Sari Bashi, +972.com Magazine, 21 mayo 2026
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
Sari Bashi es una abogada de derechos humanos israelí-estadounidense y directora ejecutiva del Comité Público contra la Tortura en Israel. Twitter: @saribashi.
La semana pasada, la Knesset israelí continuó su campaña para resucitar la pena de muerte en los tribunales israelíes —sólo para los palestinos—. El 11 de mayo, legisladores de todo el espectro político sionista unieron fuerzas para aprobar un proyecto de ley que crea un tribunal militar especial, cuyo propósito será juzgar a los acusados de participar en los ataques del 7 de octubre en el sur de Israel y la posterior toma de rehenes.
En virtud de la nueva ley, los jueces designados por el ejército estarán autorizados a condenar a los acusados a muerte en la horca y a apartarse de las garantías procesales y las normas probatorias con el fin de acelerar los juicios, algunos de los cuales podrían retransmitirse al público. En resumen, la aprobación de la ley amenaza con acelerar juicios-espectáculo y conducir a la ejecución de lo que podrían ser cientos de acusados palestinos, basándose en confesiones obtenidas mediante tortura, práctica que prolifera en los centros de detención israelíes.
Esta ley para establecer un tribunal militar especial se produce después de que la Knesset aprobara el 30 de marzo una legislación independiente, ahora en vigor en la Cisjordania ocupada, que impone de hecho la pena de muerte a quienes sean condenados por matar a un ciudadano o residente israelí «con la intención de rechazar la existencia del Estado de Israel o la autoridad del comandante militar». En otras palabras, los palestinos que se resistan a la ocupación militar estarán sujetos a la ley, y no los israelíes judíos.
Establecer mecanismos especiales de justicia penal que se apliquen únicamente a los palestinos constituye una discriminación flagrante, ya que permite la persecución de un grupo mientras se protege al otro. Esa es la misma lógica que subyace en el sistema judicial de Cisjordania, donde los palestinos son juzgados en tribunales militares mientras que los colonos israelíes disfrutan de las garantías procesales superiores que ofrece el derecho penal israelí.
Pero mientras que 48 de los 120 miembros del Knesset votaron en contra de la ley de la pena de muerte del 30 de marzo, todos los legisladores de los partidos de la oposición sionista de Israel respaldaron la ley de los juicios-espectáculo del 7 de octubre. La medida se aprobó finalmente por 93 votos a favor y ninguno en contra, después de que los miembros de los partidos de mayoría árabe abandonaran el pleno y los legisladores ultraortodoxos asquenazíes no participaran. En lo que respecta al 7 de octubre, existe, en otras palabras, un consenso casi total entre los legisladores israelíes sobre la necesidad de medidas de represalia extremas; y las ejecuciones masivas son sólo la última de ellas.
En los ataques liderados por Hamás en el sur de Israel aquel día, más de 800 civiles fueron asesinados deliberadamente, lo que constituye una clara violación del derecho internacional humanitario. Como antigua directora de investigación global de Human Rights Watch, supervisé una de las investigaciones internacionales más exhaustivas sobre el 7 de octubre, que concluyó que los ataques contra civiles constituían crímenes contra la humanidad.
Los supervivientes y familiares de las víctimas asesinadas en el festival Nova asisten a una ceremonia en el lugar de los hechos para conmemorar el primer aniversario del ataque perpetrado por Hamás, el 7 de octubre de 2024. (Oren Ziv)
Los observadores señalan acertadamente los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por las autoridades israelíes contra la población civil palestina antes y después del 7 de octubre, especialmente en Gaza, y yo he pedido en repetidas ocasiones que se exija responsabilidades a los funcionarios israelíes por esos crímenes.
Sin embargo, las obligaciones internacionales de proteger a los civiles no son recíprocas: las violaciones cometidas por una de las partes no justifican las violaciones cometidas por la otra. Quienes sean sospechosos de haber violado esos principios el 7 de octubre también deben rendir cuentas mediante juicios que se ajusten a las normas internacionales de imparcialidad. Israel ya cuenta con tribunales y procedimientos penales destinados a juzgar los delitos cometidos en su territorio. Para promover la imparcialidad, el Gobierno podría invitar a observadores internacionales creíbles a los juicios y garantizar que se disponga de personal suficiente, incluidos jueces recién nombrados.
Los legisladores israelíes que votaron a favor del tribunal militar especial elogiaron la legislación como el cumplimiento de una promesa a los supervivientes y a las familias de las víctimas. Pero esta ley no proporcionará ni justicia ni el honesto reconocimiento de los hechos que esas familias merecen. Sólo traerá venganza.
Condiciones perfectas para condenas injustas
El tribunal especial establecido por esta nueva ley está diseñado para subordinar el debido proceso a la rapidez y al castigo. Estará dirigido por el ejército y está autorizado a relajar las garantías procesales de formas que probablemente van a acelerar las condenas y las ejecuciones. Durante las audiencias de la comisión, los legisladores citaron explícitamente la eficiencia como justificación para otorgar al ejército autoridad sobre los juicios, y la propia ley incorpora la rapidez como motivo para apartarse de las normas ordinarias del debido proceso.
