Amal Saad, Middle East Eye, 25 mayo 2026

Traducido del inglés por Sinfo Fernández

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Amal Saad es profesora de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Cardiff. Es una destacada experta en Hizbolá y autora de varias obras sobre el movimiento, entre ellas el libro Hizbullah: Politics and Religion, publicado por Pluto Press (2002). Actualmente está escribiendo otro libro sobre la organización y su relación con el Eje de la Resistencia para Palgrave-Macmillan.

Al igual que en rondas de negociaciones anteriores, las últimas conversaciones entre el Líbano e Israel, con la mediación de Estados Unidos y celebradas en Washington a principios de este mes, pusieron de manifiesto el intento de «blanquear» la guerra mediante la diplomacia.

Su función era normalizar la agresión israelí como condición de fondo del proceso político, convirtiendo las demandas de un alto el fuego de requisito previo para las negociaciones en un simple punto más a debatir.

Las conversaciones ya no son un medio para poner fin a la agresión israelí. Se han convertido, más bien, en el marco operativo a través del cual se gestiona y legaliza dicha agresión.

Por eso se tilda cada vez más al Gobierno libanés no sólo de régimen débil bajo presión, sino de «autoridad de ocupación en el Líbano», una autoridad que ha aceptado el mito estadounidense-israelí de que Israel no está bombardeando el Líbano, invadiendo su territorio y matando y desplazando a su población, sino que simplemente tiene como objetivo a Hizbolá y su infraestructura militar.

La propia estructura del proceso lo deja claro. El Departamento de Estado anunció el 15 de mayo que el «cese de las hostilidades» —que supuestamente comenzó el 16 de abril, a pesar de que Israel ha continuado con sus bombardeos sobre el Líbano— se prorrogaría por 45 días. Inmediatamente tras este anuncio, los ataques israelíes causaron la muerte de al menos tres docenas de personas y dejaron más de 200 heridos.

Al mismo tiempo, Washington dividió el proceso de negociaciones entre Israel y el Líbano entre una vía política, cuya reanudación está prevista para el 2 de junio, y una vía de seguridad, que comenzará en el Pentágono el 29 de mayo con delegaciones militares de ambos países.

Los informes de los medios de comunicación sugieren que la fórmula que se propone ahora supedita cualquier alto el fuego efectivo a dos requisitos vinculados: una retirada israelí gradual, que podría llevar hasta dos años, y un mecanismo de aplicación integral libanés-israelí-estadounidense para desarmar a Hizbolá.

Según se informa, también prevé la creación de una nueva brigada del ejército libanés financiada, equipada y entrenada por EE. UU., con la participación de Washington en la selección de sus oficiales y personal; en otras palabras, una fuerza coercitiva dentro del Estado libanés controlada desde el exterior, encargada de implementar el componente militar del desarme, con un mandato que presumiblemente también autorizaría redadas en los hogares de la población.

Lógica invertida

De este modo, el fin de la ocupación y la agresión israelíes se convierte en la recompensa por el desmantelamiento de Hizbolá, en lugar de ser el punto de partida de cualquier proceso diplomático.

Esto invierte toda la lógica del conflicto, al tratar a la resistencia no como el efecto de la ocupación, sino como su causa —y, de hecho, trasladar al enemigo del exterior al interior—. La ocupación pasa de ser una agresión a una presencia disciplinaria invitada, que mantiene al Líbano como un protectorado estadounidense organizado en torno a un orden político, económico y de seguridad cuyo objetivo central es la represión de la resistencia a su propia desmembración territorial.

En la práctica, Washington quiere hacer depender la paz de una condición que sabe que no puede cumplirse, dado el rechazo de Hizbolá al desarme y la negativa del mando del ejército libanés a ser reclutado para una confrontación con el grupo.

Esto da lugar a un «proceso de paz» que autoriza indefinidamente la continua agresión militar de Israel. Las conversaciones no son, por lo tanto, simplemente un medio para alcanzar un fin, sino un fin en sí mismas que mantienen al Líbano encerrado en una vía de normalización y seguridad, al tiempo que proporcionan una cobertura jurídico-política a la agresión y la ocupación israelíes en curso.

Lo que está surgiendo no es un acuerdo de paz, sino una alianza basada en la amenaza entre Israel, Estados Unidos y las autoridades libanesas, con el Líbano posicionado como el cobeligerante subordinado en un mandato de contrainsurgencia contra Hizbolá.

Una alianza, a diferencia de un acuerdo, genera obligaciones continuadas entre sus miembros frente a un tercero. Por lo tanto, el marco que se está configurando no puede entenderse como un intento de resolver el conflicto entre el Líbano e Israel, sino más bien como una forma de vincular a Israel, a Estados Unidos y a las autoridades libanesas a este mandato común de lucha contra la resistencia.

Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, captó esta lógica cuando habló de «alcanzar un tratado de paz como si no existiera Hizbolá, y luchar contra Hizbolá como si no existiera un tratado de paz». El marco propuesto utiliza el lenguaje de la paz y la normalización, al tiempo que institucionaliza una campaña de seguridad permanente contra la resistencia.

