personas simplemente por dirigir sus embarcaciones a Grecia, o por venir del país equivocado.
Desde que su gobierno de Nueva Democracia asumió el poder en 2019, bien entrado el gobierno antiinmigrante y hostigador de los musulmanes de Donald Trump aquí en Estados Unidos, el gobierno griego ha intensificado aún más su maltrato a los refugiados de Oriente Medio y África. Una de sus primeras medidas fue desalojar a todas las personas a las que se había concedido asilo de las viviendas o campamentos subvencionados, al tiempo que les retiraba toda ayuda financiera. De este modo, se les arrojaba a un vacío sin techo ni trabajo, es decir, al desamparo forzoso. Se supone que obtener asilo significa obtener el estatuto de refugiado con protección internacional, pero en Grecia ahora significa lo contrario: no obtener ninguna protección.
En junio de 2021, justo antes de que los talibanes se apoderaran de Afganistán, el ministro griego de Migración, Notis Mitarachi, anunció que a todos los recién llegados de Afganistán, India, Pakistán, Somalia y Siria se les denegaría la posibilidad de solicitar asilo y se les deportaría a Turquía, que consideraba un «tercer país seguro», término legal para referirse a un refugio seguro para los solicitantes de asilo. Sin embargo, como han dejado claro los grupos de derechos humanos, Turquía es cualquier cosa menos segura para quienes huyen de la guerra o la persecución. Turquía no solo se niega a reconocer a los sirios como refugiados, sino que nunca firmó la parte de la Declaración de la ONU sobre el Derecho de los Refugiados de 1951 que prohíbe la devolución, término utilizado para devolver a los refugiados a un país donde pueden ser objeto de persecución. Esto significa que Turquía puede devolver legalmente a los refugiados a los países de los que huyeron, independientemente de los peligros que les aguarden allí.
El pasado 16 de abril, Grecia intensificó aún más su persecución al cerrar las viviendas que ofrece a personas vulnerables, como víctimas de tortura, trata y violación, y enviándolas a vivir a campos donde no hay ningún tipo de seguridad.
Ninguna de estas políticas se aplica a los ucranianos.
En el mar, las cosas son aún peores. Las autoridades griegas y Frontex, la agencia europea de fronteras y guardacostas, han devuelto a los refugiados al mar en lugar de rescatarlos. Han dejado a familias y niños abandonados en endebles balsas o botes hinchables, o en diminutas islas sin cobijo ni comida. Durante la pandemia, Grecia y Frontex trataron a unos 40.000 refugiados de esta forma, provocando que al menos 2.000 se ahogaran, abusos que han sido bien documentados por los grupos de derechos humanos. Sin embargo, el ministro de Inmigración griego ha negado que esto esté ocurriendo.
No menos escandalosa es la forma en que Grecia ha criminalizado el rescate de refugiados en el mar. Los voluntarios que salen a buscar y rescatar las embarcaciones volcadas de inmigrantes desesperados son detenidos y acusados de tráfico de personas. Sara Mardini, nadadora profesional siria retratada en la nueva película de Netflix The Swimmers [Los nadadores], es una de ellas. Si es declarada culpable, se enfrenta a 20 años de cárcel.
Por difícil que resulte comprender la idea de ilegalizar el rescate de personas que se ahogan, Grecia no es ni mucho menos el único país que incurre en este tipo de conductas. Este mismo mes, Italia, Malta y Chipre se unieron a ese país para pedir a la Unión Europea (UE) que tome medidas contra los rescatadores marítimos civiles. Por supuesto, los conductores de tren y los pilotos de avión que llevaron a los ucranianos al resto de Europa nunca son objeto de ataques similares.
El gobierno griego ha justificado toda esta misericordia desigual con un lenguaje escalofriante, declarando a los ucranianos «verdaderos refugiados» y a todos los demás «inmigrantes ilegales«. Con ese mismo espíritu, el mes pasado las autoridades griegas obligaron a los afganos de un campamento a las afueras de Atenas a ceder su vivienda a los ucranianos y pasar a vivir en contenedores de transporte sucios y abandonados.
