Baker Zoubi, +972.com Magazine y Local Call, 20 mayo 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Baker Zoubi es un periodista y ciudadano palestino de Israel afincado en la localidad de Kufr Maser, en la Baja Galilea. Comenzó su carrera en 2010 como reportero para medios de comunicación árabes locales, antes de ascender al puesto de editor-jefe en la plataforma de noticias Bokra, con sede en Nazaret. Desde 2021, colabora como escritor en Local Call y +972 Magazine, al tiempo que continúa su trabajo como editor de noticias a tiempo parcial en Bokra y publica artículos de opinión sobre cuestiones políticas y sociales en la sociedad palestina.
En los últimos dos años y medio, los ciudadanos palestinos de Israel han visto cómo sus derechos políticos y civiles —ya limitados antes del 7 de octubre— se han visto drásticamente restringidos. Han sido detenidos por publicaciones en redes sociales, humillados públicamente por funcionarios del Estado, perseguidos en sus lugares de trabajo y universidades por expresar opiniones políticas y recluidos sin cargos en régimen de detención administrativa. Sometidos desde hace tiempo a la discriminación bajo la ley israelí, los ciudadanos palestinos han sido testigos de cómo el Estado ha aprovechado la guerra de Gaza para aprobar 30 nuevos proyectos de ley que afianzan el apartheid y la supremacía judía.
Ahora se ha traspasado un nuevo umbral: por primera vez, palestinos dentro de Israel han sido condenados penalmente por corear consignas políticas en una protesta.
El 29 de abril, el Tribunal de Primera Instancia de Haifa condenó al activista de 31 años Mohammad Taher Yabarin y al abogado de 42 años Ahmad Jalifa por «incitación indirecta al terrorismo» e «identificación con una organización terrorista», cargos que conllevan una pena máxima combinada de ocho años de prisión. La decisión se produjo tras más de 30 meses de procedimientos judiciales, durante los cuales Jalifa y Yabarin permanecieron en detención administrativa durante cuatro y ocho meses, respectivamente, antes de ser puestos en libertad bajo arresto domiciliario.
La condena se basó en las consignas políticas que se escucharon durante una manifestación contra la guerra en la que ambos participaron el 19 de octubre de 2023 en Umm Al-Fahm, una de las ciudades palestinas más grandes de Israel. Se trataba de consignas tradicionales que se han utilizado durante décadas en manifestaciones y actos públicos en todo Israel, y que no incluían llamamientos directos a la violencia: desde «¡Con alma y sangre te redimimos, oh Gaza!» hasta «No hay solución salvo desarraigar al ocupante» y «Gaza no se someterá al tanque ni al cañón».
Durante las vistas, tanto la policía como el Estado reconocieron que las consignas en sí mismas no contenían ninguna referencia a Hamás ni a otras organizaciones prohibidas, un delito que es efectivamente ilegal en virtud del artículo 24 de la Ley Antiterrorista de Israel. No obstante, el tribunal adoptó la interpretación de la fiscalía sobre el significado de las consignas, sin especificar en su sentencia a qué «organización terrorista» se refería supuestamente el presunto delito de «identificación».
El tribunal también ignoró el contexto inmediato de la protesta, que fue una respuesta a la mortífera explosión en el Hospital Al-Ahli de la ciudad de Gaza, doce días después del estallido de la guerra. En su lugar, dictaminó que corear las consignas en «las circunstancias y el momento cercanos al 7 de octubre» era suficiente para constituir una incitación indirecta.
«Lo que hicimos fue natural y legítimo», declaró Yabarin a la revista +972 Magazine, en respuesta a la decisión del tribunal. «Nos manifestamos para exigir el fin de la guerra contra civiles inocentes en Gaza, por un deber tanto humano como nacional, y por nuestro derecho natural a expresar nuestra opinión y a protestar».
