Joseph Bouchard, CounterPunch.org, 20 mayo 2026
Joseph Bouchard es periodista e investigador. Originario de la ciudad de Quebec, Canadá, ha vivido extensamente en Sudamérica, donde ha cubierto temas de geopolítica, seguridad y democracia para audiencias norteamericanas e internacionales. Ha escrito para The Intercept, The Diplomat, Reason, Responsible Statecraft, The National Interest, RealClearPolitics y Le Devoir, entre otros. Actualmente cursa un doctorado en Política Latinoamericana en la Universidad de Virginia.
En Bolivia, tras semanas de protestas contra la propuesta de privatización de tierras indígenas, el gobierno de Rodrigo Paz está preparando el terreno para una represión masiva contra la oposición política. El presidente, que se autodenomina centrista democrático, ha desatado una campaña sistemática de criminalización y estigmatización contra los movimientos indígenas y populares bolivianos.
Lo que presenciamos es la construcción retórica deliberada de un enemigo interno, diseñada para justificar legal y políticamente el desmantelamiento de la democracia, el Estado Plurinacional y, con ello, los derechos de los pueblos indígenas.
Desde los más altos niveles del gobierno, se ha orquestado una narrativa altamente coordinada que presenta a los manifestantes no como ciudadanos legítimos, orgánicos y pacíficos que ejercen sus derechos constitucionales, sino, en términos orwellianos, como amenazas al orden democrático y al progreso.
En una entrevista en la Casa del Pueblo, el viceministro de Justicia Indígena y Coordinación con los Movimientos Sociales, Jorge García, expuso la postura del gobierno con sorprendente franqueza. Acusó a los líderes del bloqueo de estar “completamente radicalizados, identificados con el movimiento de Evo Morales”, y afirmó que reciben financiación de la maquinaria política del expresidente.
García sugirió la utilización del aparato legal del Estado para perseguir a estos movimientos sociales, que vinculó directamente con el “narcotráfico”. Acusó al Movimiento al Socialismo de haber “secuestrado a Bolivia, aislándonos del mundo para que no pudiéramos conocer la verdad de lo que sucedía aquí; han destruido Bolivia”.
El propio presidente Paz ha desestimado a los manifestantes con desdén. “Pretenden, con argumentos ideológicos, generar controversia porque carecen de profundidad sociológica y filosófica”.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, acusó a los movimientos de estar financiados por Evo Morales, vinculados al narcotráfico, y afirmó que “los bloqueos siempre han traído muerte y se han utilizado para provocar convulsiones sociales”. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, declaró que las protestas se utilizan para desestabilizar Bolivia ante un “Mayo Negro”.
El Ministerio de Desarrollo Productivo emitió comunicados culpando a los bloqueos del aumento de los precios, refiriéndose a los “supuestos manifestantes” y calificándolos de ilegítimos. Representantes del aparato de seguridad del Estado han declarado que emplearán «fuerza progresiva y proporcional», y circulan rumores de que usarán munición real contra los bloqueadores.
El expresidente Carlos Mesa y el líder de derechas Tuto Quiroga se han sumado a las críticas, calificando a los manifestantes de “minorías violentas”, mientras que sus seguidores los tildan de “indios” “sucios” e “incivilizados”, un insulto racial que se ha utilizado contra la resistencia indígena desde la época colonial. En las redes sociales, miles de comentarios tildan a los manifestantes de “terroristas”, “autoritarios”, “narcotraficantes”, “estafadores” y les dedican toda una amplia gama de insultos racistas y clasistas.
Las protestas, a pesar de los esfuerzos del gobierno y la oposición de derechas, no son marginales. Decenas de miles de miembros de los Ponchos Rojos (una fuerza de defensa territorial aymara), la Unión de Trabajadores de Bolivia (COB), la Unión de Maestros Rurales, sindicatos mineros y comunidades indígenas de la Amazonía (que caminaron desde allí hasta La Paz) están bloqueando carreteras en La Paz, El Alto, Cochabamba y el lago Titicaca. Estas son las mayores protestas desde que el gobierno de Paz asumió el poder.
La Administración Boliviana de Carreteras (ABC) ha informado de al menos 41 puntos de bloqueo, que han paralizado rutas clave e interrumpido el acceso a la frontera con Perú, Sucre, Oruro, Potosí y Santa Cruz. El acceso a suministros esenciales se ha visto afectado por los bloqueos.
La respuesta del gobierno ha sido rápida y brutal. En la mañana del 16 de mayo, un contingente de 3.500 policías militares intervino en Río Seco, El Alto, con gases lacrimógenos, equipo antidisturbios y balas de goma, deteniendo a decenas de personas, incluyendo periodistas. Algunos manifestantes fueron brutalmente agredidos por la policía. El 18 de mayo, la policía levantó barricadas en el centro de La Paz y evacuó edificios gubernamentales clave. Fuí testigo de un enfrentamiento entre los Ponchos Rojos y las fuerzas de seguridad en el edificio del Poder Judicial, a una cuadra de la Casa del Pueblo.