Ese gobierno lleva mucho tiempo afirmando que no tiene la culpa de tratar tan mal a los refugiados porque carece de dinero y personal para ocuparse de tantos de ellos. Pero en cuanto llegaron esos 21.000 ucranianos, los mismos funcionarios se vieron de repente capaces de ayudar después de todo.
Grecia no tiene toda la culpa de estas violaciones del derecho internacional, porque muchas de ellas están suscritas por la UE, que ha estado inyectando dinero en el país para mantener a los refugiados fuera de Europa Occidental desde 2016. Recientemente, por ejemplo, la UE pagó 152 millones de dólares al gobierno griego para que construyera cinco prisiones remotas para solicitantes de asilo. Vi el prototipo de ellas en la isla de Samos: Camp Zervou, un conjunto de contenedores metálicos blancos en un terreno baldío en medio de la nada, rodeado por una doble capa de vallas anticiclónicas con alambre de espino y vigilado por cámaras de circuito cerrado. Es un lugar caluroso, desnudo y espantoso. Por supuesto, en estas cárceles no caben ucranianos.
Rompiendo corazones y leyes
Grecia no es el único país que dispensa este trato desigual. La persecución de refugiados no blancos parece ir en aumento no solo en los países con gobiernos de extrema derecha, sino también en los que antes eran conocidos por su liberalidad. Junto con esta persecución, por supuesto, va el mismo tipo de retórica racista y antiinmigrante que Donald Trump (por no hablar del Partido Republicano en su conjunto) sigue utilizando sobre los que cruzan nuestra propia frontera.
Tomemos como ejemplo el Reino Unido. El nuevo primer ministro del Partido Conservador, Rishi Sunak, acaba de ofrecer a Francia 74 millones de dólares para aumentar su seguridad fronteriza en un 40% con el objetivo de detener a más «migrantes ilegales» y contrabandistas e impedir que crucen el Canal de la Mancha. (Un solicitante de asilo, por cierto, no es un «migrante ilegal». El derecho a cruzar fronteras para solicitar asilo está consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951). Esos mismos 74 millones de dólares podrían haberse destinado a servicios jurídicos y humanitarios para los solicitantes de asilo, ayudándoles a encontrar formas seguras de solicitar protección en Francia o en el Reino Unido, y privando así a los contrabandistas del negocio sin arrojar a esos refugiados a un peligro aún mayor.
En la propia Francia, mientras el presidente Emmanuel Macron discute con los británicos sobre quién tiene la culpa del creciente número de refugiados que intentan cruzar el Canal de la Mancha, Jordan Bardella, el nuevo líder del partido de extrema derecha del país, cada vez más popular, ha basado toda su plataforma en el cierre de las fronteras de Francia para «limitar drásticamente» la inmigración. Ha dejado claro que se refiere a musulmanes y africanos, no a inmigrantes como sus propios padres italianos.
Mientras tanto, en Italia, Giorgia Maloni, la nueva primera ministra de la derecha, acaba de promulgar un decreto que prohíbe a los refugiados varones bajar de los barcos de rescate o poner un solo pie en suelo italiano. Del mismo modo, Suecia, antaño bastión de ideas progresistas, eligió un nuevo gobierno el pasado septiembre que recortó su cuota de refugiados de 5.000 personas al año a 900, alegando el tropo supremacista blanco de que los refugiados no blancos y no cristianos «reemplazarán» de otro modo a los suecos tradicionales.
Podría seguir: Francia, Grecia, Italia, Malta y España se pelean por ver quién acogerá (o no) los barcos de refugiados varados, empujando a esos desesperados navegantes de orilla a orilla como si fueran basura. Los daneses devuelven a los sirios a su país, aunque lleven años viviendo en Dinamarca. Australia encarcela a los solicitantes de asilo en condiciones espantosas en centros de detención y en islas aisladas. Y Gran Bretaña ha encerrado a miles de refugiados en almacenes, ha aprobado leyes que les niegan servicios básicos como atención sanitaria y vivienda, y ha intentado aplicar una política de deportación forzosa de algunos de ellos a Ruanda.