Los jueces tendrán amplia discrecionalidad para modificar las normas procesales y probatorias estándar que se aplican normalmente en los tribunales israelíes, incluidas aquellas que permiten a los acusados acceder a los materiales de la investigación e impugnarlos. La mayoría de las audiencias se celebrarán por videoconferencia, sin la presencia física de los acusados, y algunas podrían tener lugar sin siquiera molestarse en conectar a los acusados de forma remota. La ley también parece permitir juicios colectivos o masivos, en los que los jueces tienen la facultad de celebrar los procedimientos a puerta cerrada o retransmitirlos por un sitio web específico.
Limitar la capacidad de los acusados para impugnar las pruebas facilitará la obtención de condenas basadas en confesiones obtenidas mediante tortura. Las autoridades israelíes han utilizado habitualmente la tortura contra los detenidos palestinos durante décadas, pero las denuncias de abusos se han disparado desde octubre de 2023. La tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante a los detenidos palestinos, en particular a los procedentes de Gaza, están muy extendidas y son sistemáticas.
Detenidos en la prisión de Ofer, cerca de Jerusalén, en la Cisjordania ocupada, 28 de agosto de 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)
Los abusos contra los detenidos incluyen palizas, descargas eléctricas, violencia sexual, posturas de estrés prolongadas, privación del sueño, amenazas y humillaciones. Ante la tortura, los detenidos dirán cualquier cosa con tal de que cesen; y al permitir que los jueces consideren estas «confesiones» como pruebas, esta nueva ley aumenta la probabilidad de que los acusados que hayan sobrevivido a la tortura sean ejecutados.
La ley también llega en medio de una ola de detenciones arbitrarias de palestinos de Gaza. Las autoridades israelíes han detenido a más de 7.000 palestinos de Gaza desde octubre de 2023, según declaraciones del Gobierno presentadas en el litigio interpuesto por el Comité Público contra la Tortura en Israel (PCATI, por sus siglas en inglés) que impugna la detención de estos palestinos.
Entre los detenidos se encuentran personas arrestadas tras los ataques del 7 de octubre, así como personas detenidas en puntos de distribución de ayuda humanitaria en Gaza, médicos arrestados en sus hospitales y vendedores de verduras que se encontraban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La gran mayoría fue finalmente puesta en libertad sin que se les imputara ningún delito.
La detención arbitraria, la tortura, los jueces nombrados por el jefe del Estado Mayor del Ejército y la discrecionalidad judicial para prescindir de las garantías procesales —todo ello en el marco de un sistema de tribunales militares— crean las condiciones perfectas para las condenas injustas. Pero eso poco les importa a los partidarios de la ley, que han dejado claro que esperan que se lleven a cabo ejecuciones.
Un círculo vicioso letal
Aunque nunca abolió formalmente la pena de muerte, Israel no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 1962, cuando fue ahorcado el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. La única otra ejecución en la historia de Israel fue la de un oficial del ejército condenado por traición en 1948, exonerado después de haber sido ejecutado por un pelotón de fusilamiento.
El criminal de guerra nazi Adolf Eichmann es condenado a muerte por un tribunal israelí. (GPO/Dominio público)
Esas leyes de pena de muerte archivadas exigían la unanimidad de al menos cinco jueces de alto rango antes de que se pudiera imponer la pena de muerte, lo que reflejaba unas mayores garantías procesales. La nueva ley reduce ese umbral de manera significativa: un tribunal compuesto por tres jueces de menor rango, nombrados en su mayoría por el ejército israelí y con mandatos fijos que limitan su independencia, puede ahora imponer la pena de muerte por mayoría de votos.
La pena de muerte siempre es injusta, porque es un castigo cruel e inhumano que viola el derecho a la vida. Resulta especialmente abominable cuando se resucita en condiciones de discriminación flagrante y cuando sus procedimientos se ven despojados de las garantías procesales básicas. Si los acusados del 7 de octubre son efectivamente condenados a muerte por este tribunal militar especial de nueva creación, ello equivaldría a una «privación arbitraria de la vida», tal y como han advertido los expertos de la ONU.
Los supervivientes y las familias de las víctimas pueden sentir un alivio comprensible al contar con una vía para llevar ante la justicia a los acusados de haber asesinado a sus seres queridos. Pero la venganza no es lo mismo que la justicia, sobre todo cuando el riesgo de condenas injustas y de castigos irreversibles es tan elevado.
Acelerar las ejecuciones no sólo violaría gravemente las garantías procesales de los acusados palestinos, sino que también resultaría insatisfactorio para muchas familias israelíes de las víctimas del 7 de octubre, que buscan la verdad y la rendición de cuentas en lugar de espectáculo y muerte.
Entre esas familias se encuentra Carmit Palty Katzir, cuyo padre fue asesinado el 7 de octubre y cuya madre y hermano fueron tomados como rehenes, y que expresó su preocupación por la legislación sobre el tribunal militar especial durante una audiencia celebrada el 25 de febrero ante la Comisión de Derecho y Constitución de la Knesset. «Me preocupa que estos juicios se lleven a cabo como juicios-espectáculo o como una arena de gladiadores», dijo a los legisladores, añadiendo que no quería saber nada de las penas de muerte.
Foto de portada: Congreso del partido Otzma Yehudit (Poder Judío) celebrado en la ciudad sureña de Netivot, el 16 de febrero de 2026. (Tsafrir Abayov/Flash90)
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