Operaciones similares se sucedieron en otras zonas, dando continuidad a la represión de días anteriores, que casi con seguridad se intensificará. Un manifestante estuvo a punto de perder un ojo, mientras que otro falleció. La policía también ha acosado a periodistas, les ha lanzado gases lacrimógenos y los ha expulsado. Más de 100 manifestantes y periodistas han sido arrestados.
La Wiphala, la bandera indígena que simboliza el Estado Plurinacional y la democracia proindígena, ha sido retirada discretamente de espacios públicos, incluyendo la Asamblea Plurinacional y la Casa del Pueblo, sede del poder ejecutivo. El gobierno ya no defiende los derechos de los pueblos indígenas. Los contramanifestantes califican abiertamente a la Wiphala como un “símbolo terrorista”, y algunos la han pisoteado en plazas públicas. El 18 de mayo, un grupo de contramanifestantes quemó la Wiphala frente a manifestantes indígenas.
El vicepresidente Edmand Lara, un populista anticorrupción y expolicía, a quien los movimientos sociales han acogido como aliado (lo que, según todos los indicios, contribuyó enormemente a la victoria de Paz en las elecciones presidenciales del año pasado), emitió dos contundentes declaraciones que rompen con Paz. Estas declaraciones forman parte de una serie de reproches e insultos directos del “capitán Lara” contra Paz.
Lara condenó “el uso indiscriminado de agentes químicos y cualquier acción que viole la integridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, en particular de las personas mayores, las mujeres embarazadas, los niños y las niñas”. Exhortó a la policía y a las fuerzas armadas a actuar con “responsabilidad, profesionalismo y estricto apego a los protocolos sobre el uso racional y proporcional de la fuerza”.
Condenó la intimidación a los periodistas. Y dirigió un llamado directo a Paz: “Priorice el diálogo y la conciliación como mecanismos fundamentales para la resolución pacífica de los conflictos sociales”.
Lo más significativo es que Lara invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a monitorear la situación.
La Central Obrera Boliviana (COB) ya ha declarado que las protestas no cesarán, a pesar de que la Central Obrera Regional (COR) El Alto firmó un acuerdo con el gobierno y fue acusada por los manifestantes de traición. El gobierno ha estado firmando acuerdos con ciertas facciones de movimientos sociales para lograr su deserción, en una estrategia de “divide y vencerás”, sobornándolas mientras encarcela a líderes de la oposición y reprime a los bloques restantes.
El gobierno de Paz ha desmantelado sistemáticamente el marco legal e institucional que alguna vez protegió el carácter democrático plurinacional de Bolivia. Han desmantelado el Ministerio de Justicia y prácticamente anulado los resultados de las elecciones judiciales del año pasado. Han encarcelado también al expresidente Luis Arce, privándolo de su derecho a un abogado y al debido proceso.
Han sentado las bases para perseguir a la COB, a los sindicatos estudiantiles y a otras organizaciones socialistas. Quizás lo más escalofriante sea la liberación de los conspiradores del golpe de Estado de 2019: la expresidenta interina Jeanine Áñez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, figuras condenadas por sedición, terrorismo y crímenes de lesa humanidad por su participación en el derrocamiento ilegal de Evo Morales, con el apoyo de Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos. El gobierno golpista empleó escuadrones de la muerte y al Estado para atacar e incluso asesinar a la oposición, impidiendo al mismo tiempo que se respetara la voluntad democrática.
El propio expresidente indígena-socialista Evo Morales ha emitido advertencias. En un comunicado, Morales alegó que Estados Unidos ordenó al gobierno de Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el SOUTHCOM, para detenerlo o asesinarlo. Entre los autores intelectuales, mencionó al exministro de la derecha Carlos “Zorro” Sánchez Berzaín, quien huyó a Miami tras la masacre del Octubre Negro de 2003, y al viceministro de Defensa Social de Paz, Ernesto Justiniano, actualmente en Washington. Justiniano ha declarado que esta semana habrá una oficina de la DEA en Bolivia.
Mientras tanto, Argentina ha enviado un avión Hércules, al parecer con gas lacrimógeno y equipo policial, disfrazado de “ayuda humanitaria” con envíos de alimentos y medicinas. Milei, quien libra su propia guerra contra la democracia en su país, ha expresado su solidaridad con Paz, argumentando que los manifestantes desestabilizan Bolivia y bloquean la “libertad y el progreso”.
Bolivia, al igual que América Latina en su transición autocrática, enfrenta un momento oscuro en su corta historia democrática, donde los manifestantes indígenas son tachados por el Estado de terroristas ilegítimos, narcotraficantes y obstáculos al progreso que deben ser aplastados. Pronto, con la prometida intervención de Estados Unidos contra el “narcoterrorismo” y el apoyo de otras autocracias latinoamericanas, ese momento podría volverse aún más sombrío.
Foto de portada: Incidentes entre la policía y seguidores de Evo Morales en La Paz (Fuente: TodoJujuy)
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