La policía detiene a 24 manifestantes en Haifa que protestaban contra el genocidio en Gaza, el 24 de julio de 2025. (Avishay Mohar/Activestills)
Para Mohammad Zeidan, activista de derechos humanos y exdirector general de la Asociación Árabe de Derechos Humanos, la sentencia plantea profundas dudas sobre el futuro de la libertad de expresión de los ciudadanos palestinos. Al tipificar como delito las consignas palestinas por incitación indirecta, declaró a +972, «se abre la puerta a nuevos precedentes legales, por los que, en el futuro, cualquier consigna coreada en una protesta podría ser tratada como un delito que merezca castigo, basándose en interpretaciones que pueden apoyarse más en intenciones presuntas que en hechos».
«Un tribunal político en todos los sentidos»
Yabarin y Jalifa estuvieron representados por abogados del centro jurídico Adalah, con sede en Haifa —entre ellos el Dr. Hasan Yabarin y Hadil Abu Saleh—, así como por la abogada Afnan Jalifa. Durante el juicio, argumentaron que las mismas consignas se habían coreado en otras manifestaciones tanto antes como después del 7 de octubre, sin que se tomaran medidas legales contra quienes las utilizaron.
La defensa también señaló que otros participantes en la misma protesta habían coreado las mismas consignas, pero no fueron procesados. Aunque el tribunal reconoció que la policía había incurrido en una falta al no investigar a los demás participantes, dictaminó que esta falta no socavaba la validez de la acusación contra Yabarin y Jalifa.
«Nos enfrentamos a un tribunal político en todos los sentidos, cuyo objetivo es perseguir la actividad política de los ciudadanos palestinos de Israel», declaró Abu Saleh tras el fallo. «Desde el primer día quedó claro que el juicio se basaría en interpretaciones amplias, alejadas del contexto de la manifestación, de una forma que viola el principio de justicia —y eso es exactamente lo que se ha reflejado en la decisión del tribunal—.
«Esta decisión es una continuación de la política de persecución de los palestinos en Israel desde el 7 de octubre», continuó Abu Saleh. «Está claro que este caso pretende ser un mensaje de intimidación dirigido a la ciudadanía, y lo combatiremos por todos los medios legales a nuestro alcance».
El caso suscitó un amplio debate sobre los antecedentes de Ihsan Halabi, el juez que firmó la sentencia y presidió el tribunal que dictó el veredicto. Halabi ocupó durante 22 años diversos cargos judiciales en el sistema judicial militar antes de pasar al poder judicial civil hace sólo cuatro años. Tras la condena, los activistas objetaron el hecho de que un juez con una trayectoria militar tan extensa presidiera casos relacionados con la libertad de expresión y la actividad cívica, especialmente en casos relacionados con los derechos de los ciudadanos palestinos de Israel.
La policía israelí detiene a diez activistas durante una protesta en solidaridad con Yona Roseman, quien se negó a alistarse en el ejército, Haifa, Israel, 17 de agosto de 2025. (Oren Ziv/Activestills)
Zeidan también atribuyó la responsabilidad de la merma de las libertades de los ciudadanos palestinos a los partidos políticos árabes, a los que considera que han dependido en exceso del activismo parlamentario. «Cuando la Knesset pasa de ser una herramienta más entre muchas en la lucha a convertirse en su único objetivo central, se crea un enorme vacío en la calle», afirmó. «Esto ha contribuido al declive de la protesta popular y facilitado que el establishment aislara a las personas que decidían protestar de forma espontánea».
Pero en el contexto de un esfuerzo más amplio liderado por el Estado para redefinir los límites de la actividad política palestina en Israel, hay un límite a lo que los partidos árabes pueden hacer. «La condena no fue del todo sorprendente, porque hay un ambiente general que busca reducir el espacio para la libertad de expresión», dijo Zeidan. «¿Cuántos teatros se han cerrado? ¿Cuántos artistas han sido perseguidos?
«Una sentencia como esta puede interpretarse como un mensaje disuasorio para otros, no sólo como un castigo para los acusados, especialmente porque se dirige contra activistas destacados e influyentes que demostraron liderazgo durante la guerra».
Foto de portada: Ahmad Jalifa con una tobillera electrónica durante su arresto domiciliario, Haifa, Israel, 4 de junio de 2024. (Oren Ziv)
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