Aislamiento de la derecha libanesa

Un gobierno que ha entrado en esta alianza de seguridad no puede entenderse a través del vocabulario de la soberanía, por mucho que sus defensores se describan a sí mismos, con insistencia e ironía, como el bando «soberanista».

Es más acertado considerarlo el heredero institucional de la tradición aislacionista de la derecha del Líbano, cuyo «aislacionismo» nunca fue un rechazo a la tutela extranjera, sino una exigencia de que el Líbano quedara aislado de la política árabe y de la resistencia, al tiempo que permanecía en deuda con Occidente y alineado, ya fuera directa o indirectamente, con Israel.

Lo que hace que el momento actual sea más peligroso es que esta tradición ya no se presenta en su antigua forma sectaria. Ha abandonado su carácter explícitamente cristiano maronita para convertirse en el lenguaje político común de una clase intersectaria, que excluye a los chiíes, y ahora se ha unido contra la comunidad de la resistencia chií y la identidad política que esta representa.

La misma tradición de la derecha que en su día presentó a los fedayines palestinos como una quinta columna dentro del Líbano se está reactivando ahora contra Hizbolá y, a través de esa organización, contra los chiíes como comunidad política.

La formulación del presidente Joseph Aoun sobre la «guerra de otros en nuestra tierra» es la versión secular-institucional del antiguo discurso del Kataeb de 1975, en el que la resistencia armada contra Israel se redefinió no como una cuestión libanesa arraigada en la ocupación y el despojo, sino como una intrusión ajena en el cuerpo nacional.

Lo que ha cambiado no es la lógica subyacente, sino la forma institucional que ahora adopta. Lo que antes era el lenguaje miliciano de la derecha cristiana se ha traducido al lenguaje de la soberanía estatal.

Como tal, la declaración de Aoun del 27 de abril de que «la traición pertenece a quienes llevan al Líbano a la guerra en pos de intereses externos» no es meramente una crítica a la toma de decisiones estratégicas de Hizbolá.

La traición no es simplemente una acusación moral, sino la categoría a través de la cual un Estado determina quién pertenece al cuerpo político y quién se sitúa fuera de él como enemigo interno. Calificar la resistencia de traición es, por lo tanto, trasladarla del ámbito del desacuerdo nacional legítimo al ámbito de la sospecha, la deslealtad y la amenaza interna.

«Las guerras de otros»

Aunque Aoun se dirigía formalmente a la dirección de Hizbolá, la acusación no puede limitarse a ese ámbito. Se extiende hacia fuera, abarcando a toda la base social del grupo, conocida como la «comunidad de la resistencia», que según encuestas recientes constituye un bloque central de aproximadamente el 93% de la población chií, cuya identidad política sigue siendo inseparable de la filosofía de Hizbolá.

En la medida en que ese espíritu está arraigado socialmente y no es meramente organizativo, los chiíes son discursivamente reposicionados como la población a través de la cual los intereses extranjeros entraron en el Estado.

Sus muertos ya no son reconocidos como víctimas libanesas de la agresión israelí, sino como el coste humano de «las guerras de otros». Su desplazamiento ya no es una herida nacional, sino la consecuencia de un compromiso político sospechoso. Y al haber sido construidos como el «entorno de apoyo» de unas actividades de resistencia ahora criminalizadas, su persecución se legitima como parte de una contrainsurgencia centrada en la población.

Lo que está ocurriendo, pues, no es una «otredad» sectaria en su sentido libanés habitual, sino un proceso más profundo de desnacionalización política, en el que la reivindicación de toda una comunidad de pertenecer a la nación se condiciona a su disposición a renunciar a la misma resistencia mediante la cual ha defendido históricamente su tierra, su dignidad y su seguridad, un derecho legítimo en virtud del derecho internacional.

Sami Gemayel, líder de Kataeb, un partido fundamental dentro de la tradición aislacionista de la derecha libanesa, hace aún más explícita esta lógica cuando describe la doctrina de la resistencia como «lavado de cerebro» e insiste en que la República Libanesa «no puede coexistir con tal doctrina».

El problema, en este marco, ya no es una organización militar, sino toda una conciencia política; una cultura de sacrificio, lealtad y resistencia a la que hay que hacer frente antes de que se pueda lograr el desarme.

El orden de posguerra que se está imaginando en Washington y Tel Aviv no es, por lo tanto, simplemente un Líbano subordinado a Israel y despojado de las armas de Hizbolá, sino un Líbano en el que la representación política de la comunidad chií es domesticada o eliminada como condición del propio acuerdo de seguridad.

En este sentido, el desarme no es sólo una exigencia militar, sino un proyecto de reclasificación política, mediante el cual la ocupación se normaliza y la resistencia se convierte en traición, mientras que la comunidad que se negó a entregar su tierra a Israel se define ahora como el enemigo interno del Estado.

Foto de portada: Una pancarta con la imagen del líder de Hizbolá asesinado, Hasan Nasralá, cuelga cerca del lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí en los suburbios del sur de Beirut, el 25 de marzo de 2026 (AFP).

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