Aquí, en Estados Unidos, no lo estamos haciendo mucho mejor. Es cierto que el presidente Biden ha conseguido frenar algunas de las peores políticas antiinmigración de Trump, deshaciendo la prohibición musulmana del expresidente y aumentando el número de refugiados que se permite entrar en el país cada año, pero sus esfuerzos han sido inconsistentes. Este mismo mes de octubre, poco antes de que los demócratas mantuvieran por los pelos el Senado en las elecciones de mitad de mandato, amplió la política fronteriza trumpiana del Título 42 para incluir a los venezolanos, a los que, apenas una semana antes, se estaba dando la bienvenida al país. Esa política utiliza los temores de Covid para obligar a los solicitantes de asilo a permanecer en campamentos peligrosos, a veces mortales, en México, al tiempo que les hace prácticamente imposible incluso solicitar, y mucho menos obtener, asilo en los EE.UU. (Biden prometió originalmente acabar con el Título 42 por completo, pero el Tribunal Supremo bloqueó su esfuerzo). Tras declarar que seguiría luchando, ahora parece haber dado marcha atrás).
Sin embargo, los ucranianos están exentos de este purgatorio mexicano como una forma de «reconocer la crisis humanitaria en Ucrania» (en palabras del Departamento de Seguridad Nacional). Algunos afganos están igualmente exentos, pero solo aquellos que colaboraron con Estados Unidos durante nuestra devastadora guerra de 20 años en su país. A todos los demás se les hace esperar durante meses o incluso años sus decisiones de asilo, muchos de ellos detenidos, sin tener en cuenta las crisis humanitarias de las que también huyeron.
Todas las misericordias desiguales descritas aquí no solo están rompiendo corazones, sino también leyes. Un poco de historia: En 1948, Eleanor Roosevelt y las recién creadas Naciones Unidas crearon la Declaración Universal de los Derechos Humanos como reacción a las conmociones del Holocausto y al maltrato de los judíos que buscaban asilo. Tres años después, la ONU celebró una convención en Ginebra para crear una carta de derechos de los refugiados, que fue ratificada como ley por 149 naciones, entre ellas Australia, Gran Bretaña, Canadá, Grecia, la mayor parte del resto de Europa y Estados Unidos. (Algunos países no firmaron hasta 1967.) La idea era proteger la dignidad y la libertad de los seres humanos en todo el mundo, y al mismo tiempo no volver a rechazar a los refugiados de la forma en que se había enviado a tantos judíos de vuelta a la muerte.
La Convención de Ginebra definió a los refugiados como personas que se ven obligadas a huir de sus países debido a «fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social» y que «no pueden regresar a sus hogares o [tienen] miedo de hacerlo». Les otorgó el derecho a la protección internacional contra la discriminación y la persecución; el derecho a la vivienda, la escolarización y la posibilidad de trabajar para ganarse la vida; el derecho a no ser criminalizados por el simple hecho de solicitar asilo; y, lo que es más importante, el derecho a no ser objeto de devolución ni a ser devueltos a los países de los que habían huido.
Gracias, en parte, a esa Convención, cuando las personas se ven obligadas a huir de sus países, se dirigen hacia la seguridad y la dignidad que creen que encontrarán en Occidente, una creencia que ahora estamos traicionando. Para rectificar esta situación, el brazo dirigente de la UE, la Comisión Europea, debe insistir en que el trato desigual que Europa dispensa a los refugiados se sustituya por procesos humanos y accesibles que se apliquen de forma coherente a todos los solicitantes de asilo, independientemente de su procedencia. Lo mismo debería hacerse en Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Al fin y al cabo, la forma en que tratamos hoy a los refugiados dice mucho no solo de lo humanitarios que somos, sino de cómo es probable que actuemos en el futuro cuando el cambio climático obligue a cada vez más personas a huir de sus hogares con el único objetivo de seguir con vida.
Por otra parte, si seguimos favoreciendo a los refugiados cristianos blancos por encima de todos los demás, no solo haremos añicos las promesas y los valores consagrados en nuestras democracias, sino que abonaremos el veneno de la supremacía blanca que ya supura en el corazón mismo de Occidente.
Foto de portada: Ucrania bajo ataque (manhhai).
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